Por Héctor GIULIANO
(8.11.2014).
La administración Kirchner se encuentra
en estos días pasando momentos clave de definición en relación a su política de
endeudamiento público porque a través de la misma está en juego su propia
supervivencia financiera y política.
Un capítulo clave dentro de esta grave
situación oficial está dado por la relación entre el tipo de cambio y la toma
de nueva Deuda Externa.
Aunque - como es lógico - nunca hay
información cierta o confiable a este respecto, sería posible sin embargo
inferir que el dilema del gobierno reside en saber si sus concesiones
crecientes ante el capital financiero serán suficientes o no para contener los
efectos de la nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina.
O bien: si tales concesiones le servirán
sólo para diferir las consecuencias de esta crisis hasta el fin del mandato o
van a ser usadas, en cambio, para precipitar su caída en medio de
improvisaciones e inconsistencias inmanejables.
No parece casual que en el marco de este
tenso panorama, local e internacional, se haya producido – como a fines del año
pasado – otro episodio de salud de la presidenta.
A los fines de intentar transformar el
aparente Caos en Cosmos de Información es importante identificar cómo se está
dando el “acomodamiento de los hechos”, es decir, qué hechos concretos se están
registrando y permiten interpretar lo que está ocurriendo en materia de Deuda.
La administración K está jugada hoy a
sostener a ultranza una política de retraso cambiario por tres razones
centrales:
1.
Un tipo de cambio retrasado – entendido como dólar casi
fijo o con ritmo devaluatorio inferior a la Inflación Real
(aproximadamente 30 contra 40 %) – es garantía de “capacidad de pago” frente al
perfil de vencimientos de la
Deuda Externa existente y a la vez garantía de liquidez para poder
volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar más deuda (objetivo del
Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou).
2.
Tal atraso relativo es, a la vez, una herramienta como
“ancla inflacionaria”, ya que el país no soportaría ahora una nueva
macro-devaluación como la producida en Enero sin un traslado masivo e
incontrolable a precios, con el consiguiente desencadenamiento de una espiral
hiper-inflacionaria dado los altos niveles de aumento que se siguen
produciendo.
3.
La caída de los Salarios Reales derivada de una
macro-devaluación descolocaría ya totalmente al gobierno frente a la tolerancia
que los grandes sindicatos vienen mostrando frente a la baja del poder
adquisitivo de los ingresos post-paritarias de este año.
Un dólar atrasado ayuda además a las
cuentas fiscales, por la menor incidencia de los gastos en moneda extranjera
(fundamentalmente servicios de intereses de la Deuda Externa )
compensando parcialmente la pérdida por menores ingresos de divisas por
retenciones a las exportaciones (cuya baja se acentúa hoy por la caída de los
precios de la soja).
Y constituiría también un alivio relativo
a la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA),
que se utiliza masivamente como forma de esterilizar los pesos que se emiten
para comprar divisas.
La contención de la Presión Tributaria
(PT), y particularmente la del Impuesto Inflacionario – que se corresponde con
el aumento de la Recaudación
Fiscal – configuraría, por otra parte, también un requisito
para atenuar las tensiones con el empresariado y, en especial, con los sectores
exportadores: eventual canje de Inflación y PT por Retraso Cambiario,
apreciando el peso en términos reales.
Para ello, la tradicional receta
neoliberal es “no emitan Dinero, emitan Deuda”, con lo que se satisface
paralelamente las presiones de la Banca Internacional
para que el país coloque más deuda en el exterior y las presiones locales del
Partido de la Deuda
para colocar nueva deuda donde sea, pero colocarla rápido (Nación, Provincias y
Empresas del Estado).
Tal es la convergencia de intereses
financieros nacionales y externos para que la Argentina aumente sus
niveles de endeudamiento público, cosa que ya se está produciendo en el
corriente ejercicio (las nuevas obligaciones con CIADI, Repsol, Club de París, Bonar
2016/2017, Bonad 2016/2018 y Holdouts en general) y que está previsto
incrementar en el Presupuesto 2015 (aumento directo de la Deuda Pública por
17.700 MD-Millones de Dólares, dentro de facultades al Ejecutivo para tomar
nuevos préstamos por hasta 134.000 MD).
No existe base racional para pensar que
el gobierno Kirchner, en su último año de gestión, pueda aspirar a cumplir
siquiera parcialmente tales metas sin encarar mínimas medidas de garantía al
respecto.
Ergo, la apuesta del gobierno CFK a una
política de retraso cambiario no es sólo un dato de la realidad sino, a la vez,
un objetivo lógico para volver al mercado internacional de capitales dentro del
Sistema de la Deuda.
Esta nueva política de endeudamiento –
como hemos dicho - ya ha comenzado con los acuerdos en curso para el pago de
los laudos perdidos ante el CIADI con títulos públicos (677 MD con empresas
norteamericanas, 185 MD con British Gas y toda una serie de sentencias en
curso), el acuerdo de indemnización con Repsol pactado también con bonos (6.000
MD de Capital más 5.000 de Intereses), el arreglo de la Deuda Externa con el
Club de París para el pago total en cuotas (9.700 MD) y con las nuevas
colocaciones de títulos en pesos (BONAR 2017 y 2016, por 1.000 MD cada uno) y
en dólares (BONAD 2016 y 2018, por otros 1.000 y 1.000 MD respectivamente;
estos últimos bajo la modalidad de “dollar linked” o deuda en pesos ajustada
por tipo de cambio).
