Rodolfo
Terragno
Clarín,
9-11-14
Los
líderes opositores le imputan al Ejecutivo varias anomalías: malversación de
caudales públicos, uso indebido de recursos fiscales, subsidios injustificados,
deterioro de la seguridad social y administración irregular de las empresas
estatizadas.
Las
críticas son justas, pero muchos de esos líderes han tenido, sin saberlo,
responsabilidad indirecta en tales anomalías. El Poder Ejecutivo utiliza, para
hacer aquello que se le critica, recursos que consiguió gracias a parte de la
oposición política, que lo acompañó o lo confrontó de manera muy tenue.
Las
consecuencias de esa actitud permisiva son expuestas hoy por los jueces, la Auditoría General
de la Nación o
las investigaciones periodísticas. Y un coro opositor responde con críticas y
denuncias, fundadas pero tardías. Está bien que no se deje de cuestionar y
exigir explicaciones a los responsables del mal manejo, pero debe reconocerse
que era previsible desde el día cero.
* La Justicia sospecha que el
sistema de seguridad social se usa como una caja registradora, de la cual se
extraen recursos malversados luego de distinto modos: usando el empleo público
para reclutar partidarios, sufragando una abrumadora propaganda del gobierno,
financiando organizaciones partidarias y otorgando beneficios ilimitados y sin
contrapartida.
En
particular, una investigación en curso permite suponer que hay un vaciamiento
parcial del PAMI. La institución no les presta a los jubilados el servicio de
salud que merecen, pero sí le presta al Tesoro dinero (de los propios
jubilados) para que el Gobierno tape agujeros fiscales, abiertos por su
dispendio.
Al
parecer, la investigación judicial ha verificado que en cinco años el Tesoro
Nacional recibió del PAMI 2.830 millones de pesos: unos 47 millones por mes.
Las autoridades del organismo sostienen que no fueron transferencias al Tesoro
sino compra de títulos públicos, cuyo capital será recuperado con intereses. Lo
que importa es saber si la adquisición de esos títulos es una decisión
independiente de PAMI, si la inversión es la menos riesgosa para los jubilados
y si el Gobierno requiere esos fondos para afrontar gastos necesarios o
maquillar el déficit.
*
ANSES, por su parte, también descarga sobre el Tesoro un alud de dinero,
mientras enfrenta 300.000 demandas judiciales por falta de pago o pago
insuficiente a jubilados y pensionados. La entidad ya ha sido condenada a pagar
en numerosas casos, pero se ha negado a cumplir, cayendo así en desacato. Ahora
ha comenzado a pagar, con cuenta gotas.
*
Aerolíneas Argentinas, según la Auditoría General de la Nación , recibió en cinco
años ”ayudas” del Gobierno por más de 20.000 millones de pesos. No obstante, la
empresa ha acumulado pérdidas por 18.000 millones. En total, nos ha costado ya
unos 38.000 millones de pesos.
*
YPF es la compañía nacionalizada con mejor administración, y obtiene
apreciables ganancias; pero se le objeta que firme contratos secretos, sea para
importar gas o (lo que es más grave) para explotar áreas de Vaca Muerta, el
yacimiento de petróleo y gas no convencionales más grande de la Tierra. Es un modo de
privatizar el futuro, sin que siquiera el Congreso se entere.
La
empresa, además, no es fiscalizada por nadie. Se la ha eximido,
inconstitucionalmente, de estar sujeta al control de la Auditoría General
de la Nación.
En
todos estos casos indicados, sectores de la oposición política aprobaron o
consintieron que se crearan las condiciones para terminar, indefectiblemente,
en lo que hoy se critica como si fuera algo inesperado.
Ante
las iniciativas de éste o cualquier otro gobierno, no debe analizarse sólo el
qué, sino también el quién, el cuándo, el cómo y el para qué de dichas
propuestas.
Por
ocuparse solamente del qué, muchos progresistas cayeron en trampas.
Cuando
el Gobierno decidió acabar con las AFJP, hubo quienes se dijeron a sí mismos:
“¿Cómo vamos a oponernos a estatizar el sistema previsional si toda la vida
hemos defendido el sistema de reparto? Quedaríamos pegados a las AFJP”.
Cayeron
en una trampa. Se podía ser crítico del sistema privado, y propugnar la vuelta
al monopolio estatal, pero elaborando un inobjetable proyecto alternativo, con
el mismo fin pero sin huecos por el que pueda irse dinero. Eso exigía movilizar
y persuadir.
Cuando
el Gobierno decidió estatizar Aerolíneas Argentinas, muchos se preguntaron:
“¿Cómo vamos a oponernos a la estatización de Aerolíneas si siempre sostuvimos
que la línea de bandera debía ser nacional? Parecería que estamos en algún
negocio con los españoles”.
Fue
otra trampa. También aquí podía presentarse otro proyecto y procurar el apoyo
popular. Una sociedad mixta de mayoría estatal, con una gestión privada de
primer nivel, nos habría permitido ser dueños de una línea de bandera con una
virtud: transportar más gente, a menor precio y ganando plata.
Cuando
el Gobierno se apropió de YPF, muchos se cuestionaron a sí mismos: “¿Cómo vamos
a oponernos a la expropiación si nosotros defendimos siempre el monopolio
estatal de los hidrocarburos? Podrían decir que nos paga Repsol”.
Una
trampa más. Lo que correspondía era provocar una discusión sobre otro esquema,
basado en el control estatal de la compañía, pero con garantías de inversión y
de la debida transparencia.
Es
cierto que el oficialismo tenía mayoría propia para aprobar sus proyectos, pero
una oposición sin miedo, creativa y resuelta, sale a ganar la batalla fuera del
Congreso, con la gente, explicando y comparando. Y si no tiene éxito, planta
una advertencia sobre los efectos futuros de lo que en principio parece
luminoso.
Es
una lección a no olvidar. El que ejerce una función pública, sea gobierno u
oposición, tiene que asumir constantemente costos políticos. No debe vivir
pensando en el “qué dirán” ni buscando la forma de “sacarla barata”.
Hacerle
bien a la sociedad exige sacrificio y paciencia.
