Ezequiel Parma (*)
(*) Escuela de Derecho, Universidad de Talca. Talca,
Chile.
Universum vol.28 no.1 Talca 2013
RESUMEN
Este trabajo centra su análisis en conceptos políticos
insertos en la Doctrina Social de la Iglesia, aspirando a la construcción del
Bien Común, lo que debería ser la praxis política. Para esto, es necesario
enfocar este artículo en la concepción de Estado, Sociedad Civil, Medios de
Comunicación, Orden Político con Iglesia, como concepto y como institución y
como la Iglesia a través de la DSI explica el orden político.
INTRODUCCIÓN
"... la doctrina social tiene de por sí el valor
de un instrumento de evangelización: en cuanto tal,
anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo
a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí mismo.
Solamente bajo esta perspectiva se ocupa de lo demás:
de los derechos humanos de cada uno y, en particular,
del "proletariado", la familia y la educación,
los deberes del Estado, el ordenamiento de la sociedad nacional
e internacional, la vida económica, la cultura, la guerra y la paz,
así como del respeto a la vida desde el momento
de la concepción hasta la muerte".1
Juan Pablo II en esta frase, revela que a través del
largo y abundante Magisterio, el objetivo mismo de la Iglesia no es otro que
dar testimonio de que el Verbo, el Misterio está presente a través de los
hombres y que a través y en comunión con la Sucesión Apostólica, llevar la
"buena nueva" a todos los hombres de bien (sean éstos católicos o que
profesen otros credos), ya que la Iglesia como Madre y Maestra no es ni más ni
menos que la guía para que nosotros conozcamos a Cristo, y la importancia del
mensaje redentor que nos propone: vivir la vida, el instante de la vida y hacer
memoria de su presencia en el medio de la ordinariez de la vida. A cien años de
la Rerum Novarum, Juan Pablo II, propuso recordar que esa famosa encíclica no
es anacrónica ni mucho menos dejada de lado sino que se encuentra presente, el
problema del trabajo del hombre no es ni más ni menos que una preocupación
constante de la Iglesia. El trabajo como dignificador de la vida y no usado
para que el hombre sea una parte de la maquinaria industrial con el objetivo de
poder hacer descuidando lo esencial: la vida humana y sus necesidades no solo
materiales sino espirituales.
Es por eso que viendo este marco tan revelador y
viendo como los problemas en vez de eliminarse continúan, se agregan nuevos
problemas o mejor dicho viejos problemas como por ejemplo el trabajo infantil
que si bien fue denunciado en 1891, en la actualidad, éste y otros siguen más
latente aún. Por eso, me he avocado a realizar este pequeño trabajo
describiendo como desde la Doctrina Social, la política aplicada al Bien Común,
puede ser una herramienta o mejor una guía en beneficio de todos.
El tema asignado está recogido y resumido en el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tanto en la sección que
explica los principios generales de la enseñanza social, cuanto en el capítulo
destinado al análisis de la comunidad política. En la imposibilidad de abordar
el total del conjunto de todos sus elementos, quisiera llamar la atención
solamente sobre algunos aspectos que parecen especialmente relevantes de esta enseñanza
en el contexto del proceso de globalización en curso, a saber, el papel de la
sociedad civil y del Estado, la relación entre el orden jurídico y el orden
político y la influencia creciente de los medios de comunicación de masas en la
constitución del espacio público.
Antes de referirme a ellos quisiera señalar, a modo
introductorio, que la política de acuerdo a la Doctrina Social, está al
servicio del bien común de la sociedad, es decir, debe ayudar a garantizar
"el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la
propia perfección"2. La Iglesia enseña que el ser humano es por su propia
naturaleza un ser social, cuya vocación es participar de la comunión con Dios y
en Dios, que se ha revelado intrínsecamente como una comunión de personas, como
también, participar de la comunión con los demás seres humanos que han sido
llamados a idéntica vocación. De esta forma, la perfección del ser humano no
representa solamente un bien individual, del cual cada persona es responsable,
sino también un bien para todas las comunidades en que él participa, las cuales
se hacen así corresponsables del bien compartido. El bien común de las
personas, de las sociedades intermedias y de la sociedad en su conjunto tiene
así tanto una dimensión transitiva como una intransitiva. Por la primera,
procura garantizar el bien personal de cada uno de los seres humanos
ayudándoles a su perfección. Por la segunda, valora en sí misma esta
sociabilidad que hace posible a los seres humanos vivir en la verdad y en la caridad,
es decir, en comunión.
