La Nación,
editorial, 11 de febrero de 2018
La Justicia Federal Penal de la Capital Federal agrega
a diario motivos de escándalo y preocupación por su alarmante descomposición.
Algunas novedades sobre esa decadencia se refieren al titular del Juzgado
Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, y a un viejo y turbio entramado de
intereses económicos cuya punta del iceberg salió recientemente a la luz.
Canicoba Corral fue designado juez por Carlos Menem.
Se jacta de ser "más político" que su antecesor, lo que se tradujo en
una extraordinaria capacidad para entretejer lazos con algunos empresarios y
con el Poder Ejecutivo de turno al punto que, con él, todo pasó a ser negociable.
Habría utilizado su cargo como trampolín para su fabuloso e injustificable
crecimiento económico, al amparo de la más vergonzosa y descarada impunidad.
Como publicó LA NACION, la esposa de Canicoba, Ana
María Tejada, desarrolló un negocio multimillonario como concesionaria de
Aeropuertos Argentina 2000 para la explotación de un servicio de embalaje de
maletas. Se desvinculó de esa empresa de envoltorios, Ipax SA, poco antes de
que su marido sobreseyera a ejecutivos de Aeropuertos en una causa por supuesta
defraudación al Estado. Canicoba intentó explicar que para ese momento su
esposa ya no tenía vinculaciones con la compañía que le había otorgado la
concesión. Agregó que ni siquiera era su esposa. "Nos casamos hace cinco o
seis años", se justificó. Sin embargo, Tejada era para entonces la madre
de sus hijos.
Esto revela el impropio ejercicio que este juez hace
de su alta magistratura. Jamás debió intervenir en una causa que involucraba a
empresarios responsables de concederle a la madre de sus hijos cuantiosos
beneficios patrimoniales. Debió haberse apartado a fin de velar por que la
imagen de la Judicatura no quedase afectada. No es posible suponer que quien
tiene un interés indudable en que no se vean perjudicados los intereses
económicos de alguien de su íntimo conocimiento y con quien convive, pueda ser
el juez imparcial que la Constitución reclama.
La relación de Canicoba con la empresa de aeropuertos
es llamativa porque, una vez que se retiró su mujer, desembarcó en el mismo
negocio de embalaje un íntimo del juez, el abogado Guillermo el
"Gordo" Scarcella, accionista de la empresa Wrapping. Canicoba
admitió que conoce hace años a Scarcella, el exprofesor de tenis de fiscales y
jueces que hoy es señalado como su operador, testaferro, socio y enlace con la política
peronista. Reconoció que tiene una firma de envoltorios, pero aclaró que no
tiene nada que ver con la que fue de su mujer. La relación entre Canicoba y
Scarcella es pública, incluso son compañeros de truco en un torneo denominado
Rody Cup, en honor al magistrado. Lo organizaba otro abogado y operador
judicial: Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.
Si no se conocieran por el truco, Canicoba y Scarcella
igual estarían cerca. El juez federal designó a Scarcella como interventor de
la filial de Mar del Plata del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Scarcella es hermano del abogado amigo del juez y que, como la esposa del juez,
se enriquece con el envoltorio de equipajes. El SOMU es el sindicato de Omar
"Caballo" Suárez, a quien Canicoba puso preso. La relación del juez
con ese sindicato es polémica. No solo designó al hermano de su esposa, Sergio
Ramiro Tejada, como interventor en la obra social del SOMU. Además, fue acusado
de recibir sobornos ligados a la investigación de esa entidad, que se habrían
canalizado a través de Leyra Company, una sociedad offshore que integran la
sobrina de su esposa, María Yamila Tejada, y la madre de su esposa, Emilia Inés
Durbano. Canicoba negó cualquier vinculación con esas operaciones, pero la
Justicia sigue indagando el origen de los fondos dado que Scarcella no puede
probar la compra de millonarias propiedades.
El juez tuvo que soportar otras acusaciones
procedentes del SOMU. La hija de Suárez le imputó haber querido cobrarle
500.000 dólares, a través de un intermediario, para conceder al sindicalista la
prisión domiciliaria por razones de salud. Canicoba niega ese cargo, que obligó
a que se abra una causa en el juzgado de María Servini de Cubría. El 29 de
diciembre, el juez Luis Rodríguez, que subrogaba el juzgado de Canicoba,
terminó accediendo al pedido de Suárez que luego la Cámara revirtió.
Canicoba, quien en un escandaloso concurso celebró que
el kirchnerismo convirtiera también en juez federal a su hijo Emiliano,
pareciera haberse convertido en un magistrado simpático para algunos operadores
del actual gobierno.
