Por Armando J.
Ribas (h)
La Prensa,
21.10.2024
Las organizaciones
guerrilleras enfrentaron a sangre y fuego a varios gobiernos. En una primera
etapa a los encabezados por Levingston (1970/71) y Lanusse (marzo 1971/mayo
1973). En ambos casos con el explícito apoyo de Perón desde su exilio en
Madrid, quién no solo no condenó los asesinatos, robos y secuestros, sino que
los alentó. Así lo hizo a pesar de que Lanusse ya había levantado la
proscripción del peronismo y llamado a elecciones para que el país volviera al
cauce constitucional.
En marzo de 1971 se
creó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (despectivamente llamada el
Camarón, con el objeto de investigar y juzgar los crímenes cometidos por la
guerrilla garantizando el derecho de defensa en juicio. La ley fue impulsada y
suscripta por el Ministro de Justicia Jaime Perriaux, como así también por el
dirigente radical Arturo Mor Roig, en ese entonces Ministro del Interior. Mor
Roig, segundo en la jerarquía radical después de Balbín, había aceptado el
cargo porque creía que era la mejor manera de lograr una transición consensuada
con las FF.AA. hacia una salida democrática. Por su participación en dicho
gobierno, Raúl Alfonsín solicitó su expulsión del partido. Mor Roig luego sería
alevosamente asesinado por Montoneros el 15 de julio de 1974 cuando ya estaba
retirado de la vida política.
Hasta el 25 de
mayo de 1973 el Camarón había abierto 8.927 causas, dictado cientos de condenas
contra terroristas y miles de absoluciones
El 25 de mayo de
1973 Cámpora asumió la Presidencia de la Nación. Esa misma noche, ante la
presión de las organizaciones guerrilleras y con el expreso consentimiento de
Perón dado desde Madrid se ordenó liberar a cientos de terroristas que habían
sido condenados por dicho Tribunal. El sábado 26 el Congreso, con el voto
unánime de radicales y peronistas, sancionó la Ley de Amnistía N° 20.508. Luego
de semejante acto de barbarie política e institucional la Cámara en pleno
entonó, emocionada, el himno nacional.
Inmediatamente se
derogó la ley que había creado la Cámara Federal Penal. Sus 9 miembros fueron
perseguidos por los guerrilleros liberados. Tres sufrieron atentados contra su
vida. Uno de ellos, el Dr. Jorge Quiroga, fue asesinado por guerrilleros del
ERP el 28 de abril de 1974. Los restantes miembros del Tribunal huyeron al exterior
para salvar sus vidas.
En ese contexto,
se desató la guerra entre la derecha y la izquierda peronista. Todas las
agrupaciones políticas peronistas y radicales de entonces participaban de un
mismo credo nacionalista, antiimperialista, intransigente y tenían un
pensamiento binario y maniqueo: de un lado el pueblo, del otro el antipueblo.
Para poner solo un ejemplo: los principales líderes de la llamada Junta
Coordinadora Nacional del radicalismo (Storani, Moreau, Stubrin, Nosiglia),
aliada ya en ese entonces a Alfonsín, frecuentaban a los líderes Montoneros e
incluso participaban de los actos públicos que organizaba esa organización
guerrillera.
Paradójicamente, y
a diferencia de la persecución penal realizada contra la guerrilla por la
dictadura de Lanusse mediante un Tribunal especial que garantizaba su defensa
en juicio, estando vigente el estado de derecho, durante la presidencia de
Perón, se inició el terrorismo de estado mediante la Triple A comandada por
José López Rega con el expreso consentimiento de Perón y policías federales
nombrados por distintos decretos suscriptos por él mismo.
ORDENES SECRETAS
Ya en octubre de
1973 Perón imparte las “ordenes secretas” para combatir clandestinamente al
terrorismo y el 21 de enero de 1974 en forma pública, luego del ataque del ERP
al regimiento de Azul, rodeado de los más altos dignatarios del país le pide al
“Movimiento Nacional Justicialista”, a los “trabajadores” e inclusive a las
“fuerzas políticas” y al “pueblo en general” que “tomen partido activo en la
defensa de la República” a fin de “aniquilar cuanto antes al terrorismo
criminal”.
El discurso de
Perón recibió como réplica, al día siguiente, una carta pública de Francisco
Manrique en la que le recriminó en durísimos términos que “se movilicen otros
factores que los institucionalmente indicados para atender ese brote de
salvajismo. Y menos indicado, que contra una acción disolvente se transite por
el peligroso camino de acudir a otras organizaciones que por más aptas que sean
para la cosa política o gremial resultan irregulares para el intento de
recuperar y mantener el orden y la seguridad pública …”
Lamentablemente
dichas premonitorias y lúcidas palabras no encontraron ningún eco en la
dirigencia peronista, como tampoco en la radical, cuyos líderes más
prominentes, Balbín y Alfonsín, guardaron, como mínimo, un ominoso silencio
cómplice respecto de la represión ilegal del terrorismo que anunciaba
públicamente ya a principios del 1974 el viejo caudillo peronista y estaba en
ejecución por parte del gobierno constitucional desde el asesinato de Rucci en
septiembre de 1973.
