Una decisión claramente influenciada por la ideología garantista.
Los efectivos de las fuerzas
policiales ya no deberán someterse al detector de mentiras
Infobae, 7 de abril de 2020
El Gobierno dejó sin efecto
el requisito para el personal de las fuerzas policiales y de seguridad de
someterse a una prueba de polígrafos, comúnmente conocido como detectores de
mentiras, para poder ingresar en determinados cargos. La medida fue anunciada a
través de la Resolución 74/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Además, se ordenó que los
aparatos de este tipo que fueron adquiridos por el Estado en el 2018 y que iban
a ser usados con ese fin, sean destinados a través de la Secretaria de
Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional para su “posible
aplicación en ámbitos académicos y médicos”.
De esta manera, la actual
gestión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó una decisión que
había tomado su antecesora, Patricia Bullrich, y solicitó también que se
realice una auditoría interna sobre “la adquisición de los polígrafos” mencionados.
Durante la administración de
Cambiemos se determinó que los efectivos debían someterse a este tipo de
pruebas para, por ejemplo, poder ingresar en los Grupos Operativos Conjuntos de
Investigaciones contra el Narcotráfico (GOCIN).
Con la normativa anterior
también se había aprobado el uso de esta herramienta, de forma “voluntaria y
optativa”, para todos los integrantes de las fuerzas federales que quisieran
entrar en otras áreas o equipos especiales.
Asimismo, el examen podía
ser solicitado por los agentes de seguridad “en el marco de actuaciones
disciplinarias” en las que estuvieran involucrados, ya sea “en carácter de
sospechoso, investigado y/o imputado”.
Incluso estas pruebas podían
originar nuevas investigaciones "y/o facultar la intervención de las
juntas de reconocimientos médicos, de conformidad con los principios y
normativa vigente en el ámbito de la respectiva Fuerza”.
A partir de la Resolución
74/2020, todas estas medidas quedaron “sin efecto” y se prohibió el uso de
estos aparatos “en el ámbito del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad que le dependen”.
Entre los Considerandos, el
Gobierno resaltó que “los Estados con tradiciones y sistemas jurídicos análogos
a nuestro país descartan” la utilización de los detectores de mentiras, “por
considerarlos lesivos de derechos y garantías individuales y por trasuntar una
forma de cosificar a la persona humana, contraria a su dignidad”.
En este sentido, el
documento firmado por Frederic recordó algunos fallos de la Corte Suprema de
España que van en esta misma línea y aseguró que “la inviabilidad jurídica de
admitir la validez de este presunto medio de prueba también se proyecta al
ámbito administrativo, que no puede permanecer ajeno a las inconsistencias de
estos instrumentos tecnológicos con garantías insoslayables del Estado de
Derecho y del orden internacional de los derechos humanos”.
“La Constitución Nacional
determina que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y que es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18); y
consagra el principio de inviolabilidad de la dignidad humana (arts. 33 y 75,
inc. 22)”, agregó la Resolución.
Por último, en el texto se
explicó que la ex Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de
Pruebas de Integridad tomó conocimiento de cuatro polígrafos que fueron
adquiridos por el Estado en 2018 para realizar estas pruebas, pero que “no han
sido utilizados hasta el momento”, por lo que es recomendable entregarlos al
ámbito académico.
