la mafia de la pesca
César Augusto
Lerena
STDP, octubre 21,
2024
La empresa
pesquera Iberconsa denunció ante la Embajada de EEUU el pedido de pagos de
coimas por USD 15 millones por parte de Santiago Caputo, a las empresas que
integran la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina, para renovar
por los próximos 15 años las Cuotas Individuales Transferibles de Captura
(CITC) que vence en diciembre próximo. Ello dio origen a una denuncia ante la
justicia penal y pedidos de informes al gobierno que no han tenido
trascendencia.
Disculpen si somos algo escatológicos en este
escrito. Se dice que la corrupción mata; pero en la pesca también da olor
putrefacto; afecta la imagen de la actividad; a las ciudades y pueblos
productores; daña a toda la gente que trabaja en el rubro y a todos los
empresarios por igual, aun, aquellos que se esfuerzan por comercializar
productos de calidad y se ajustan a los procedimientos legales. La corrupción
desalienta los hábitos de los consumidores ya que, con una baja cultura
alimentaria, asocian este producto
altamente perecedero con los cuestionables métodos que algunos
utilizarían para hacerse de él. Finalmente, el silencio de los funcionarios
ante denuncias de coimas, termina confirmando que si el río suena agua trae y,
ésta es un gran lodazal.
Suele considerarse
a la pesca como un sector mafioso y, los últimos hechos referidos a supuestas
coimas para renovar las cuotas de captura no hacen más que acrecentar esta
idea, tirándole un balde de materia fecal a toda la actividad sin excepción.
El retrato
original es de vieja data. Tiene su inicio en el pésimo concepto que tenían
todas las actividades portuarias y las que usaban cuchillo para sus labores:
Los cuchilleros; la faena clandestina; la matanza y cuereado en catres en
mataderos; las tareas a bordo donde hay casos donde realizan tareas de trabajo
esclavo; los oficios portuarios y el fileteado en ambientes clandestinos y
deplorables. Además, la gente recuerda el origen siciliano de la mafia
italiana; la camorra napolitana y la drangheta calabresa y, en la pesca, los
inmigrantes provinieron de estas regiones: aunque muchos respetables, pagan por
pecadores.
También los
gallegos, que agregaron lo suyo, al robarse los recursos argentinos en Malvinas
y duele.
Ahora, desde hace
50 años la responsabilidad de mantener una execrable imagen es exclusiva de las
empresas y empresarios argentinos o extranjeros radicados en la Argentina. Los
alcanza a todos por igual.
¿Es cierto
entonces que la pesca es mafiosa? Es de las preguntas referidas al sector que
más hemos recibido en casi cincuenta años de vínculo con la actividad.
Cuando escuchamos
hablar de coimas, no podemos ser hipócritas; era vox pópuli que los permisos de
pesca se vendían en escribanías cuando la pesca era “olímpica” y, luego, esta
situación se blanqueó con la sanción de la Ley 24.922 al establecerse el
otorgamiento de las “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” (CITC) y,
aunque “Los negocios” con plata negra no son una cuestión nueva, lo difícil es
probarlos.
Nosotros
colaboramos con la redacción del artículo 1º de la ley 24.922, pero los demás
artículos fueron elaborados por varios empresarios pesqueros y un dirigente
gremial; desnaturalizando el referido artículo 1º. Un recurso del Estado no
debería ser transferido y mucho menos alquilarse los buques a terceros para que
estos hagan uso de cuotas y/o autorizaciones. Se ha transformado una actividad
productiva en inmobiliaria.
Parece una
Concesión; pero en los hechos es una privatización transitoria -de bajo costo-
de los recursos del Estado y, ahora, frente al vencimiento de las cuotas
otorgadas, mantener las mismas condiciones para el período 2025-2040 con las
que se les adjudicó la concesión por quince (15) años de 2009 a 2024 resulta
insólito. ¿cuál sería el nuevo aporte, aparte del pago de los derechos de
captura, para hacerse acreedor de este nuevo período? Gran parte del
crecimiento de las empresas deriva de la concesión a vencer en 2024.
Lo hemos dicho,
las cuotas y autorizaciones de pesca tienen más valor que el mejor buque.
Frente a la duda que se instala a partir del plan original de Sturzenegger de
extranjerizar la pesca y la posterior denuncia concreta de los medios LPO,
Revista Puerto y Punto Noticias ¿Porque no habría que creer que frente a la
renovación por 15 años de las cuotas de pesca no haya existido un intento de
coima de algún intermediario oficioso? Más aún cuando los funcionarios y el
gobierno guardan silencio.
Suponiendo que las
cuotas estaban siendo manejadas por “carmelitas descalzas” y toda la cuestión
de la cometa de 15 millones de dólares la habrían inventado un ex subsecretario
de pesca empleado de una tradicional pesquera y un Gerente de una empresa de
capital extranjero, ambos marplatenses -como se dice en los ambientes
portuarios- para lograr que todo siga como está, cuestión, que todas las cámaras
y gremios corrieron presurosos a solicitar (ver Actas del CFP 10, 12 y 14/24)
y, luego, respaldar públicamente los buenos oficios del Consejo Federal
Pesquero y el Subsecretario de Pesca.
