Por Joaquín Morales
Solá | LA NACION ,
11-3-15
La historia suele
demorarse, pero nunca desaparece. Los dos atentados terroristas más importantes
que sufrió la Argentina
en los últimos 30 años (los que volaron la sede de la AMIA y la embajada de Israel
en Buenos Aires) siguen impunes, aunque producen novedades de tanto en tanto.
Esos actos criminales colocaron a la Argentina en el centro del conflicto de Medio
Oriente, a pesar de que Cristina Kirchner dice que el país todavía no forma
parte de él. Los dos ataques dejaron más de un centenar de muertos. Por la
bomba que estalló en la embajada murieron 29 personas. En la AMIA , el atentado más
importante de la historia argentina dejó 85 muertos (86, si se sumara la
extraña muerte del fiscal Alberto Nisman). La escasez de progresos en ambas
investigaciones y el tiempo transcurrido interpelan a un Estado ciertamente
impotente, cuando no cómplice explícito o implícito de masacres instigadas por
el odio y la segregación.
Ayer, la Corte Suprema volvió
sobre el atentado contra la AMIA
cuando le ordenó al Gobierno el pago de una millonaria indemnización a
familiares de un muerto. En verdad, el tribunal sólo hizo cumplir una sentencia
de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En 2005, ese tribunal
condenó al gobierno argentino por no haber impedido el atentado, por el
encubrimiento posterior y por no haber investigado. Una parte notable de este
caso es que el gobierno de Néstor Kirchner se comprometió entonces ante la Comisión Interamericana
a confeccionar una ley para reparar a las víctimas del atentado contra la
mutual judía. Nunca se escribió esa ley. Peor que eso: ahora el gobierno de
Cristina Kirchner se negaba a pagar la indemnización con el argumento de que la
causa había prescripto. La Corte
sentenció que la causa no había prescripto, mucho menos cuando fue el propio
Estado el que no cumplió con su compromiso internacional de reparaciones a las
víctimas.
Tal vez estamos ante
otro ejemplo de un gobierno que busca eludir sus responsabilidades o tomar
atajos que no llevan a ningún lado. Es el caso de la famosa "pista
siria" que buscaría la
Presidenta para salvar su tratado con Irán, que ayer entró en
un camino judicial en el que, posiblemente, se confirmará su
inconstitucionalidad. La "pista siria" y la "pista iraní"
son la misma cosa. Ambos países, Irán y Siria, tienen un viejo acuerdo que aún
está vigente. Los dos son protectores financieros o geográficos de Hezbollah,
que habría perpetrado los dos atentados argentinos, en alianza con Jihad
Islámica. Estas dos organizaciones político-terroristas son antiguos socios en
la escandalosa misión de aterrorizar al mundo. El compromiso de Irán en la
voladura de la AMIA ,
y la presunta complicidad del actual gobierno argentino en su encubrimiento,
era el trabajo y la obsesión del fiscal Nisman cuando una bala le perforó el
cerebro.
El martes 17 de marzo
se cumplirán 23 años del atentado contra la embajada de Israel. La vieja
representación diplomática de ese país, en la calle Arroyo, fue dinamitada de
tal manera que de ella quedó sólo una plaza, que es lo que hay ahora. En los
próximos días arribará al país una importante delegación del gobierno de Israel
para asistir a las ceremonias de homenaje a las víctimas y recordación de aquel
acto criminal. En su reciente discurso de apertura del año judicial, el
presidente de la Corte
Suprema , Ricardo Lorenzetti, cometió un error parcial cuando
dijo que la investigación de ese atentado era "cosa juzgada". Fue un
párrafo que el juez improvisó sobre un texto escrito. Sin embargo, un día
después Lorenzetti y la propia Corte decidieron no repetir el error común en la
política argentina de no aceptar las equivocaciones propias. Un documento de la Corte reconoció el error de
Lorenzetti.
La causa por el
atentado contra la embajada de Israel es "cosa juzgada" sólo en dos
aspectos: fue un atentado y su autor fue la organización Jihad Islámica. Ésa es
la decisión que tomó la
Corte Suprema anterior, en 1999. Ahora puede parecer obvio
que fue un atentado, pero durante varios años se barajó la posibilidad de una
implosión dentro de la sede diplomática. Incluso, tres peritos del Centro de
Ingenieros dictaminaron que había explotado un artefacto que estaba dentro del
edificio. (SID) Cierto antisemitismo embadurnó las primeras investigaciones. El
tiempo perdido en esas naderías fue inmenso e irrecuperable.
