José Marcelino García
Rozado
Reformar el “sistema
de inteligencia argentino” es un tema imperioso y complejo, pues por un lado se
debe “democratizar” y por el otro se debe evitar el “debilitar la seguridad del
Estado”. Es imperioso e imprescindible contar con “asesoramiento serio” y con
un muy amplio consenso de todas las fuerzas políticas argentinas. O sea: “todo
lo contrario a lo que se está realizando”, pues reformular el sistema de
inteligencia (no olvidar que son 31 organismos entre nacionales -civiles,
policiales y militares- y provinciales) es una deuda de la democracia y una
cuestión de Política de Estado y no de un partido o facción como está
sucediendo ahora.
Los expertos en temas
de inteligencia, tanto nacionales como extranjeros consultados subrayan una y
otra vez que muy variada cantidad de experiencias históricas han mostrado
siempre que para poder “reformar exitosamente” el “sistema de inteligencia” de
un país es necesario contar esta reforma como un tema de “Política de Estado”
pues es un tema sumamente serio y de enorme y trascendental importancia; por lo
cual llevar a cabo una modificación o un simple “maquillaje” del mismo es
retrotraer la política de “seguridad nacional” pues se termina invariablemente
en una de dos cuestiones: o se modifica sesgadamente y por lo tanto se atenta
contra la “fortaleza del Estado”, o se maquilla una seudo reforma y por lo
tanto se acrecienta el nivel de autogestión de esos “servicios de inteligencia”
con el consiguiente riesgo de aumentar su peligrosidad volviéndolos totalmente
antidemocráticos, parcializados y siempre al servicio de los intereses del
poder de turno. Al suceder esto último se cae invariablemente en “una
dependencia a los mismos”, lo que implica terminar siendo siempre víctimas del
accionar de esos espías.
No debemos olvidar
que siempre se desinforma al ciudadano al que se le hace creer que el “servicio
de inteligencia” del Estado es uno solo, llámese SIDE, SI o en otro momento AFI
(como ahora pretende llamarlo Cristina Fernández), y esto no es así, ya que el
“área de inteligencia del Estado” en Argentina está compuesto por la SI que depende del Ejecutivo
directamente, los cuatro servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad
nacionales -PFA, Gendarmería nacional, Prefectura naval y la PSA- que dependen del
Ministerio de Seguridad del PEN, o sea de Sergio Berni en la actualidad y los
tres servicios de inteligencia de las fuerzas Armadas -Aeronáutica, Armada y
Ejército- que dependen del Ministro de Defensa del PEN y donde el Teniente
General César del Corazón Milani ejerce una autonomía muy notoria. O sea que del
Poder Ejecutivo y sus ministerios dependen ocho (8) servicios de inteligencia
que se hallan regidos por las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad
Interior, pero además en el país existen tantos servicios de informaciones como
policías provinciales existen, pues es normal y tradicional que cada policía
provincial tenga un área de inteligencia que responde al gobernador de turno
vía sus Secretarias de Seguridad, por lo que existen 24 servicios de
inteligencia provinciales y que no se reportan ante ninguna autoridad nacional,
simplemente actúan en el ámbito local de su provincia, aunque más de una vez
intervienen en territorio de otra jurisdicción autorizados o autónomamente.