Por ello, al cuidado y responsabilidad colectiva sobre
el bien común le ha llamado también el magisterio "justicia social",
en el doble sentido de dar a cada uno lo que le es debido en justicia, como
también, velar para que el vínculo de sociabilidad entre las personas sea en sí
mismo justo y digno de ellas. El bien común no es, en consecuencia, un producto
o agregación de valor, una suerte de sumatoria de bienes privados, o de bienes
públicos de "interés general", sino un bien que sólo existe en cuanto
compartido y que no puede ser apropiado o distribuido privadamente sin que en
ese mismo acto se destruya. Así puede entenderse la enseña del Papa Benedicto
XVI cuando afirma que "el orden justo de la sociedad y del Estado es una
tarea principal de la política". Y agrega: "La justicia es el objeto
y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política es más
que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y
su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza
ética"3.
Una visión de este tipo hace inmediatamente
comprensible también otros dos principios tradicionales de la DSI: la
solidaridad y la subsidiariedad. Dice el Compendio de la DSI que "la
solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la
persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común
de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más
convencida"4. Y más adelante agrega: "El término solidaridad expresa
en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a
los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad
humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos"5. Un
orden justo sólo puede ser solidario en los términos antes descritos.
Pero por otra parte, este espacio social ofrecido a la
libertad humana no puede desconocer que cada persona humana es una unidad
sustancial, un fin en sí misma, y que participa de la sociedad de diversos
modos y a través de distintas asociaciones, algunas de las cuales pueden ser
circunstanciales u orientadas al logro de un propósito específico, como las
sociedades comerciales, por ejemplo, pero otras, sin embargo, ser portadoras
del bien compartido de una sociabilidad intrínsecamente justa, como el
matrimonio, la familia, la escuela o la comunidad religiosa, por ejemplo, que
exigen ser reconocidas en su naturaleza y autonomía, con la autoridad necesaria
para gobernar su propio destino y decidir sobre aquello que le conviene.
Este
reconocimiento es la esencia del principio de subsidiariedad, que pide respetar
el protagonismo propio de la libertad de las personas y de las asociaciones en
que ellas se han involucrado de tal manera que, su pertenencia a ellas, pone en
juego la vocación a la comunión en algunos de sus aspectos esenciales. La tarea
fundamental de la justicia social, a este respecto, es armonizar la vida y la
acción de estos diversos tipos de grupos en que las personas se involucran,
sabiendo distinguir entre aquellos cuyos bienes son de apropiación privada de
aquellos que representan un bien en sí mismo y que sólo puede existir por la
sociabilidad compartida. Como bien precisa la frase ya citada del Papa, el
orden justo que compete a la actividad política no sólo se refiere al Estado,
sino también a la sociedad misma. Con estas breves precisiones introductorias,
paso a referirme a los tres temas mencionados al inicio.
SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO
Suele entenderse la política en la actualidad como
aquella actividad que compete a los órganos del Estado, particularmente al
poder constituyente y legislativo, por una parte, y a los órganos de gobierno,
por otra. Como en el contexto de sociedades democráticas o en vías de
democratización tales órganos contemplan la elección popular de sus
integrantes, la preocupación política se extiende a los partidos políticos y a
los sistemas electorales en que ellos están involucrados, al financiamiento de
las campañas y a la libertad de prensa y de expresión que dan legitimidad al
conjunto del procedimiento. Dado que el elector es individual y las decisiones
políticas son vinculantes para todos, se suele conceptualizar la vida política
como la relación entre el individuo y el Estado, como si entre ambos no
existiese ninguna mediación intermedia, distinta a la que representan los
propios partidos políticos como formas de canalización de las preferencias de
la población hacia los diferentes candidatos en competencia. Por razones que no
es el caso analizar aquí, los grupos que forman la sociedad civil no son
considerados actores políticos importantes y se los sitúa antes en la esfera privada
que en la pública.
