En medio de la cuarentena
por el coronavirus
Por Juan Piscetta
Infobae, 20 de mayo de 2020
Luego de poco más de cinco
meses de calma, el Gobierno nacional tuvo que intervenir en un nuevo conflicto
mapuche en la Patagonia. La tensión se reactivó en la comunidad Pu Lof Buenuleo
de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde una patota encabezada por el
propietario de un predio atacó a los ocupantes de los terrenos con armas
blancas y les destrozó la vivienda. Por ese hecho, el mapuche Ramiro Buenuleo y
otras dos personas sufrieron heridas, entre ellos una mujer y un adolescente de
14 años. Cuatro agresores fueron imputados.
Ese episodio ocurrido el 29
de abril fue un punto de quiebre en la escalada de violencia, que ya venía con
antecedentes de enfrentamientos en la zona. El conflicto se nacionalizó y dio
lugar a que intervenga el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de
Sabina Frederic. En medio de las restricciones y complejidad de la pandemia, el
secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, viajó a Bariloche la semana
pasada para encabezar una reunión que brinde soluciones a la espiral de tensión
junto a autoridades provinciales, municipales, representantes mapuches y de la
sociedad civil rionegrina.
Las conversaciones arrojaron
como saldo un acuerdo por un plazo de 90 días, donde la provincia de Río Negro
se hace cargo de la protección de la comunidad ubicada en el Cerro Ventana con
una fuerza policial especial, junto a la provisión de otros elementos de
seguridad e higiene. De esa manera, se atendía la problemática de la violencia
pero no la cuestión de fondo, que es el derecho al acceso a las tierras
preexistentes incorporado en la reforma constitucional de 1994.
Las históricas tensiones en
la Patagonia ya estaban en el radar del Poder Ejecutivo. El acuerdo significó
la puesta en marcha efectiva en Río Negro del protocolo para la resolución
“pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios, que fue
presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante
las provincias. A ese mecanismo suscriben el Ministerio de Ambiente, de Juan
Cabandié, y su par de Justicia, de Marcela Losardo, de quienes dependen las
áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las
carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural:
el derecho a la tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.
“Desde el primer día de
gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser
radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la
Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención
hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”,
indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de
Seguridad, Gabriel Fuks.
Con el reflote de la
cuestión mapuche, volvieron a ponerse de relieve las miradas contrapuestas
sobre el abordaje de este tipo de disputas. Tras concretarse el acuerdo y las
negociaciones, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez
Estevan, subrayó que los pobladores de las zonas patagónicas en conflicto viven
“amenazados y asustados” por los hechos de violencia. “Queremos que la gente de
Nación entienda el problema de Mascardi, el problema de la Ruta Nacional 40, el
problema en la costa del lago y todo lo que esto implica para el turismo”,
reclamó el ministro provincial.
La gestión de la gobernadora
de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y
propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo,
agresiones y robos en la región. Según la prensa local, el último caso que
salió a la luz fue el pasado 12 de mayo en Los Radales, en Villa Pehuenia,
cuando se detectaron focos de incendio en una cabaña en las zonas aledañas de
la Ruta 40 y de la comunidad de Winkul Lafquen Mapu.
“La zona de Villa Mascardi
es tierra de nadie. Desde la zona de la cabaña del colegio San José, que la
quemaron hasta casi llegando a la Villa, hacen lo que quieren, te amenazan y te
dicen que es tierra de ellos”, dijo el administrador de las cabañas Hueche Ruca,
Alejo Dasso, a la agencia ANB.
Más allá de los delitos
contra la propiedad, la región tiene un historial trágico reciente: en el Lago
Mascardi murió asesinado el 25 de noviembre de 2017 el joven mapuche Rafael
Nahuel, a manos de efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval. La ex
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre apoyó la hipótesis de
enfrentamiento armado. Esa causa está empantanada, con algunos mapuches
complicados judicialmente por el delito de usurpación, y sin prefectos procesados
por el homicidio.
En el Ministerio de
Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de
vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De
hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches.
Mientras tanto, las
denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y
denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. No
debería ser complejo: en las zonas de conflicto habitan poblaciones de entre 30
y 40 personas junto a pocos propietarios de casas lujosas o de campo, que
suelen contar con una propia custodia de seguridad. Pero hay pocas pistas sobre
el origen de la violencia.
