Por Héctor GIULIANO
(26.12.2014).
Mucho se habla de
conjeturas y expectativas sobre lo que puede pasar el año próximo en materia
económica pero poco se dice sobre las realidades concretas del endeudamiento
público frente al 2015.
El gobierno Kirchner no
suministra información acerca del monto y composición de la Deuda del Estado.
La última dada a conocer por el Ministerio de Economía (MECON) corresponde al
31.12.2013.
Esto es, que ha
transcurrido todo el año sin que se tenga información sobre la evolución del
endeudamiento durante el ejercicio 2014.
Con el agravante que el
Presupuesto - aprobado a fines del 2013 - fue inmediatamente alterado, apenas
iniciado este año, cambiando los supuestos macro-económicos básicos (devaluación,
inflación, crecimiento económico, etc.) sin que el Congreso hiciera nada por
intervenir y dejando que el Ejecutivo decidiera unilateralmente en el manejo de
las Finanzas Públicas vía Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y uso de
Poderes Especiales.
La administración K no
cumple así con una normativa presupuestaria lógica, legal y conocida ni con su
deber de confeccionar y difundir - en tiempo y forma - los informes
trimestrales de Deuda Pública.
Ni siquiera cumple con dar
mínimos datos actualizados o resumidos sobre el total de dicha deuda a través
de comunicados oficiales, pese a que se trata de novedades que forzosamente se
monitorean a diario.
Este comportamiento restrictivo
deliberado priva de información clave para los análisis económico-financieros y
favorece la continuidad del tratamiento secreto de la Deuda Pública.
Es parte de la política
institucional de ocultamiento de las cuestiones de fondo y de las informaciones
básicas relativas a la Deuda por parte del gobierno (que no suministra los
datos), de la oposición (que no se los reclama) y de la prensa (que cumple en
no “levantar la perdiz” sobre lo que está verdaderamente ocurriendo en materia
de endeudamiento fiscal).
Si no se tienen datos
actualizados y en firme del 2014 menos se tendrán sobre las reales perspectivas
del 2015, cuyas cifras dependen no sólo del perfil de vencimientos de arrastre
sino también – y muy especialmente - de las continuas modificaciones y/o
agregados que se están produciendo.
CUÁNTO DEBE LA ARGENTINA?
Según los números del
MECON al 31.12.2013 la Deuda Pública en cabeza del Estado Central – es decir,
sin Provincias/Municipios, Banco Central (BCRA), Deuda Pública Indirecta
(Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios) y Juicios
contra el Estado con sentencia en firme – sumaba 214.400 MD (Millones de
Dólares, con redondeo): 202.600 MD de Deuda Performing o con cumplimiento en el
pago de intereses y 11.800 MD de Deuda en default (incumplimiento), computada
por el gobierno con los Holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje
Kirchner-Lavagna 2005-2010).
Estas cifras, sin embargo,
son muy engañosas e incompletas:
a)
Porque toman como base un stock de deuda bajo el falso
supuesto que el mismo se va cancelando anualmente a medida que caen los
vencimientos cuando ello no es cierto porque la totalidad de dichos importes se
renueva a su vencimiento y además se toma nueva deuda pública, de modo que el
saldo de deuda no baja y los importes, en consecuencia, no son decrecientes
sino incrementales.
b)
Porque los datos se refieren sólo a la Deuda Oficial por
Capital y no incluyen la suma de Intereses a pagar, que según el propio MECON
sería de 72.400 MD[1]
para todo el período de deuda activa – hoy hasta el 2046 - siendo obvio que este
concepto no debiera omitirse porque cuando se tiene una deuda la misma incluye
principal más intereses.
c)
Porque en esos totales de deuda no se incluyen las
obligaciones por pago de cupones PBI, que son deuda en firme – no contingente –
y suman aproximadamente otros 15.000 MD.
Esto significa entonces que,
tomando los propios datos del MECON al fin de 2013, el Gobierno Central debía a
esa fecha unos 301.800 MD (214.400 + 72.400 +15.000) y no los 202.600 MD que
aduce para los cálculos oficiales, debido a que allí se toma solamente la Deuda
Performing.
