InfoVaticana,
8 FEBRERO, 2015
¿Cómo han sido las
relaciones entre los cristianos y la política, a través de los siglos?
Las relaciones entre
la política y los cristianos, entre el Estado y la Iglesia, a través del tiempo
y en los diversos países, han conocido una compleja evolución sea a nivel de
los principios, sea a nivel de las acciones prácticas.
El modo de concebir y
de realizar dichas relaciones corresponde a los diversos contextos históricos,
sociales y eclesiales.
Mi reflexión,
explicada a continuación, se funda de modo particular en los documentos
eclesiales de los últimos cincuenta años y, sobre todo en la: Gaudium et Spes
del Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de
Derecho Canónico y el Compendio de la Doctrina social de la Iglesia.
¿Según la fe
cristiana, cuál es la finalidad de la política?
La política,
entendida como una acción económica-social-legislativa-administrativa-cultural,
múltiple y variada, debe:
En relación con la
persona y con la sociedad civil:
tutelar y promover
los derechos fundamentales e inalienables de la persona, la dignidad y la
igualdad de todos los ciudadanos;
desempeñar sus tareas
como servicio a las personas y a la sociedad;
promover los valores
fundamentales y utilizar los medios justos e idóneos para realizar el bien
común, la justicia y la paz;
utilizar las virtudes
naturales, descritas ya en la cultura griega clásica, esto es, las llamadas
virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
En relación con el
poder público:
usar los medios
honestos para conquistar, mantener y asumir tal poder;
ejercitar con
imparcialidad y democracia el mandato que han recibido de los ciudadanos;
favorecer la
información y la participación democrática de los ciudadanos respetando el
principio de la solidaridad, especialmente para con los más pobres;
actuar con trasparencia
en la administración personal y pública, haciendo un uso honesto del dinero
público;
respetar con justicia
los derechos de la oposición.
En relación con la
comunidad humana:
promover la
solidaridad, el bienestar y la paz de todos los pueblos;
solucionar los
eventuales conflictos con el diálogo;
realizar y consolidar
un orden internacional, en el respeto de los principios que inspiran un orden
jurídico en armonía con el orden moral;
realizar el bien
común.
¿Cuáles son las
exigencias del bien común?
El bien común es :
“el conjunto de
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno
de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”
(GS,26);
El bien común:
es “bien de todos los
hombres y de todo el hombre” (Christifideles laici,42);
exige “que se
facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente
humana” (GS,26);
tiene que ver con una
concepción integral del hombre y con su desarrollo, de acuerdo a la profunda
riqueza de sus articulaciones;
implica l’el
compromiso de todos y de cada uno, aun con la diversidad y complementariedad de
formas, en las tareas y responsabilidades. Busca el bien de todos y de cada
uno, para que todos sean responsables de todos” (Sollecitudo rei socialis, 38).
El bien común de las personas no se puede realizar independientemente del bien
común de las comunidades a las cuales las personas pertenecen;
comprender también la
dimensión económica, aún cuando no se agota en ella.
Según la concepción cristiana, ¿cuándo una
sociedad es auténticamente democrática?
Cuando la sociedad
está fundada sobre un Estado legítimamente constituido, donde la ley es
soberana y no la voluntad arbitraria de los hombres. Dicho Estado requiere:
elecciones libres y
universales;
una concepción recta
de la dignidad de la persona humana y una tutela de sus derechos;
una visión coherente
del bien común, como criterio regulador de la vida política;
la participación y
corresponsabilidad de todos los ciudadanos, en sus distintos niveles y de
acuerdo a sus respectivas capacidades;
el respeto por la
autonomía política, cultural, económica y religiosa de los demás.