A esto hay que agregar el principio de
acuerdo que habría acerca de pagar los juicios y reclamos de los holdouts – los
bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner – a partir del 2015 también
con títulos del Estado, cuestión sobre la cual se entiende existe ya un
principio de acuerdo.
Más allá de todos los altibajos que se
están dando en la escenificación de esta pugna con los Fondos Buitre (FB) y el no
cumplimiento del fallo Griesa – discursos para la galería, declaraciones
altisonantes, apelaciones y medidas dilatorias en general - lo cierto es que
todo el mundo da por descontado que, a partir del 2015 (para cuyo inicio faltan
menos de dos meses) el gobierno Kirchner vuelva a la “mesa de negociaciones”
del mediador Pollack y comience el arreglo con los beneficiarios de la
sentencia (los FB) y con el resto de los holdouts.
Esto representará abrir negociaciones por
un monto de deudas acumuladas – con intereses y recargos, gastos y honorarios –
estimado entre 20 y 30.000 MD (Millones de Dólares) y exponerse además a
reclamos incalculables de los bonistas que ya entraron en el Megacanje
Kirchner-Lavagna por aplicación de las cláusulas RUFO y MFC (cuyos totales
podrían llegar a 120-150.000 MD o más).
Para que esto pueda darse, la administración
K debiera dar todavía algunos pasos acelerados y difíciles a nivel interno e
internacional, empezando por el citado retraso cambiario como eje de la nueva
política de endeudamiento, para poder continuar y aumentar las colocaciones de la
ola de deuda en curso: la tercera gran ola de endeudamiento después de la del
Proceso Militar y de la
Convertibilidad menemista.
Entre los requisitos exigibles a cumplir
por nuestro país para replantear las negociaciones en el 2015 están los
siguientes:
a)
la ratificación de la aceptación del fallo Griesa (cosa
que, en realidad, nunca ha sido negada por el gobierno K, salvo decir que la
sentencia es “de cumplimiento imposible” debido a sus consecuencias
financieras).
b)
la reanudación de las negociaciones con el mediador Pollack,
designado por el juez.
c)
la derogación de la
Ley 26.984 de Pago Soberano Local (lo que conllevaría dejar
sin efecto la creación de la Comisión Investigadora de la Ilegitimidad de la Deuda , incluida en dicha
ley).
d)
la aceptación de pago de todas las sentencias y/o reclamos
de los Holdouts con bonos, incluyendo
gastos y honorarios judiciales y extra-judiciales, propios y ajenos del Estado
Argentino.
e)
la aceptación – total o parcial – de la tercerización de
pagos de los acuerdos del punto anterior a través de la variante Gramercy
(compra de derechos de los fallos por un tercero que luego canjear tales
derechos por nuevos bonos del país).
f)
la capitalización generalizada de intereses acumulados
(anatocismo) en función de los acuerdos citados.
Esta lista de exigencias no es taxativa,
por lo que no se limita necesariamente a los puntos aquí enunciados, sino que
es sólo orientativa de las cuestiones reales e inevitablemente en danza en una
negociación compleja de este tipo.
Tal el cuadro primario al que se ha
llegado luego de 10 años de “Década Ganada” según el gobierno K, donde la Deuda intra-Estado ha
desempeñado un rol fundamental en este sentido: el pasaje en gran escala de
Deuda Externa con Terceros (Acreedores Privados y Organismos Financieros
Internacionales) a Deuda intra-Sector Público (fundamentalmente ANSES, BCRA y
BNA), lo que ha logrado el objetivo primario de “desagotar” gran parte de las
obligaciones con residentes extranjeros a costa de empapelar al propio Estado
con títulos impagables que están expuestos a ser forzosamente condonados a
pérdida por vía burocrática (caso BCRA), refinanciados indefinidamente (BCRA y
BNA) y/o licuados por Inflación (ANSES).
En una década de gobierno K se ha logrado
así un “exitoso giro de 360 grados” en el proceso del endeudamiento público: la Deuda intra-Estado sirvió
para reducir la Deuda
Externa - sin que con ello haya bajado sino, por el
contrario, subido la Deuda
Total - y ahora, conseguido tal objetivo, el país puede
volver a endeudarse en los mercados internacionales de capital.
Son las paradojas o crudas realidades de
un gobierno que se auto-califica de “pagador serial” de una deuda ilegítima - e
investigada por la
Justicia Federal - como si se tratara de un mérito, que
invoca la bandera de lucha contra los Fondos Buitre para pedir la
internacionalización institucional de las reestructuraciones de Deuda Soberana vía
Naciones Unidas y que vende la mentira del Des-endeudamiento público como
excusa para volver al mercado internacional para tomar más Deuda Externa.
