Por Carlos Pagni
Es una obviedad decir
que en las últimas décadas del siglo pasado se desencadenó una revolución
tecnológica de alcance universal. Es una obviedad que esa revolución produjo un
aumento asombroso en el volumen y la velocidad del caudal informativo. Y es una
obviedad que ese progreso depende de la calidad de las telecomunicaciones.
Debería ser una obviedad, por lo tanto, que Argentina Digital, la reforma que
mañana será sancionada en la
Cámara de Diputados, es la iniciativa más relevante para el
desarrollo económico que haya promovido el kirchnerismo. Sin embargo, al
examinarla se advierte que es otra oportunidad perdida. El proyecto agregará un
argumento a los que creen que el motivo principal por el cual los Kirchner
serán recordados no es su inclinación autoritaria o la opacidad de sus
negocios, sino la incapacidad para pensar en términos estratégicos.
El Senado ya
introdujo muchas modificaciones al texto original. Estableció, por ejemplo, una
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). Es un
clon de la Afsca
creada por la ley de medios.
Y se inspira en el
mismo criterio: las telecomunicaciones deben ser gobernadas por la clase política
desde un ente voluminoso en el que se repartirán posiciones el Poder Ejecutivo,
el Parlamento y las provincias.
¿La Aftic calcará también la
ineficacia de la Afsca ?
La pluralidad de voces, tantas veces prometida por Martín Sabbatella, todavía
no llegó. La única voz que se agregó es la de Cristóbal López, que suena
idéntica a la de Cristina Kirchner. Siempre y cuando no se corrobore la
maliciosa presunción de los holdouts, y la justicia de Nevada descubra que es
la de Cristina Kirchner. Semanas atrás, el grupo de empresarios que se
constituyó -bajo el impulso de Eduardo Eurnekian- para saldar siquiera en parte
el reclamo de Paul Singer dejó la iniciativa en suspenso cuando uno de sus
miembros expuso la sospecha de que una de las sociedades que analiza el juez
Cam Ferenback tendría como apoderado a Máximo Kirchner.
DESGUAZAR A CLARÍN
Tampoco consiguió
Sabbatella desguazar a Clarín, que era el propósito inaugural de la Afsca. No sólo ese grupo
consiguió una cautelar del juez Horacio Alfonso, en una demostración de que
también el fuero civil y comercial se está volviendo indómito. Con la reforma
que se aprobará mañana, Clarín recuperará algunos derechos que la ley de medios
le había arrebatado. Según esa ley, Cablevisión no puede ser titular de más de 24
licencias. Argentina Digital, en cambio, le permitiría gozar de una licencia de
telecomunicaciones para todo el territorio nacional. Y, si bien sólo podría
ofrecer su programación en 24 localidades, nada impediría que distribuya
contenidos de terceros. Por lo tanto, no debería deshacerse de parte de su red.
Clarín podría, entonces, acogerse a las ventajas del nuevo régimen y pedir a la Justicia que suspenda su
adecuación a la ley de medios.
Además, Cablevisión
podrá en adelante ofrecer telefonía conectando su red al tendido de Telecom y
Telefónica. Es cierto que la ley abre para las telefónicas el negocio
audiovisual. Pero el control de Telecom corresponderá, una vez que le
convaliden la adquisición, a Fintech, el fondo de David Martínez, que a la vez
controla el 40% de Cablevisión. Martínez hace todo para conseguir ese permiso.
Hasta intervino en el canje de bonos de la semana pasada, en un intento de
disimular otro fracaso financiero de Axel Kicillof. Síntesis: con sus dos leyes
Cristina Kirchner dio una vuelta al mundo que la devolvió al punto de partida.
Lo único que podría cambiar es la relación de fuerzas entre Martínez y Héctor
Magnetto. Un detalle.
La nueva ley de
telecomunicaciones anula capítulos centrales de la nueva ley de medios. El
kirchnerismo es psicodélico: dicta una nueva ley para corregir una nueva ley.
Como en otros campos, se acerca a la realidad por aproximaciones sucesivas. Así
como Kicillof descubrió, después de estatizar YPF, las virtudes de Chevron,
Martín Sabbatella y Norberto Brener, el delegado de La Cámpora en la Secretaría de
Comunicaciones, advirtieron los encantos de las grandes telefónicas. Con
Argentina Digital se comienza a abandonar una pretensión que atrasa varias
décadas: la de aislar la red de telecomunicaciones, entendida como un
transportista neutral, de la generación de contenidos, que modela la agenda
pública.