El caso de la
embajada nunca debió ser investigado por la Corte Suprema ,
porque sencillamente ese tribunal no tiene los recursos ni la experiencia para
hacer una investigación. Aunque los delitos que suceden en sedes diplomáticas
son competencia directa de la
Corte , ésta estará siempre en condiciones de delegar la
investigación en un juez, que podría quedar bajo el estricto control del tribunal.
La anterior Corte evaluó esa posibilidad, pero su entonces presidente, Ricardo
Levene, se negó rotundamente a delegar esas funciones. "Yo fui juez de
instrucción. Ustedes, no. Ésa es la diferencia", les dijo el viejo juez a
sus colegas en el máximo tribunal.
No son "cosa
juzgada", en cambio, las responsabilidades personales de los terroristas,
porque los supuestos autores nunca fueron capturados por la justicia argentina
y ni siquiera indagados. En diciembre de 2006, la actual Corte Suprema dispuso
seguir adelante con la investigación, declaró improcedente un pedido sobre la
prescripción de la causa y reiteró los pedidos de capturas internacionales para
los prófugos Imad Mughniyah y José Salman El Reda Reda. Mughniyah habría muerto
en un atentado en Damasco el 12 de febrero de 2008.
HEZBOLLAH E IRÁN
Un aspecto sobre el
que la actual Corte indagó mucho fue sobre la relación entre Hezbollah y el
gobierno de Irán. Pidió la colaboración de los Estados Unidos, Gran Bretaña,
Alemania y Francia. En noviembre de 2013, el gobierno británico informó a la Corte argentina que toda la
asistencia posible sobre el tema ya había sido dada y que cerraría los archivos
del caso. El gobierno norteamericano se negó a suministrar datos por el
carácter "clasificado" o secreto que tiene ese expediente en
Washington. La administración alemana también se negó a trasladar información a
Buenos Aires, porque consideró que ella supera el marco del atentado contra la
embajada de Israel en la
Argentina. Francia respondió que no tenía elementos que
probaran la relación entre Hezbollah y el gobierno iraní.
También la Corte investigó la pista del
diplomático iraní Jaffar Saadat Ahmad Nia, que se desempeñó como agregado civil
en la embajada de Irán en Brasil entre junio de 1991 y diciembre de 1993. El
atentado de Buenos Aires ocurrió en marzo de 1992. La pista se disolvió porque
el diplomático no viajó, con su nombre real al menos, a Buenos Aires.
Con todo, la justicia
norteamericana condenó en febrero de 2008 al gobierno iraní a pagarle 33
millones de dólares a la familia del diplomático israelí David Ben-Rafael,
muerto en el atentado de la embajada en Buenos Aires. La Corte Suprema pidió
a los Estados Unidos una copia de esa sentencia, pero luego concluyó que no
aportaba nada nuevo a lo que ya se sabía aquí.
A uno de los
prófugos, El Reda Reda, se lo persigue porque en su momento fue detenido con
30.000 dólares falsos, que resultaron ser los "superdólares" que
fabricaba, falsificados, el gobierno iraní para financiar atentados terroristas.
El servicio de inteligencia argentino le informó a la Corte , además, que el iraní
Hussein Mohamad Suleiman fue detenido en Jordania y que allí confesó que él
había ingresado a la
Argentina los explosivos con los cuales se perpetró el
atentado contra la embajada de Israel. Los Estados Unidos se comprometieron a
aportar información sobre Suleiman y su paradero actual, pero no lo hicieron
hasta ahora. La SI
(ex SIDE) le informó a la Corte
que insistió en ese pedido al servicio de inteligencia norteamericano hasta por
teléfono.
Más de dos décadas
han pasado desde los dos atentados. Uno de ellos, el de la AMIA , sigue proporcionando
muertos (Nisman, en este caso) a esa historia de impunidades y complicidades.
La mitad de ese tiempo ha estado gobernado por los dos presidentes Kirchner y
el peronismo, en una versión u otra, controló el Estado durante más de los 20
años transcurridos. Es demasiado tarde para eludir la responsabilidad o para
buscar pistas que, si existieron alguna vez, ya han desaparecido.
