por Informador Público, 29-5-18
El resultado fiscal del primer cuatrimestre del año
muestra un aumento de los ingresos públicos del orden del 21% interanual
mientras que los gastos en jubilaciones y pensiones crecen al 31% interanual.
Es decir, el gasto previsional sigue subiendo a una tasa superior a los
ingresos y a la inflación. Teniendo en cuenta que las jubilaciones y las
pensiones son el principal componente del gasto primario nacional (42% del
total), se trata de una dinámica fiscalmente insostenible.
En la búsqueda de restablecer la sustentabilidad de
las finanzas públicas son muchas las tareas pendientes. Una de las más
importantes es el ordenamiento del federalismo transfiriendo gastos nacionales
que hoy se hacen en favor de la región metropolitana a las jurisdicciones
correspondientes y eliminar los derroches que generan programas nacionales que
se superponen con funciones provinciales y municipales. Sin embargo, el desafío
más sobresaliente y complejo de resolver es el ordenamiento del sistema
previsional.
Para abordar este tema resulta pertinente reflexionar
sobre los datos publicados recientemente por la Secretaría de Seguridad Social.
Según esta fuente, la ANSES paga beneficios previsionales a 5,7 millones de
jubilados y pensionados de los cuales:
El 80% cobra un solo beneficio que se integra por un
32% de personas que hicieron aportes y 48% de personas beneficiadas por las
moratorias (sin aportes).
El 20% tiene doble beneficio, es decir, son personas
que cobran de manera simultánea una jubilación y una pensión.
Del total de las personas que cobran doble beneficio,
el 69% accedió al segundo beneficio gracias a las moratorias.
Estos datos muestran que apenas 1 de cada 3 jubilados
recibe una jubilación o una pensión como compensación a haber realizado los
aportes correspondientes durante su vida activa. La mitad recibe una jubilación
o pensión gracias a las moratorias que otorgaron beneficios sin acreditar
aportes y sin evaluación de la situación socioeconómica de la persona.
El 20%
restante cobra doble beneficio donde también la mayoría lo hace gracias a que
accedió a un segundo beneficio a través de las moratorias. Se trata de una
estimación de mínima ya que estas estadísticas no computan los pensionados de
otros sistemas previsionales (como provincias, militares, fuerzas de seguridad,
etc.) que aprovecharon las moratorias para solicitar jubilaciones sin aportes a
la ANSES.
No hay antecedentes en el mundo de una distribución
tan masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes. Por lejos, es la
medida más irresponsable tomada en la Argentina desde el regreso de la
democracia. En lugar de limitar y focalizar las jubilaciones sin aportes en
personas en estado de vulnerabilidad, se regalaron jubilaciones a personas que
no hicieron aportes y que no estaban en situación de vulnerabilidad generando
una irritante inequidad ya que se les dio los mismos beneficios que a las
personas que hicieron aportes y, en muchos casos, ahora duplican con otro
beneficio previsional. La otra consecuencia previsible es un severo problema de
insostenibilidad del sistema previsional.
En el corto plazo, un paliativo podría ser establecer
un doble mecanismo de movilidad. Para los beneficios con aportes o con
moratorias pero que llegan a personas en situación de vulnerabilidad, mantener
la fórmula general. Para los beneficios que se duplican o que siendo un único
beneficio por moratoria va en favor de personas con otros ingresos establecer
una movilidad más reducida. Con este esquema se podría lograr que el gasto
previsional no siga creciendo por encima de la inflación encuadrándolo en la
misma regla que la ley de responsabilidad fiscal estipula para el resto del
gasto público nacional y provincial.
Parte de la cuestión de fondo está resuelta con el fin
de las moratorias en el 2019 y su reemplazo por la Pensión Universal de Adulto
Mayor. Pero sigue pendiente revisar la regla de pensión por fallecimiento.
Desde el punto de vista de la equidad y la sustentabilidad no debería haber
pensión por fallecimiento cuando el cónyuge tiene otro beneficio previsional.
En contraposición, debería considerarse la cobertura –hoy no contemplada– de
los hijos que estudian y no tienen otro medio de vida cuando fallecen sus
progenitores.
(IDESA)