Ambos hechos
resultan cuestionables: la existencia de un eventual pedido de coima, que no ha
quedado debidamente aclarado y, el cierre en pocos meses, del proceso de
adjudicación de las cuotas.
Un proceso
racional y cristalino de adjudicación de nuevas cuotas -no de renovación como
se pretende instalar- debería haber hecho un llamado público a eventuales
interesados y la conformación de una comisión ad-hoc de profesionales y
técnicos de distintas disciplinas (pesqueras, navieras, económicas,
industriales, jurídicas, etc.) que tengan en cuenta lo siguiente:
Dictamen previo si
las cuotas y/o autorizaciones que la empresa tienen validez suficiente,
teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Pesca
confrontados con la auditoría de la Universidad de Buenos Aires (2002, Expte.
S01 N° 0178755/2002 e informe del 21/8/2003).
Dictamen sobre el
cumplimiento de los requisitos previstos en los 7º, 9º, 26º y 27º de la Ley
24.922.
Garantizar que el
otorgamiento de cuotas no se considere una “concentración indeseable” en
relación a las especies que se cuotifican y, el resto de las empresas pesqueras
interesadas.
Se establezca una
“Unidad Económica Pesquera” de modo que la cuota a otorgar garantice la
sustentabilidad de las pequeñas empresas, de modo de evitar la posterior
transferencia de cuotas por imposibilidad de sostener la actividad o solicitar
cuota al solo efecto de transferir luego las cuotas a terceros;
Se incorporen
buques con alta tecnología relativa a la eficiencia pesquera; reducción de la
huella de carbono; que cuenten con sistemas que garanticen la óptima calidad
del producto capturado y transportado fresco y que apliquen sistemas de pesca
selectiva.
Que los productos
se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista
internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos y
no produzcan descartes en el mar.
Nuevas inversiones
en acuicultura y/o maricultura; la industrialización del producto en tierra,
emprendimientos portuarios, mejora tecnológica; desarrollo logístico destinado
al mercado interno, etc.
Presenten
proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las
Guarden relación
con las descargas en los puertos y su industrialización en los territorios
El tiempo de
vencimiento de la concesión determinado por la cuantía de las inversiones y de
su recuperación económica;
Complementariamente,
se establezca un porcentual de capturas a los nuevos emprendimientos e
inversiones de empresas nacionales que deseen incorporarse a la actividad que
no tengan relación de ninguna naturaleza con empresas actualmente
concesionarias.
Al mismo, cabe
aclarar que las cuotas de captura están referidas exclusivamente a las especies
merluza hubbsi; merluza de cola; merluza negra, polaca y vieira. Pero, las
concesiones deberían alcanzar también al langostino, calamar y otras especies
que son de igual o mayor importancia que las citadas.
Volviendo a las
denuncias de corrupción a la hora de adjudicarse las cuotas de captura de
varias especies por parte del Consejo Federal Pesquero. El gobierno y los
mencionados deben dar las suficientes explicaciones y le recordamos a la
Justicia algunas de las empresas y personas mencionados por los medios LPO,
Revista Puerto y Punto Noticias (8/9/24) se cite a declarar a todos los
funcionarios del Consejo Federal Pesquero; al Subsecretario de Pesca López
Cazorla; a las empresas “Iberconsa” (Platinum Equity/Juan P Basavilbaso),
“Moscuzza”, “Solimeno” (Antonio Solimeno), “Argenova”, “Arbumasa”, “San
Isidro”, “Newsan” y “Estrella Patagónica”; a Santiago Caputo (Asesor del Presidente);
Lule Menem; Karina Milei; Juan Pazo (delegado de Ministro Caputo); Sergio
Iraeta (Secretario de AGyp); Federico Sturzenegger; Marcelo González (ex
Gerente de Estremar), Miguel Bustamante; Eduardo Boiero (CAPECA); Fernando
Rivera (CAIPA); Lisandro Belarmini (Moscuzza); Agustín Ocampo (Glaciar
Pesquera); Jorge Frías (Capitanes de Pesca); Cristina Ledesma (SOIP) y la
Embajada de Estados Unidos;
Hubiese o no
solicitud o pago de coimas; participar en reuniones fuera del ámbito oficial de
parte de empresarios pesqueros o la discusión del monto, así fuese U$S 1, 100 o
U$S 1.000, todo parece muy irregular. Los cálculos los efectúa la “Revista
Puerto” y la sensación del sector empresario la indica “Punto Noticias”: «Otra
vez estamos en el ojo de la tormenta”, lamentó un empresario. “No sé para que
se prestan a estas maniobras si siempre terminal mal”. De estos comentarios
podría inferirse que no ha sido la primera vez y tal vez no sea la última. Tal
vez, fue desproporcionado el monto, los valores exigidos podrían haber estado
por encima de los valores habituales del mercado (en negro). Es una hipótesis
probable.
