Andrés Oppenheimer
LA NACION, 29-9-15
El gobierno del
presidente Obama; el papa Francisco; el secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, y los presidentes de Colombia, Cuba, Venezuela y muchos
otros países aplaudieron con entusiasmo el acuerdo preliminar de Colombia con
la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto armado de cinco décadas
que ha causado más de 220.000 muertes en ese país. Pero puede que estén
celebrando prematuramente.
En primer lugar, el acuerdo preliminar se puede
estancar en el Congreso de Colombia. Los legisladores de la oposición dicen que
el acuerdo actual, que establece un plazo de seis meses para un acuerdo final,
necesitaría una reforma constitucional, entre otras cosas porque la actual
Constitución no permite que personas acusadas de crímenes de lesa humanidad
puedan postularse a cargos públicos.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos tiene
suficientes votos en el Congreso para reformar la Constitución, puede que no
tenga tiempo para hacerlo. Los expertos legales estiman que se necesitarían
ocho debates legislativos que tomarán 14 meses para aprobar una reforma
constitucional, lo que va mucho más allá de la fecha límite fijada para la
ejecución del acuerdo.
En segundo lugar, el acuerdo de paz podría ser
derrotado en un referéndum público, que Santos ha prometido convocar. Las
encuestas muestran que la mayoría de los colombianos apoyan un acuerdo de paz,
pero que también detestan a las FARC y están en contra de dejar sin penas de
prisión a los responsables de crímenes de guerra como masacres, torturas
sistemáticas o el reclutamiento forzoso de niños para la guerra.
El ex presidente y líder opositor Álvaro Uribe y
varios grupos de derechos humanos están criticando duramente este acuerdo de
paz por permitir que criminales de guerra puedan evitar ir a la cárcel. Bajo el
acuerdo actual, los responsables de delitos de lesa humanidad podrán cumplir
sus condenas en áreas restringidas vagamente definidas -podrían ser sus pueblos
o ciudades- y tendrían que hacer servicio comunitario.
"Esto podría sentar un precedente terrible -me
dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human
Rights Watch-. Existe un consenso en el derecho internacional de que, cuando se
trata de crímenes de guerra, estas atrocidades deben ser castigadas. Hacer
servicio comunitario en una zona restringida del país no califica como un
castigo."
Asimismo, Amnistía Internacional dice que
"definiciones vagas y potenciales amnistías (en el acuerdo) hacen aumentar
el temor de que no se hará justicia con todos los violadores de los derechos
humanos". La organización añade que "la única manera de que Colombia
salga de su turbulenta historia es asegurar que todos los responsables finalmente
rindan cuentas por sus crímenes".
En tercer lugar, la mayoría de los principales
comandantes de la guerrilla de las FARC están siendo requeridos para
extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y hay una recompensa
de 5 millones de dólares sobre sus cabezas. Aunque el gobierno de Obama apoya
entusiastamente este acuerdo, no está nada claro que el sistema de justicia de
Estados Unidos anule sus pedidos de extradición.
Al preguntársele sobre si el gobierno de Obama no
desdeñó el tema de los derechos humanos cuando aplaudió el acuerdo la semana
pasada, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz
colombiano, Bernard Aronson, me dijo que no hay unanimidad entre los expertos
legales sobre si los comandantes de las FARC deben ir a la cárcel.
"Son los colombianos, las víctimas de guerra,
quienes tienen el derecho de decidir en qué términos están dispuestos a poner
fin a esta guerra -me dijo-. No me corresponde a mí ni a ningún otro
norteamericano que no viva en Colombia decir si este acuerdo es o no
justo."
Mi opinión: los líderes mundiales se apresuraron
demasiado en aplaudir este acuerdo. Si en los próximos seis meses Santos
anuncia que los narcoterroristas de las FARC acusados de crímenes de lesa
humanidad han aceptado cumplir al menos algún tiempo en prisión -como lo
hicieron los narcoterroristas de los grupos paramilitares de derecha en
Colombia-, el acuerdo de paz merecería apoyo. De otra manera, cuéntenme entre
los escépticos.