¡Cómo podemos
comprobar existen treinta y dos “servicios de inteligencia” que como
hasta hoy se rigen casi autónomamente y en muchos casos violando la legislación
vigente tanto en materia de “Defensa Nacional”, como en cuanto a la de
“Seguridad Interior”! ¡Esto es un verdadero dislate que permite todo tipo de
tropelías, además de generarle al Estado cuantiosos recursos que en vez de ser
“inversiones” terminan por ser simples “gastos” sin retribución alguna! Es por
lo que una “Reforma del sistema de inteligencia argentino” no puede ni debe ser
encarado sesgadamente por una facción o partido político, sin las asesorías,
discusiones y consensos que tamaño desafío conlleva; para que se evite
debilitar la seguridad del Estado y del pueblo y, en coyunturas turbulentas
como la actual generada por la denuncia por encubrimiento contra altísimas
autoridades nacionales y la posterior muerte del fiscal federal denunciante en
forma, como mínimo, sospechosa, no se debe impulsar “alternativas radicales”
que supongan un cambio tan drástico e inmediato como el que Cristina Fernández
elevó al Senado de la Nación
(más allá que al profundizar en la lectura del proyecto elevado, y sus
modificaciones parciales dictadas por el CELs y el espía Horacio Verbitsky
notemos que es más un “maquillaje de ocasión” con el agravante de que el
“sistema de escuchas -OJOTA-“ que hasta ahora debe ser autorizado por un juez
de la nación, pase a depender de la cuestionada y parcializada Procuradora
Nacional), y que por estos y varios otros defectos o irregularidades va a ser
rechazado por la clase política, la justicia y hasta por las propias agencias y
sus funcionarios.
Desde la vieja
reforma del sistema llevada a cabo por el presidente Alfonsín donde su entonces
jefe Facundo Suárez incorporó al espía radical Fernando Pocino y que fue
llevada a cabo para seudo “democratizar el Servicio de Inteligencia” legado por
el gobierno de la dictadura sediciosa de 1976, hoy y luego del pase “a retiro”
de Antonio Stiuso el agente con mayor rango y poder, mucho más que el propio
Secretario de Inteligencia Parrilli, los intentos por “reformar al aparato de
Inteligencia del Estado” o sea, la
SIDE , la Si
o ahora la AFI ,
siempre respondieron espasmódicamente a denuncias de corrupción. Fueron los
trillados y nunca probados “sobornos en el Senado” para aprobar la Ley de Trabajo del 2000, hasta
la muerte y desbarranque de la imagen presidencial que provocó la muerte del
fiscal Alberto Nisman en enero 18 de 2015. O sea que “nunca en tiempo de paz y
concordia nacional” se intentó llevar adelante una reforma y reordenamiento del
sistema de inteligencia que se ocupe de acabar con las cuantiosas y continuas
irregularidades del sistema, la inquietud sobre el mismo solo aparece “frente a
un escándalo” y nunca como una premisa republicana y democrática, pues aquella
“reforma alfonsinista” fue apenas una lavada de cara y una oportunidad
utilizada para incorporar agentes partidarios de ese gobierno de la Unión Cívica Radical.
Los intentos de
realizar una reforma de la SIDE
o SI de Rodolfo Terragno de 1998 y la de 2001 para “sanear y evitar las
operaciones ilegales, así como la apropiación de fondos” por parte de agentes o
funcionarios designados al frente de dicho organismo fueron desechados hasta
por los mismos correligionarios del ex diputado radical y Jefe de Gabinete
delarruista. La actual Ley de Inteligencia que fuere oportunamente un “avance
importante en cuanto a organización y funcionamiento” del sistema de
inteligencia del Estado y que, hasta cierto punto, permitió un “control
parlamentario”, no llegó a materializar operativamente ese “control” y entonces
proliferaron los “fondos negros -reservados- y de libre disponibilidad”, como
tampoco logró ni siquiera estableció “un mecanismo para evitar la
“malversación” de esos mismos fondos”. Es de destacar que cuando se dictó la Ley de Inteligencia, la propia
Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia del momento
sugirió infructuosamente “requerir el registro de todas las erogaciones de los
Organismos del Sistema de Inteligencia de la Nación ”, sin por ello afectar la debida y
necesaria “reserva en actividades que no admitieran la divulgación inmediata”
de dichos fondos. Aquella sugerencia de la OA no tenida en cuenta, era muy similar al
planteo del año 2001 del entonces Jefe de Gabinete Rodolfo Terragno.