En una sociedad
democrática, el sujeto de la autoridad política es el pueblo, que es considerado,
en su totalidad, como el detentor de la soberanía (sic). La comunidad política
se contituye para estar al servicio de la sociedad civil, de la cual deriva y,
en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen. A la
autoridad política le compete, por tanto:
garantizar la vida
ordenada y recta de la comunidad, promoviendo el bien común;
respetar el principio
de subsidiariedad, es decir, no debe sustituirse la actividad libre de los
individuos y grupos, sino que, más bien, es preciso disciplinarlos y
sostenerlos en caso de necesidad;
dejarse guiar por el
orden moral, “que se funda en Dios, que es el principio primero y el fin
último” (Juan XXIII, Pacem in terris, 270). Precisamente de este orden, la
autoridad toma su propia legitimidad moral y la capacidad de dictar
obligaciones, que no provienen del arbitrariedad o de la voluntad de poder;
reconocer, respetar y
promover los valores humanos y morales esenciales;
dictar leyes justas,
es decir, leyes conformes a la dignidad de la persona humana y a los principios
de la recta razón. Por tanto, el ciudadano no está obligado, en conciencia, a
seguir las prescripciones de las autoridades civiles si son contrarias a las
exigencia de orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las
enseñanzas del Evangelio;
establecer penas
proporcionadas a la gravedad de los delitos, y orientadas a reparar el desorden
introducido por la culpa, garantizar el orden público y la seguridad de las
personas, contribuir a la corrección y recuperación personal y social del
culpable.
¿Como se efectua una sana laicidad del estado?
“No es alguna
expresión de laicidad, si no su degeneración en laicismo, la hostilidad a cada
forma de relevancia política de la religión; a la presencia en particular, de
cada símbolo religioso en las instituciones públicas. Como tampoco es signo de
sana laicidad el rechazo a la comunidad cristiana, y a aquellos que
legítimamente la representan, del derecho de pronunciarse sobre problemas
morales que hoy cuestionan la consciencia de todos los seres humanos, en
particular de los legisladores y de los juristas. No se trata, de hecho, de
indebida ingerencia de la Iglesia en la actividad legislativa, propia y
exclusiva del Estado, sino de la afirmación y de la defensa de los grandes valores
que dan sentido a la vida de la persona y le salvaguardan la dignidad. Estos
valores, antes de ser cristianos, son humanos, y por lo tanto no dejan
indiferente y silenciosa a la Iglesia, la cual tiene el deber de proclamar con
firmeza la verdad sobre el hombre y su destino” (BENEDICTO XVI, Discurso a la
Unión de Juristas Católicos Italianos, 9 dicembre 2006).
¿En que modo la
iglesia respeta la política?
La Iglesia, en cuanto
tal, no se compromete, no se identifica, no se confunde, no se vincula a ningún
sistema o partido político: respeta y promueve la sana y justa laicidad del
Estado.
La Iglesia no propone
decisiones concretas a tomar, programas de acción, campañas políticas a
conducir, personas por quien votar. Todas estas realidades son “cosas técnicas
para las cuales el Magisterio no posee los medios proporcionados, ni misión
alguna” (Pio XI, Quadragesimo anno). “La Iglesia respeta la legítima autonomía
del orden democrático y no tiene título para expresar preferencias por una u
otra solución, institucional o constitucional” (Giovanni Paolo II, Centesimus
annus, 47).
La Iglesia y la
comunidad política, aún expresandose con estructuras organizativas visibles,
son de de naturaleza diversa, sea por su configuración sea por la finalidad que
persiguen.
Es cierto que las
finalidades de la Iglesia y del Estado son de orden diverso y que ambas son
sociedades perfectas y, por tanto, dotadas de medios propios, son
independientes en la respectiva esfera de acción. También es verdad que ambas
actúan a beneficio de un sujeto común: el hombre. Su separación no excluye su
colaboración. “La comunidad política y la Iglesia son independientes y
autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por
diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre”
(GS,76).
La Iglesia,
precisamente porque está al servicio de cada persona y del crecimiento integral
de la persona, puede y debe:
evangelizar el orden
político (político aquí entendido en el más alto valor sapiencial);
tener el
reconocimiento jurídico de la propia identidad y realidad, y formas estables de
relaciones e instrumentos (p. ej. concordatos) idóneos para garantizar las
relaciones armónicas;
juzgar los
comportamientos politicos en cuanto a su dimensión ética. Así, la Iglesia
reivindica la libertad de expresar su juicio moral cada vez que le sea exigido,
por la defensa de los derechos fundamentales de la persona o por la salvación
de las almas;
ayudar a los laicos,
a través de los Pastores, a formarse un recta conciencia cristiana y a
transformar y animar cristianamente las realidades temporales (para los laicos,
esta tarea brota de su ser abutizados y confirmados);
instruir e iluminar,
como es su propia tarea, la conciencia de los fieles, sobre todo, de aquellos
que tienen algún compromiso-trabajo en la vida política, a fin de que su actuar
sea siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien
común.
