LAS TRAMPAS EN QUE CAYÓ LA OPOSICIÓN

Rodolfo Terragno

Clarín, 9-11-14

Los líderes opositores le imputan al Ejecutivo varias anomalías: malversación de caudales públicos, uso indebido de recursos fiscales, subsidios injustificados, deterioro de la seguridad social y administración irregular de las empresas estatizadas.

Las críticas son justas, pero muchos de esos líderes han tenido, sin saberlo, responsabilidad indirecta en tales anomalías. El Poder Ejecutivo utiliza, para hacer aquello que se le critica, recursos que consiguió gracias a parte de la oposición política, que lo acompañó o lo confrontó de manera muy tenue.

Las consecuencias de esa actitud permisiva son expuestas hoy por los jueces, la Auditoría General de la Nación o las investigaciones periodísticas. Y un coro opositor responde con críticas y denuncias, fundadas pero tardías. Está bien que no se deje de cuestionar y exigir explicaciones a los responsables del mal manejo, pero debe reconocerse que era previsible desde el día cero.

* La Justicia sospecha que el sistema de seguridad social se usa como una caja registradora, de la cual se extraen recursos malversados luego de distinto modos: usando el empleo público para reclutar partidarios, sufragando una abrumadora propaganda del gobierno, financiando organizaciones partidarias y otorgando beneficios ilimitados y sin contrapartida.

En particular, una investigación en curso permite suponer que hay un vaciamiento parcial del PAMI. La institución no les presta a los jubilados el servicio de salud que merecen, pero sí le presta al Tesoro dinero (de los propios jubilados) para que el Gobierno tape agujeros fiscales, abiertos por su dispendio.

Al parecer, la investigación judicial ha verificado que en cinco años el Tesoro Nacional recibió del PAMI 2.830 millones de pesos: unos 47 millones por mes. Las autoridades del organismo sostienen que no fueron transferencias al Tesoro sino compra de títulos públicos, cuyo capital será recuperado con intereses. Lo que importa es saber si la adquisición de esos títulos es una decisión independiente de PAMI, si la inversión es la menos riesgosa para los jubilados y si el Gobierno requiere esos fondos para afrontar gastos necesarios o maquillar el déficit.

* ANSES, por su parte, también descarga sobre el Tesoro un alud de dinero, mientras enfrenta 300.000 demandas judiciales por falta de pago o pago insuficiente a jubilados y pensionados. La entidad ya ha sido condenada a pagar en numerosas casos, pero se ha negado a cumplir, cayendo así en desacato. Ahora ha comenzado a pagar, con cuenta gotas.

* Aerolíneas Argentinas, según la Auditoría General de la Nación, recibió en cinco años ”ayudas” del Gobierno por más de 20.000 millones de pesos. No obstante, la empresa ha acumulado pérdidas por 18.000 millones. En total, nos ha costado ya unos 38.000 millones de pesos.

* YPF es la compañía nacionalizada con mejor administración, y obtiene apreciables ganancias; pero se le objeta que firme contratos secretos, sea para importar gas o (lo que es más grave) para explotar áreas de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencionales más grande de la Tierra. Es un modo de privatizar el futuro, sin que siquiera el Congreso se entere.

La empresa, además, no es fiscalizada por nadie. Se la ha eximido, inconstitucionalmente, de estar sujeta al control de la Auditoría General de la Nación.

En todos estos casos indicados, sectores de la oposición política aprobaron o consintieron que se crearan las condiciones para terminar, indefectiblemente, en lo que hoy se critica como si fuera algo inesperado.

Ante las iniciativas de éste o cualquier otro gobierno, no debe analizarse sólo el qué, sino también el quién, el cuándo, el cómo y el para qué de dichas propuestas.

Por ocuparse solamente del qué, muchos progresistas cayeron en trampas.

Cuando el Gobierno decidió acabar con las AFJP, hubo quienes se dijeron a sí mismos: “¿Cómo vamos a oponernos a estatizar el sistema previsional si toda la vida hemos defendido el sistema de reparto? Quedaríamos pegados a las AFJP”.

Cayeron en una trampa. Se podía ser crítico del sistema privado, y propugnar la vuelta al monopolio estatal, pero elaborando un inobjetable proyecto alternativo, con el mismo fin pero sin huecos por el que pueda irse dinero. Eso exigía movilizar y persuadir.

Cuando el Gobierno decidió estatizar Aerolíneas Argentinas, muchos se preguntaron: “¿Cómo vamos a oponernos a la estatización de Aerolíneas si siempre sostuvimos que la línea de bandera debía ser nacional? Parecería que estamos en algún negocio con los españoles”.

Fue otra trampa. También aquí podía presentarse otro proyecto y procurar el apoyo popular. Una sociedad mixta de mayoría estatal, con una gestión privada de primer nivel, nos habría permitido ser dueños de una línea de bandera con una virtud: transportar más gente, a menor precio y ganando plata.

Cuando el Gobierno se apropió de YPF, muchos se cuestionaron a sí mismos: “¿Cómo vamos a oponernos a la expropiación si nosotros defendimos siempre el monopolio estatal de los hidrocarburos? Podrían decir que nos paga Repsol”.

Una trampa más. Lo que correspondía era provocar una discusión sobre otro esquema, basado en el control estatal de la compañía, pero con garantías de inversión y de la debida transparencia.