La verdadera razón
para no promover reformas, sin que medie escándalo o intencionalidad manifiesta
de cooptación de los mismos, obedece a múltiples razones entre las que están la
“proverbial inercia burocrática”, que expresa una importante “aversión a lo
nuevo”, y a admitir la necesidad de verdaderos, efectivos y serios “controles”
al Sistema de Inteligencia; así como el desinterés de los Ejecutivos que les
interesa convivir con la estructura institucional existente y “usufructuar” del
statu quo en términos de la inteligencia/espionaje estatal que le termina
sirviendo para actuar sobre opositores, propios oficialistas de los que se
sospecha, jueces, fiscales y legisladores, así como sobre sindicalistas y
empresarios. Este “control-espionaje” está enfrentado con todo aquel
pensamiento y creencia moderna y democrática de que el Sistema de Inteligencia
debe estar al servicio del Estado y no del Gobierno de turno, por lo que el
mismo debe atender razones y misiones de “interés nacional” respecto de la
seguridad interna y externa de la nación. Asimismo, la “ausencia de acuerdo
legislativo” para impulsar leyes al respecto y los propios hábitos culturales,
tanto en el pueblo como en el Estado -hablamos de los tres poderes y no de un
Gobierno-, que tienden a malacostumbrarse al “descontrol de los servicios de
inteligencia”.
Es imprescindible
comprender en toda su magnitud este “telón de fondo” antes de contemplar las
características y alcances de un serio proceso de cambio en el área de
inteligencia. La inteligencia es una "necesidad de todo estado” y, sin
duda alguna, hay en el sistema de inteligencia argentino profesionales
competentes y honrados, pero debemos comprender, que el sistema en sí está
organizado para permitir toda clase de ilícitos y amparar a quienes los
cometen; no cabe generalizar -como en ningún campo- pero, con honrosas y
puntuales excepciones, tanto quienes gobiernan como quienes tienen posibilidad
de gobernar, y esto viene de muy lejos, se “resisten a quedarse sin una cámara
oscura” desde la cual, aparte de proteger la seguridad del Estado, se pueda
realizar maniobras políticas indefendibles y “disponer de cuantioso dinero en
negro”; por lo cual, esto no se resuelve cambiando nombres sino solamente
“sometiendo al sistema de inteligencia” a un régimen que evite, precisamente
esas cosas entre otras tantas actividades delictuales, como la invasión en la
vida personal y familiar de los ciudadanos. En momentos en que la presidente,
como lo hicieren otros en semejantes situaciones de bochorno y escándalo,
reincide en enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema de
inteligencia es fundamental que se esclarezca, mejore y amplíe la calidad del
“debate público” en torno a esta cuestión.
El modo más
democrático y republicano, además del más serio e inteligente, de aportar a
dicho imprescindible debate -ese que en esta hora no se está dando por la
malsana costumbre del FpV de apurar los trámites legislativos y las votaciones
a libro casi siempre cerrado- es precisando ciertas preguntas y sugiriendo
respuestas con una mirada nacional pero comparativa. ¿Cuál es el detonante que
impulsa la “iniciativa reformista” del o de un Gobierno? Si la respuesta es la
reacción espasmódica a un escándalo o bochorno, seguro que la misma no va a ser
la más adecuada. Por el contrario, en contraposición vemos como la reforma de
inteligencia aprobada en 2004 en EEUU fue el resultado directo de lo que se
“interpretó fueron “fallas” para prevenir el ataque terrorista” del 11S de
2001, y entonces la mencionada respuesta fue que debía “interrelacionarse todo
el sistema de inteligencia” -unificando el intercambio de información que había
posibilitado que diversos anuncios previos no fueran atendidos debidamente por
otras agencias-, creándose entonces la
CIN -Comisión Inteligencia Nacional- a la que deben informar
todas las agencias federales civiles y militares. En cambio aquí en Argentina,
surge como respuesta desesperada y resultante de la muerte de Nisman en la que
nadie inteligente puede sugerir que fue resultado de una “fala del Sistema de
Inteligencia”, por el contrario las sospechas recaen en que una acción interna
del SI -o de otros organismos de inteligencia civiles o militares- ha tenido
algún tipo de vínculo directo o indirecto con su “sospechoso deceso”.