Orlando Carriqueo, de la
Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, denunció a Infobae una
“campaña de estigmatización de denunciar hechos sin pruebas, que le son
endilgados a la comunidad". “Eso no ayuda a resolver ningún problema. La
realidad es que en nuestro territorio mataron a un integrante nuestro sobre la
espalda y fue Rafael Nahuel", indicó.
Por lo pronto, el área
geográfica del Lago Mascardi cuenta con una presencia de la Policía Federal,
tras la salida del territorio de la Gendarmería Nacional que comenzó bajo la
gestión de Mauricio Macri. A pesar de las tensiones, en el Poder Ejecutivo
están convencidos de que “no irán a la guerra” contra los habitantes mapuches y
los pobladores.
Desde la visión de los
mapuches, la pandemia no fue un tiempo de paz. Según Carriqueo, los
propietarios están avanzando en el alambrado de territorios en localidades como
Colan Conhue, Río Chico y San Antonio y dicen que están pendientes “entre
cuatro o cinco desalojos”. Es decir, Buenuleo no fue la excepción.
“La Comarca Andina no escapa
a la situación de inseguridad jurídica y territorial que viven muchas
comunidades en el país. Se desenvuelve en el marco de un conflicto histórico
con el pueblo mapuche que se remonta desde la Campaña del Desierto”, consideró
el referente mapuche a este medio.
“Vivimos una estigmatización
social. Ahora hay un reconocimiento de esa preexistencia pero no nos reconocen
la territorialidad, ni el genocidio que permitió la apropiación de nuestras
tierras, donde hubo mapuches hace más de 200 años. Hay fuertes intereses
inmobiliarios. Es algo que involucra al Estado nacional, provincial y
municipal. No debe ser el Ministerio de Seguridad el que resuelva los
conflictos”, completó.
Buenuleo y las pulseadas
latentes
En el conflicto de Buenuleo,
la Justicia provincial instruyó una causa por presunta usurpación pero el
Tribunal de Impugnación de Río Negro, ante el planteo de la comunidad, la
declaró incompetente y la envió a la Justicia federal de Bariloche. En una
resolución de diciembre, el tribunal indicó no sólo que la jurisdicción
corresponde a Parques Nacionales sino que se investiga “un hecho calificado por
los imputados como de ‘posesión tradicional indígena’".
En ese clima de desacuerdo y
hostilidades, el Ministerio de Seguridad busca aplicar su receta propia para la
pacificación. Durante la visita de Fuks en Río Negro, el funcionario mantuvo
abiertas negociaciones junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
que conduce Magdalena Odarda, de la Administración de Parques Nacionales, el ministro
Gastón Pérez Estevan, autoridades municipales y representantes del Parlamento
Mapuche.
En medio de esas tratativas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida
cautelar en favor de la comunidad mapuche de Buenuleo por encontrarse "en
una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e
integridad personal están en grave riesgo”. La causa que tramita el conflicto
de fondo ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
“Con el acuerdo que firmamos
con la comunidad Buenuleo se garantiza la seguridad de las víctimas de los
recientes hechos de violencia. Estamos siguiendo el tema en Mascardi, donde
también hay situaciones de violencia y cuestiones a analizar, como la
existencia de una parte reclamando un territorio ancestral que considera
sagrado. Queremos que todos los actores estén sentados en la mesa de
diálogo", sostuvo Fuks.
Aunque hubo un avance en
materia de seguridad, en la cartera de Sabina Frederic consideran que una
solución real para los pueblos originarios tardará de “tres a seis meses”, a
partir del trabajo conjunto entre el INAI, la Universidad Nacional de Río Negro
y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las mesas de trabajo continuarán esta
semana y la próxima, con la participación de los equipos académicos y de
Parques Nacionales y del Parlamento Mapuche.
En concreto, estos
organismos dispondrán de partidas presupuestarias específicas y recursos para
elaborar un estudio exhaustivo sobre la población de las comunidades
originarias y los territorios que habitan. En última instancia, los informes se
sumarán como un aporte para dirimir los litigios judiciales por el acceso a la
tierra. Varios de estos reportes ya son presentados a tribunales en el marco de
la Ley 26.061 de Comunidades Indígenas.
…..
