El
Estado argentino se ha demostrado incapaz de brindar seguridad, trabajo o
vivienda. En su afán por regular todo, abrió las puertas para que lo esquiven
todos.
Alfil, 4 septiembre, 2020
Por Javier Boher
La situación de tomas de
tierras ha dejado al desnudo los límites de un Estado gigante pero inútil. El
sector público se ha convertido en algo así como un enano obeso, que es
importante en volumen pero inservible en sus funciones.
El fracaso del Estado en
Argentina no puede ser subsanado, tampoco, con la ilusión del mercado, que no
podría suplir las carencias estructurales que ha dejado el accionar estatal.
Las decenas de miles de
burócratas y políticos que se acumulan en las dependencias públicas han
confirmado un sistema críptico, imposible de desentrañar por aquellos que no pertenecen
a esa lógica de arreglos y acomodos entre amigos y militantes
Los avances de
organizaciones sociales y de codiciosos particulares sobre las tierras públicas
y privadas del país dejan a la vista que hay un problema de fondo que nadie
quiere resolver.
La falta de acceso a la
tierra y a la vivienda tiene que ver no solo con los bajos sueldos de los
trabajadores en general, sino también con las mafias y burocracias vinculadas a
los registros de propiedad y al papeleo que conlleva hacerse con un lote para
edificar un futuro.
En las sierras los lotes con
papeles son la excepción. Cada vez más las posesiones se imponen como el medio
para que la gente acceda a comprar un terreno. ¿Para qué sirven todas las leyes
y regulaciones, si después no existen ante la avasallante necesidad de la
gente?. Ciudades dormitorio han multiplicado sus poblaciones dos, tres o cuatro
veces en los últimos treinta años, mayormente de manera informal.
La falta de créditos
privados obliga al Estado a financiar obras, pero solo para los que están en
blanco. El resto de la gente, cada vez en mayor medida, cae en la precariedad
de la autoconstrucción o en las prefabricadas en 120 cuotas. Nada tiene planos,
ni habilitaciones. Tampoco servicios. Sin embargo, allí van creciendo, todavía
sin freno.
Esto se ve en el empleo,
donde cada vez más gente elige la informalidad para desempeñar sus tareas. La
brecha entre la Argentina legal y la Argentina de lo posible se va ampliando
cada vez más. Si alrededor de $50.000 va a ser considerado ganancia, ¿cuál es
el incentivo para estar en blanco?. En negro se puede ganar lo mismo, más los
beneficios que aporta el Estado de manera desigual.
Este colapso del Estado se
ve en la regulación de la cuarentena, que se cayó a pedazos por el exceso de
normativas imposibles de decodificar y cumplir. Solo en la atrofiada mente de
los rollizos funcionarios políticos puede ser una gran idea el apostar por una
solución absolutamente antinatural como lo es el encerrar a la gente durante
casi seis meses.
El problema de los que piden
más Estado es que no se dan cuenta de que este Estado fracasó en todos los
planos posibles. Hace 30 años que la pobreza aumenta, aunque también lo haga el
gasto social. Hace treinta años que no existen formas claras de acceso a la
vivienda fuera de la dádiva. Hace años que el trabajo en negro aumenta, con las
consecuencias negativas para el sistema previsional.
La voluntad regulatoria
conspira contra las necesidades de la gente, que encuentra numerosos y
poderosos incentivos para incumplir con todos los ordenamientos que se van
apilando unos sobre otros.
La gente no va a dejar de
vivir porque el Estado decida responder a los caprichos de una clase de gente
enamorada de la idea de la socialdemocracia nórdica con una ética latinoamericana
que inviabiliza todo. No se debe buscar un orden ideal, sino un orden posible.
Porque la gente no va a frenar ante una ley, especialmente cuando es letra
muerta en numerosos espacios.
