Guillermo
Cherashny
Informador Público,
3-2-15
En la denuncia del
fallecido fiscal Alberto Nisman se mencionan en una parte las actividades
pro-iraníes de Roger Capella, ex embajador venezolano en Buenos Aires y que
motivaron que Néstor Kirchner, que en ese entonces mantenía una posición
ambigua entre los Estados Unidos y el comandante Hugo Chávez, pidiera la
remoción de ese diplomático y echara de su cargo a Luis D’Elía, que ocupaba la Secretaría del hábitat.
Pero el piquetero siguió al lado del gobierno y viajó a Teherán en varias
oportunidades, y como lo señalaron los ex cancilleres Bielsa y Taiana, la República Islámica
de Irán insistía en comprar granos por valor de 4.000 millones de dólares. Pero
estos titulares del Palacio San Martín agregaron que Kirchner nunca quiso ese
acercamiento.
Investigación a vía
muerta
Luego del
fallecimiento del ex presidente, según Nisman, la presidente le dio mandato a
Héctor Timerman para que entablara negociaciones con los iraníes, quienes
querían la impunidad para los autores del atentado ofreciendo a cambio comprar
granos y vender petróleo barato. Su objetivo era que cayeran las circulares
rojas que pedían la detención de varios de sus altos funcionarios. La compra de
granos y la venta de petróleo eran excusas, pero lo único que les interesaba
era el fin de las circulares rojas. Por eso propusieron el Memorándum de
Entendimiento entre los dos países y, al no poder lograr su objetivo, nunca
ratificaron el tratado.
De ahí que Nisman
acusara a la presidente, el canciller y otros personajes de encubrimiento de
los autores iraníes del atentado, ya que uno de los integrantes del Hezbolah,
Husein Berro, murió como atacante suicida y el comandante Imad Munignyah murió
cuando detonó un coche bomba en la ciudad de Damasco. Así es que los acusados
que quedan son altos funcionarios del gobierno iraní.
Esta denuncia de
Nisman, más la que impulsa el juez Claudio Bonadío, habrían puesto en
emergencia al cristinismo y la célula K de la SI que, en conexión con agentes venezolanos de la SEBIN habrían puesto en
marcha la ejecución contando con la zona liberada de Le Parc de Puerto Madero.
Los dueños de la empresa de seguridad del edificio están vinculados al director
de reunión de interior, Roberto Pocino, el Sergio Berni y el teniente general
César Milani.
La fiscal Viviana
Fein no investiga esta hipótesis, porque el gobierno tiene un alto poder de
ensuciar la investigación con pistas falsas y falsos culpables, todos ellos
inventados en la Casa
Rosada. Fein está desbordada y no quiere ser auxiliada por
otros fiscales, así que no se puede esperar mucho de ella. Todo tiende a que
esta investigación sólo podrá ser esclarecida con un nuevo gobierno.
