rezar por la vida es delito incluso en casa
Luca Volonté
Brújula cotidiana,
11_10_2024
A partir de ahora
rezar está prohibido por ley, desafiando cualquier significado del derecho
humano a la libertad religiosa en Escocia: la prohibición también se aplica en
los domicilios privados para que los “sicarios” abortistas puedan matar sin
molestias. Cuando el sanguinario “derecho al aborto” se impone en la mentalidad
común y en las distorsionadas leyes de las democracias occidentales, todo
derecho humano fundamental puede sucumbir e incluso las libertades más íntimas
perecen.
Todo esto está
ocurriendo en Escocia, un país que durante décadas ha destacado como prototipo
ejemplar del nuevo modelo “orwelliano” de gobierno debido a su legislación en
diversos ámbitos de la vida civil, empezando por la tiránica ley de “delitos de
odio”, que ya comentamos el pasado mes de marzo. Rezar en casa puede ser un
delito penal según la nueva legislación escocesa sobre el aborto, y así lo ha
interpretado el Gobierno pocos días después de que haya entrado en vigor la
nueva ley que establece “zonas de acceso seguras” de 200 metros alrededor de
las clínicas abortistas. Los residentes de estas zonas han sido advertidos del
peligro de infringir la Ley de Servicios de Aborto (Escocia) de 2024 si hacen
“cualquier cosa” que “pueda causar molestias, alarma o angustia” al personal
médico y paramédico y a los pacientes, incluso si esta actividad se lleva a
cabo en la intimidad de sus propios hogares.
Bendecir la comida
que se toma en la mesa, enseñar oraciones a los nietos en el vestíbulo de casa,
incluso recitar una oración por un ser querido fallecido con los amigos o
agradecer a la Virgen María con una jaculatoria la buena cosecha de coles en el
huerto doméstico, podría acarrear cargos penales y el peligro de importantes
sanciones. Los activistas provida
temen que rezar en estas zonas se considere un delito penal, dadas también las
detenciones de varios de ellos por delitos de orden público en Inglaterra e
Irlanda del Norte. Las directrices publicadas por el gobierno escocés para
acompañar el cambio de la ley enumeran la “predicación religiosa” y las
“vigilias silenciosas” como ejemplos de actividades que podrían prohibirse si
se realizan con “premeditación o imprudencia”. Los residentes de una “zona de
acceso seguro” de Edimburgo, han recibido una carta -también mencionada por The
Telegraph- que les advierte de que podrían ser procesados por acciones, es
decir, oraciones, realizadas en casa.
El texto de la
carta afirma que: “En general, las infracciones se aplican en lugares públicos
dentro de zonas de acceso seguro. Sin embargo, las actividades realizadas en un
lugar privado (como una casa) dentro del área comprendida entre los lugares
seguros y el límite de una zona podrían constituir delito si pueden verse u
oírse dentro de la zona y se llevan a cabo de forma intencionada o temeraria”.
Como corolario de la ominosa explicación, se recuerda que las infracciones
menos graves para quienes infrinjan la ley, podrían acarrear multas de hasta
10.000 libras esterlinas, mientras que las infracciones más graves conllevan
multas ilimitadas - y se contemplará la expropiación de viviendas para las
familias de creyentes cristianos y personas que oran y que residen en las
inmediaciones de los laboratorios de asesinos y homicidas de inocentes.
Michael Robinson,
director ejecutivo de la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos
(SPUC), organización que el 24 de septiembre convocó una concentración de
protesta contra la ley, declaró a The Telegraph que la guía de aplicación de la
ley es “profundamente orwelliana, porque sugiere que la legislación sobre zonas
de seguridad podría utilizarse para controlar y regular la actividad religiosa
en la propiedad privada, incluida la exhibición de un versículo de la Biblia
que diga que toda vida es sagrada en su ventana, o que alguien rece en su
habitación si se le ve u oye desde la calle”. Andrea Williams, directora
ejecutiva de Christian Concern, confirmó que su organización vigilará
atentamente cómo se aplica la legislación sobre zonas de seguridad en toda Gran
Bretaña, y añadió que estas leyes son una forma regresiva de estatismo que
viola los derechos fundamentales.
Inglaterra y Gales
promulgarán una legislación similar a partir de finales de octubre; la
legislación inglesa penaliza las actividades “en cualquier lugar” a menos de
150 metros de las clínicas abortistas. Las actividades penalizadas son todas
aquellas que puedan desalentar o angustiar genéricamente al personal y a las
pacientes, cuando sean “visibles desde una vía pública, un derecho de paso
público, un espacio abierto al que tenga acceso el público o el límite de una
clínica abortista”. A preguntas de The Telegraph, el gobierno escocés ha
reiterado que “las zonas de acceso seguro” están diseñadas para salvaguardar el
derecho de la mujer a acceder a la atención sanitaria. La legislación que las
crea no criminaliza intencionadamente ningún comportamiento concreto, incluida
la oración”. Sin embargo, cuando se examinan los hechos, las indicaciones y las
cartas enviadas a los residentes, no sólo criminaliza la oración pública y
privada, sino que supone una amenaza para la libertad y la propiedad de los
cristianos que viven cerca de los abortorios. La política escocesa es, como
siempre, terriblemente clara: no hay que molestar a los nuevos sacerdotes de la
religión infanticida, sino salvaguardarlos en sus rituales asesinos. A toda
costa, incluso de la libertad.
