Emilio J. Cárdenas
"Informador Público", 30-1-15
El tema de garantizar
la seguridad de los fiscales no es una cuestión menor. Por su propia
envergadura, ha sido abordado desde las Naciones Unidas, organización que
adoptó -como suya- una resolución elaborada previamente por la Asociación
Internacional de los Fiscales en marzo de 2008, en la que el tema de las
intimidaciones y amenazas es objeto de tratamiento específico.
La extraña muerte del
valiente fiscal Alberto Nisman -inmediatamente luego de la tremenda conmoción
provocada por su reciente denuncia, en la que acusara a la propia Presidente de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a su Canciller, Héctor Timerman, al
diputado de “la Cámpora” al que se conoce como el “Cuervo” Larroque, al
patotero Luis D’Elía y a otros allegados y funcionarios gubernamentales de nada
menos que encubrir un “pacto de impunidad” a favor de los iraníes sospechados
de haber sido responsables por el atentado terrorista preparado en Buenos
Aires, en 1994, contra la sede la AMIA- nos llena a muchos de un profundo
dolor. Inmenso, realmente. Y además de una sensación de impotencia ante el terrible
descaro del poder.
Y nos obliga, a ser
solidarios frente a su muerte y a acompañar a su familia frente al dolor que
seguramente ha caído sobre ella. Sin miedos. Y sin resignarnos a lo
inaceptable. Porque el país está otra vez caminando al borde mismo del abismo.
Ante la gravísima
entidad de la denuncia que el fiscal Nisman había formulado, su calma y su
tranquilidad de ánimo -así como su seguridad- debieron haber sido respetados y
debidamente preservados. Con el máximo de los recaudos. Es obligación de
cualquier gobierno en ese tipo de emergencia.
En cambio, el fiscal
Nisman fue objeto de una ola de agresiones e intimidaciones explícitas y
públicas por parte de distintos funcionarios y legisladores, antes de que
concurriera a nuestra Legislatura a precisar -y explicar- las razones de su
denuncia y precisar el alcance y la naturaleza de las pruebas que el fiscal
tenía en su poder. Seguramente acompañada por una andanada -tan cobarde, como
maligna- de mensajes y correos electrónicos que se está ahora investigando.
Aparentemente, al menos.
El tema de garantizar
la seguridad de los fiscales no es una cuestión menor. Por su propia
envergadura, ha sido abordado desde las Naciones Unidas, organización que
adoptó -como suya- una resolución elaborada previamente por la Asociación
Internacional de los Fiscales en marzo de 2008, en la que el tema de las
intimidaciones y amenazas es objeto de tratamiento específico.
Allí se establece
explícitamente que los fiscales deben poder ejercer sus funciones sin miedo. Lo
que supone que no pueden, ni deben, ser intimidados. Menos aún, obviamente,
desde cualquiera de los poderes del Estado.
En su capítulo sexto,
párrafo (a) esa resolución específicamente dice que los fiscales: “deben ser
protegidos contra las acciones arbitrarias de los gobiernos” y que,
específicamente, tiene derecho “a ejercer su función profesional sin
intimidaciones, estorbos, acosos, interferencias indebidas, o estar expuestos a
responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza”. Clarísimo, por cierto.
Pero pocos desde el poder respetaron lo antedicho en el caso del fiscal Alberto
Nisman. Algunos hicieron todo lo contrario a atacaron al fiscal “con los
tapones de punta”, como se atrevió a decir una agresiva legisladora
oficialista.
A lo que se agrega,
en el mismo capítulo de la resolución referida, pero en este caso en el párrafo
(b), el derecho que tienen los fiscales “junto con sus familiares, a ser
físicamente protegidos por las autoridades cuando su seguridad personal es
amenazada como resultado del debido cumplimiento de sus responsabilidades
profesionales”.
De lo antedicho se
deduce que, respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman, puede bien haber
responsabilidades -y responsables- que deben ser analizadas y considerados. No
hacerlo pondría al Estado argentino en una posición tan desairada como
insostenible frente a su propia sociedad, así como de cara a la comunidad
internacional toda.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la
República Argentina ante las Naciones Unidas