Es cierto que el oficialismo tenía mayoría propia para aprobar sus proyectos, pero una oposición sin miedo, creativa y resuelta, sale a ganar la batalla fuera del Congreso, con la gente, explicando y comparando. Y si no tiene éxito, planta una advertencia sobre los efectos futuros de lo que en principio parece luminoso.

Es una lección a no olvidar. El que ejerce una función pública, sea gobierno u oposición, tiene que asumir constantemente costos políticos. No debe vivir pensando en el “qué dirán” ni buscando la forma de “sacarla barata”.

Hacerle bien a la sociedad exige sacrificio y paciencia.

DEUDA EXTERNA Y RETRASO CAMBIARIO

Por Héctor GIULIANO

 (8.11.2014).

La administración Kirchner se encuentra en estos días pasando momentos clave de definición en relación a su política de endeudamiento público porque a través de la misma está en juego su propia supervivencia financiera y política.

Un capítulo clave dentro de esta grave situación oficial está dado por la relación entre el tipo de cambio y la toma de nueva Deuda Externa.

Aunque - como es lógico - nunca hay información cierta o confiable a este respecto, sería posible sin embargo inferir que el dilema del gobierno reside en saber si sus concesiones crecientes ante el capital financiero serán suficientes o no para contener los efectos de la nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina.

O bien: si tales concesiones le servirán sólo para diferir las consecuencias de esta crisis hasta el fin del mandato o van a ser usadas, en cambio, para precipitar su caída en medio de improvisaciones e inconsistencias inmanejables.    

No parece casual que en el marco de este tenso panorama, local e internacional, se haya producido – como a fines del año pasado – otro episodio de salud de la presidenta.

A los fines de intentar transformar el aparente Caos en Cosmos de Información es importante identificar cómo se está dando el “acomodamiento de los hechos”, es decir, qué hechos concretos se están registrando y permiten interpretar lo que está ocurriendo en materia de Deuda.

La administración K está jugada hoy a sostener a ultranza una política de retraso cambiario por tres razones centrales:

1.     Un tipo de cambio retrasado – entendido como dólar casi fijo o con ritmo devaluatorio inferior a la Inflación Real (aproximadamente 30 contra 40 %) – es garantía de “capacidad de pago” frente al perfil de vencimientos de la Deuda Externa existente y a la vez garantía de liquidez para poder volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar más deuda (objetivo del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou).

2.     Tal atraso relativo es, a la vez, una herramienta como “ancla inflacionaria”, ya que el país no soportaría ahora una nueva macro-devaluación como la producida en Enero sin un traslado masivo e incontrolable a precios, con el consiguiente desencadenamiento de una espiral hiper-inflacionaria dado los altos niveles de aumento que se siguen produciendo.

3.     La caída de los Salarios Reales derivada de una macro-devaluación descolocaría ya totalmente al gobierno frente a la tolerancia que los grandes sindicatos vienen mostrando frente a la baja del poder adquisitivo de los ingresos post-paritarias de este año.

Un dólar atrasado ayuda además a las cuentas fiscales, por la menor incidencia de los gastos en moneda extranjera (fundamentalmente servicios de intereses de la Deuda Externa) compensando parcialmente la pérdida por menores ingresos de divisas por retenciones a las exportaciones (cuya baja se acentúa hoy por la caída de los precios de la soja).

Y constituiría también un alivio relativo a la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA), que se utiliza masivamente como forma de esterilizar los pesos que se emiten para comprar divisas.

La contención de la Presión Tributaria (PT), y particularmente la del Impuesto Inflacionario – que se corresponde con el aumento de la Recaudación Fiscal – configuraría, por otra parte, también un requisito para atenuar las tensiones con el empresariado y, en especial, con los sectores exportadores: eventual canje de Inflación y PT por Retraso Cambiario, apreciando el peso en términos reales.

Para ello, la tradicional receta neoliberal es “no emitan Dinero, emitan Deuda”, con lo que se satisface paralelamente las presiones de la Banca Internacional para que el país coloque más deuda en el exterior y las presiones locales del Partido de la Deuda para colocar nueva deuda donde sea, pero colocarla rápido (Nación, Provincias y Empresas del Estado).

Tal es la convergencia de intereses financieros nacionales y externos para que la Argentina aumente sus niveles de endeudamiento público, cosa que ya se está produciendo en el corriente ejercicio (las nuevas obligaciones con  CIADI, Repsol, Club de París, Bonar 2016/2017, Bonad 2016/2018 y Holdouts en general) y que está previsto incrementar en el Presupuesto 2015 (aumento directo de la Deuda Pública por 17.700 MD-Millones de Dólares, dentro de facultades al Ejecutivo para tomar nuevos préstamos por hasta 134.000 MD).

No existe base racional para pensar que el gobierno Kirchner, en su último año de gestión, pueda aspirar a cumplir siquiera parcialmente tales metas sin encarar mínimas medidas de garantía al respecto.

Ergo, la apuesta del gobierno CFK a una política de retraso cambiario no es sólo un dato de la realidad sino, a la vez, un objetivo lógico para volver al mercado internacional de capitales dentro del Sistema de la Deuda.

Esta nueva política de endeudamiento – como hemos dicho - ya ha comenzado con los acuerdos en curso para el pago de los laudos perdidos ante el CIADI con títulos públicos (677 MD con empresas norteamericanas, 185 MD con British Gas y toda una serie de sentencias en curso), el acuerdo de indemnización con Repsol pactado también con bonos (6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses), el arreglo de la Deuda Externa con el Club de París para el pago total en cuotas (9.700 MD) y con las nuevas colocaciones de títulos en pesos (BONAR 2017 y 2016, por 1.000 MD cada uno) y en dólares (BONAD 2016 y 2018, por otros 1.000 y 1.000 MD respectivamente; estos últimos bajo la modalidad de “dollar linked” o deuda en pesos ajustada por tipo de cambio).