CUÁNTO AUMENTÓ LA DEUDA EN
EL 2014?
Este dato – conforme lo
dicho antes acerca de la falta de información oficial – es un interrogante,
pero puede inferirse tomando dos puntos de referencia: la deuda prevista en el
Presupuesto y la deuda extraordinaria asumida durante el año.
-
El Presupuesto original 2014 contenía una previsión de
nueva deuda pública por 12.700 MD, producto de la diferencia entre 44.300 MD de
vencimientos de capital durante el ejercicio y 57.000 MD de nuevo endeudamiento
público, que comprende la refinanciación total de las deudas que vencen en el
período.
-
A esta suma autorizada hay que agregarle las deudas nuevas
que no estaban contempladas en el Presupuesto y que se sabe fueron contraídas
hasta ahora en la medida en que han tomado estado público durante el año: unos
700 MD de bonos emitidos para pago de laudos perdidos ante el CIADI, 11.000 MD
por pago con bonos de indemnizaciones a Repsol por YPF (6.000 MD de Capital más
5.000 de Intereses) y unos 3.700 MD adicionales de pago al Club de París (9.700
MD reconocidos contra 6.000 MD registrados por el MECON). Es decir, que durante
el 2014 el gobierno habría incorporado hasta hoy deuda extraordinaria o no
prevista por unos 15.400 MD.
No se toman aquí en cuenta
las nuevas deudas en pesos por Bonar 2016/2017 ni las tomadas por Bonad
2016/2018 bajo modalidad dollar-linked porque se supone que tales títulos
estarían dentro de los totales autorizados por el presupuesto.
Lo mismo que los nuevos
Bonar 2024 colocados en Diciembre – por 275 MD – si se los considera incluidos
en los topes de endeudamiento autorizados por el Presupuesto.
En compensación a estos
incrementos de deuda habría que considerar – como ya pasó en ejercicios
anteriores – una reducción contable relevante por la deuda en pesos que está
expresada en dólares, como producto de la devaluación ocurrida desde Enero y
que pudiera estimarse en unos 11.400 MD.[2]
Ergo, tentativamente la
suba del total de Deuda Pública podría haber llegado este año a unos 16.700 MD
(12.700 + 15.400 – 11.400).
Reiterando que se trata de
cálculos muy estimativos dada la falta de datos oficiales.
LOS VENCIMIENTOS DEL 2015.
Según el último Informe de
Deuda Pública del MECON - al 31.12.2013 - en el 2014 se producirían vencimientos
por 38.350 MD de Capital y 7.900 MD de Intereses; en total, servicios de deuda
por 46.250 MD.
Dentro de los 38.350 MD de
Capital, 25.000 MD – que es mucho más de la mitad (el 65 %) – eran Adelantos
Transitorios (AT) del BCRA al Tesoro, que nunca se pagan sino que se renuevan
íntegramente al vencimiento.
Cabe observar, sin
embargo, que estas cifras fueron difundidas durante el corriente año - muy a
posteriori del envío del Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, que fuera
ingresado a mediados de Setiembre del 2013 y aprobado por Ley 26.895 del 22.10.
Al 30.9.2013 – una fecha
también posterior a la remisión del proyecto de presupuesto - el MECON daba
vencimientos en el 2014 de 29.000 MD por Capital y 7.200 MD por Intereses. En
total, servicios por 36.200 MD.
Y antes de ello, al
30.6.2013 los datos para el 2014 eran todavía menores: 28.000 MD por Capital y
6.900 MD por Intereses. En total, 34.900 MD.
Esto prueba la fuerte
variación que se produce en la composición de la Deuda y sus vencimientos a
través de la propia información oficial del MECON; con el agravante que todas
estas cifras, a su vez, no son coincidentes con las aprobadas en el Presupuesto
2014, pese a que los datos se elaboran en la misma época.
La Ley de Presupuesto aprobada
para este año (2014) – como ya dijimos – prevé la toma de nueva deuda por 57.000
MD, basándose en vencimientos o amortizaciones de capital por 44.300 MD, lo que
conlleva el aumento de los 12.700 MD citado.
