Unos 300 intelectuales,
científicos y periodistas aseguran que la Argentina
vive “una infectadura"
Por Silvia Mercado
Infobae, 29 de mayo de 2020
La farmacéutica y
biotecnóloga Sandra Pitta Alvarez, investigadora del CONICET desde el 2002, es
la primera de 300 firmas que respaldan un duro documento contra el Gobierno que
sostiene que la Argentina vive “una infectadura”.
Detrás de ella, otros 30
científicos del CONICET avalan la postura de que “en nombre de la salud
pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno
encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos,
seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones
de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las
consecuencias sociales de sus decisiones”.
Se trata de Gabriela Niemirowicz,
Mario Reta, Sebastián Linares Lejarraga, Darien Prado, Jorge Oyhenart, Alvaro
Martel, Mercedes Alemán, Carlos Alfredo Scarabino, por nombrar algunos de los
investigadores de la Universidad de La Plata, de La Pampa, de San Juan, de
Rosario, la Nacional Tecnológica que expresaron su acuerdo con el documento
titulado “La democracia está en peligro”.
Luego se sumaron Juan José
Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis
Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi,
Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego
Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío
Lopérfido.
“La democracia está en
peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los
poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia
ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la
coyuntura que vive el país”, se asegura.
Lo que el grupo denominó
como una “carta-denuncia” comienza diciendo que “si bien ningún país estaba
preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino
fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector
independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se
desestimó el planteo de testear, rastraer y aislar casos” y “como única
explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con
otros países”.
Critica que “en dos meses,
hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia
salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se
convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las
condiciones para que esto suceda”.
Y hace hincapié en “en el
desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es
la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento
de la pobreza". Para asegurar que “los créditos para monotributistas y
autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con
requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.
También los periodistas
Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo
Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz,
Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco,
Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere.
Y una importante cantidad de
profesionales, ex funcionarios, ex embajadores, líderes de ONG’s, influencers
de redes sociales. Por ejemplo: Leandro Querido, Mariano Caucino, Claudio
Bargach, Alejandro Biongiovanni, Pablo Racioppi, Claudio Mascheroni, Emilio
Perina, Marta Nercellas, Gustavo Pablo Magda, Alberto Torres, Eduardo Gerome,
Carlos Canievsky, Carlos Nápoli y Camila Brancowitz, entre 300 firmantes.
El texto hace “una
convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios
del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder
gubernamental”.