A esto hay que agregar el principio de acuerdo que habría acerca de pagar los juicios y reclamos de los holdouts – los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner – a partir del 2015 también con títulos del Estado, cuestión sobre la cual se entiende existe ya un principio de acuerdo.

Más allá de todos los altibajos que se están dando en la escenificación de esta pugna con los Fondos Buitre (FB) y el no cumplimiento del fallo Griesa – discursos para la galería, declaraciones altisonantes, apelaciones y medidas dilatorias en general - lo cierto es que todo el mundo da por descontado que, a partir del 2015 (para cuyo inicio faltan menos de dos meses) el gobierno Kirchner vuelva a la “mesa de negociaciones” del mediador Pollack y comience el arreglo con los beneficiarios de la sentencia (los FB) y con el resto de los holdouts.

Esto representará abrir negociaciones por un monto de deudas acumuladas – con intereses y recargos, gastos y honorarios – estimado entre 20 y 30.000 MD (Millones de Dólares) y exponerse además a reclamos incalculables de los bonistas que ya entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna por aplicación de las cláusulas RUFO y MFC (cuyos totales podrían llegar a 120-150.000 MD o más).

Para que esto pueda darse, la administración K debiera dar todavía algunos pasos acelerados y difíciles a nivel interno e internacional, empezando por el citado retraso cambiario como eje de la nueva política de endeudamiento, para poder  continuar y aumentar las colocaciones de la ola de deuda en curso: la tercera gran ola de endeudamiento después de la del Proceso Militar y de la Convertibilidad menemista.

Entre los requisitos exigibles a cumplir por nuestro país para replantear las negociaciones en el 2015 están los siguientes:

a)     la ratificación de la aceptación del fallo Griesa (cosa que, en realidad, nunca ha sido negada por el gobierno K, salvo decir que la sentencia es “de cumplimiento imposible” debido a sus consecuencias financieras).

b)     la reanudación de las negociaciones con el mediador Pollack, designado por el juez.

c)     la derogación de la Ley 26.984 de Pago Soberano Local (lo que conllevaría dejar sin efecto la creación de la Comisión Investigadora de la Ilegitimidad de la Deuda, incluida en dicha ley).

d)     la aceptación de pago de todas las sentencias y/o reclamos de los Holdouts  con bonos, incluyendo gastos y honorarios judiciales y extra-judiciales, propios y ajenos del Estado Argentino.

e)     la aceptación – total o parcial – de la tercerización de pagos de los acuerdos del punto anterior a través de la variante Gramercy (compra de derechos de los fallos por un tercero que luego canjear tales derechos por nuevos bonos del país).

f)       la capitalización generalizada de intereses acumulados (anatocismo) en función de los acuerdos citados.

Esta lista de exigencias no es taxativa, por lo que no se limita necesariamente a los puntos aquí enunciados, sino que es sólo orientativa de las cuestiones reales e inevitablemente en danza en una negociación compleja de este tipo.

Tal el cuadro primario al que se ha llegado luego de 10 años de “Década Ganada” según el gobierno K, donde la Deuda intra-Estado ha desempeñado un rol fundamental en este sentido: el pasaje en gran escala de Deuda Externa con Terceros (Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales) a Deuda intra-Sector Público (fundamentalmente ANSES, BCRA y BNA), lo que ha logrado el objetivo primario de “desagotar” gran parte de las obligaciones con residentes extranjeros a costa de empapelar al propio Estado con títulos impagables que están expuestos a ser forzosamente condonados a pérdida por vía burocrática (caso BCRA), refinanciados indefinidamente (BCRA y BNA) y/o licuados por Inflación (ANSES).

En una década de gobierno K se ha logrado así un “exitoso giro de 360 grados” en el proceso del endeudamiento público: la Deuda intra-Estado sirvió para reducir la Deuda Externa - sin que con ello haya bajado sino, por el contrario, subido la Deuda Total - y ahora, conseguido tal objetivo, el país puede volver a endeudarse en los mercados internacionales de capital.

Son las paradojas o crudas realidades de un gobierno que se auto-califica de “pagador serial” de una deuda ilegítima - e investigada por la Justicia Federal - como si se tratara de un mérito, que invoca la bandera de lucha contra los Fondos Buitre para pedir la internacionalización institucional de las reestructuraciones de Deuda Soberana vía Naciones Unidas y que vende la mentira del Des-endeudamiento público como excusa para volver al mercado internacional para tomar más Deuda Externa.

PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES

Comentario en:

www.mario-meneghini.blogspot.com.ar/2014/11/participacion-en-elecciones.html

DESCONTROL EN LAS EMPRESAS AÉREAS

Aerolíneas gasta un 75 por ciento más en personal que otras compañías aéreas

Claudio Savoia

Clarín, 6-11-14

En un año y medio, Aerolíneas y Austral perdieron 984 millónes de dólares

hay 33,4 pilotos por cada avión, mientras que el promedio del sector es de 13,2.

Pérdidas millonarias, descontrol administrativo, aviones inadecuados para las rutas explotadas, sobreabundancia de pilotos que no vuelan y una plantilla injustificada de casi once mil empleados. Son sólo algunas conclusiones del lapidario informe que la Auditoría General de la Nación aprobó ayer sobre la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral durante 2011 y el primer semestre de 2012. En ese lapso, las empresas estatizadas en 2008 y conducidas por el camporista Mariano Recalde perdieron 984 millones de dólares.

