César Lerena
Publicado en El
Economista, el 25 de agosto de 2021.
Observo en los
últimos tiempos que hay una mayor atención en la cuestión Malvinas; desde, la
puesta en duda sobre su pertenencia hasta la reivindicación de derechos. En medio de ello, nuestros funcionarios se
limitan a invitar a dialogar por enésima vez a Gran Bretaña y a resaltar las
fechas conmemorativas, sin lograr un solo avance, mientras que los ingleses,
controlan cada día más nuestro territorio.
El próximo 40
aniversario de la recuperación de Malvinas nos encontrará peor que en 1982: el
mar argentino más ocupado y con una secretaría de Malvinas inerte.
En 1982 el Reino
Unido tenía invadida 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000
km2 de territorio marítimo e insular. Más de 100 buques operando en Malvinas
que extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros por valor de mil
millones de dólares anuales y, en todo el Atlántico Sur, más de 350 buques
extranjeros se llevan anualmente un millón de toneladas por un valor de cuatro
mil millones de dólares, el doble de las exportaciones argentinas. Si se
hubiesen promovidos acuerdos entre empresas para la pesca de los recursos
migratorios en alta mar otro hubiese el desarrollo empresario y social de la
Patagonia.
Ahora, el gobierno
ilegal de Malvinas está en proceso de construir un puerto en Malvinas que se
constituirá en la puerta de acceso a la Antártida y de logística de los buques
que operan al sur del Mar argentino, remplazando a Ushuaia y a otros puertos
del litoral nacional. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) los
británicos se llevaron recursos migratorios argentinos por valor de 32 mil
millones de dólares.
Si embargo, los
gobiernos no han tenido voluntad de desechar los Acuerdos de Madrid ni el Pacto
de Foradori-Duncan (2016), puestos ejecución sin aprobación del Congreso, en
los que se incluyeron por primera vez, las Islas Georgias del Sur y Sándwich
del Sur. Les permitió a los británicos avanzar los millones de km2 referidos;
regular el movimiento de las naves militares argentinas; facilitar la relación
de Malvinas con Brasil y Chile y, con ello, el contacto comercial de las islas
con el mundo e implementó la “fórmula del Paraguas” que permite que Gran
Bretaña avance y Argentina esté congelada.
Par otra parte, el
abogado Marcelo Kohen, que hoy asesora al presidente de la Nación en el Consejo
Nacional de Malvinas, elaboró en 2018 un plan que les permitiría a los isleños
establecer -entre otras cosas- quiénes podían o no radicarse en las Islas y, a
los treinta años, tener un referéndum para determinar si adoptan la soberanía
británica o argentina. Un Plan que pondría en manos británicas la soberanía de
Malvinas, ya que es de esperar, que, si los isleños británicos son los únicos
que votan, ocurriría lo mismo que ya ocurrió en el referéndum ilegal de 2013,
donde el 99% opto por continuar siendo súbditos británicos.
Por su parte,
Uruguay abre sus puertos a la pesca ilegal en el Atlántico Sur y tiene previsto
para 2022 la habilitación del puerto pesquero Capurro, para atender la
operatoria y logística de los buques que pescan en el Atlántico Sur y en
Malvinas y, licitar su operación que, si son “empresas chinas”, tanto Uruguay
como la Argentina, perderán el control de la pesca, en una región donde los
buques chinos son mayoritarios, aunque también pescan españoles, coreanos y
taiwaneses. El atlántico sur está internacionalizado y ello dio lugar a la
presencia de buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo pretexto de
controlar la pesca ilegal.
En medio de ello,
debemos sumar la revitalización de algunas declaraciones que refieren a que las
Malvinas no son argentinas, como es el caso de la candidata a diputada Sabrina
Ajmecht y de la reiterada declaración en ese sentido de Beatriz Sarlo. Llama la
atención, en ambos casos que se preocupen por supuestos derechos de tres mil
ocupantes de Malvinas y no por los millones de argentinos que han perdido casi
todos sus derechos básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda, etc.
Estas declaraciones se reflotan en coincidencia con el Brexit, donde el Reino
Unido necesita fortalecer su pertenencia sobre los territorios de ultramar.
Debería agregar:
que todas las empresas que pescan en el Atlántico Sur y Malvinas lo hacen subsidiadas; las certificadoras
internacionales de productos pesqueros avanzan para decirnos qué empresa podrá
o no exportar a los mercados; nuestro Congreso promueve un área Marina
Protegida Agujero Azul que dará
argumentos al Reino Unido para establecer nuevas restricciones a Argentina,
impedirá la pesca argentina y encarecerá la gestión en lugar de darle los medios al INIDEP para
que cumpla con la tarea de asegurar una pesca sostenible y, también hay quienes
promueven la creación de Organizaciones Regionales (OROP) que reafirmarán a las
empresas extranjeras y al Reino Unido en la administración de aguas argentinas.
Hace casi sesenta
años que los gobiernos argentinos promueven el diálogo y la cooperación
unilateral, sin éxito. La Argentina tiene recursos diplomáticos, económicos,
técnicos, biológicos y empresarios, para que, en forma pacífica, pueda
cambiarse este modelo que impide el desarrollo regional, la generación de
empleo y el fortalecimiento nacional, alcanzando mejores condiciones para estar
más cerca de recuperar la integridad territorial con las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los mares correspondientes y, la disputa
sobre la Plataforma Continental y la Antártida.
