La
Nación, editorial, 4-9-15
Si hay
algo que ha caracterizado a la política local nacional durante esta última
década ha sido la ausencia de planificación. Lo coyuntural es lo importante, el
resto puede esperar. Eso refleja la reciente inundación en la p'rovincia de
Buenos Aires, que dejó cinco víctimas mortales y 30.000 personas afectadas,
entre las cuales 6000 debieron abandonar sus hogares.
Esta
ausencia de Estado en la provincia que supo ser el emblema de la riqueza
argentina ocurre hace demasiados años. No ha existido una verdadera
sensibilidad para advertir la magnitud del problema que está en juego y las
políticas preventivas, que hubieran impedido que esta situación se volviera
incontrolable. Para ello se habría requerido una mentalidad atenta al mediano o
largo plazo, algo que prácticamente resulta desconocido en nuestros dirigentes.
Las intensas lluvias recientes y varios problemas estructurales, cuya solución
ha sido reiteradamente postergada, hicieron más evidente un fenómeno cuya
recurrencia pone al descubierto la necesidad de una política que vaya mas allá
de "entubar" o "polderizar" ciertas zonas.
La
reacción, propia de una metodología cortoplacista en plena época de elecciones,
no se hizo esperar: la legislatura bonaerense aprobó un proyecto de ley que
ratifica el decreto de emergencia hídrica para los municipios afectados,
autorizando al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta 4500 millones de pesos para
realizar obras en la cuenca del Río Luján. La iniciativa contempla exenciones
en el pago de los impuestos inmobiliario, a los automotores, ingresos brutos y
sellos para los afectados. Hay que disimular la inacción de tantos años en
menos de dos meses.
Ocurre
que la urbanización no se ha ejecutado en consonancia con el medio y un gran
porcentaje de los humedales bonaerenses ha sido ocupado por la construcción de
barrios, lo que implicó el relleno de áreas que actuaban como
"esponjas" y de ese modo se afectó el normal desarrollo de estos
ecosistemas. Algo que se agrava en la provincia de Buenos Aires debido a la
ausencia de pendientes, que impide el rápido escurrimiento de las aguas.
Es por
eso que una de las medidas más estratégicas debería ser la protección de estos
humedales que, entre varios servicios ecosistémicos, amortiguan los excedentes
hídricos. Se trata de funciones esenciales que, al momento de realizar una
evaluación de impacto ambiental de los proyectos de obras de infraestructura,
son prácticamente ignorados.
En ese
sentido, cabe mencionar que existe un proyecto de ley de presupuestos mínimos
para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales
mediante el cual se busca establecer un piso mínimo de protección de estos
ecosistemas. La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado durante el año
2013, nunca fue aprobada por la Cámara de Diputados. Mediante su aplicación se
procuraba la armonización de las actividades productivas con los servicios
ambientales que brindan los humedales. Su aprobación hubiera fortalecido el
mantenimiento de los procesos ecológicos tales como la provisión de agua y la
regulación del régimen hidrológico de las cuencas nacionales. Asimismo promovía
la conservación, el uso racional, y la limitación de las actividades que
resulten una amenaza para la conservación de dichos ecosistemas.
Es
cierto que la relevancia de los humedales está poco difundida. La sociedad
desconoce sus funciones así como los bienes y servicios que éstos proveen: además
de actuar como amortiguadores de los excedentes hídricos, los humedales proveen
de agua potable, contribuyen al filtrado y retención de nutrientes y
contaminantes, disminuyen el poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad
de circulación hacia el mar, mitigan la pérdida y salinización de los suelos,
ayudan a la estabilización de la línea de costa y controlan la erosión costera,
almacenan carbono en el suelo, contribuyen a la carga y descarga de acuíferos y
sirven a la estabilización del microclima. Al no contemplarse estos servicios
ambientales, las acciones antrópicas que los dañan acarrean consecuencias que
luego debe afrontar la comunidad con sus impuestos.
Nuestro
país cuenta con aproximadamente 600.000 mil kilómetros cuadrados de humedales,
lo que representa el 21 por ciento del territorio nacional. Por ello es
importante incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una ley de presupuestos
mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de estos
ecosistemas. Es cierto, no es la única solución para poner freno a estas
inundaciones, pero mas allá de una necesaria planificación y de las obras de
infraestructura que fueran necesarias, la aprobación de esta norma contribuiría
a poner en valor los humedales. Sería un instrumento que ayudaría a planificar
las actividades en zonas inundables, de modo de evitar o mitigar los posibles
daños que la inacción, como hemos visto, no va a evitar.
