por Hugo Morales
Informador Público, 25-7-18
Neuquén.- Las declaraciones del presidente Mauricio
Macri sobre la obligación de las comunidades Mapuches de respetar la Ley
argentina, precedida de las muertes del artesano Santiago Maldonado y del
manifestante mapuche Rafael Nahuel, la extradición a Chile del lonko (cacique)
Facundo Jones Huala y la permanente confrontación con las fuerzas de seguridad,
especialmente la Prefectura y la Gendarmería, en el sur del país, ha vuelto a
poner sobre el tapete de la discusión pública la denominada “Cuestión Mapuche”.
Si bien el grueso de las comunidades aborígenes de
esta región aún están lejos de protagonizar episodios de violencia como los
ocurridos en Río Negro y Chubut, la cercanía y los vasos comunicantes por una
frontera abierta y descuidada con Chile, coloca al tema en el centro de
gravedad a un problema serio para el país y da crédito a las innúmeras
versiones sobre presencias de elementos terroristas desde hace varios años.
Además de desnudar una falta de política integral hacia el sector.
Desde hace tiempo en el imaginario de determinadas
agencias de Inteligencia se especula con la posibilidad que agentes de
extranjeros estén presuntamente accionando para conseguir el fin último: el
reconocimiento a nivel internacional de la tan mentada “Nación Mapuche”, una
amplia franja territorial que va desde el río Bío Bío en Chile hasta el norte
de la Provincia de Buenos Aires y desde Valdivia hasta el sur de Bahía Blanca,
uniendo a dos océanos y en donde se encuentran los más ricos yacimientos de gas
y petróleo (Vaca Muerta incluida) y las fuentes de agua dulce más importantes
del continente. La existencia de una filial Mapuche en Inglaterra alimenta este
imaginario de un complot permanente contra La Patagonia asociado a nombres muy
importantes como Benetton o Lewis. Incluso existen denuncias judiciales aún no
develadas
Pero así como trascienden estas extremidades, también
se debe aclarar que los actos de violencia son protagonizados por células
pequeñas y extremistas, como es el caso del RAM (Resistencia Ancestral
Mapuche), con vasos comunicantes con ex organizaciones terroristas chilenas como
los denominados Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento de
Intransigencia Revolucionaria (MIR), de fuerte actividad durante la dictadura
de Augusto Pinochet y no por gran parte de la familia Mapuche, que mantiene una
convivencia pacífica de años con la población criolla y está muy alejada de
protagonizar estos episodios que se denuncian con llamativa frecuencia.
La presencia del ex juez español Baltazar Garzón en
San Martín de los Andes en noviembre del 2014 motorizado por el reclamo
Mapuche, es un claro ejemplo de extranjerizar la demanda ante la Comunidad
Internacional para llegar a que la ONU reconozca la existencia de un territorio
liberado de las jurisdicciones de Chile y Argentina. En ese momento fue la
pulseada por la colocación en la principal plaza pública de la ciudad, de una
bandera Mapuche que -aún hoy- flamea en el medio de las banderas de la Nación
Argentina y de la Provincia del Neuquén.
Aceptar por parte del Municipio local -en ese momento
gobernaba el kirchnerista Juan Carlos Fernández- y su complacencia por parte de
la Provincia y de la Nación, de la existencia de ese símbolo de un reclamante
de soberanía es darle a la cuestión una clara aceptación del Estado argentino.
Hoy las comunidades mapuches de San Martín de los Andes no cesan con ese
reclamo y pese a que no utilizan, por ahora, métodos violentos la han
emprendido contra todo aquello que signifique una fuente económica importante:
la pretensión de ocupar tierras del Cerro Chapelco, el más importante centro de
esquí de la Argentina y de Latinoamérica, es otro ejemplo más. Lo mismo ocurre
con la toma de tierras cercanas a Vaca Muerta, el más rico yacimiento de
petróleo y gas y sobre el que convergen millonarias inversiones de las grandes
multinacionales petroleras.
De todos modos en la Argentina, los cuestionamientos
no han tomado, aún, la virulencia que registra la protesta aborigen en Chile
donde, precisamente, hay persecución judicial bajo la acusación a líderes
mapuches (caso Jones Huala) de, presuntamente, cometer asesinatos y atentados
en la región de la Araucanía que se une a Neuquén y Río Negro por varios pasos
habilitados y otros no tanto que posibilitan un tránsito fluido ilegal de
personas y de mercaderías.
Los asesinos del policía neuquino José Aigo
-curiosamente un Mapuche alistado en una fuerza de seguridad argentina- fueron
identificados como elementos terroristas desprendidos de las mencionadas
agrupaciones insurgentes chilenas.
Las denuncias por presuntas presencias de agentes
terroristas vinculados a la ETA española (la Policía Internacional de Chile
impidió, hace unos años, el ingreso de una combi con varios elementos a bordo
por el paso Samoré y devueltos a Bariloche o a las FARC colombianas), se
difundieron por todas partes. Las últimas fueron las de Carlos “Nuno” Sapag,
hermano del ex gobernador Jorge Sapag- pero no se conoce que desde la Justicia
Federal o desde el mismo Gobierno nacional se hayan tomado cartas serias en el
tratamiento de esta situación.
Tanto fue el manejo político del caso Aigo que al principio
intervino un juez civil de quien se apartó apenas la familia del policía muerto
y las presiones de las comunidades civiles de Junín y San Martín de los Andes
hicieron que la causa llegara a la Justicia Penal aunque a todas luces se trató
de una caso federal ya que intervinieron dos terroristas extranjeros -buscados
en su país por la Justicia chilena- y mataron a un agente de un Estado
extranjero (Aigo) en territorio de ese país.
Al principio se dijo que al estar involucrado un hijo
del ex intendente Fernández, se trataba de darle una supuesta protección
política. Las razones son mucho más profundas. En ese momento, las FARC gozaban
de la protección del gobierno venezolano de Hugo Chávez, quien mantenía una
relación más que carnal con el gobierno argentino de Cristina Fernández, donde
ejercía fuerte influencia el ex secretario general de la Presidencia y
posterior jefe de la AFI (Ex Side), Oscar Parrilli, un hombre que dominó
ampliamente al Frente para la Victoria (FpV) en Neuquén
Precisamente, ahora, en medio del revoleo por los
enfrentamientos con La Prefectura y Gendarmerìa de Argentina y con Carabineros
en Chile, además de las causas criminales abiertas en ese país en busca de
pruebas sobre atentados y muertes, acaba de conocerse un denominado “MANUAL DE
RESISTENCIA MAPUCHE” cuya finalidad sería la de instruir a las comunidades para
organizar y enfrentar a los gobiernos de ambos países, de cuyas constituciones
se reniega rotundamente.