Entonces, y a
diferencia de la reforma estadounidense donde la misma fue consecuencia de
haberse detectado una falla del sistema, y se reestructuró significativamente
el esquema del sistema de inteligencia y con ello se modificaron leyes de lucha
contra el terrorismo; mientras aquí la reforma que debiera implementarse como
consecuencia del “motivo” debiera ser menos ambiciosa y más congruente con el
problema origen del problema identitario, a saber: “la autonomización de los
servicios, las prácticas ilegales, el “modus operandi mafioso”, la falta de
transparencia, la nula exigencia de rendición de cuentas, y el pobre y casi
nulo, o nulo, control político del sistema”. Si observamos las prevenciones del
proyecto del entonces Jefe de Gabinete aliancista, y rechazado en 2001,
observaos que preveía como mecanismo: a. Fijar, para cada operación de la ex
SIDE, ahora SI, un período durante el cual dicha operación fuera secreta; b.
Establecer para ese período un sistema contable en el cual deberían quedar
asentados todos los ingresos y egresos aplicados a esa operación; c. Levantar
el secreto, una vez finalizado el período, exponiendo al conocimiento público
los detalles de la operación y el respectivo balance contable. Son de público
conocimiento las objeciones de entonces a esta propuesta de “blanqueo y control
ciudadano”, éstas fueron: a. Que el sistema podía impedir las labores de
inteligencia, o sea, “que los espías debían tener piedra libre” (?); b. Que el
espionaje requiere algunos secretos no perecederos, o sea que “debe
garantizarse la impunidad”(?); c. Que obtener comprobantes de los gastos es
imposible o “inconveniente” y más debido a la contratación de espías
inorgánicos, o sea que la falta de Factura A impide comprobar un gasto de este
tipo (?); d. Que el registro en libros daría lugar a “filtraciones” y que éstas
podían frustrar operativos vitales, o sea que “con el actual sistema de “no
control” no existen las filtraciones”(?).
Aquí tenemos
respuesta al primer interrogante planteado sobre “¿Cuál es el detonante que
impulsa la “iniciativa reformista” del o de un Gobierno?” justamente no es que
lo planteado tiene ejemplos concretos en EE UU y Gran Bretaña donde tienen un
sistema de contralor sobre los Servicios Secretos o de Inteligencia similares
al propuesto, sino que “no se quiere legislar para controlar los servicios de
inteligencia”, porque se busca la piedra libre, la impunidad, la falta de
transparencia y un sistema mafioso de intervenir sobre la vida de los
ciudadanos en beneficio del poder. El otro interrogante a plantearse ante una
“Reforma seria de los servicios de inteligencia” es: ¿Cómo se llega a la
decisión de reformar los SI? Nuevamente la dicotomía persiste, si se llega como
producto de un escándalo o para tapar algún desaguisado, el producto resultante
será malo e inoportuno; en cambio si observamos los cambios impulsados en 2009
en la Gran Bretaña
que estuvieron antecedidos de “informes, análisis y foros”, donde en el caso
del MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto) que en 2002 tomó por cierto el “dato
de un taxista en Irak que informó que Saddam Husein podía atacar en apenas 45
minutos con armas de destrucción masiva” y el atentado terrorista de Londres de
2005, que motivaron “estudios concienzudos, análisis empíricos y audiencias”
sobre los “defectos en materia de inteligencia” y la relevancia y necesidad de
realizar modificaciones en dicho servicio secreto, veremos que dista de nuestra
realidad actual.
