Pablo G. Tonelli
LA NACION, 17 DE JULIO DE 2017
Recientemente ha comenzado un saludable debate acerca
de la utilidad de las "elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias", comúnmente denominadas PASO, y de la conveniencia de
mantenerlas. Se trata de elecciones en las que, obligatoriamente, deben
participar todos los ciudadanos empadronados a fin de seleccionar los
candidatos que los partidos políticos y las alianzas electorales habrán de
presentar en las elecciones nacionales que se celebran cada dos años para
renovar las autoridades políticas.
La discusión acerca de la utilidad y conveniencia de
las PASO transita, al menos hasta ahora, por el altísimo costo que ellas
generan y por la casi nula competencia que suscitan. Esto último porque casi
todos los partidos políticos y alianzas que luego competirán en las elecciones
verdaderas -y decisivas- suelen presentar listas únicas y evitar todo tipo de
competencia interna, como ha quedado bien en evidencia en el actual turno
electoral.
Sin embargo, y sin desmerecer la validez de esas
objeciones, desde mi punto de vista hay una razón mucho más importante y
poderosa para derogar las PASO y prescindir de ellas para siempre: son inconstitucionales.
Nuestra Constitución nacional, luego de la reforma de
1994, reconoció los partidos políticos como "instituciones fundamentales
del sistema democrático" y les garantizó el libre "ejercicio de sus
actividades" (art. 38). Esa libertad debería permitir que cada fuerza
política eligiera a sus candidatos de la manera o por el procedimiento que le
parezca más adecuado, como tradicionalmente ocurrió en nuestro país.
El vigente régimen de las PASO, por el contrario,
impone que los candidatos de las distintas fuerzas políticas sean elegidos por
quienes no pertenecen a los partidos políticos y aun que quienes están
afiliados a un determinado partido elijan a los candidatos de otro partido
distinto. Esto último constituye un verdadero contrasentido.
No es razonable y tampoco democrático que quien no se
involucra en la vida interna de un partido político ni participa de ella
termine eligiendo a los candidatos que el partido en cuestión habrá de
presentar a la sociedad. Lo razonable es que esa selección la hagan los
afiliados de los partidos, que son quienes les dan vida y sentido. De lo
contrario, sus derechos son desbaratados y quedan reducidos a la burocrática
elección de autoridades partidarias.
Si un partido político quisiera, voluntaria y
autónomamente, consultar la opinión de todo el electorado a la hora de elegir a
sus candidatos, nada impide que realice unas elecciones internas o primarias
"abiertas", como ya ha ocurrido. Basta recordar las internas abiertas
entre José Octavio Bordón y "Chacho" Álvarez en 1995 y entre Fernando
de la Rúa y Graciela Fernández Meijide en 1999, ambas para dirimir la
candidatura a presidente de la Nación, nada menos.
Pero una cosa es que un partido político decida por sí
mismo abrir a toda la ciudadanía la elección de algunos o todos sus candidatos
y otra muy distinta que el régimen legal se lo imponga. Lo primero es
"libre ejercicio de sus actividades", como prescribe la Constitución
nacional; lo segundo, en cambio, despide un tufillo autoritario incompatible
con una verdadera democracia.
En definitiva, derogar las PASO, ya fuera por razones
"prácticas" o "institucionales", sería un importante paso
adelante en pos del fortalecimiento de los partidos políticos y de nuestra aún
inmadura democracia.
Diputado de la Nación (Pro)
