Diana Cohen Agrest
Clarín, 30-3-15
Roberto Carlés fue designado por la Presidenta para
suceder en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a su maestro Eugenio Raúl
Zaffaroni. Sin embargo, demasiadas denuncias probaron la falta de idoneidad, de
antecedentes profesionales y de cualidades éticas del bendecido presidencial
para ocupar un cargo vitalicio. Pese a estar “flojo de papeles”, nos interesa
ir más allá del hombre y enfocarnos en sus ideas rectoras.
Carlés sintetizó su agenda de derechos humanos en
distintos medios locales y ante L´Osservatore Romano. ¿Cuáles fueron sus
declaraciones, y cuánto se sostienen en la realidad?
1. “La pena capital es incompatible con el respeto de
los derechos humanos, desvaloriza la dignidad humana y el derecho de no ser
sujeto a tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes”,
declaró en el éter de la Once-Diez. “Los Estados”, añadió, “aplican la pena de
muerte en forma encubierta, ya sea por medio de ejecuciones ilegales o
extrajudiciales”.
Es absolutamente cierto, pues aunque el entrevistado parece
olvidar que la pena capital existe de hecho en la Argentina violenta, con sus
palabras reconoce implícitamente que todos los días son ejecutados ciudadanos
indefensos con la anuencia del Estado.
2. “También los Estados matan por omisión … El Estado
tiene un poder de señorío sobre la vida y sobre la muerte de las poblaciones
aún en los casos que no hay pena de muerte legal”.
Los Estados también “matan
por omisión” cuando no administran la debida justicia. Una prueba de lo dicho
es provista por el Informe de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que
consigna que durante el 2013 subió la tasa de los homicidios dolosos por
venganza privada en los asentamientos precarios. Este dato es un índice de que
la actual política penal victimiza a los segmentos más vulnerables: el índice
más elevado tanto de victimarios como de víctimas de homicidio muestra que
tienen apenas entre 18 y 24 años. Es notorio entonces que, cuando el Estado no
imparte justicia, se desprotege no sólo a la sociedad sino al delincuente,
quien termina siendo víctima de la justicia por mano propia.
Desconocer la
retribución como elemento esencial de los vínculos intersubjetivos es negar su
papel tanto en la vida privada como en las obligaciones públicas: desde los
regalos y las propinas hasta las multas por morosidad tributaria son
manifestaciones de la justicia retributiva.
3. “Yo opino que por más grave que haya sido la
conducta, después de 20 años del hecho, la persona ya no es la misma”.
Carlés,
quien no trabajó en la Justicia, desconoce que los asesinos son liberados, en
promedio, tras tres años de prisión. Por lo demás, cree resolver el
complejísimo problema de la identidad personal con un reduccionismo
sorprendente. Pues no sabemos si la persona es o no la misma. Pero tenemos la
certeza de que el muerto ya dejó de ser el mismo en el instante en que el
asesino lo mató.
4. Carlés aspira a “Tener una Justicia penal más
humana”: Carlés es el favorito de un ex Juez de la Corte Suprema que nada hizo
para que se ejecutara durante los últimos años el presupuesto nacional asignado
a la construcción y mejoramiento de cárceles (en el 2014, apenas el 9 %).
Esta
omisión produjo la violación de los derechos humanos de los internos, quienes
sufren de hacinamiento. Como solución a esta deshumanización del preso, creen
poder justificar la excarcelación consuetudinaria de los condenados que ponen
en riesgo a la sociedad.
Pese a su juventud, Roberto Carlés trae una agenda
programada hace tres décadas y avalada por una jurisprudencia que produjo un
experimento social letal, enmascarada por un Indec de la inseguridad que se
resiste, una y otra vez, a reconocer la impunidad legitimada por el Estado,
tanto en las causas llamadas “menores” para quienes no la sufren, como en las
grandes causas donde juegan las grandes ligas de la política.
Si la agenda de derechos humanos, en palabras de
Carlés, “nos concierne a todos”, la Justicia debe representar los valores de la
sociedad, y no imponérselos. La designación de Carlés, como la de cualquier
otro con más pergaminos pero con el mismo ideario, enmascararía y legitimaría
en un mismo gesto una nueva modalidad de violencia institucional provocada por
omisión. Cualquier propuesta semejante ya fue probada en la Argentina, donde el
delito y el narcotráfico son consentidos por un Estado omnipresente en otras
áreas pero ausente en la defensa de sus ciudadanos de bien.
Tal vez por falta de perspectiva histórica, es difícil
proyectar los efectos de esta masacre “por goteo”, en la retórica del ex juez.
Y una vez más, cuando todavía conmemoramos los delitos de la Dictadura, el
ejecutor de esta violencia institucional es un Estado indiferente a los desaparecidos
y muertos por las violencias de la democracia. Un Estado indiferente ante las
víctimas. Ante los enlutados. Y ante los ciudadanos desamparados por una
Justicia que pretende perpetuar un ideario de academia divorciado de un pueblo
que reclama, ni más ni menos, la protección del respeto del derecho a la vida.
Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de
Justicia
