DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y
PORTUARIA
Dr. César Lerena
Ya nos referimos
tiempo atrás al emplazamiento de un puerto en Río Grande que podría servir
-según la ministra de Producción de Tierra del Fuego- de apoyo a la flota china
que pesca ilegalmente los recursos pesqueros argentinos César Lerena, “Ministra
de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal…”, 26/11/2022). Ahora nos enteramos de un Memorando de
Entendimiento para la construcción de un puerto multipropósito en Rio Grande
por parte de la estatal china Shaanxi Chemical Group que retoma un viejo
proyecto que transitó por los gobiernos de Fabiana Ríos (PSP, ex ARI,
2007-2015) y Rosana Bertone (PJ, 2015-2019) y, también, que China estaría
presionando al gobierno nacional para
abrir nuevamente la licitación para “controlar” la vía fluvial Paraná-Paraguay,
el canal de navegación y comercio más importante de la Argentina, conocido
erróneamente como “Hidrovía”.
Ya hemos dicho que
la Argentina podría buscar financiamiento extranjero (de cualquier Estado,
organización de crédito o empresa) para construir puertos, remodelarlos o
llevar adelante instalaciones logísticas, depósitos o cámaras de conservación;
instalar astilleros o mercados concentradores y de distribución, etc. pero, el
Estado argentino no puede delegar en terceros la administración ni el poder de
policía y defensa y, en ningún caso, habilitar el uso de los espacios marinos
y/o fluviales y sus puertos, a quienes no se ajusten a la legislación nacional,
realicen pesca ilegal (incluso lleven adelante trabajo esclavo, tráfico de
drogas o contrabando) y/o pongan en riesgo la soberanía nacional. Ello alcanza
por igual a la Administración del Atlántico Suroccidental, como a la regulación
de la navegación y el comercio a través del Río Paraná-Paraguay y el Río de la
Plata.
Es muy entendible
que el Estado pueda conceder espacios u otros beneficios a quienes se deciden
invertir y realizar actividades en áreas vinculadas a los puertos para
facilitar sus operaciones, sus procesos comerciales e incluso industriales y de
servicios. Son comunes, por ejemplo, las concesiones destinadas a la
utilización de tierras para el emplazamiento de Astilleros, oficinas de control
de SENASA, Aduana o despachantes, incluso las de Prefectura; silos o depósitos
de todo tipo y, la mayoría de la actividad industrial pesquera (incluso
extranjera) se instaló originalmente en el ámbito portuario. Y, por cierto,
otorgar permisos, autorizaciones y/o cuotas a empresas nacionales para la
explotación de los recursos naturales.
Reitero. Todo lo
que sea necesario para facilitar la producción, industria, almacenamiento,
tránsito, comercio y servicios de la actividad privada es posible y hasta
necesario; pero, la administración general y la política de los puertos y de
los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina
no puede admitir el aprovechamiento de sus mares y ríos y, por supuesto sus
puertos y otras instalaciones, para debilitar la soberanía nacional.
Según el portal
Argentina.gob.ar (13/6/23) «a excepción de Buenos Aires, todos los puertos
estatales fueron transferidos, a partir del año 1992, a las respectivas
provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que,
por vía fluvial o marítima, las une con el resto del mundo. En varios de los
puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se
conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación
de los usuarios del puerto, así como de la provincia y municipios donde esté
ubicado». Pero aún, en el espíritu privatizador del gobierno de Menem que llevó
al dictado de la Ley 24.093, ésta dejó en claro (Art. 4º) que “requieren
habilitación del Estado nacional todos los puertos comerciales o industriales
que involucren al comercio internacional o interprovincial”; (Art. 5º) “La
habilitación de todos los puertos debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo,
según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro
del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto
respectivo” y, tener en cuenta (Art. 6º) entre otras, la ubicación del puerto;
los aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; la incidencia en
el medio ambiente y afectación del puerto al comercio interprovincial y/o
internacional; el control aduanero y de migraciones y, la policía de la
navegación y seguridad portuaria. Es decir, en la situación de disputa e
invasión territorial argentino de un total de 5.497.178 km2 por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña del territorio continental antártico, la plataforma
continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas
correspondientes a la ZEE e insular, sería un despropósito otorgar “la
administración” de cualquier puerto del litoral marítimo -no solo de Tierra del
Fuego- al Estado chino o de cualquier otra nacional, o a sociedades del Estado
(como es el caso chino) o con capitales extranjeros e incluso nacionales. Esto
alcanzaría, por supuesto a España y a todos los países cuyos buques operan en
Malvinas.