Los indicadores de gestión relevados por el único organismo de control del Estado que aún no logró domesticar el gobierno son preocupantes: en el período analizado, “Aerolíneas y Austral incrementan la pérdida en 43% respecto a 2010. La causa es el deterioro del resultado operativo en un 52%”, dice el texto. Con ingresos por 2.054 millones de dólares, un costo operativo de 2.476 millones y costos de estructura otros 562 millones, la pérdida total en ese año y medio fue de 984 millones de dólares. Poco menos de dos millones de dólares por día, que se cubrieron con transferencias del Estado nacional.

“Los altos gastos de Aerolíneas en relación a sus ingresos, comparándolos con empresas similares, se deben principalmente a las remuneraciones y a los costos por combustible”, evalúa la Auditoría. Y sostiene esa comparación con números: medidos en AKOs (asientos por kilómetros ofrecidos en cada avión), los costos en personal fueron 75% más altos que los de otras empresas, y los de nafta 24% mayores.

Con respecto a la flota de aviones, que Recalde reconfiguró desprogramando y devolviendo decenas de aparatos McDonnell Douglas y comprando Embraer y Airbus, los auditores dicen que la selección de los modelos no respondió a la “realización de un análisis técnico, económico y financiero previo”, a esa selección, y que “no se realizó una evaluación del impacto en los costos” que se generaría con esa decisión, contemplada en el Plan 2010-2014.

“La reestructuración de la flota redundó en, prácticamente, la misma cantidad de aviones aunque más pequeños, con la consecuente reducción de disponibilidad de asientos”. Este cambio tiene otra consecuencia: con aviones más chicos, proporcionalmente aumentan los costos de uso del espacio aéreo y servicios de aeropuerto. Los investigadores tampoco lograron hallar información sobre los costos operativos de cada nave, un dato vital para poder calcular cómo achicar los gastos y balancear las cuentas.

Aunque las dudas y lagunas informativas son muchas, la Auditoría pudo obtener algunas certezas. Por ejemplo, que la única ruta aérea que dio ganancias, y apenas durante el verano, es la que une Buenos Aires con Florianópolis. Aunque en 2012 se reconoce una mejora en la red de cabotaje, las redes de vuelos al exterior empeoraron sus resultados, con un especial deterioro de las rutas a Caracas, Bogotá y Lima; Roma, Barcelona y Sidney. ¿Una curiosidad? En el lapso auditado, la ruta a San Pablo duplicó su déficit operativo. Raro, siendo una de las que más demanda tiene en todo el continente. Excepto que en el mundo de Aerolíneas volar más pueda significar perder más.

Otra de las críticas fuertes de los auditores es por la contratación de pilotos que, sin planificación, resultó desproporcionada y deficitaria. En el lapso auditado, Aerolíneas incrementó en un 13% la dotación de la tripulación técnica por nave operativa, lo que hizo caer 16% la productividad de los pilotos medida en horas voladas. Mientras que en 2010 Aerolíneas y Austral tenían 1.085 pilotos con un sueldo promedio de 8.624 dólares, en 2012 había 1.365 pilotos cuyo salario medio era de 10.087 dólares. En ese período, la participación de los sueldos de los pilotos en el costo operativo de las empresas se duplicó. Algunos de ellos volaron poco y nada: “en el primer semestre de 2012, la compañía contaba con un promedio de 1.006 pilotos, de los cuales solamente volaron en promedio 698, es decir un 68% de la dotación total”. Según el informe, hay 33,4 pilotos por cada avión de la compañía, mientras que el promedio del sector es de 13,2.

Pero el agujero no proviene sólo de los pilotos. En el año y medio analizado, y pese a los pobres resultados económicos, Aerolíneas y Austral incrementaron la plantilla de personal en 1.125 personas. Más de dos por día. Cuando los auditores cerraron su trabajo, el total de la dotación era de 10.782 empleados. “La auditada no justificó la contratación de personal”, advierte el informe, que también critica a Recalde y su equipo porque no tiene registros de asistencia de personal homogéneos ni un adecuado circuito de tramitación y liquidación de viáticos. Un detalle: aunque la empresa informó que las sucursales de Aerolíneas y Austral en el exterior tienen 441 empleados, “no pudo precisar la cantidad de personal que se desempeña en cada sucursal”.

Después de retrasar su tratamiento lo más posible, y sin que la empresa haya podido responder con solvencia a las objeciones, el oficialismo intentó suavizar las conclusiones del informe de la Auditoría que se aprobó ayer por cinco votos contra uno. “En cualquier empresa donde se pierdan casi mil millones de dólares en un año y medio, los accionistas no perderían un segundo en echar a los responsables, en este caso Recalde”, dijo a Clarín el auditor radical Alejandro Nieva.

LA NUEVA DEUDA POR BONAD 2016

Por Héctor GIULIANO 

(3.11.2014).

El 23.10 pasado el Ministerio de Economía (MECON) colocó nueva deuda pública por unos 1.000 MD[1] – exactamente 983 – a través de los nuevos títulos BONAD 2016 bajo la modalidad “dollar linked”, esto es, títulos que se emiten y recaudan en dólares pero se devuelven en pesos.

