martes, 3 de febrero de 2015

SE CONSOLIDA LA HIPÓTESIS DEL ASESINATO POR LA CÉLULA K Y UN SICARIO VENEZOLANO




 Guillermo Cherashny

Informador Público, 3-2-15

En la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman se mencionan en una parte las actividades pro-iraníes de Roger Capella, ex embajador venezolano en Buenos Aires y que motivaron que Néstor Kirchner, que en ese entonces mantenía una posición ambigua entre los Estados Unidos y el comandante Hugo Chávez, pidiera la remoción de ese diplomático y echara de su cargo a Luis D’Elía, que ocupaba la Secretaría del hábitat. Pero el piquetero siguió al lado del gobierno y viajó a Teherán en varias oportunidades, y como lo señalaron los ex cancilleres Bielsa y Taiana, la República Islámica de Irán insistía en comprar granos por valor de 4.000 millones de dólares. Pero estos titulares del Palacio San Martín agregaron que Kirchner nunca quiso ese acercamiento.

Investigación a vía muerta
Luego del fallecimiento del ex presidente, según Nisman, la presidente le dio mandato a Héctor Timerman para que entablara negociaciones con los iraníes, quienes querían la impunidad para los autores del atentado ofreciendo a cambio comprar granos y vender petróleo barato. Su objetivo era que cayeran las circulares rojas que pedían la detención de varios de sus altos funcionarios. La compra de granos y la venta de petróleo eran excusas, pero lo único que les interesaba era el fin de las circulares rojas. Por eso propusieron el Memorándum de Entendimiento entre los dos países y, al no poder lograr su objetivo, nunca ratificaron el tratado.

De ahí que Nisman acusara a la presidente, el canciller y otros personajes de encubrimiento de los autores iraníes del atentado, ya que uno de los integrantes del Hezbolah, Husein Berro, murió como atacante suicida y el comandante Imad Munignyah murió cuando detonó un coche bomba en la ciudad de Damasco. Así es que los acusados que quedan son altos funcionarios del gobierno iraní.

Esta denuncia de Nisman, más la que impulsa el juez Claudio Bonadío, habrían puesto en emergencia al cristinismo y la célula K de la SI que, en conexión con agentes venezolanos de la SEBIN habrían puesto en marcha la ejecución contando con la zona liberada de Le Parc de Puerto Madero. Los dueños de la empresa de seguridad del edificio están vinculados al director de reunión de interior, Roberto Pocino, el Sergio Berni y el teniente general César Milani.


La fiscal Viviana Fein no investiga esta hipótesis, porque el gobierno tiene un alto poder de ensuciar la investigación con pistas falsas y falsos culpables, todos ellos inventados en la Casa Rosada. Fein está desbordada y no quiere ser auxiliada por otros fiscales, así que no se puede esperar mucho de ella. Todo tiende a que esta investigación sólo podrá ser esclarecida con un nuevo gobierno.