Dicho esto, hay
que concluir que el Puerto de Río Grande como el de Ushuaia son estratégicos,
por lo tanto, el gobierno nacional que se ha desentendido de los puertos al
sancionar la referida Ley 24.093, debería, dentro de su Plan de Desarrollo y
Soberanía Nacional (¿?) destinar los fondos adecuados para su construcción y
modernización y, en todo caso, el gobierno provincial, en lugar de autorizar la
explotación de los puertos a extranjeros (cualquiera sea su origen, figura
jurídica o participación) podría mejorarlos con el aporte privado, en tanto y
en cuento ello no signifique delegar su administración, el control y la
seguridad.
Entonces, tres
cuestiones básicas deben definirse. La primera, cuáles son los fundamentos de
China o cualquier otro país, para pretender administrar directa o a través de
empresas vinculadas, los puertos o espacios marinos o fluviales, ya que el
Estado argentino puede y tiene capacidad técnica y humana suficiente para garantizar
que todas las empresas radicadas en su territorio, tengan el soporte y el
debido control para que las importaciones o exportaciones se realicen en forma
eficiente y eficaz y, dentro del marco de la legislación vigente. La
Administración no puede ser negociable, cuando están en juego intereses
superiores de la nación. La segunda, es que el Estado debe facilitar el
esfuerzo económico de quien se trate y acordar claramente las condiciones de
inversión o financiación y, no con la generalidad que se indican en el citado
Memorando. Es decir, precisar en forma concreta la inversión y los plazos para
hacerla efectiva y los beneficios directos o indirectos que recibirá la
Provincia, teniendo muy en cuenta, que las condiciones que puedan establecerse
entre los inversores y el gobierno, no afecten la soberanía nacional o los
intereses del conjunto de los actores de la comunidad. La tercera, es que se
entiende como inadmisible y es -tal cual se ventila- que terceros países u
organismos puedan fijar la política del Estado Nacional en materia de
inversiones, adjudicación de licitaciones o concesiones y/o administración de
los negocios en Argentina. Los argumentos que se utilizan en el Memorando que
la cesión podría aumentar las exportaciones nacionales, es extorsivo y, si
bien, cualquier negocio suele ir acompañado de presiones, es gobierno
argentino, quien debe establecer el límite, teniendo la balanza comercial,
pero, sobre todo, la soberanía política nacional.
Por ejemplo, en el
caso de la administración del Río Paraná, es un argumento poco serio que se
requiera contar con el control de esa vía para asegurar que “el dragado sea lo
suficientemente amplio para los buques”. Eso lo debe garantizar el Estado
argentino y, por cierto, si no lo hiciese, estaría dificultando el comercio;
pero, más allá de asegurar la navegación y el tránsito de mercaderías, la vía
debe administrarse para favorecer el desarrollo regional. Una cosa es adjudicar
a terceros el dragado, donde en lugar de resolver una supuesta falencia del Estado
se regalan recursos económicos a empresas extranjeras y, otra cosa, es ceder la
administración general de la vía; el poder de policía y la política de
desarrollo de las provincias del litoral.
Sobre el Memorando
de Entendimiento firmado el 16/8/22, ratificado el 7/12/2022 por el gobierno de
Tierra del Fuego con la Provincia Shaanxi de China recientemente ingresado
(5/6/23) a la legislatura provincial, el secretario de Asuntos Internacionales
de la Provincia Andrés Dachary manifestó (Youtube, 2/6/23, 2.07m): «China
propuso la construcción de un puerto, pero esto no se aceptó. Nosotros
entendemos que todo lo que tenga que ver con los puertos y la infraestructura
estratégica, primero deben asignarse al sector público y en el caso del sector
privado a empresas nacionales»; sin embargo, de la lectura del Memorando
surgiría «la construcción de un puerto multipropósito, junto a una planta
química y una central eléctrica», una inversión estimada en 1.250 millones de
dólares por parte de empresa de la citada china. Un proyecto de “cooperación”
para la producción de un millón de toneladas de químicos en la Provincia y, la
construcción en el área de Río Grande de una central eléctrica de 100 MW; una
planta de producción de 900 toneladas de urea; 100 mil toneladas de glifosato y
600 mil toneladas de amoníaco sintético y una “terminal portuaria
multipropósito con recinto interno con una capacidad para atender buques de
unas 20 mil toneladas”, lo que estaría demostrando, la importancia de la obra.