Alrededor de Scarcella también proliferan los
escándalos. LA NACION publicó que la UIF lo investiga por haber recibido varias
transferencias millonarias en dólares en una cuenta radicada en Estados Unidos.
Scarcella explicó que correspondían al pago por la venta de acciones de su
compañía de envoltorios, Wrapping. Pero las autoridades no registraron ningún
cambio patrimonial que justifique esos movimientos. Estas informaciones
fortalecen las imputaciones de la diputada Elisa Carrió, a raíz de las cuales
se inició una investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de
Scarcella. Esa figura es adecuada porque, mientras se registraban esos
inexplicables movimientos de fondos y por pedido expreso del propio Canicoba,
Scarcella pasaba a ser funcionario de la gestión de Daniel Scioli, como
director de la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), convirtiéndose en uno de
los grandes recaudadores del gobernador y denunciado por Carrió como uno de los
testaferros de Scioli, junto con Luis Peluso y Juan Carlos Mancinelli . Cuando
se produjo esa designación, muchos especialistas en la actividad judicial la
interpretaron como un intento de Scioli de sellar una alianza con los
tribunales de Comodoro Py. Recordemos que la Justicia investiga a las tres
sociedades en las que Scarcella concentró irregularmente contrataciones
directas durante su cuestionable gestión al frente de ABSA, sin concursos ni
llamados a licitación, con injustificables gastos en simposios médicos,
caterings y espectáculos circenses, así como su vinculación con cuantiosas
sumas depositadas en cuentas bancarias del exterior a nombre de él y de su
hermana. En julio pasado, el Tribunal de Cuentas bonaerense determinó que
Scarcella y otros exfuncionarios de la administración Scioli debían devolver 51
millones al Estado provincial por estas irregularidades.
Antes de que se lo relacionara con Canicoba, el nombre
de Scarcella había aparecido en una investigación por enriquecimiento ilícito
del exjuez Jorge Urso. Un departamento atribuido a él figuraba a nombre de
Scarcella. Las vinculaciones de la empresa bonaerense con la Justicia Federal
no se agotaron en su titular. El síndico de la compañía era Alfredo Lijo,
hermano del juez y presunto socio del camarista destituido Eduardo Freiler.
Las novedades que aparecen en torno a Canicoba y a su
vínculo con Scarcella, y a las relaciones que tendría este abogado con los
hermanos Lijo y Freiler tienen un significado que atañe al mal funcionamiento
de buena parte del fuero penal federal de la Capital. Magistrados con denuncias
recurrentes por decisiones sospechosas, vinculaciones con familiares o
compinches que actúan como gestores judiciales, y hasta empresas públicas que,
como Aguas Bonaerenses, parecen haber sido entregadas a modo de botín. Este
panorama, de gran antigüedad, se agravó a la luz de lo que ha sucedido en la
Argentina durante el kirchnerismo. El país fue víctima de un exitoso
experimento de megacorrupción, que no podría haber prosperado sin un grupo de
jueces que no solo fueron complacientes, sino que en varios casos parecen haber
estado ligados a los negociados.
El electorado viene pidiendo un punto final para estas
graves deformaciones. Se han producido algunos tibios avances, como la renuncia
de Oyarbide y la destitución de Freiler, en la dirección de un saneamiento. El
Consejo de la Magistratura inició una investigación contra el juez Lijo que, es
de esperar, no se vea entorpecida, como ocurrió a fin del año pasado, por
malsanas interferencias políticas. En algún momento tendría que examinarse la
situación de Canicoba. Siguen apareciendo a diario signos de una reprochable
continuidad de las peores prácticas entre ellos, la influencia del espionaje
sobre los juzgados y la intervención de gestores informales ligados al Poder
Ejecutivo, como el presidente de Boca, Daniel Angelici.
El Consejo de la Magistratura impulsó la primera
auditoría sobre causas de corrupción en los últimos 20 años cuyos resultados se
conocerán en marzo y que pueden comprometer seriamente a Canicoba entre otros
jueces de 17 diferentes jurisdicciones, 258 tribunales orales y 39 cámaras de
apelaciones. Esa auditoría contó con el respaldo del Foro de Convergencia que
nuclea a 40 representativas organizaciones de la sociedad civil.
La ciénaga en que se ha convertido parte de los
tribunales de Comodoro Py es de tal extensión y profundidad, que solo se podrá
emerger de ella con un programa sistemático e integral de regeneración
institucional que el poder político debe promover, defender y acompañar con
firmeza y sin más claudicaciones ni demoras. La salud de la República así lo
exige.
