un panorama del abandono y crueldad de los
jueces
Por Agustín De
Beitia
La Prensa,
14.12.2024
Las condiciones
ilegales en las que son mantenidos en prisión militares y policías que tienen
hasta 86 años y graves afecciones de salud quedaron finalmente al descubierto
con toda crudeza en una audiencia que fue celebrada el jueves pasado en la
Justicia nacional, pese a la presión periodística y de organismos de derechos
humanos que hasta último momento buscaron impedir lo que consideran “un show”.
Curiosa expresión, esta del “show”, usada por quienes deberían criticar los
abusos del Estado y no, como sucede ahora, ocultarlos.
La audiencia en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 27, a cargo del juez Martín
Yadarola, fue la respuesta a un habeas corpus presentado días atrás en favor de
todos los mayores de 65 años amparados por la Convención Interamericana de
Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores detenidos en
cárceles que no garantizan ni la vida ni la salud de los ancianos. Dicha
Convención, que fue elevada a la jerarquía constitucional por ley 27.700,
ordena buscar medidas alternativas a la prisión sólo porque las edades de los
internos los colocan en una situación de vulnerabilidad.
La Asociación de
Abogados por la Justicia y la Concordia, en representación de diez
organizaciones que dicen defender la verdad completa sobre lo sucedido en los
años setenta, presentaron el habeas corpus “colectivo y correctivo” en la justicia
de instrucción, y no en la Justicia federal, por el comportamiento “omisivo” de
este fuero frente a este tipo de planteos.
En cuanto al juez
Yadarola, dos veces se declaró incompetente y otras dos veces la Cámara del
Crimen, integrada por los camaristas Magdalena Laiño, Rodolfo Pociello y Hernán
López, revocó su decisión y le ordenó que pidiera informes sobre la situación
de los detenidos y celebrara la audiencia, que finalmente se desarrolló el
jueves.
Durante cinco
horas, decenas de presos de los penales de Campo de Mayo, Ezeiza, Córdoba,
Mendoza y Salta expusieron “vía zoom” “testimonios desgarradores” que, en
conjunto, constituyeron “un panorama impresionante del abandono y crueldad de
los jueces”, según los abogados de Justicia y Concordia. Hay enfermos “con
cáncer de todo tipo, con incontinencia, demencia senil, cardiopatías, recién
operados de tumores, Parkinson, bolsas de colostomía”, según el recuento de uno
de los abogados intervinientes.
Los internos
“contaron las decenas de muertes ocurridas en los penales por infartos y ACV” y
no faltó el testimonio de “sobrevivientes de esos padecimientos, sacados por
los propios compañeros de la muerte”, añadieron.
Se escuchó, entre
otros, al “cabo Julio Flores desde Salta, donde está 23 horas por día encerrado
solo y lo sacan al patio una hora aislado para que los presos comunes que saben
que fue cabo de la Fuerza Aérea no lo agredan”. Flores, que lleva diez años en
prisión preventiva, pidió seis veces la prisión domiciliaria sin respuesta.
Otro de los detenidos,
de 72 años, detenido hace 9 años y cuatro meses, señaló desde Ezeiza que
algunos de sus compañeros presentan enfermedades graves y ya ni peticionan a
las autoridades porque la respuesta es siempre negativa. Otro, que tuvo un
infarto estando en Marcos Paz y el médico no quiso atenderlo, citó el caso de
un interno que tiene una prisión perpetua no firme, está detenido desde hace 21
años y la jueza de ejecución le respondió que prisión perpetua “es para
siempre”. Y se mencionó también el caso de un recluso al que le apareció un
hongo en el pie, luego se le encarnó una uña, y cuando fue trasladado al
hospital debieron amputarle la pierna, para morir sólo unos días después.
El doctor Ricardo
Saint Jean, de Justicia y Concordia, refirió que el propósito de la acción no
es entrar en los motivos por los cuales los 86 detenidos comprendidos en el
habeas corpus se hallan privados de su libertad, sino abordar la problemática
relativa a su frágil situación por sus edades y estados de salud en el ámbito
carcelario. Y expuso que ellos son los únicos ancianos que se encuentran hoy
detenidos en unidades carcelarias, pese a contar con protección constitucional.
En la audiencia
estuvieron presentes Gabriel Esteban Aquino por el Servicio Penitenciario
Federal, la doctora Desirée Barzuck por la susecretaría de Asuntos
Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, representantes del
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría
General de la Nación.
Apenas horas
después de la audiencia, el juez dispuso que el Servicio Penitenciario
entregara en 48 horas un informe sobre la salud de los 86 ancianos objeto del
habeas corpus, que comenzó a ejecutar de inmediato, por lo que el
comportamiento de la justicia federal sigue bajo la lupa.
“Es escandaloso y
vergonzoso lo que está ocurriendo con nuestros presos”, comentó uno de los
abogados de Justicia y Concordia. Ahora “va a dejar documentado el sistema de
discriminación y represión ilegal a la que son sistemáticamente sometidos”, añadió.
La discriminación
y el trato inhumano es admitido hasta por un defensor oficial, que en estos
días reconoció que “ni a homicidas, ni a narcos ni a pederastas se les niega la
domiciliaria”.
El hecho de que se
haya querido ver como un “show” o un “espectáculo” una audiencia que busca
sacar a la luz la ilegalidad de estos encarcelamientos y el encarnizamiento
inhumano que representan lleva a preguntarse si la intención es ocultar lo que
sucede. Ocultar la crueldad, o “no mostrar”, (“don’t show”, en el inglés
elegido, que es el de quienes financian estas persecuciones), ¿no sería ser
negacionista? Y también: ¿No sería convertirse en antiderechos?
