confirma el desvío de fondos
de la obra social de Camioneros hacia una firma de la familia Moyano
Lucía Salinas
Clarín, 05/09/2019
Además de las causas que en
Avellaneda y Lomas de Zamora investigan supuestas maniobras ilegales de Hugo y
Pablo Moyano vinculadas al club Independiente y al correo privado OCA, otro
expediente avanza en la justicia federal porteña, y en el cual una pericia
oficial aportará novedades. Se trata de una denuncia presentada por diputada
Graciela Ocaña contra el titular de Camioneros, por el desvío de fondos de la
obra social de ese sindicato hacia las empresas manejadas por sus familiares
Iarai –la nave insignia-, Dixey, Organización de Seguridad Las Marías, Selca
SRL y Aconra.
Según se investiga en el
expediente, estos movimientos guardan correlación con el incremento patrimonial
del grupo familiar y se analiza si responden, además a maniobras de lavado de
activos. Se investiga una ruta de 35 millones de pesos.
En una ampliación de la
denuncia, se planteó que en función de los balances de la obra social y las
empresas se observa “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones
comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante
una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos
obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al
efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica
operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de
legalidad”.
A raíz de esta hipótesis, el
juez Bonadio ordenó a la Corte Suprema de Justicia una pericia contable. La
primera conclusión que arroja el informe, según fuentes allegadas a los
peritos, es que la estructura denunciada “funcionaba como tal: hay un circuito
de fondos que iba del sindicato, hacia la obra social y desde allí a la
gerenciadora propiedad de la familia Moyano”, explicaron.
Sin corroborar las cifras
aún, en la causa ya se comienza afirmar la hipótesis sobre la estructura
“montada para el flujo de fondos entre el gremio y otras empresas vinculadas al
grupo familiar”, indicaron fuentes de la pericia.
La última información
aportada a la causa muestra que la obra social en sus últimos cuatro ejercicios
contables, “arrojó un patrimonio neto negativo de 636.935.873 pesos”. Por eso,
la denuncia sostiene que la OSCHOCA “es inviable, mientras que las empresas
Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. No existe una prueba más contundente de
la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas
y de la obra social”, agregó Ocaña en su momento.
La obra social de los
camioneros “depende de los subsidios del sistema de salud, tanto reintegro del
APE y del SUMA”. Estos pasaron de “334.000.000 pesos en diciembre del año 2014
a 776.000.000 pesos al 31 de diciembre de 2016”.
Ese último balance, firmado
por Hugo Moyano, “muestra que mientras los aportes y contribuciones crecieron
un 36%, diciembre de 2016 vs diciembre 2015, los gastos prestacionales que
facturan sus empresas familiares, superaron el 42 por ciento”.
Por ello, se investiga si se
puso en marcha una “estructura que podría encubrir una integración horizontal
que tiene como objetivo blanquear el dinero a favor de los Moyano, el
sobreprecio pasa de una empresa a la otra a través de operaciones cruzadas de
préstamos, mutuos, alquileres de inmuebles, compra de acciones y venta de
servicios entre ellas”.
Para la denunciante, en este
circuito "se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la
defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”. En menos de 10
años, se contabilizaron traspasos a favor del grupo Moyano-Zulet por “la nada
despreciable cifra de 35.213.846 pesos descompuesta de la siguiente manera:
Iarai 15.770.826 pesos, Aconra 11.057.253 pesos y Dixey 8.385.767 pesos”.
¿Cómo se estructuró el
movimiento de fondos? La denuncia indica que Iarai, manejada por la esposa de
Moyano, Liliana Zulet, tuvo en el 2009 “ganancias, después de impuestos, que
ascienden a 6.090.357 pesos, duplicando con exceso las del año anterior, que
ascendían a 2.717.907 pesos”, según los balances presentados ante la Inspección
General de Justicia.
Esta firma es una
gerenciadora creada para absorber los fondos de la obra social, realizando “una
intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la
familia Moyano”, denunció Ocaña.
Iarai también hizo préstamos
a las sociedades vinculadas Aconra y Dixey, y compró del 50 por ciento de las
acciones de la Organización de Seguridad las Marías.
Por otro lado, Iarai hizo
ventas a la obra social de Camioneros “por 129.673.314 pesos, lo que representa
un aumento del 61 por ciento respecto de la facturación del año anterior”. A lo
que suma ingresos “por cobro de alquiler a la empresa Dixey S.A. por 679.849”.
Dicha recomposición de los
ingresos le permitió a Iarai “inyectar nuevos fondos a otra de las empresas del
grupo: Dixey S.A. Le giró 567.071 pesos, que deben adicionarse a un préstamo
anterior; ascendiendo la inversión en la empresa vinculada a 2.027.137”.
No es la única empresa
investigada. Dixey S.A fue creada en el año 2002 y, un año después la familia
Moyano-Zulet ingresó en la sociedad. Hasta entonces, la única actividad
comercial conocida “es la compra de 3 inmuebles en la zona de Parque Leloir de
7001 metros, con domicilio en la calle de los Baqueanos 860 y lotes aledaños.
En esta dirección ¡oh casualidad! ha fijado su domicilio particular la señora
Liliana Zulet de Moyano”, consta en el expediente.
Por otro lado, bajo la lupa
se encuentra Aconra, otra de las empresas integrantes del holding Moyano-Zulet,
que ya he denunciado en esta causa, y “cuya actividad está centrada en la
construcción y el gerenciamiento de hoteles del sindicato de Camioneros”
explicó la legisladora.