Este puerto, al igual
que cualquier iniciativa de este tipo en Ushuaia, debería ser rechazada sin
más, ya que dejaría al acceso de China la Antártida y el control de los pasos
al Pacífico y el Indico. Las propias declaraciones del propio gobernador
Gustavo Melella, al rubricar un convenio estratégico junto al representante
legal de Powerchina, Tu Shuipin, para el desarrollo de proyectos energéticos en
Tierra del Fuego, lo ratifican: «Tenemos varios desafíos, y se debe a nuestro
posicionamiento estratégico, porque somos la puerta de entrada a la Antártida»
(Ushuaia24.com, 19/9/2022). El espejo de lo que piensa China que; además, tiene
interés en esta región marítima, no solo porque el control de Canal de Panamá
se encuentra en manos de Estados Unidos, sino también por la importante
presencia de buques chinos que realizan pesca ilegal en el Atlántico
Suroccidental y requieren de apoyo logístico.
En el Memorando,
se observan una serie de promesas imprecisas: «impulsar activamente a las
empresas chinas a invertir en Tierra del Fuego, sumar a la fortaleza en materia
científica y tecnológica, esforzase por aumentar el valor agregado a los
recursos energéticos locales, contribuir al desarrollo económico de Tierra del
Fuego (…) generar tantos puestos de trabajo como sean posibles (…) intercambios
tangibles entre ambas provincias (…) implementar la nueva filosofía corporativa
de protección ambiental». Chan-chan. Expresiones de voluntad que no precisan
absolutamente nada. Habría que comenzar por decirles a los chinos que sus
empresas pesqueras radicadas en la Argentina agreguen valor y mano de obra
argentina a los productos pesqueros que exportan y dejen de pescar los recursos
migratorios argentinos en el Atlántico Sur, con ello solo la Argentina
dispondría de varios miles de millones de dólares por año para producir el más
importante desarrollo de Tierra del Fuego.
En el Capítulo 3
del Memorando, las partes se comprometen a “resolver adecuadamente los
problemas remanentes de la Inversión original, con el fin de desarrollar nuevos
proyectos” y en este tema, que no se detalla, deberían dar precisiones, además
del Gobernador Melella, las ex gobernadoras Ríos y Bertone y, la propia
legislatura provincial, porque -según se ventila- estarían en danza 30 millones
de dólares que ya habrían sido adelantados por la empresa estatal china al
gobierno fueguino en concepto de pago de regalías de gas (Ley 774, 23/12/2008.
“Acuerdo de gas entre la provincia de Tierra del Fuego y la Empresa Tierra del
Fuego Energía y Química”). El gobierno además se comprometería a actuar de
“gestor del proyecto”, el que estaría alcanzado por los beneficios fiscales de
la Provincia y, ambas partes se comprometen a “seguir” colaborando en la
“cooperación pragmática” (¿?).
La revista
británica “The Economist” publicó que «China invirtió en los últimos 20 años
más de 20 mil millones de dólares en comprar o ampliar más de 100 puertos en 50
países». Que lo digan los ingleses, es una confesión de parte, ya que los
británicos a través de la “Comunidad de las Naciones” tienen puertos
estratégicos en todo el mundo, entre ellos en Malvinas y Georgias del Sur y,
van por más, ya que bajo el pretexto de cuidar los mares y sus recursos,
extendieron “el cinturón azul” a 50 Áreas de Conservación Marinas bajo su
control (FIS, SeafoodMediaGroup, 9/1/2016) con lo que alcanzaron un control de
millones de km2 y recursos muy superiores a los de la pequeña isla del Reino
Unido de escasos 243.610 Km2.
No se conoce, si
una eventual construcción de un puerto en Río Grande por parte de empresa estatal
china dejaría sin efecto el otro que en la misma región promovía la ministra de
Producción Castiglioni, quién refirió (RevistaPuerto, 24/11/2022) que sería
«una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA,
cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…» quien a pesar de
manifestar que no había capitales reconoció que «una de las empresas inversoras
es de Hong Kong, además del ANSES y que, la citada Mirgor cuenta con algunos
socios estratégicos internacionales (…) el puerto multipropósito, está
planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas
latitudes a todo el Atlántico Sur es importante. Respecto de la milla 201 yo lo
veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta
Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar» y, remató, me
parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien
en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos, porque Tierra del Fuego
carece de capacidad cierta de control en el mar.
Muchas veces la
falta de una política nacional clara y la desesperación por hacer una Provincia
sustentable, menos dependiente de los beneficios fiscales, no es la mejor
consejera. Entregar la administración del puerto de Río Grande a extranjeros
atentará contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y
social de la Nación y de Tierra del Fuego. El Río Paraná, por su parte, debe
transformarse en un instrumento de desarrollo del litoral, cuya estrategia debe
estar en manos de los argentinos.
