Mariano Obarrio
La Nación, 11 de febrero de 2018
El
gobierno de Mauricio Macri incorporó en los últimos cinco meses a unos 100.000
nuevos beneficiarios de planes sociales con el programa Proyectos Productivos
Comunitarios, que en 2018 insumirá $10.148 millones y que responde a la ley de
emergencia social de 2017.
Con ellos, el total de transferencias directas a
personas en asistencia social es de $251.911 millones para 9.689.000 personas.
Implica el 10,17% del gasto primario total del Presupuesto 2018. En este
universo de recursos se libran las pulseadas entre el Gobierno y las
organizaciones sociales y piqueteras.
En tanto, el debate económico creciente es si estos
planes tienen impacto en generar empleo o subsidian a un desempleo estructural.
El total de prestaciones sociales, con jubilaciones y
pensiones, es de $1,291 billones y cubre a 16.731.000 personas. Actualmente equivale al 52% del Presupuesto
2018.
Según confiaron a la nacion en el Ministerio de Desarrollo Social, de
Carolina Stanley, el plan de Proyectos Productivos Comunitarios responde a la
ley de emergencia social de 2017, que reclamaron las organizaciones sociales
Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, que lidera Juan Grabois, amigo del Papa
El programa canaliza proyectos productivos de
beneficiarios de esas organizaciones y otras que obtienen un salario social
complementario de casi $5000 (la mitad del salario mínimo vital y móvil) en
2017 y 2018. Por lo general, estaban en la informalidad y se los formaliza y se
los potencia.
Los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ($17.058
millones y 246.000 beneficiarios) son los que en Desarrollo Social exigen
contraprestación laboral, formación y terminalidad educativa.
El Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca, tiene otros
similares: Acciones de empleo ($3239 millones y 235.000) y Capacitación Laboral
($1400 millones y 57.000).
Pero el programa más popular es la Asignación
Universal por Hijo (AUH): la Anses reparte en 2018 $74.447 millones a 6.857.000
beneficiarios. El Progresar, de Educación, llega a 794.000 jóvenes con $9894
millones en becas de estudio.
El camino hacia el trabajo
El anunciado Plan Empalme, mediante el cual las
empresas podrían contratar a beneficiarios y completarle el salario básico, no
dio aún resultados significativos.
El programa Abordaje territorial ($3147 millones y
77.000 personas) reparte insumos diversos pero no son ingresos a personas.
Fuera de los planes de asistencia directa, el grueso
del gasto social está en jubilaciones y pensiones ($668.700 millones y
3.300.000), al que se sumó la Moratoria Previsional ($367.489 millones y
3.565.000), que son jubilados que nunca aportaron, un 3% del PBI, casi equivalentes
al déficit fiscal.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, los 246.000
beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen tienen asignación laboral o
formación.
El director del Observatorio de Deuda Social de la
UCA, Agustín Salvia, señaló que el Gobierno aumentó el gasto social, buscó la
racionalidad y la contraprestación laboral, pero los programas fueron
administrados por organizaciones sociales, ONG o municipios que muchas veces se
resisten al control.
Para
Salvia, "no siempre está garantizado que haya detrás un proyecto de
trabajo o de infraestructura" genuino.
Por su parte, el economista Roberto Cachanosky,
propone que a los planes "hay que ponerles exigencia de capacitación y
límites en el tiempo", al igual que el economista Agustín Etchebarne, de
Libertad y Progreso, para quien las transferencias deberían ser "un puente
hacia un trabajo productivo".
Desde la oposición, el líder del Frente Renovador,
Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, impulsan esquemas
de incentivos para que los empleadores contraten beneficiarios cuyos planes
conformarían parte del salario básico, con diversos beneficios en las cargas
sociales.