El avance tecnológico
fusionó ambos universos. Por eso la nueva normativa permitirá a las telefónicas
hacer algo que ya vienen haciendo: proveer imagen y sonido. Es verdad, no como
proveedoras de telefonía sino de Internet. Desde el momento en que un usuario
de Arnet (Telecom) o Speedy (Telefónica) ve televisión en la pantalla de su
computadora, la frontera entre red y contenidos quedó borrada. Como último resabio
del orden anterior, la futura ley obliga a las telefónicas a tramitar en la Afsca una licencia
audiovisual antes de acceder al nuevo negocio. Pero esas empresas podrían
alegar que son operadoras de Internet. Brener o Julio De Vido no consiguen
vislumbrar que en poco tiempo habrá una sola pantalla en la que mirar
televisión y navegar serán lo mismo. De Vido, que como ministro equivale a un
Valiant I, no concibe conectar con fibra óptica los barrios que construye. El
ingenio regulatorio de estos burócratas es muchísimo más lento que la
tecnología. Por eso quedan en ridículo.
La supervivencia de la TV por cable tal como hoy se la
conoce está en tela de juicio. Esas compañías deberán transformarse en
operadoras de teléfono e Internet. Algunas carecen de la infraestructura
necesaria. Es el caso de Supercanal, de José Luis Manzano y Daniel Vila, que
casi no posee un tendido de fibra óptica. Por eso Manzano y Vila piensan
incorporar a su negocio a la familia Eskenazi. El "experto en mercados
regulados", como retrató Antonio Brufau a Enrique Eskenazi, regresa a la
luz pública tres años después de que Cristina Kirchner lo echara de YPF. Los
Eskenazi, Vila y Manzano comparten un circuito de poder: se han subido a esa
gran ambulancia de viejos kirchneristas que conduce Sergio Massa, y en la que
también viaja Alberto Pierri, el titular de Telecentro. Sin embargo, el vínculo
entre estos empresarios no está consolidado. Si bien necesita el financiamiento
de Eskenazi -cablear una manzana cuesta más de 50.000 dólares-, Manzano teme
dañar su imagen asociándose a los ex accionistas de YPF.
Los senadores
beneficiaron también a Directv, la empresa a la que la señora de Kirchner suele
festejar porque multiplica sus antenas en las villas. En su versión original,
el proyecto permitía que Telefónica y Claro, que cuentan con la tecnología
necesaria, compitieran con Directv en el campo de la televisión satelital. Pero
ahora la ley obliga a esas dos telefónicas a obtener en la Afsca una licencia
audiovisual.
En su afán
intervencionista, el proyecto oficial considera que toda red privada es un
servicio público. Por lo tanto, el Estado podrá inmiscuirse hasta en los
circuitos de TV de los consorcios. Y también forzar a los operadores de cable o
telefonía a subir a su red determinados contenidos.
Además, como el
artículo 6º incluye entre los objetos a regular los programas informáticos, los
funcionarios podrán también meter las narices en Twitter, Facebook o Google.
Los senadores
consiguieron también que, como reclamó Miguel Pichetto, se proteja a los
operadores de cable del interior del país. La ley ahora prevé que la aplicación
de las nuevas reglas sea gradual. Ya se sabe lo que vendrá detrás de esa
gradualidad: un mar de operaciones de lobby que convertirá al sistema
audiovisual y de telecomunicaciones en el Gran Bazar de Estambul. Cristina
Kirchner dejará el Gobierno y tal vez no se haya resuelto una sola de las
controversias desatadas por su pasión regulatoria. Esa incertidumbre es
estratégica: otorga a la clase política un enorme poder de decisión sobre un
mercado que incluye al periodismo.
IMAGINACIÓN
PROYECTIVA
La ley que está por
aprobarse es otra demostración de que el kirchnerismo carece de imaginación
proyectiva. Sus reformas no pretenden alcanzar un modelo de llegada. Son el
arma que se arroja contra alguien a quien se pretende sancionar.
Por lo tanto, como
todo castigo, miran siempre hacia el pasado. Esa inclinación impide ver que la Argentina carece de una
plataforma tecnológica moderna. Su infraestructura fue montada en los años 90 y
el acceso a la banda ancha es el más lento de toda la región. Según el informe
Barómetro de Cisco, es de 2,4 megabytes por segundo, contra 4,88 de Brasil y
7,68 de Chile. El país ocupa el puesto 107 de una lista de 180.
En vez de superar ese
atraso, el nuevo marco dará lugar a innumerables pleitos judiciales por su
arbitrariedad.
Por eso en la Argentina el éxito de
las empresas de telecomunicaciones seguirá dependiendo más de la capacidad de
sus ejecutivos para seducir a los funcionarios, que del capital invertido y el
talento desplegado para aventajar en precio y calidad a los competidores.
