miércoles, 25 de julio de 2018

CUESTIÓN MAPUCHE




por Hugo Morales
Informador Público, 25-7-18

Neuquén.- Las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre la obligación de las comunidades Mapuches de respetar la Ley argentina, precedida de las muertes del artesano Santiago Maldonado y del manifestante mapuche Rafael Nahuel, la extradición a Chile del lonko (cacique) Facundo Jones Huala y la permanente confrontación con las fuerzas de seguridad, especialmente la Prefectura y la Gendarmería, en el sur del país, ha vuelto a poner sobre el tapete de la discusión pública la denominada “Cuestión Mapuche”.

Si bien el grueso de las comunidades aborígenes de esta región aún están lejos de protagonizar episodios de violencia como los ocurridos en Río Negro y Chubut, la cercanía y los vasos comunicantes por una frontera abierta y descuidada con Chile, coloca al tema en el centro de gravedad a un problema serio para el país y da crédito a las innúmeras versiones sobre presencias de elementos terroristas desde hace varios años. Además de desnudar una falta de política integral hacia el sector.

Desde hace tiempo en el imaginario de determinadas agencias de Inteligencia se especula con la posibilidad que agentes de extranjeros estén presuntamente accionando para conseguir el fin último: el reconocimiento a nivel internacional de la tan mentada “Nación Mapuche”, una amplia franja territorial que va desde el río Bío Bío en Chile hasta el norte de la Provincia de Buenos Aires y desde Valdivia hasta el sur de Bahía Blanca, uniendo a dos océanos y en donde se encuentran los más ricos yacimientos de gas y petróleo (Vaca Muerta incluida) y las fuentes de agua dulce más importantes del continente. La existencia de una filial Mapuche en Inglaterra alimenta este imaginario de un complot permanente contra La Patagonia asociado a nombres muy importantes como Benetton o Lewis. Incluso existen denuncias judiciales aún no develadas

Pero así como trascienden estas extremidades, también se debe aclarar que los actos de violencia son protagonizados por células pequeñas y extremistas, como es el caso del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), con vasos comunicantes con ex organizaciones terroristas chilenas como los denominados Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento de Intransigencia Revolucionaria (MIR), de fuerte actividad durante la dictadura de Augusto Pinochet y no por gran parte de la familia Mapuche, que mantiene una convivencia pacífica de años con la población criolla y está muy alejada de protagonizar estos episodios que se denuncian con llamativa frecuencia.

La presencia del ex juez español Baltazar Garzón en San Martín de los Andes en noviembre del 2014 motorizado por el reclamo Mapuche, es un claro ejemplo de extranjerizar la demanda ante la Comunidad Internacional para llegar a que la ONU reconozca la existencia de un territorio liberado de las jurisdicciones de Chile y Argentina. En ese momento fue la pulseada por la colocación en la principal plaza pública de la ciudad, de una bandera Mapuche que -aún hoy- flamea en el medio de las banderas de la Nación Argentina y de la Provincia del Neuquén.

Aceptar por parte del Municipio local -en ese momento gobernaba el kirchnerista Juan Carlos Fernández- y su complacencia por parte de la Provincia y de la Nación, de la existencia de ese símbolo de un reclamante de soberanía es darle a la cuestión una clara aceptación del Estado argentino. Hoy las comunidades mapuches de San Martín de los Andes no cesan con ese reclamo y pese a que no utilizan, por ahora, métodos violentos la han emprendido contra todo aquello que signifique una fuente económica importante: la pretensión de ocupar tierras del Cerro Chapelco, el más importante centro de esquí de la Argentina y de Latinoamérica, es otro ejemplo más. Lo mismo ocurre con la toma de tierras cercanas a Vaca Muerta, el más rico yacimiento de petróleo y gas y sobre el que convergen millonarias inversiones de las grandes multinacionales petroleras.

De todos modos en la Argentina, los cuestionamientos no han tomado, aún, la virulencia que registra la protesta aborigen en Chile donde, precisamente, hay persecución judicial bajo la acusación a líderes mapuches (caso Jones Huala) de, presuntamente, cometer asesinatos y atentados en la región de la Araucanía que se une a Neuquén y Río Negro por varios pasos habilitados y otros no tanto que posibilitan un tránsito fluido ilegal de personas y de mercaderías.

Los asesinos del policía neuquino José Aigo -curiosamente un Mapuche alistado en una fuerza de seguridad argentina- fueron identificados como elementos terroristas desprendidos de las mencionadas agrupaciones insurgentes chilenas.

Las denuncias por presuntas presencias de agentes terroristas vinculados a la ETA española (la Policía Internacional de Chile impidió, hace unos años, el ingreso de una combi con varios elementos a bordo por el paso Samoré y devueltos a Bariloche o a las FARC colombianas), se difundieron por todas partes. Las últimas fueron las de Carlos “Nuno” Sapag, hermano del ex gobernador Jorge Sapag- pero no se conoce que desde la Justicia Federal o desde el mismo Gobierno nacional se hayan tomado cartas serias en el tratamiento de esta situación.

Tanto fue el manejo político del caso Aigo que al principio intervino un juez civil de quien se apartó apenas la familia del policía muerto y las presiones de las comunidades civiles de Junín y San Martín de los Andes hicieron que la causa llegara a la Justicia Penal aunque a todas luces se trató de una caso federal ya que intervinieron dos terroristas extranjeros -buscados en su país por la Justicia chilena- y mataron a un agente de un Estado extranjero (Aigo) en territorio de ese país.

Al principio se dijo que al estar involucrado un hijo del ex intendente Fernández, se trataba de darle una supuesta protección política. Las razones son mucho más profundas. En ese momento, las FARC gozaban de la protección del gobierno venezolano de Hugo Chávez, quien mantenía una relación más que carnal con el gobierno argentino de Cristina Fernández, donde ejercía fuerte influencia el ex secretario general de la Presidencia y posterior jefe de la AFI (Ex Side), Oscar Parrilli, un hombre que dominó ampliamente al Frente para la Victoria (FpV) en Neuquén

Precisamente, ahora, en medio del revoleo por los enfrentamientos con La Prefectura y Gendarmerìa de Argentina y con Carabineros en Chile, además de las causas criminales abiertas en ese país en busca de pruebas sobre atentados y muertes, acaba de conocerse un denominado “MANUAL DE RESISTENCIA MAPUCHE” cuya finalidad sería la de instruir a las comunidades para organizar y enfrentar a los gobiernos de ambos países, de cuyas constituciones se reniega rotundamente.