Esta preponderancia de una visión simultáneamente
estatista e individualista sobre la política surge de la idea de que la
soberanía, aunque reside genéricamente en la nación o, si el concepto se
considera ya obsoleto, en los electores, se transfiere a los órganos del Estado
de tal suerte que, una vez elegidos los titulares de las diversas funciones,
ellos ejercen una suerte de monopolio del poder sobre el espacio público, con
los contrabalances y equilibrios que las constituciones disponen y, desde la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con respeto y sujeción a
los derechos personales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo,
podría afirmarse que fue justamente contra esta concepción de la soberanía que
surgió la Doctrina Social de la Iglesia. Sostiene Héctor Aguer:
"Ella no nace tanto de la compasión que despertó
la situación de los trabajadores como resultado de la industrialización y del
conflicto correspondiente entre capital y trabajo, sino más bien de la
necesidad de la Iglesia de defender sus asociaciones y particularmente, sus
escuelas, de la pretensión del Estado de ser la única persona jurídica de
derecho público, considerando a todas las personas naturales y demás personas
jurídicas como súbditos"6.
La consecuencia de esta interpretación, como él mismo
señala, sería que todos los grupos de personas que forman parte de la sociedad
civil, no podrían aspirar a otro status jurídico que el resultante de contratos
entre individuos privados, a menos que el propio Estado les "conceda"
un status jurídico distinto. Aunque tal concepción tiene un origen preciso en
la Revolución Francesa, se extendió a varios otros países y sus ecos llegan
realmente hasta nuestros días si se observa la discusión pública en varios
países o la interpretación jurídica del principio de subsidiariedad en varios
Estados.
Ejemplos emblemáticos de ello son la legislación y la
política respecto al matrimonio y a la familia, los que son considerados
crecientemente como una mera realidad de hecho o como una asociación
contractual entre privados, como también la consideración de la escuela como un
mero prestador de servicios educacionales que pueden recibir subvención del
Estado cuando se considera que es demasiado gravoso que éste los preste por sí
mismo y prefiere externalizarlos, pero se guarda el derecho de definir la
curricula escolar nacional, de realizar las pruebas relativas al rendimiento
escolar o de exigir una acreditación externa a los establecimientos
educacionales. La tendencia de la sociedad actual a organizar todas sus
actividades en sistemas funcionales orientados a la obtención de resultados y
evaluados por su productividad y rendimiento tiende a desconocer la realidad de
las sociedades y grupos humanos intermedios, especialmente, el aporte que ellos
realizan al bien común con su propia sociabilidad.
Juan Pablo II acuñó la expresión "subjetividad de
la sociedad"7, para definir la contribución que hacen los grupos de
personas y asociaciones intermedias al bien común de la sociedad y al
desarrollo de su cultura. Con ello pareciera que quería indicar que la
referencia indispensable que la sociedad debe prestar a la dignidad de la
persona humana no sólo se expresa en términos individuales, sino también en la
experiencia de sociabilidad comunional que realiza la vocación de los seres
humanos a ser personas, comenzando ciertamente por las familias. También habló
de la necesidad de desarrollar una auténtica "ecología humana" o
"ecología social"8 para preservar la dignidad y la calidad de la vida
de la sociedad en el contexto de la solidaridad intergeneracional que da
sustentabilidad al desarrollo social en el mediano y largo plazo. Es decir, se
trata de aspectos esenciales de la responsabilidad política para la
construcción de un orden justo y que atañen no sólo a los actores políticos
propiamente tales, sino que a la sociedad en su conjunto.