La normativa de estos bonos está dada por la Resolución conjunta 258 de la Secretaría de Hacienda (SH) y 68/2014 de la Secretaría de Finanzas (SF).

La sigla del nuevo título es “BONAD 1.75 % 2016”: Bono de la Nación Argentina vinculado al Dólar 1.75 % Vto. 2016”; que tiene las siguientes características básicas:

a)     El gobierno toma dólares del Mercado y se compromete a pagar los servicios de Capital e Intereses en pesos ajustados por tipo de cambio oficial (en este caso, partiendo de la cotización 8.49 $/US$).

b)     Se trata de un seguro de cambio frente a cualquier desvalorización de la moneda nacional sobre cuyo monto actualizado se paga una tasa de interés del 1.75 % anual. Estos intereses se abonan en forma semestral, los días 28.4 y 28.10 respectivamente.

c)     El plazo del BONAD es de 2 años – 28.10.2016 – y el Capital o Principal se cancela íntegramente al  vencimiento (Bono Bullet).

d)     Como es usual en estos casos, la colocación autorizada total es de 1.000 MD pero susceptible de ser licitada por tramos.

e)     Los títulos se rigen por la Ley Argentina y el agente de pago es el Banco Central (BCRA).

El gobierno había previsto licitar un tramo de 500 MD pero como las ofertas recibidas (383) lo fueron por un total de 1.194 MD – 2.4 veces el monto a licitar -se decidió ampliar la colocación a la totalidad autorizada de una sola vez (los 983 MD).

Colocar hoy deuda a pagar en pesos indexados por la devaluación oficial del dólar implica asumir un triple riesgo para el Estado:

1.     El riesgo lógico de dar un seguro de cambio de este tipo a los acreedores en momentos en que el dólar está padeciendo aquí un retraso cambiario relativo y cuando, además, está siendo atacado a través de presiones especulativas precisamente por tal debilidad; lo que implica una alta probabilidad de cargar con la ampliación de un gran ajuste negativo por depreciación del peso.[2]

2.     Un riesgo cambiario inmediato de efectos inversos ya que – como contrapartida o derivado del punto anterior – este riesgo sólo puede contenerse manteniendo el citado retraso cambiario, lo que conlleva apreciación del peso frente a la inflación real interna, estímulo al arbitraje financiero entre tipo de cambio y tasas de interés – por el diferencial entre tasas locales e internacionales – y recesión económica.

3.     El riesgo – igualmente alternativo – de que si se produjera una devaluación (gradual o violenta), las consecuencias las sufriría el Tesoro y también el BCRA dado que la deuda ajustada por variación del dólar obviamente aumentaría en pesos y, a la vez, el BCRA tendría que incrementar su deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac porque las reservas se compran con deuda.

El dilema en que se mete la administración Kirchner con esta colocación “experimental” de bonos indexados por dólar oficial es grave porque queda apretada entre los dos brazos de la tenaza: si devalúa, tiene que afrontar el seguro de cambio; y si no devalúa, tiene que cargar con los efectos del retraso cambiario.

De hecho, ante un ritmo de devaluación del peso que actualmente es del orden del 30 % anual y con la carga adicional de una tasa de interés del 1.75 % en dólares, el servicio de los bonos a pagar en pesos deviene significativo y muy peligroso.

La modalidad dollar linked ya está siendo usada por varias provincias argentinas – Buenos Aires, CABA, Chaco y Córdoba – y apunta a ser extendida tanto a nivel sub-nacional como nacional debido a la falta de dólares.

En realidad, esta variante es justamente una herramienta para la obtención de dólares con deuda: en lugar de comprar el BCRA divisas producto de liquidaciones – por exportaciones y/o por ventas en el mercado local – el gobierno sale a pedir prestado esos dólares a sus tenedores, pagando los intereses de esa deuda.

De esta manera ya no es el BCRA el que se endeuda para conseguir dólares y luego pasárselos al Tesoro sino directamente la deuda la toma la Tesorería a través de los BONAD y los devuelve – capital e intereses – en pesos pero ajustados por tipo de cambio.

La emisión de este tipo de bonos a nivel nacional fue inaugurada para tratar de frenar el alza del dólar implícito en las operaciones de “Contado con liquidación” (CCL) y Dólar Bolsa o MEP – de la que el dólar Blue es un derivado – remunerando la entrega de dólares al Estado por encima de su precio oficial.

Constituye una forma de comprar dólares pagando intereses a tenedores de divisas que no se desprenderían espontáneamente de los mismos.

El BONAD 2016 habría sido diseñado especialmente para obtener dólares de bancos y aseguradoras – sobre todo estas últimas – que quedaron forzados a vender parte de sus activos financieros dolarizados bajándoles sus tenencias para reserva.

No hay información oficial acerca de los compradores de estos bonos pero se entiende que, aparte de las compañías de seguro y las entidades financieras, habrían entrado fondos comunes de inversión y particulares, y también – eventualmente – Bancos Oficiales y la ANSES.

Un acuerdo análogo para la suscripción de estos títulos se estaría negociando con las grandes cerealeras para que aceleren la liquidación de divisas de exportación.

En todos los casos, las urgencias del gobierno Kirchner pasan por hacerse de dólares debido a la grave posición de bajas reservas netas del BCRA, descomprimir los mercados de cambio paralelos (Blue, CCL, Dólar MEP y Dólar Ahorro), obtener divisas para poder atender los vencimientos de la Deuda Externa y las demás transferencias de la Balanza de Pagos (empezando por las importaciones de gas) y habilitar la colocación de más bonos dollar linked por las provincias como forma de intermedia de aproximarse a la futura colocación directa de Deuda Nueva del Estado Central en el Mercado Internacional de Capitales.