El importe de los
intereses a pagar según el Presupuesto 2014 – que, a diferencia de los
vencimientos de capital, no se refinancian sino que se abonan en efectivo –
era, a su vez, de 12.200 MD (casi el doble de los informes del MECON).
Mostradas contra el Presupuesto
2015 este tipo de diferencias son mayores aún.
Para el año que viene el último
Informe del MECON (al 31.12.2013) daba vencimientos de 15.950 MD por Capital y
7.000 MD por Intereses – total 22.950 MD - mientras que el Presupuesto aprobado
por el Congreso reconoce ahora Amortizaciones de Capital a su vencimiento por
53.600 MD (!) y Endeudamiento de 71.300 MD, lo que da un aumento previsto de
17.700 MD en el stock de deuda durante el 2015; y pago de Intereses por 10.200
MD.
Las cifras consignadas en
los informes del MECON al 30.9 y al 30.6.2013, peor aún, daban 13.650/6.500 MD
(total 20.150 MD) y 11.900/6.150 MD (total 18.050 MD) para Capital e Intereses,
respectivamente.
Estas disparidades de
cifras constituyen algo así como una constante en materia de informaciones
sobre el perfil de vencimientos de la deuda pública: los importes de
vencimientos según los Informes de Deuda del MECON son siempre mucho menores
que los consignados como amortizaciones y pago de intereses que se aprueban
después por las leyes de Presupuesto de la Nación.
LOS HOLDOUTS Y LA CLÁUSULAS
RUFO/MFC.
El arreglo de la cuestión
de los holdouts – que se supone el gobierno empezará a regularizar a partir del
2015, aunque en forma gradual – implica montos totales de pago estimados entre
20 y 30.000 MD, contra la cifra de 11.800 MD que se computaba oficialmente a
fines de 2013, es decir, más del doble de las previsiones (y que el gobierno
estima ahora en el orden de los 15.000 MD).
No se trata de deudas que
el gobierno haya cuestionado en su legitimidad sino de obligaciones reconocidas
por las cuales sólo ha interpuesto sucesivos y hasta contradictorios argumentos
para objetar el cumplimiento del fallo del juez Griesa: básicamente, la
discusión sobre el bloqueo de pago a los bonistas como condición extorsiva del
pago a los holdouts.
Las vulnerabilidades de
fondo de la posición argentina frente a los holdouts, empero, no están dadas sólo
por estas exigencias “de coyuntura” sino por la aceptación cuasi irrestricta de
la prórroga de jurisdicción ya realizada ante los tribunales extranjeros y la
errónea estrategia legal seguida por el gobierno Kirchner a través del estudio
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que desde los tiempos del Plan Brady
lleva la representación jurídica de la Argentina ante los tribunales de Nueva
York.
Habiendo esta administración
Kirchner reconocido la competencia de dichos tribunales neoyorkinos y habiendo
después apelado y perdido todas las instancias legales posibles en los fueros estadounidenses,
el gobierno CFK parece haberse acordado algo tarde del hecho que los FB son
malos, que ganan sumas extraordinarias y que tienen capacidad de lobby.
Si verdaderamente hubiera
querido confrontar con inteligencia los reclamos de los FB contra la Argentina,
el gobierno tendría que haber objetado debida y oportunamente la condición de los
fondos especulativos como tenedores no originales, debiera haber planteado que
los eventuales resarcimientos debían hacerse a valor de compra y no a valor
nominal de los títulos – dada la situación de emergencia que vivía el país – y,
consecuentemente, debería haber blanqueado en forma realista su verdadera
situación de insolvencia e iliquidez financiera, en vez de proclamar supuestas
mejoras sin precedentes en materia de política económica nacional.
Así, el mismo gobierno que
se jactaba de haber alcanzado aparentes éxitos sin precedentes de crecimiento
de la economía en todos los órdenes era el mismo que jugaba ante los holdouts
el argumento del arrastre de la Crisis del 2001 y la necesidad de mantenimiento
de la Ley de Emergencia Pública 25.561 (del 7.1.2002) con todas sus prórrogas
hasta fin del 2015 (!).