El actual proceso de globalización, que ha puesto de
manifiesto que los vínculos sociales trascienden las fronteras jurisdiccionales
de los Estados, ha contribuido también a mostrar la importancia creciente de la
sociedad civil y de sus organizaciones en la búsqueda del bien común y de la
paz social. Aunque el nombre con que se les designa actualmente, "tercer
sector", para diferenciarlas del sector público y del sector privado, no
parece el más afortunado, puesto que nada dice del valor moral que representa
su propia experiencia de sociabilidad, existe, sin embargo, la conciencia de
que estas organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro tienen un
lugar insustituible en la gobernabilidad de la sociedad y en la más justa
distribución de los bienes y de las oportunidades para el desarrollo de los
diferentes sectores sociales. Y aunque ellas mismas operan con gran eficiencia,
su renuncia al lucro y la incorporación del trabajo voluntario no remunerado
recuerdan a la sociedad que la eficiencia no puede constituirse en el valor
supremo de la vida social, sino que debe subordinarse al valor más alto de la
dignidad humana y del orden justo que ella reclama. El gran desafío de la
política pareciera ser, a este respecto, que deje de ser autorreferente en
cuanto a la conquista y mantención del poder político para ponerse al servicio
de las personas y de aquellas asociaciones que contribuyen a su perfección.
ORDEN JURÍDICO Y ORDEN POLÍTICO
Dice el Compendio de la DSI: "Considerar a la
persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa
trabajar, ante todo, por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante
la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del
hombre"9. Y citando a Juan XXIII agrega: "En la época actual se
considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los
derechos y deberes de la persona humana"10. Los derechos y deberes de las
personas e instituciones encuentran su expresión más transparente en el orden
jurídico. Por ello, la DSI ha considerado tradicionalmente el orden jurídico y
el orden político como inseparables, aunque ha reconocido también que el orden
jurídico por sí mismo no es suficiente para producir una convivencia humana
digna y pacífica, si no existe simultáneamente y como fundamento la amistad
civil y, en último término, la caridad fraterna.
No obstante que la mayor parte de los Estados, después
de la trágica experiencia de la segunda guerra mundial y del holocausto, han
incorporado los derechos humanos a sus fundamentos constitucionales es posible
observar en la actualidad un cierto distanciamiento fáctico entre el orden
jurídico y el sistema político en variadas direcciones. Por una parte, se da la
tendencia a referir todo el ordenamiento jurídico a la ley positiva, con
prescindencia de cualquier referencia a la ley moral natural o a un principio
trascendente respecto de la voluntad legislativa. Con ello, se subordina de
hecho el orden jurídico al sustento político de las mayorías que gobiernan. Por
otra, se da también con frecuencia el hecho de que los propios agentes del
Estado, bajo el pretexto de amenazas excepcionales a la seguridad, actúan al margen
de la ley y violando sus preceptos, amparados en una impunidad de hecho.
Finalmente, la desregulación jurídica o su
insuficiencia frente al vertiginoso desarrollo de la técnica, de la ciencia, de
las comunicaciones y, en general, de la eficiente operación de los restantes
subsistemas funcionales de la sociedad está produciendo el fenómeno de que
importantes actividades de la vida social encuentren mecanismos de regulación
eficaces al margen de la ley, cuya consecuencia no es sólo la desprotección frente
a los derechos básicos de las personas, sino también el desprestigio y la
deslegitimación del orden jurídico como tal. No son pocos los países entre los
cuales el prestigio institucional de los tres poderes del Estado se ubica entre
los más bajos del ranking de instituciones y, de entre ellos, el poder judicial
es el más deteriorado, bajo sospechas de arbitrariedad y corrupción.