¿Qué deberes tiene
el cristiano en relación con la política?
Todo cristiano:
Tiene el
deber-derecho de interesarse y comprometerse en la política, según sus propias
posibilidades y capacidades, a fin de promover una sociedad al servicio de la
persona, principio-centro-fin de su acción a la luz del Evangelio. De la
persona humana proviene el derecho de tomar parte activa en la vida pública y
ofrecer su personal aporte en orden del bien común.
No desprecia o no
considera irrelevante la actividad política, sino que la retiene fundamental
para la consecución del bien común, y sostiene, por tanto, la atención y la
participación convenciada de todo ciudadano, incluido el ejercicio del voto.
Actúa a nombre
propios (y no de la Iglesia en cuento tal) en sus opciones políticas y, al
mismo tiempo:
ofrece un buen
testimonio cristiano;
respeta la legítima
multiplicidad de las opciones temporales;
busca y promueve, en
determinadas situaciones, la unidad política de los cristianos, salvaguardando
valores particulares y para el bien común.
Sabe distinguir entre
compromiso político y opción partidista. Si los principios son absolutos e
inmutables, la acción partidista, que debe también inspirarse en los principios
éticos, no consiste de por sí en la realización inmediata de principios éticos
absolutistas, sino en la realización del bien común concretamente posible en el
cuadro de un orden democrático. Haciendo esto no es posible admitir nunca un
mal moral. En concreto, sin embargo, puede ocurri que, cuando no sea posible
obtener más, precisamente por fuerza del principio de la búsqueda de lo mejor
para el bien común concretamente posible, se deba o sea oportuno aceptar un
bien menor o tolerar un mal menor, siempre respecto a un mal mayor.
No se adhiere ni
apoya fuerzas políticas y sociales que se opongan o no den suficiente atención
a los principios y a los contenidos cualificantes de la doctrina social de la
Iglesia.
Evita el
abstencionismo y el refugiarse en la esfera privada, etc.
¿Según qué
criterios el cristiano elige un partido?
Al elegir un partido,
el cristiano cumple una seria valoración moral:
en referencia a la
comunidad nacional e internacional: valora el conjunto de los bienes
materiales, morales, espirituales que lo animan y lo dirigen ;
en referencia al
partido: examina si los programas-fines-medios-opciones operativas de ese
partido son coherentes con el Evangelio y compatible con la Fe. Al mismo
tiempo, es conviene recordar que el cristianismo es un mensaje religioso y, en
cuanto tal, dirigido a todos los hombres indistintamente. Es capaz, por tanto,
de inspirar diversos programas, opciones concretas, que pueden ser diversas e
igualmente coherentes con la misma inspiración ideal;
en referencia a los
candiatos a elegir: valora su honestidad, competencia política y profesional,
capacidad de dialogar con todos, su testimonio de vida personal, familiar,
profesional, social.
¿Cuales son, en el
programa politico, los contenidos irrenunciables para un cristiano?
Son aquellos
principios fundados sobre el primados y sobre la centralidad de la persona
humana, por ejemplo: la defensa del derecho a la vida en todas sus fases (desde
el primer momento de su concepción hasta la muerte natural); la salvaguarda de
los derechos del embrión humano; la protección a la familia fundada sobre el
matrimonio monogámico entre hombre y mujer; la libertad de educación y el
derecho de los padres a educar a sus hijos; la tutela social de los menores; la
emancipación de las formas modernas de esclavitud (desfrute de la prostitución,
liberación de las drogas); el derecho a la libertad religiosa; el respeto de la
justicia social, de la subsidiaridad y de la solidaridad; la defensa de la paz
(de no confundir con el pacifismo ideológico) contra cada forma de violencia y
de terrorismo (cfr. CDF, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relacionadas al
empeño y comportamiento de los católicos en la vida política).
