msiainforma, 23
de febrero de 2018
La controvertida intervención federal en la seguridad
pública de Río de Janeiro, convocando a las Fuerzas Armadas, independientemente
de sus motivaciones y a pesar de la limitación temporal, es una oportunidad
para echar a andar un plan que haga frente al agravamiento de la criminalidad y
de la violencia que azota al país, cuya punta de lanza es el narcotráfico. Para
ello, sin embargo, es imprescindible no limitarse a los síntomas del problema,
sino tocar las causas más profundas.
La cuestión central es la estrecha simbiosis de la
delincuencia organizada con la corrupción del aparato político-institucional,
es decir la captura del Estado por grupos ya definidos jurídicamente como
organizaciones criminales. Lo mismo se observa en otros países iberoamericanos,
el mejor ejemplo es México, donde, a pesar del compromiso de las Fuerzas
Armadas en el combate al narcotráfico, la violencia sigue aumentando.
Esto fue resaltado de forma contundente por el general
retirado Augusto Heleno Ribeiro Pereira en el programa Painel de Globonews el
17 de febrero, al afirmar que la clase política “derrite al país con su
corrupción, empezando con la cúpula del país, comenzando por el presidente de
la República.”
Según el oficial, ex comandante de la fuerza brasileña
en Haití, Brasil está en camino de convertirse en un “narcopaís”: “Somos hoy el
mayor consumidor de crack del mundo, el segundo de cocaína y el mayor lugar de
paso de drogas del mundo.”
Además de acelerar una pérdida de valores de
referencia de la sociedad, la corrupción también agrava los efectos
devastadores de la crisis económica, la peor de la historia de Brasil,
constatada en los altos índices de desempleo, en especial entre los jóvenes,
muchos de los cuales ven en la delincuencia una opción por la falta de
ocupación productiva. Río de Janeiro es el estado más golpeado por el deterioro
de la economía, lo cual no se podrá corregir con la política neoliberal bien
ejecutada por los últimos gobiernos. Aún con sus limitaciones, la intervención
podrá ser positiva, pues se propone abordar factores cruciales para el combate
eficiente del narcotráfico: la centralización del comando de las operaciones (a
cargo del general Walter Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este),
imprescindible para hacer frente a las organizaciones de alcance interestatal e
internacional, la represión de las redes de abastecimiento de armas,
municiones, drogas y por último el anuncio del gobierno de perseguir el lavado
de dinero, mediante la participación del órgano federal competente, el Consejo
de Control de Actividades Financiera (COAF). Sobre esto será crucial tomar
medidas radicales, y no cosméticas, tendientes a disciplinar el sistema
bancario nacional, hasta hoy incólume.
Las Fuerzas Armadas necesitan, además, un esquema
jurídico para operar como fuerzas policiacas, tal cual lo manifestó el
comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Bôas, para evitar la
posibilidad de una “futura Comisión de la Verdad”, una necesaria alusión a los
castigos revanchistas exigidos por el cabildo internacional auto nombrado
supuesto defensor de los derechos humanos.
Corregir los calamitosos índices actuales de
delincuencia y de violencia, en último análisis, sólo será posible en el marco
del reinició del desarrollo socioeconómico, y un renovado impulso al contenido
de la educación.