Baste recordar la necesidad que sintió Juan Pablo II
de escribir su encíclica Evangelium vitae, condenando el aborto y la eutanasia,
pero recordando, al mismo tiempo, que "la comunidad política tiene el
deber de dictar leyes justas, respetando los valores morales que derivan de la
verdad misma del ser humano, de la ley moral natural y objetiva, que es punto
de referencia normativo para la ley civil"11. Siguiendo a Santo Tomás de
Aquino recordaba que una ley injusta es inicua y deja de ser ley para
transformarse en un acto de violencia. El Papa Benedicto XVI ha recordado en
repetidas ocasiones que cuando se pone a Dios entre paréntesis o se vive y
actúa como si no existiese, se deforma trágicamente el sentido de la realidad y
se abandona el fundamento de la moral. Por ello, afirma que "la razón ha
de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la
preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que
nunca se puede descartar totalmente"12. Y agrega enseguida que la doctrina
social católica "desea simplemente contribuir a la purificación de la
razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda
ser reconocido y después puesto también en práctica"13.
Esta ceguera ética de la razón no es ciertamente un
problema exclusivo de la política. También la encontramos en la economía, en la
ciencia y en tantas otras actividades. Sin embargo, en la política esta ceguera
se vuelve paradigmática, puesto que comete injusticia en nombre del orden
justo, poniendo la arbitrariedad y la violencia como fundamentos de la
convivencia social. La amistad cívica requiere para poder florecer de la
confiabilidad en las personas y en las instituciones, y la autoridad política
más que cualquier otra autoridad social puede ayudar a cimentarla como a
destruirla. Tal vez en esto radique hoy la más importante contribución que la
política hace a la sociedad en su conjunto: darle la credibilidad y
transparencia necesarias para que la confianza sea un recurso preferible a la
violencia.
POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La revolución electrónica de las comunicaciones ha
permitido que los medios masivos de comunicación transformen muy
sustancialmente el espacio público de la vida social. Penetrando hasta la
intimidad de los hogares, los medios han logrado familiarizar a las personas y
las familias con los asuntos que atañen a toda la sociedad y se han hecho, a su
vez, portadores de las necesidades sociales hacia las autoridades políticas. El
eficiente funcionamiento de la democracia actual sería impensable sin la
información transmitida por los medios, especialmente, el desarrollo de una
permanente fiscalización ciudadana de los actos de gobernantes y legisladores.
Parte importante de la actividad política se realiza, en consecuencia, a través
de los medios y en los medios, complementando y reforzando, en ocasiones, la
acción de las instituciones políticas, pero también, a veces, anticipándola y
hasta sustituyéndola, contribuyendo con ello a una cierta
desinstitucionalización de la actividad social, en general, y de la política,
en particular, entre otras razones, por el hecho de que las instituciones no
son capaces de trabajar al ritmo impuesto por una comunicación en tiempo real.
Desde el Concilio Vaticano II, el magisterio de la
Iglesia ha acompañado con gran aprecio el desarrollo de los medios de comunicación
electrónica y también ha hecho uso de ellos para llevar la voz de los
pontífices hasta los confines del mundo. Pero ha manifestado también la
necesidad de un discernimiento y juicio evangélico sobre los contenidos que se
transmiten y sobre su efecto sobre la formación de las concienciasy las
relaciones humanas que fomentan o inhiben. Como ha dicho recientemente el Papa
en un congreso de universitarios católicos dedicados a la formación de
comunicadores, "es evidente que en el centro de cualquier reflexión seria
sobre la naturaleza y la finalidad de las comunicaciones humanas debe estar un
compromiso con las cuestiones relativas a la verdad. Un comunicador puede
intentar informar, educar, entretener, convencer, consolar, pero el valor final
de cualquier comunicación reside en su veracidad". Pero advertía enseguida
que la "pasión por la verdad, que también puede servirse de cierto
escepticismo metodológico, especialmente en cuestiones de interés público, no
debe distorsionarse ni convertirse en un cinismo relativista según el cual se
rechace o ignore habitualmente cualquier apelación a la verdad y a la
belleza".
