Por Guillermo Marcó *
El Litoral, 10-9-20
(publicado en Clarín)
Me pregunto si estamos
asistiendo lenta o aceleradamente a la disgregación nacional. Voy a centrarme
en un episodio que parece pequeño: lo que está sucediendo en Villa Mascardi,
una pequeña población de nuestra querida Patagonia, dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi. Hay propietarios que acreditan sus títulos de posesión o de
cesión del Estado nacional o provincial, que a su vez pagan tasas e impuestos
tanto a la Provincia como a la Nación.
Los ciudadanos en un país
organizado renunciamos al uso de la violencia por mano propia y ante hechos
ilícitos recurrimos al Estado, que debe velar por los derechos de todos sus
habitantes y por su seguridad. Esto viene a cuento porque es de público
conocimiento que varias propiedades en ese bellísimo lugar fueron en los
últimos tiempos usurpadas o incendiadas. Hubo dueños agredidos o, cuanto menos,
amedrentados.
Me pregunto si son
argentinos quienes llevan adelante estas acciones, aunque invoquen una dudosa
pertenencia al pueblo mapuche. ¿Estamos regidos por las mismas leyes o el
Estado nacional y provincial les concedió soberanía sobre la tierra que
usurpan? De ser así estaríamos ante el reconocimiento tácito de un nuevo
Estado. Entonces, los habitantes de la zona deberían dejar de pagar los
impuestos a la Argentina para dárselos a ellos.
Quizá, a cambio, podrían
convivir en paz y ser defendidos de una ministra de Seguridad que, en lugar de
velar por ellos, los denuncia. Eso sí, habría que establecer una aduana para
transitar por la Ruta 40 que atraviesa el lugar y la bandera debería ser la del
pueblo mapuche.
Convendría que el Gobierno
que se jacta de ser peronista siga los consejos del general Perón que decía:
“Cada argentino, piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable
derecho a vivir en seguridad y pacíficamente”. También afirmaba: “El Gobierno
tiene la obligación insoslayable de asegurarlo”. Y señalaba: “Quien altere este
principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común
que debemos combatir sin tregua, porque no ha de poderse hacer nada en la
anarquía que la debilidad provoca o en la lucha que la intolerancia desata”.
(Discursos de junio a octubre de 1973).
Es imperativo que todos los
argentinos nos rijamos por las mismas leyes, las del país, para que no todo sea
confusión en el reino del revés y la inacción lleve a que los problemas tengan
cada vez más difícil solución.
Frente a la justificación -o casi- de las usurpaciones que suele deslizar Juan Grabois y la creencia de Elisa Carrió de que el Papa Francisco en cierta forma lo apaña, convendría recordar las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia en la encíclica Rerum Novarum de León XIII:
“Para solucionar este mal, los socialistas,
atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la
propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los
bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o
gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los
particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el
bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero
esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a
perjudicar a las propias clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues
ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la
república y agita fundamentalmente a las naciones”.
No robar y no codiciar los
bienes ajenos, siguen teniendo vigencia universal.
Reflexiones del Papa que
adelantan la encíclica Todos Hermanos.
*El autor es párroco de la
parroquia Universitaria San Lucas de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
