Miguel Angel Toma
Clarin, 20-11-14
Con ocasión de la visita a la Argentina del
mandatario chino Xi Jinping, la presidente Cristina Fernández firmó un acuerdo
por el cual se perfecciona y viabiliza el permiso a China para construir
instalaciones sobre un predio de doscientas hectáreas destinadas a la
exploración espacial, en el paraje de la provincia de Neuquén, llamado Bajada
del Agrio. El gobierno remitió al Senado para su aprobación el texto del
acuerdo, pero omitió a informar sobre una serie de “anexos reservados” donde
constan detalles que provocaron fuertes reacciones y sospechas por parte de la
oposición e incluso de legisladores oficialistas.
El acuerdo contempla:
a.- Cesión de soberanía territorial sobre ese
predio por cincuenta años a través de la empresa estatal Satélite Launch and
Tracking Control General (CLTC), quien operará dicha estación la que contará
con “una red de telemetría, seguimiento y comando de la actividad espacial”;
b.- La CONAE solo podrá utilizar un diez por
ciento del tiempo disponible para desarrollar sus propias actividades de
investigación;
c.- El personal de dicha planta se regirá por
las leyes chinas y no se explicita si será civil o también participarán
militares;
d.- Se exime al gobierno chino del pago de
“todo impuesto y/o derecho aduanero, de los impuestos internos así como de los
impuestas nacionales, incluido el IVA;
e.- La Argentina no podrá interferir, controlar
ni interrumpir las actividades vinculadas a la instalación y operación de la
planta y facilitará los permisos de ingreso y/o omisión de visas al personal
chino;
f.- La instalación de la antena satelital de
dicha estación estará exclusivamente bajo el seguimiento y comando del gobierno
y la empresa china;
g.- Tanto el predio como las instalaciones,
serán custodiadas externamente por la Gendarmería Nacional y serán de acceso
restringido y mediante autorización expresa.
La empresa CLTC depende del Departamento
General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de
Liberación de China y está vinculada con el Centro Nacional de Control y
Seguimiento Misilístico del Espacio de dicho país.
Existen, a su vez, fuertes indicios de que el
Director de CLTC es también jefe militar del Departamento de Armamento General
del ejército.
Son crecientes las presiones del gobierno
chino para la rápida ratificación del acuerdo, dado que de no producirse puede
quedar trunco, argumentando que ellos ya han cumplido con el giro de cerca de
ochocientos millones de dólares por medio de swaps y avanzan en los aspectos
técnicos para la construcción de dos represas en la Patagonia.
En la elaboración de este acuerdo no
participó el Ministerio de Defensa ni fueron consultadas las autoridades
militares especializadas en este tema. Fuentes castrenses, extraoficialmente
han manifestado su preocupación pues sostienen que la tecnología utilizada es
de aplicación dual, es decir sirve también para el seguimiento y control de
misiles, o sea vehículos de uso exclusivamente militar.
A la creciente presencia china en la economía
y el sector financiero argentino se le agrega ahora el componente científico y
militar interpretándose esta cesión de soberanía como la contrapartida de la
asistencia financiera para incrementar el nivel de reservas que le permitan al
gobierno “puentear” las restricciones sobrevinientes al default, producto de su
incapacidad para prevenir y resolver exitosamente el conflicto con los fondos
buitres.
Igualmente peligroso en el plano estratégico
es el riesgo de revertir la situación de “zona de paz” de nuestra región,
colocándola en el centro de la disputa geopolítica que caracteriza al siglo XXI
entre el bloque occidental y China, en la que nadie puedeasegurar que no
conlleva el riesgo de la competencia y el enfrentamiento en el plano militar.
Esta decisión también coloca a esas
instalaciones, y por ende a nuestro país, como objetivo de inteligencia de
países limítrofes –en especial Chile- y de otras naciones occidentales en tanto
constituyen potenciales amenazas a su seguridad por lo mencionado
anteriormente.
En síntesis, estamos frente a una decisión
subordinada a los intereses inmediatos y subalternos de un gobierno en crisis
que no titubea en enajenar soberanía ni empujarnos a un realineamiento
internacional que no es producto de un elaborado y consensuado pensamiento
estratégico, sino de la conveniencia y necesidad de quienes ejercen
circunstancialmente el poder.
Miguel Angel Toma fue Secretario de
Inteligencia y diputado nacional
