Por Luis Petri
Diputado nacional (UCR)
Infobae, 30 de abril de 2020
La pandemia no puede
utilizarse como excusa para liberar masivamente a condenados por delitos
violentos. Lo ocurrido en la cárcel de Devoto, donde nuevamente se empoderó a
delincuentes con la anuencia del Gobierno, no puede continuar sucediendo, sin
tener que lamentar un espiral de violencia e inseguridad.
El Estado debe garantizar el
cumplimiento de las condenas, la seguridad de la población, los derechos de las
víctimas y también las condiciones sanitarias de quienes se encuentren privados
de la libertad, sin que exista conflicto o incompatibilidad entre ellos.
En el año 2017 sancionamos
una modificación a la Ley de Ejecución de la Pena -de mi autoría- con el apoyo
de Patricia Bullrich, que además de prohibir las salidas anticipadas a
delincuentes violentos, en casos tales como homicidios, violaciones y robos con
armas, le reconocía a la víctima la posibilidad de dar su opinión al juez de ejecución
ante cualquier planteo hecho por el condenado respecto a sus salidas
transitorias; libertad condicional o la prisión domiciliaria, sea porque se
trata de supuestos anteriores a la sanción de la ley, o por tratarse de delitos
leves. Asimismo, se estableció que los jueces que incumplan y omitan la
participación de la víctima, incurren en falta grave. Hoy exigimos que los
jueces cumplan con la ley y que las víctimas sean escuchadas como prevé la
norma.
Es imprescindible, asimismo,
que todas la unidades penitenciarias cuenten con atención médica y protocolos
que garanticen la seguridad, el orden, la alimentación y el saneamiento, a fin
de impedir el contagio intramuros de COVID-19.
También es necesaria la
adopción de medidas para evitar el hacinamiento, habilitando nuevos pabellones
dentro de los establecimientos. En el Sistema Penitenciario Federal, las
últimas estadísticas dan cuenta de que no existe superpoblación, sino que por
el contrario, se encuentran plazas liberadas respecto del total, lo que supone
un dato alentador en este sentido. Por otro lado, la construcción de hospitales
modulares en apenas semanas demuestran que, existiendo decisión política, la
situación de hacinamiento de las cárceles en las provincias, puede resolverse
en el corto plazo.
La
crisis por la liberación de presos en la cárceles fue autogenerada por el
Gobierno, fruto de sus concepciones ideológicas y los compromisos con los
compañeros caídos en desgracia en causas de corrupción.
Hay
que recordar que desde diciembre, mucho antes de la pandemia, el gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos Aires vienen alentando la liberación
anticipada de presos, adhiriendo a los postulados y recomendaciones de
Zaffaroni.
Además, el motín de Devoto
tuvo como antesala el pedido del secretario de Derechos Humanos de la Nación,
reclamado la libertad de Ricardo Jaime, Luis D’Elia y Lázaro Báez, mientras
Amado Boudou recuperaba la suya, pese a tener una condena confirmada en segunda
instancia. Esos hechos, claro está, no podían pasar inadvertidos por los
“presos comunes”, quienes ante esos injustificados pedidos reclamaron igualdad
de trato.
El propio Presidente de la
Nación se ha mostrado a favor de las prisiones domiciliarias en épocas de
pandemia, lo que supone el más fuerte aval político al reclamo por la
liberación de quienes se encuentran en los penales. De hecho, el secretario de
Justicia de la Nación, habilitó la convocatoria a una mesa de diálogo integrada
por el Poder Ejecutivo, la Justicia y los presos donde, entre otros temas, se
comprometieron a abordar: la ley de cupo, la compensación de pena y su
conmutación. Negociar con presos
condenados, condiciones de liberación, es inaceptable en un estado de derecho.
Es incomprensible el
accionar del Gobierno que, por un lado, aísla y encierra en sus casas a
millones de personas, deja varados a miles de argentinos en el exterior, sin
posibilidades de ingresar al país, y por el otro, propicia la libertad
delincuentes condenados, colocando en situación de riesgo a la población en
general y a las víctimas en particular, dándose casos aberrantes como la de
violadores retornando a domicilios cercanos a los de sus víctimas. La pandemia
no puede transformarse en el salvoconducto para obtener la libertad anticipada
de quienes violaron o mataron.
No podemos perder de vista
que el fin y justificación de las penas es, en definitiva, proteger a la
sociedad frente al crimen, como postula la regla 58 de las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas de Mandela”, que -para nuestro
país- conforman el estándar de trato digno, exigido por el artículo 18 de
nuestra Constitución, conforme ha dicho la Corte Suprema de Justicia.
La
pandemia ha modificado nuestros hábitos de vida, donde hemos aceptado
restricciones a nuestras libertades individuales, en pos del bien común y a fin
de evitar un mal mayor, como lo sería el contagio masivo de las personas de
riesgo. Donde incluso, el incumplimiento a las normas de aislamiento, está
penado con prisión.
Las decisiones del Gobierno
nos llevan a tener, paradójicamente, victimas e inocentes encerrados y
delincuentes en libertad fuera de las cárceles, algo que anticipaba el tango
Cambalache cuando cerraba diciendo que “es lo mismo el que labura noche y día
como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o
está fuera de la ley”. Cuando se incumplen las condenas, cuando se libera
anticipadamente presos desprotegiendo a la sociedad, no hay otra cosa que
impunidad. Esa es, nuestra pandemia de todos los días.