Tengo la impresión que esta advertencia del Papa se
aplica de manera especial a los políticos quienes de hecho deben valerse
habitualmente de ese cierto escepticismo metodológico en sus actos de
fiscalización y control de la autoridad política, como también cuando reciben
peticiones interesadas de grupos de persuasión y de presión profesionales. Pero
también tienen la tentación de valerse de esta metodología y transformarla en
un cierto cinismo relativista de cara a los medios de comunicación con el
propósito de cautivar audiencias, familiarizarlas con su imagen y acrecentar el
caudal de votos. A ello les ayuda la alta credibilidad de que gozan los medios
de información entre la población y la actitud de las audiencias que buscan
entretención a costa de los foros y de las discusiones acerca de los problemas
de las personas, sin que importe, muchas veces, ni la artificialidad de los
problemas, ni la veracidad de las imputaciones si ellas ayudan a decidir
quiénes son ganadores y perdedores. El simulacro y la impostura, el escándalo y
hasta las extravagancias pueden tener también su rédito si ayudan a llamar la
atención de los espectadores y a posicionar una figura pública. Aunque se pueda
decir, en cierto sentido, que tal problema ha acompañado siempre la vida
política de las naciones, los medios lo han potenciado y masificado a niveles
antes desconocidos, pues el espacio público ha invadido también la privacidad
de los hogares.
Otro efecto de los medios de comunicación sobre la
vida social y política es la acentuación del corto plazo y del presente en
perjuicio del mediano y largo plazo. No se trata ciertamente de un efecto
intencionalmente provocado, sino que es consecuencia de la tecnología misma de
comunicación en "tiempo real". Las noticias tienen un tiempo de
vigencia cada vez más corto y se olvidan con rapidez, aunque perduren en el
registro. Como son efímeras, valoran también lo efímero, el instante. La
actividad política, crecientemente dependiente de los medios masivos de
comunicación, ha debido adaptarse progresivamente a este mismo criterio de
temporalidad. Pero ello ha colaborado a despojar a la actividad política de su
dimensión cultural, puesto que esta última apela a la formación de tradiciones
y a su transmisión intergeneracional. Pone también en riesgo la realización de
los valores de la verdad, la libertad y la justicia que son los valores
esenciales que la doctrina social de la Iglesia propone para la vida social,
puesto que ellos necesitan tiempo para ser comprendidos en profundidad,
paciencia y perseverancia para encarnarse y socializarse. La sobrevaloración
del instante favorece su sustitución por sucedáneos y distractores, pudiendo llegar
a deformar gravemente la conciencia moral de las naciones.
Por las razones antes expuestas parece indispensable
ampliar la visión sobre la política más allá de los límites estrechos que
usualmente le ponen los partidos políticos y los procesos electorales. Desde la
doctrina social de la Iglesia podemos entender la política como toda la
actividad humana que procura reconocer y realizar el bien común de la sociedad,
de construir un orden justo, de dar un testimonio de esperanza. Ningún ámbito
de la vida social se sustrae a esta dimensión política, sino que ella los cruza
todos transversalmente: la familia, la cultura, la educación, la ciencia, los
medios de comunicación y ciertamente también, los ámbitos específicos del
gobierno, de la legislación y de la judicatura. Desde la dignidad de cada
persona humana, la actividad política hay que entenderla en su proyección moral
y cultural antes que en su dimensión tecnológica. Cuando la tecnología deja de
tener raíces profundas en la cultura, se transforma en una tecnocracia ciega a
las necesidades humanas.
Por ello, el Papa Benedicto XVI nos advierte que:
"El recto estado de las cosas humanas, el
bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de
estructuras, por muy válidas que éstas sean. Dichas estructuras no sólo son
importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen
la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente
cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a
los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad
necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que ha de
ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo"14.
Y agrega: "Quien promete el mundo mejor que
duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la
libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra
vez"15.