La reforma planteada
por Cristina Fernández, en cambio no cuenta con informes rigurosos, o de los
otros, tampoco con sesiones legislativas especiales -sino tratamiento exprés y
solo por el FpV-, sin trabajos sustentados en evidencias y sin que se conozcan
los autores de la ley -o sabiendo de su total incompetencia en la materia- se
presentó y se está tratando o ya se aprobó en el Senado un proyecto que tiene
“gigantescos defectos que reflejan, entre otros, improvisaciones cuando no
graves defectos como el de transferir el área de escuchas -OJOTA- a la órbita
de la Procuradora
de la Nación ”,
en vez de hacerla depender de un organismo mucho más serio e imparcial, como
puede ser la CSJN. Pero
esto no es un simple error, sino que trae aparejado un intento de interferir
abiertamente en el ámbito de las relaciones personales, o de generar
“carpetazos” para amedrentar o cooptar voluntades hacia los designios del
Gobierno cristinista. El otro interrogante a ser dilucidado para verificar la
utilidad de la reforma de los servicios de inteligencia es: ¿De qué modo se
tramitan propuestas parlamentarias de reforma en el terreno de la inteligencia?
A diferencia de lo que está sucediendo en el resto del mundo, como dice
Tokatlian “Urbi et orbi” los diálogos y las discusiones legislativas son
dilatadas e intensas, muchas veces se aprueban leyes después de sesiones tensas
y extendidas pues el objetivo democrático y republicano de éstas, es doble:
“por un lado alcanzar una ley operativa; y por el otro, asegurar el tiempo de
implementación de los cambios”.
Así vemos como la
reforma estadounidense de 2004 atravesó diversas fases: política, legal,
administrativa y tecnológica y sólo puede decirse que en 2009 (cinco años
después) se terminó de completar el proceso de adaptación y modificación; en
Gran Bretaña sucedió algo muy similar y el proceso también duró años. En cambio
Cristina Fernández quiere sustituir el SI por una supuesta nueva “Agencia
Federal de Inteligencia” -AFI- como si fuere una tarea sencilla y apenas de
trámite legislativo y burocrático, o sea expeditivo. En verdad, si no fuere
porque el cristinismo y la propia Presidente carecen de la mínima grandeza de escuchar
y dar participación a los otros, sería conveniente que el Ejecutivo propiciare
una ampliación del debate legislativo incorporando opiniones de expertos y de
estudiosos del tema para ir adoptando “gradualmente”, las medidas
administrativas indispensables para que una vez que se cuente con la ley, se
pueda llevar a cabo una “reforma creíble y eficaz del sistema de inteligencia”
que comprenda la aprobación de la
Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana
contra la Corrupción
(CICC), ese mismo organismo que destacó en oportunidad de la anterior Ley de
Inteligencia que los controles establecidos en aquella “eran insuficientes”. La CICC , que fue ratificada por
nuestro país mediante la Ley
24.579 de 1997, exige “a los estados firmantes el “correcto, honorable y
adecuado cumplimiento” de las funciones públicas con el fin de “resguardar y
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios públicos y en la gestión pública”, algo que el proyecto
cristinista no contempla en ningún momento.
Por último cabe
preguntarse, en la implementación de una seria reforma de la SI : ¿Quiénes respaldan una
estrategia de reforma en el campo de la inteligencia? Y, la respuesta es
sencilla y directa: “lo habitual y elemental es contar con “consenso” de las
principales fuerzas políticas representadas en el Congreso”, que si bien, no es
garantía per se, éste refuerza el éxito del cambio y el poder del Ejecutivo
para implementar y llevar adelante la implementación de las reformas y modificaciones
necesarias, además de asegurar el compromiso de la oposición -hoy resistiendo
el proyecto de ley, y avisando su modificación o su derogación- para la
supervisión política de los servicios de inteligencia y facilita, asimismo, la
confianza popular en la transformación emprendida. Hoy y hasta el momento, la
verticalidad y obsecuencia del FpV y cierta inmadurez de la oposición terminan
derivando en una ley mediocre cuando no mala, pues “a menor debate, peor ley”.
O sea presentar, discutir y acordar una ley, en tiempos pre
cristikirchneristas, es una rareza por lo que la futura Ley de creación de la AFI carecerá de todo consenso
ciudadano, lo que implica una modificación frágil e inefectiva de los servicios
de inteligencia nacionales.
¡Otra más… ¿y van?!
Informador Público,
14-2-15
