Mendoza da el ejemplo
La Nación, editorial, 17 de
septiembre de 2020
Mendoza es una de las
provincias con instituciones más vigorosas de la Argentina. Comparada con el
Estado nacional o con los sistemas feudales que arrasan con las instituciones
de la democracia en muchos de los estados provinciales, comenzando por la
vecina provincia de San Luis, en manos de una dinastía familiar desde 1983,
esta cualidad es digna de ser destacada, pues tiene mucho de mérito propio.
Por un lado, la Constitución
provincial prohíbe la reelección del gobernador y que lo sucedan su esposa,
hijos o hermanos, con lo que garantiza la sana alternancia en el ejercicio del
poder; por el otro, la provincia es cuna de una cultura institucionalista
basada en la imperiosa necesidad de administrar de manera democrática los recursos
escasos, incluida el agua.
La activa sociedad civil
mendocina ha sabido incidir en diversos ámbitos, desde impedir avasallamientos
al ambiente hasta organizar debates con los candidatos a gobernador durante las
elecciones.
El valioso antecedente de
Mendoza debería servir como impulso al Congreso Nacional para sancionar su
propia ley de ficha limpia
Esta vez fue el Poder
Legislativo provincial el que dio pasos firmes hacia la sanción de una ley
denominada de ficha limpia, fundamental para evitar que condenados por
corrupción y otros delitos se presenten a competir por cargos electivos u
ocupen puestos de gobierno.
El proyecto fue aprobado
ayer por la Cámara de Diputados mendocina, por 48 votos positivos y uno
negativo de la representante de la izquierda política, y fue enviado en
revisión al Senado. Contempla que no podrán ser candidatos a cargos
partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni postulantes en
comicios generales a cargos públicos, ni funcionarios estatales las personas
que se encuentren condenadas, en juicio oral y público, a pena privativa de la
libertad, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de
cumplimiento en suspenso, por delitos contra la administración pública, es
decir, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones
ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y
fraude en perjuicio de la administración pública. Durante la sesión de ayer se
incorporó, además, la prohibición de acceder a esas candidaturas y cargos a los
condenados por delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y
el estado civil de las personas.
Además, se determinó que los
funcionarios públicos deberán presentar ante la Oficina Anticorrupción del
distrito un certificado que acredite que no poseen antecedentes penales y, una
vez que hayan asumido sus cargos, se les exigirá mantener una conducta acorde
con el cumplimiento de las gestiones que se les asignen.
Los legisladores nacionales
ya cuentan con una petición ciudadana de la plataforma Change.org, avalada por
casi 360.000 firmas, para legislar sobre la materia
El proyecto había sido
presentado por la diputada radical María José Sanz y contó con el apoyo de
miembros de su bloque y de la amplia mayoría del resto de las bancadas, que
realizaron aportes, tanto en comisión como en el recinto, los que fueron
aceptados por el oficialismo. Sin embargo, durante la discusión en particular,
la oposición representada por el justicialismo y el Frente de Todos se abstuvo
de votar el inciso por el que se decidió no esperar hasta las sentencias
firmes.
El amplio apoyo registrado
ayer en el recinto demuestra que, cuando hay iniciativas que hacen a la esencia
del fortalecimiento del sistema democrático, las diferencias partidarias pueden
y deben ser superadas. Lo que procura evitar el sistema de ficha limpia es que
dirigentes corruptos busquen fueros mediante el acceso a cargos electivos o
hallen protección e impunidad al asumir funciones ejecutivas.
Esta construcción de
acuerdos no solo sienta un interesante precedente en Mendoza, sino que también
marca el camino que debería seguir el Congreso Nacional, que desde hace tiempo
ignora una petición ciudadana en este sentido, impulsada por la plataforma
Change.org, que reúne ya casi 360.000 firmas y que fue presentada el 5 del mes
último al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli
(Pro-Ciudad de Buenos Aires).
En Brasil, por ejemplo, una
norma de ese tipo impidió que Lula da Silva, condenado por corrupción, volviera
a ser candidato
Laura Muñoz, testigo clave
en la causa Ciccone, que involucra al exvicepresidente Amado Boudou, y quien al
día de hoy aún vive con custodia, compromete fuertemente su apoyo a esta
iniciativa. Muñoz conoce muy bien el daño que puede causar la corrupción en el
poder y el riesgo que corren los ciudadanos que se atreven a denunciar la
corrupción estatal.
Ejemplos como los de Carlos
Menem, quien se amparó en sus fueros legislativos a pesar de haber sido
condenado por tráfico de armas, continúan irritando a una ciudadanía que
reconoce en la ausencia de una ley de ficha limpia la victoria de la impunidad.
"Hay personas que no debieron haber sido elegidas por la simple razón de
que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me refiero a
la vicepresidenta electa", expresó Elisa Carrió en su momento respecto de
los 13 procesamientos y los siete pedidos de prisión preventiva que pesaban
sobre la mandataria.
Existen ejemplos de ficha
limpia en países vecinos como Brasil, donde más de 1,3 millones de ciudadanos
apoyaron un petitorio que condujo, en 2010, a la sanción de la ley que impidió
a Lula da Silva presentarse como candidato por hallarse condenado en la causa
Lava Jato.
El Senado aprobó la remoción
de los jueces que investigan a Cristina Kirchner
Mendoza fue la primera
provincia en sancionar su Constitución, luego de la jura de la nacional, en
1853. En 1895, reforma constitucional mediante, incorporó la cláusula contra el
nepotismo al prohibir la sucesión inmediata del gobernador por parte de sus
familiares. Un ejemplo que hoy se preserva y que se ubica en las antípodas de
distritos como Catamarca, Formosa y Santa Cruz, que mantienen hasta nuestros
días la reelección indefinida de sus gobernantes.
Con la aprobación
parlamentaria de ayer, que esperamos sean ratificada por el Senado provincial,
ha quedado confirmada en Mendoza su extensa tradición republicana. Es esa
solidez institucional, junto a la cultura del esfuerzo y el trabajo, lo que ha
hecho posible su progreso, a pesar de ser la más discriminada, después del
distrito bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la distribución
de los recursos de la coparticipación federal de impuestos.
Celebramos el ejemplo de
Mendoza -pueblo tan alabado por José de San Martín- en estos tiempos oscuros en
los que se ciernen tormentas amenazantes sobre los pilares fundantes de la
Nación.
No solo se ha constituido en
la provincia argentina pionera en avanzar hacia la sanción de una norma de
estas características, sino que sentará un valioso precedente para impulsarla a
nivel nacional, además de ratificar su compromiso con la lucha por una
democracia libre de corrupción, sin políticos sucios.