Bueno saber que estos
principios, también iluminados y confirmados de la fe, son intrínsicos a la
naturaleza humana, y por lo tanto son comunes a toda la humanidad y son
fundamentales para el bien de la sociedad (cfr. BENEDICTO XVI, Discurso, 30 marzo 2006).
¿Cuáles son los
requisitos para el cristiano elegido en un partido?
Un cristiano, elegido
en un partido, debe buscar tener:
respeto y promoción
de los fundamentos doctrinales cristianos, en particular de los principios de
la doctrina social de la Iglesia;
ejercicio del
mandato, recibido democráticamente, como servicio a la sociedad, como servicio
de todo el hombre, y como ejercicio de la caridad: la caridad, como virtud
teologal, puede y debe investir también la dimensión política con su propia
fuerza de iluminación, con la propia energía de dedicación, con la propia
capacidad de servir y amar a todo hombre y a todos los hombres;
correcta concepción
de la vida social y política que él está llamado a servir;
ética profesional y
competencia específica en la gestión de los asuntos publicos;
formación y educación
civil y política permanente;
ejercicio de las
virtudes que favorecen el compromiso político como servicio (integridad moral,
lealtad, sinceridad, paciencia, modestia, moderación…);
sana distancia del
interés y del prestigio personal: el cristiano que hace política debe acutar
con desinterés, busando no su propia utilidad, ni la del propio grupo o
partido, sino el bien de todos y de cada uno;
escucha de las sanas
y justas exigencias del pueblo antes, durante y después de las elecciones ;
honestidad cristiana
en su vida personal, familiar, social: entre “vida buena” y “buen gobierno” hay
un nexo inseparable.
¿Cuál debe ser el
comportamiento del clero en relación con la política?
Los sacerdotes:
no utilizan su
posición y su misión en la Iglesia para apoyar cualquier partido, siendo super
partes, al servicio de todos y promoviendo el bien de cada uno y de todos;
no pueden ser electos
en un partido, a menos que, en circunstancias concretas y excepcionales, lo
exija el bien de la comunidad (Código de Derecho Canónico, 280).
ofrecen su
contribución constructiva y coherente en el campo “pre-político” y político (no
partidista), anunciando los valores fundamentales de la persona y del Evangelio
y ofreciendo directrices y orientaciones sobre los valores en que se debe
inspirar la actividad sociopolítica;
promueven buenas
relaciones con las administraciones políticas en abierta y cordial colaboración
para el bien de los ciudadanos, en la claridad de los roles y en el respeto de
las competencias específicas, evitando posiciones de compromiso y acuerdos en
los que no resulta clara la posición autónoma de la Iglesia.
Se comprometen:
a no poner, durante
el proceso electoral, sedes y estructuras (las parroquias, los institutos
religiosos, las escuelas católicas y las demás realidades eclesiales) a
disposición de las inciativas de partidos específicos o formaciones políticas;
a no programar, en
cercanía de las votaciones, iniciativas de formación, de reflexión, de oración
y acompañamiento espiritual que incluyan a personas ya comprometidas a nivel
social y político y a candidatos de un partido.
Il Primicerio
della Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo in Roma
Monsignor
Raffaello Martinelli
NB: Para profundizar
en el argumento, se pueden leer los siguientes documentos pontificios:
Juan Pablo XXIII, Mater et magistra, 1961; Pacem in terris, 1963;
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (GS), 1966, nn. 74-76;
Juan Pablo II, Sollecitudo rei socialis, 1988; Evangelium vitae, 1995;
Centesimus annus, 1991;
Catecismo De La Iglesia Católica (CCC), nn. 1897-1901; 2212-2213;
2244-2246; Compendio del CCC nn. 405-406, 463-465;
Congregación Para La
Doctrina De La Fe (CDF), Nota doctrinal sobre algunas cuestiones que se
refieren al compromiso y al comportamiento de los católicos en la vida
política, 2002;
Pontificio Consejo
Para La Justicia Y La Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 2004,
pp. 206-232.