También pudiera abrirse – hipotéticamente - un mercado local de bonos de este tipo como instrumento para comprar dólares con deuda (deuda a pagar en pesos) pero ello requiere una contención del tipo de cambio que haga manejable tal forma de endeudamiento.

Y para esto deviene necesario mantener un retraso cambiario suficiente como para poder garantizar los pagos de servicios de la Deuda Externa en tres frentes:

1.     La deuda existente con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – más las nuevas deudas que se están contrayendo (bonos por laudos del CIADI, bonos por indemnización a Repsol por YPF y programa de pagos al Club de París).

2.     El pago en bonos a los Fondos Buitre que están ganando los juicios en el extranjero y los reclamos del resto de los Holdouts, con todos sus gastos conexos (costas en general, punitorios y recargos, gastos y honorarios).

3.     La Deuda Externa Nueva cuya toma hay que garantizar cuando la Argentina vuelva al Mercado Internacional de Capitales en función de la Hoja de Ruta Boudou.

En los tres planos, la administración Kirchner – en las postrimerías de su mandato y como resultado del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 – se encuentra así forzada a volver a una suerte de punto de partida post-convertibilidad rearmando el sistema de endeudamiento externo que fuera descargando en los últimos años a través de la Deuda intra-Estado pero no para liberarse del Sistema de la Deuda sino, por el contrario, para permanecer dentro del Sistema.

NOTAS:

[1] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y se expresan siempre con redondeo.

[2] La devaluación de Enero ya significó una pérdida elevadísima por este mismo concepto dado que el BCRA tuvo que cargar diferencias de cambio por unos 80.000 M$ (equivalentes a casi 10.000 MD) por contratos de Dólar a Futuro contraídos a favor de los bancos.

Este tema está detalladamente estudiado en el trabajo “Los buitres argentinos” de Javier Llorens (Córdoba, Setiembre de 2014).    

HOLDOUTS: EL LIBRETO Y SUS PROTAGONISTAS

Por Héctor GIULIANO 

(2.11.2014).

Desde fines del año pasado – dos años antes del cambio de gobierno en Diciembre de 2015 – se ha instaurado en la Argentina un prematuro y artificial clima pre-electoral que sirve como distractivo de importantísimas decisiones de gobierno que se están tomando en materia de endeudamiento público.

Bajo las narices de toda la clase política – sin que los principales referentes digan algo al respecto - la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago y que sólo apuntan a patear las obligaciones para adelante cancelando todos los vencimientos de capital con más deuda, aumentando el pago de los intereses y recargos e incrementando además el stock de los pasivos del Estado con Deuda Nueva.

Es la vía de cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que fija como requisitos liquidar la cuestión de los Holdouts y haberse allanado a las exigencias del Club de París para poder volver así al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.

Pese a la falta de informaciones clave a este respecto, todas las acciones del gobierno K son convergentes hacia una nueva ola de endeudamiento público y los hechos se encargan de demostrarlo.

Tomando en su conjunto la denominada Década Ganada, nos encontramos que durante estos 10 años la Argentina K se dedicó primariamente a batir récords de pagos de la Deuda Externa: 190.000 MD (Millones de Dólares) que la presidenta no deja de recordar como auto-elogio de su condición de “pagadora serial”.

Toda esa masa de dinero fue pagada privilegiadamente a los Acreedores Externos y a los Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) pero el stock de la Deuda Pública no bajó sino que, por el contrario, el aumento promedio fue de 10.000 MD por año ya que hasta el último centavo de vencimientos de Capital se pagó, se paga y se seguirá pagando con nueva Deuda y no con cancelaciones netas.

Así, el gran perjudicado por esta descomunal transferencia de divisas al exterior ha sido el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino, a través del mecanismo generalizado de traspaso de las obligaciones impagables con incremento de la Deuda intra-Estado, fundamentalmente desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, descapitalizando las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) y desviando la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nación (BNA) para sostener la deuda del Tesoro.

Agotadas ahora estas vías espurias y transitorias de financiamiento del Estado por la existencia de Déficits gemelos – Fiscal y de Balanza de pagos – llegada a niveles máximos la presión tributaria y a límites altísimos la emisión monetaria inflacionaria, el Sistema de la Deuda vuelve por sus fueros; y lo hace a caballo de la vieja receta neoliberal que dice: “no emitan Dinero, emitan Deuda”.

Así, el gobierno K, en las postrimerías de su gestión, viene armando la Tercera Gran Ola  de Endeudamiento Externo, después de la Primera, gestada bajo el Proceso Militar, y de la Segunda, desarrollada con la Convertibilidad Menemista.

El stock oficial de la Deuda Pública al 31.12.2013 pasa los 300.000 MD: 214.400 MD por Capital, 72.400 MD por Intereses a Pagar y 15.000 MD por saldo de Cupones PBI: 302.000 MD en total; sólo en cabeza del Estado Central (sin contar Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con Sentencia en firme).

El Presupuesto 2014 prevé un aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio en curso por el equivalente a 12.700 MD (Amortización de Deudas por 44.300 MD contra Endeudamiento Público por 57.000).

Además, en lo que va del año, se han agregado deudas extraordinarias no previstas:

a)     Pago con bonos de 5 laudos perdidos ante el CIADI por 677 MD.

b)     Pago con bonos de la indemnización a Repsol por YPF: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses.

c)     Allanamiento a las exigencias del Club de París por 9.700 MD, frente a los 6.000 MD que computaba hasta ahora el Ministerio de Economía (MECON).