Temprano o tarde, era
insostenible que los juicios iban a perderse y que las acreencias reclamadas
serían exigidas así a valor facial, sin atenuantes para nuestro país.
Por eso actualmente, tal
como están las cosas, la aceptación del cumplimiento de la sentencia Griesa y
los pagos correspondientes son así sólo una cuestión de tiempo ... de tiempo y
de teatralización de los argumentos acerca de cómo presentar los hechos ante la
opinión pública.
A partir del 2015 la
administración CFK va a tener que afrontar estas condiciones desiguales sin
mucho margen para la negociación.
Con el agravante que
aparte de esta masa de reclamos y juicios – las demandas hoy existentes de los
holdouts, las que se están sumando del resto de los tenedores que no ingresaron
en el Megacanje Kirchner-Lavagna y las numerosas demandas pendientes ante el
CIADI – hay que contemplar la posibilidad de nuevos reclamos provenientes de
los bonistas que ya entraron en el canje.
Porque el cumplimiento del
fallo Griesa – aún presumiendo que se pague a los Fondos Buitre (FB) y resto de
acreedores una parte al contado y otra con bonos - no exime al Estado Argentino
de posibles reclamos por parte de los bonistas que entraron en el Megacanje
2005-2010 debido a que el gobierno Kirchner reconoció a esos bonistas, según
las condiciones del canje, las cláusulas RUFO (Derecho a futuras ofertas) y MFC
(Acreedor más favorecido), que lo dejan expuesto a reclamos de estos acreedores
frente a mayores cobros de los holdouts.
La opinión generalizada
supone que nuestro país no tendría problemas en burlar el cumplimiento de estas
cláusulas habiendo logrado dilatar cualquier reconocimiento a los FB después
del 31.12 de este año, en que vence la cláusula RUFO.
Sin embargo, la Argentina
no queda exenta de sufrir la demanda de algún bonista díscolo que reclame el
cumplimiento de la cláusula del Acreedor más favorecido por el hecho de obrar
el gobierno Kirchner de mala fe al dilatar cualquier arreglo con los FB y los
holdouts en general para el 2015.
Y todo esto, siempre que
se soslaye un problema existente más grave aún y que es de carácter general, en
cuanto a la no prescripción de la cláusula RUFO - según lo sostenido por Javier
Llorens[3] - dado
que la vigencia de esta cláusula no caería a favor de la Argentina porque el
problema no deriva de las condiciones del prospecto de colocación de títulos
sino de la prohibición de mejora hecha a través de la Ley cerrojo 26.017 y
conexas.
EL ROL DE LA DEUDA
INTRA-ESTADO.
Durante 10 años de
administración K el país ha vivido pagando deuda externa mientras tomaba más
deuda y preparaba su retorno al Mercado Internacional de Capitales.
La presidenta se jacta y
protesta ante los acreedores externos de haberles pagado 190.000 MD (cifra
sobre la cual no se conoce desagregado explicativo alguno) durante la “década
ganada”, pero ocurre que ahora la Argentina debe más que antes.
Después del Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005 el stock oficial de la Deuda Pública era de unos
150.000 MD por capital y hoy – como hemos visto – es de 214.400 MD (saldo a fin
de 2013) más deudas adicionales contraídas durante este año, que no bajarían de
los 16.000 MD (según lo visto más arriba).
Las deudas que se han
venido contrayendo y que se van a contraer en el futuro próximo no tienen capacidad
de pago demostrada: son obligaciones que se toman con la sola esperanza de
poder volver a refinanciarlas a su vencimiento.
Son una forma reiterada de
Lavado de Deuda: obligaciones que arrastran sucesivas irregularidades de
contracción, refinanciamiento y falta de solvencia fiscal, pero que se
perpetúan por la complicidad de gobiernos de turno y clase política en la no
investigación de esas deudas.
Durante toda la gestión K
la principal tarea del gobierno en materia de endeudamiento fue pagar
privilegiadamente a los acreedores externos – sin cuestionamiento alguno –
traspasándole las obligaciones impagables a los organismos del propio Estado,
fundamentalmente ANSES (que administra la plata de los jubilados), BCRA (que
administra las divisas del país) y Banco Nación (BNA, que es la principal
entidad crediticia nacional).