No puede caber
duda entonces que, a contrapelo de la historia oficial que nos vienen relatando
hace cuatro décadas, fue la dirigencia política de aquellos años,
fundamentalmente radical y peronista, la máxima responsable de la ruptura de la
subordinación de la fuerza al poder de la ley o de las instituciones.
Tal como dijera el
expresidente Alejandro Lanusse en Memorias de un General “esa ruptura del
límite moral de la legalidad resulta imposible sin una autorización, tácita al
menos, de los hombres civiles”.
Muerto Perón, el
conflicto se agravó. En octubre de 1975 Luder convocó a los 3 comandantes de
las FF.AA. a fin de “ver qué podemos hacer para frenar al terrorismo que es
incontrolable”. Enseguida se dictaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 que
ordenaban, ahora expresamente a las FFAA, el aniquilamiento de la subversión,
suscriptos por Luder y todo su gabinete de ministros.
También hubo un
apoyo explícito a las FF.AA. por parte del Comité Nacional del Partido Radical
al resaltar en un comunicado del 26 de agosto de 1975 “la profunda vocación
legalista de nuestras fuerzas armadas, las que con heroísmo y abnegación han
soportado duras contingencias sin apartarse de sus propósitos de subordinación
al orden constitucional”.
En el período que
corre entre mayo del 73 y marzo del 76 hubo más de 1.000 guerrilleros
asesinados y desaparecidos por el gobierno peronista.
A partir de marzo
de 1976 la guerra se hizo más intensa y también la represión. La ideología de
los comandantes que prevalecieron en las FF.AA. con la llegada de Perón al
poder (ex camaradas de Perón con claros antecedentes fascistas) era tan binaria
como la de la dirigencia política, pero ellos tenían las armas. Tal como había
sido previsto, desarticulado el sistema legal ideado por Lanusse, Perriaux y
Mor Roig, para encausar y someter a proceso a los guerrilleros, los grupos
operativos autónomos de las FF.AA. operaron de la misma manera que la
guerrilla, aniquilando a sus oponentes. Del llamado Proceso de Reorganización
Nacional participaron 310 intendentes radicales y 192 peronistas.
MONSTRUOSA
TERGIVERSACION
Pues bien, vuelta
la democracia, se ideó y ejecutó la mayor manipulación y tergiversación de la
historia política argentina. La clase dirigente que había desmantelado los
tribunales judiciales creados en su momento con el fin de juzgar mediante el
debido proceso a los guerrilleros, que los había liberado y amnistiado, y que,
además, había puesto en ejecución el terrorismo de estado primero y dado las
directivas de la forma -ilegal y criminal- de combatir a la guerrilla,
necesitaba encontrar un chivo expiatorio para liberarse de la responsabilidad
histórica que le cabía por haber sido la protagonista principal de las
decisiones que finalmente llevaron a la más despiadada guerra civil que haya
enfrentado el país desde 1853 en adelante.
¿Cómo se ejecutó
ese plan?
A tres días de
asumir el gobierno Alfonsín dictó los decretos 157 y 158. Mediante el primero
ordenaba perseguir penalmente a la cúpula terrorista por los hechos criminales
cometidos a partir del 25 de mayo de 1973. Mediante el segundo, perseguir
penalmente a las juntas militares por los crímenes cometidos a partir del 24 de
marzo de 1976.
¿Por qué razón se
investigaba a la cúpula terrorista a partir de mayo de 1973 y no al terrorismo
de estado que empezó en ese mismo año?
En los decretos no
existe ningún fundamento ni motivo que explique esa aberración.
Alfonsín, al
decidir no investigar el terrorismo de Estado puesto en marcha durante la etapa
constitucional, perseguía otros inconfesables objetivos. Los mismos surgen
bastante claros de la detenida lectura de los considerandos de ambos decretos
y, principalmente, de su discurso de cierre de campaña del 26 de octubre de
1983 en la Avenida 9 de Julio. Por un lado, seducir al pueblo “peronista” para
después crear “el tercer movimiento histórico”. Por el otro, echar la culpa de
todos los males de la Argentina al “neoliberalismo perverso”, al mismo tiempo
que deslindar de toda responsabilidad histórica por lo sucedido a los
movimientos “nacionales y populares” creados por Yrigoyen y Perón a quienes
expresamente reivindicaba.