El Tesoro ha comenzado a emitir títulos a corto y mediano plazo en pesos: Bonar 2017, por 10.000 M$ a Tasa de Interés 28 % y Bonar 2016 por otros 10.000 M$, a Tasa del 23 %.

En Octubre, la Tesorería comenzó a emitir además 1.000 MD en BONAD 2016, bajo mecanismo dollar linked, es decir, bonos que se pagan en pesos con cláusula de ajuste dólar más 1.75 % de Interés.

Toda esta nueva deuda que se está emitiendo va a tener que ser pagada por el nuevo gobierno que suceda a la administración K.

Y a ello se le suma el agujero negro de la cuestión de los Holdouts:

1.     Juicios perdidos en los Tribunales de Nueva York: 1.600 MD por el caso testigo NML-Aurelius y Otros (que ha sido perdido en todas las instancias legales de los Estados Unidos reconocidas por el gobierno K) más los nuevos juicios que ya tienen fallos en contra del país (de los cuales más de 1.500 MD por otras dos de las 11 demandas del fondo NML-Elliot/Singer).

2.     Reclamos del resto de los Holdouts por un total estimado entre 20 y 30.000 MD, incluyendo gastos, honorarios y costas de los juicios.

3.     Reclamos posibles de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 por aplicación de las cláusulas RUFO/MFC, ante cuyos términos el país estaría expuesto a reclamos por hasta 120-150.000 MD.

La estrategia seguida por el gobierno K frente a esta problemática de la Deuda es diferir el cumplimiento del fallo Griesa hasta Enero de 2015 para tratar de burlar la cláusula RUFO y encarar a partir de entonces el pago a los Fondos Buitre (FB), lo que dispara, sin embargo, el problema de los tres puntos citados.

Bajo toda evidencia, la presidenta esperaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos – sea tomando en cuenta su apelación a la sentencia Griesa o simplemente pidiendo opinión a la Procuración del Tesoro – la ayudara a lograr estos diferimientos pero sus expectativas se vieron defraudadas con el rechazo de la Corte y el bloqueo de los pagos de intereses a los bonistas del canje por el juez.

Desde entonces, las complicaciones, desprolijidades y contradicciones de la administración K no han dejado de crecer, al amparo de un discurso oficial duro “para la galería” mientras se trata de ganar tiempo a costa de nuevos compromisos y de concesiones de cualquier orden (desde las nuevas deudas hasta el petróleo).

Así, a la serie de colocaciones de deuda antes citadas se le agrega la presentación del proyecto sobre Convención Multilateral de Reestructuraciones de Deuda Soberana en la ONU, en línea con el viejo proyecto del FMI elaborado por el grupo a cargo de su vicepresidenta Anne Krueger en 2002.

En el orden local la Deuda Cuasi-Fiscal del BCRA por Lebac/Nobac ha crecido a niveles sin precedentes: 260.000 M$ - equivalentes a 30.700 MD (al 30.9.2014) – que representan el 68, casi el 70 %, de la Base Monetaria.

El país, sin reservas netas o de libre disponibilidad, intenta recomponer el stock de divisas comprando dólares con Deuda en pesos (Lebac/Nobac) o pidiéndolas directamente prestadas por vía del BCRA (Otros Pasivos con el Banco de Francia, el BIS de Basilea y el acuerdo de Swap de monedas con China), pero todo ello es más deuda lateral a la del Tesoro e igualmente emitida sin capacidad de repago.

Y frente a este cuadro de situación está el Presupuesto 2015 que acaba de aprobar el Congreso y que establece todavía más pagos y más Deuda:

a)     Aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio por 17.700 MD (Amortización de Deuda por 53.600 MD contra nuevo Endeudamiento por 71.300).

b)     Dentro del total a refinanciar, 46.100 MD corresponden a Operaciones generales de Crédito Público (artículo 37) y 12.000 MD a pagos de Deuda Externa con Reservas del BCRA, que se hacen a través del llamado Fondo de Desendeudamiento (FDA).

c)     Se contemplan Intereses a Pagar por 96.200 M$ - equivalentes a 10.200 MD (a un tipo de cambio previsto de 9.45 $/US$) - pero no se informa sobre la parte de los intereses que se capitalizan por anatocismo, que sumarían otros 1.000 MD.

d)     El Presupuesto autoriza además al Poder Ejecutivo a contraer otros 50.300 MD de deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura (artículo 41).

e)     Se autoriza también la contracción por el Ejecutivo de Operaciones de Crédito pluri-anuales por otros 37.200 MD (artículo 43).

f)       Es decir, que sumando los tres artículos que cuantifican autorizaciones de nueva deuda pública (37, 41 y 43) el gobierno Kirchner queda autorizado por la Ley de Presupuesto para contraer nuevas deudas por un total equivalente a 133.600 MD (46.100 + 50.300 + 37.200) durante el último año de su gestión.

Hasta aquí el cuadro de situación resumido de la Deuda Pública actual de la administración K incluyendo los compromisos asumidos y/o autorizados hasta la fecha; y de las proyecciones crecientes de sus obligaciones que serán transferidas al nuevo gobierno electo en el 2015.         

Éste es el libreto que se está escribiendo – o, al menos, la parte conocida hasta ahora del libreto – y ahora falta que, aparte de completar su protagonismo hasta el fin del mandato, aparezcan los nuevos actores que van a tener que ejecutarlo en el futuro próximo y en sus roles más pesados.