Hoy el gobierno y todo el
establishment financiero, con el acompañamiento de la mayoría de la clase
política y los grandes medios de formación de la opinión pública, repiten a coro que la Argentina se está
des-endeudando, refiriéndose así sólo al hecho que la mayoría de la deuda
impagable ha sido traspasada al propio Estado y, por ende, al Pueblo Argentino
(traspasada a pérdida, porque es deuda que no tiene capacidad de repago).
Todos ponderan que ahora
el gobierno tiene menor deuda externa con acreedores privados del país pero
nadie dice media palabra sobre el hecho que la Deuda Pública ha venido
aumentando a pasos acelerados y que sus proyecciones son más crecientes
todavía.
Nadie plantea el gran
interrogante sin respuesta de quién, cómo y cuándo pagará toda esta cuantiosa
Deuda intra-Estado generada por el gobierno Kirchner para privilegiar el pago
de Deuda Externa con Terceros.
Peor aún, todos callan en
forma cómplice frente a la maniobra en curso por parte del gobierno de ir
licuando esa deuda intra-Estado vía inflación y sub-indexación de las
obligaciones en pesos.
Nadie menciona el costo de
esa Deuda Interna que agrava el desfinanciamiento del Sistema Previsional, la
descapitalización del BCRA y la distorsión del Sistema Crediticio Argentino por
culpa del pago de la Deuda Externa.
Con el agravante y la
paradoja que todo este sacrificio fiscal está puesto al servicio del objetivo
del fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna y de la actual Hoja de Ruta Boudou,
que es normalizar la crisis de los holdouts y arreglar con el Club de París
para volver al Mercado Externo de Capitales para tomar más deuda.
Es el tradicional camino
señalado por el Partido de la Deuda, que propone dejar de emitir dinero sin
respaldo para seguir emitiendo deuda sin capacidad de repago.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 26.12.2014.
Archivo: GIULIANO ARTICULO
2014 12 26 DEUDA 2015
NOTAS:
[1] Este
total de intereses a pagar, a su vez, está sub-estimado en las planillas
desagregadas de los informes de Deuda porque aparece calculado sobre un total
de 196.500 MD y no sobre el total de deuda real de 214.400 MD ni sobre el
propio oficial de 202.600 MD..
[2]
La Deuda Pública en Pesos al 31.12.2013 era equivalente a 77.200 MD. Si se
considera una devaluación anualizada del 30 % durante el corriente año esta
suma quedaría reducida en 23.200 MD, a unos 54.000 MD.
Pero una parte relevante
de la deuda en pesos está colocada a tasa variable – 19.200 MD – y otra parte
se ajusta por CER – 28.400 MD – que replica la Inflación Oficial (estimada por
el propio gobierno en un 24 % anual).
De este modo, deudas en
pesos por el equivalente a 47.600 MD (19.200 + 28.400) se indexan poco más o
menos por la inflación, lo que compensaría la depreciación citada de 23.200 MD
en unos 11.400 MD (47.600 x 0.24), quedando así una reducción neta de la deuda
en pesos de 11.800 MD (23.200 – 11.400).
La inflación interna
constituye un factor relevante de reducción de la deuda en pesos expresada en
dólares, que ahora se ha venido atenuando relativamente por la menor diferencia
entre la devaluación de la moneda local y el reconocimiento de una mayor
inflación oficial (30 contra 24 %).
La licuación de la deuda
en pesos que se produce por la inflación beneficia a la Tesorería pero
perjudica a los principales acreedores, que son la ANSES (que administra la
plata de los jubilados), el BCRA (que emite ese dinero sin respaldo para
prestárselo al gobierno vía Adelantos Transitorios) y el Banco Nación (BNA, que
lo sustrae a la masa de crédito productivo).
[3] Ver Javier Llorens: “La Argentina Zombi
III: Un perro llamado RUFO o el perro de la RUFO, para disimular la RUFO FOR
EVER que acecha a Argentina” (3.9.2014).