Esta es, según me parece, la exigente forma de la
caridad a cuyo servicio está la política. La doctrina social de la Iglesia
ilumina con la luz de la revelación y de la fe el significado de la vida
política como la opción de la libertad por el bien de la comunidad, por el bien
común. Pero esta doctrina sería letra muerta si no tuviera testigos creíbles
que la encarnaran en cada una de las diversas y complejas realidades sociales
que constituyen a la sociedad globalizada que está emergiendo. La doctrina
surge de la misma experiencia de la Iglesia, de sus comunidades cristianas. El
crédito o descrédito de la doctrina social depende, en consecuencia, de la
vitalidad, coherencia y creatividad de estas comunidades, de su apertura al
Espíritu Santo como espíritu de la verdad y de la libertad.
Asombra, por una
parte, ver el crecimiento del voluntariado entre los cristianos en las
múltiples iniciativas caritativas en medio de la sociedad civil. Se echa de
menos, en cambio, una presencia cristiana más incisiva en el espacio público,
en los areópagos del pensamiento y de las comunicaciones sociales, en la
formando a la Luz de la Verdad una correcta opinión pública.
El magisterio social de la Iglesia tiene como columna
vertebral la prioridad de las personas y su vocación a la santidad. Pero enseña
también que cada persona es un ser-en-relación, nacido para la comunión en la
verdad y en la caridad. Necesita, por tanto, de la fortaleza de las familias y
de las comunidades de personas donde se aprende qué significa amar y ser amado.
Este primer círculo del tejido social se amplía ahora considerablemente, por
medio de la comunicación, a la división internacional del trabajo, a la vida
política del Estado, a las relaciones internacionales, a la diversidad de
culturas y a la necesidad de una convivencia pacífica de los pueblos entre sí y
de éstos con la naturaleza. El servicio de la política se despliega en cada uno
de estos niveles, pero es necesario que los distinga y que reconozca a cada uno
de ellos su status ontológico y su jerarquía para que sea posible la
construcción de un orden justo al servicio de la vocación humana.
NOTAS
1 Juan Pablo II. "Centesimus Annus", n° 54.
2 Gaudium et Spes, n° 26.
3 Benedicto XVI, "Deus Caritas Est", n° 28
a.
4 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: n°
192.
5 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: n°
194.
6 Aguer, Héctor. De la "Rerum Novarum a
Centesimus Annus".
7 Juan Pablo II: CestesimisAnnusn° 13.
8 Juan Pablo II. CentesimusAnnusn°38.
9 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: n°
388.
10 Ibíd.
11 Juan Pablo II. "Evangelium Vitae" n° 72.
12 Benedicto XVI. "Deus Caritas Est" n° 28a.
13 Ibíd.
14 Benedicto XVI."Spe Salvi" n° 24.
15 Ibíd.
REFERENCIAS
Aguer, Héctor. "De "Rerum Novarum" a
"Centesimus Annus", Introducción al Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia". Separata de la Revista Eclesiástica Platense, 2005. [ Links ]
-------------------"Las bienaventuranzas del
político". Alocución en "Claves para un mundo mejor" (20 de
octubre de 2007). Publicado por AICA el 23 de octubre de 2007. [ Links ]
Benedicto XVI. Encíclica "Deus Caritas Est".
Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 2005. [ Links ]
--------------- . Encíclica "Spe Salvi".
Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 2007. [ Links ]
Juan Pablo II. Encíclica "Centesimus Annus".
Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 1991. [ Links ]
-------------------. Encíclica "Evangelium
Vitae". Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 1995. [ Links ]
Martino, Renato. "Política y Valores".
Conferencia dada el 8 de octubre de 2007 en el Jockey Club de La Plata. Texto
publicado por el Arzobispado de La Plata. [ Links ]
Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia. Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana,
2005. [ Links ]
Ratzinger, Joseph. Nota sobre el compromiso y la
conducta de los católicos en la vida pública. Congregación para la Doctrina de
la Fe. Librería Editrice Vaticana, 2002.
Artículo recibido el 6 de agosto de 2012. Aceptado el
22 de marzo de 2013.