Notablemente, la mayoría de la partidocracia opositora soslaya directamente estos hechos,  parece ignorar el problema de la nueva Crisis de Deuda que vive el país, acompaña – por acción y/o por omisión – las acciones de la administración K encaminadas a volver a tomar Deuda Externa, y sus candidatos se preocupan más en presentarse ante los acreedores extranjeros como garantes del cheque en blanco que van a recibir del gobierno Kirchner que por prevenir y defender los intereses financieros del Pueblo y del Estado Argentino.

SOBRE EL TÍTULO DE CRISTINA

Cristina no es abogada: la noticia deseada de los anti-K

Por Laura Di Marco 

La Nación, 2-11-14

  

Así como gran parte de la oposición tiene posiciones populistas, los anti-K también tienen su relato: una ficción que -tal como sucede en el mundo híper-K- es inmune a los hechos y a los datos, esos insumos de los que está hecha la verdad.

Sin embargo, la novedad de la semana no fue el relato K, sino el anti- K, que no sólo encontró su "noticia deseada", sino también al portavoz perfecto. El prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay devino súbitamente en una celebrity por sostener su "casi" convencimiento de que la Presidenta no es abogada. Una frase que lo hizo acreedor de toda la admiración de esa porción del mundo que ve en Cristina a la encarnación del mal y que no sólo le creyó, sino que se sintió reconfortada.

Con el objetivo de explorar el comportamiento físico de la información, el periodista y filósofo Miguel Wiñazki escribió, hace unos años, La noticia deseada. Un maravilloso libro en el que, entre otras cosas, sostiene que el público suele estar más interesado en confirmar sus prejuicios que en informarse. O en abrirse a ideas novedosas, sobre todo si esas ideas contradicen aquellos prejuicios. La "noticia deseada" ejerce su propia tensión sobre los periodistas, dice Wiñazki, porque es aquello que la gente quiere escuchar y no lo que verdaderamente es.

En una entrevista con la nacion, Wiñazki lo explicaba así: "Hay periodistas que tienen un altísimo nivel de reconocimiento y que no resistirían un control de calidad, porque no dan información, sino que se dedican a reconfortar a su público diciéndole que tiene razón".

La paradoja aquí es que el kirchnerismo, que fue una formidable maquinaria de propagar "noticias deseadas" y conspirativas, constata ahora que ese mismo mecanismo también funciona en el núcleo duro de los anti-K. Lo que se llama tomar de la propia medicina.

En Cristina Fernández, la verdadera historia hay suficientes datos que confirman que Cristina sí es abogada, independientemente de que no fuera exitosa (son dos temas diferentes). En primer lugar, figura su número de matrícula (TIIF160) en el padrón de letrados de su provincia. En Santa Cruz no existe un Colegio de Abogados como en Buenos Aires y es por eso que no está colegiada: he ahí una primera respuesta a las dudas de Sabsay. El organismo que maneja la matrícula de los abogados es el Tribunal Superior de Justicia, donde Cristina fue inscripta el 12 de febrero de 1980 en el tomo II, folio 160.

El insospechado abogado santacruceño Rafael Flores, uno de los principales denunciantes de los Kirchner en su propio terruño, lo sabe bien, porque él también está inscripto en el mismo tomo.

"Era imposible matricularse en Santa Cruz sin mostrar el título original. Esa matrícula nos habilitaba para ejercer a nivel local, aunque para el fuero federal había que inscribirse en la Cámara de Apelaciones más cercana." Esa cámara era la de Comodoro Rivadavia y también allí aparece registrada Cristina Fernández el 7 de octubre de 1985 en el tomo 57, folio 322. Flores y Fernández, además, fueron apoderados del PJ santacruceño en 1983: un rol para el que se requería ser abogado.

Además, hay registro de las causas -menores, pero causas al fin- en las que litigó y los testimonios con nombre y apellido de abogados santacruceños, dueños de estudios jurídicos en la época en la que los Kirchner tenían el suyo y que, en su abrumadora mayoría, son antikirchneristas. Por si fuera poco, existe una investigación de OPI Santa Cruz, un medio tan crítico de los K como podría ser Lanata a nivel nacional, que llega a esta misma conclusión.

En Río Gallegos todos saben bien que Cristina no fue una exitosa abogada, pero nadie duda -ni sus más acérrimos enemigos- de que sea abogada.

¿Por qué entonces la Universidad de La Plata (UNLP) no muestra el título, si eso la beneficiaría? ¿Por qué no se muestra un documento público, como sucedería en cualquier país normal? ¿Y por qué los K terminan siendo funcionales a la "noticia deseada" de los anti-K?

Claro que estas preguntas bien podrían responderse con esta otra: ¿que la UNLP se niegue a exhibir el título será prueba de que Cristina no es abogada o de que vivimos en un país anormal, en el que la información que debería ser pública está amparada en el secretismo?

Sinrazones presidenciales hubo muchas durante la era K. En esa línea, también podríamos preguntarnos: ¿por qué la Presidenta eligió no mostrar que nació en una casa sin cloacas, si eso también la hubiera beneficiado?

Lo sorprendente no sería lo ilógico, que ya se volvió habitual. Lo sorprendente, en todo caso, es la enorme cantidad de gente dispuesta a creer en noticias deseadas sólo porque la verdad contradice sus opiniones. O porque la vida no es como nos gustaría que fuera..