COHERENCIA POLÍTICA

 por la Patria

 

Por Germán Masserdotti

La Prensa, 12.10.2025

 

Coyunturas como la elección de autoridades y de legisladores en la vida política de cualquier país pueden convertirse en una saludable ocasión para reflexionar en torno al bien común de la patria y de la participación cívica de cada uno de los ciudadanos. Para no adoptar un enfoque meramente individualista habría que agregar una palabra sobre la participación familiar en esta materia. Nos hemos acostumbrado tanto al sufragio individual que hemos perdido de vista que el hombre es un ser social por naturaleza y, por lo tanto, familiar. Ocuparse del sufragio de este tipo exigiría otra nota.

 

La realidad natural de la vida social humana implica un requisito básico a fin de que ella sea fructífera: la coherencia entre la esfera individual y comunitaria del mismo hombre. Dado que la conciencia moral es la misma siempre y una de sus manifestaciones es la “conciencia social”, es decir, el juicio normativo que se formula sobre las acciones que influyen en la vida en común, establecer una separación en donde no debe haberla resulta un artificio.

 

Un ejemplo reciente de la vida parlamentaria argentina vale para ilustrar lo dicho: si, como individuo, estoy a favor del respeto de la vida humana y, por lo tanto, en contra del aborto, como diputado o senador debo ser coherente y votar en el mismo sentido, es decir, a favor de un proyecto de ley como el de los Mil Días y en contra de otro como el de la legalización del aborto. Sin embargo, no siempre sucede así. Ésta es la cara de aquellos que acceden a un cargo público y que no son consecuentes con el juicio de su conciencia. Obviamente, hay más de una manera de falsificarla.

 

CIUDADANOS

Pero hay otra cara de la vida política. Es la de los ciudadanos que tienen el deber y el derecho del voto. En la Argentina, aunque no solamente en ella, existe un mal hábito: descargar la responsabilidad en los otros o culparlos. Nosotros siempre somos inocentes. En todo caso, pecaríamos de ingenuos. Pero siempre, como Pilatos, nos lavamos las manos. Es cierto –si se trata de la “oferta” electoral– que los ciudadanos no eligen a los candidatos que se postulan. La físico-química y la mecánica-dinámica políticas nos los ofrecen o, mejor dicho, nos los imponen. En todo caso, los ciudadanos eligen a los candidatos ya postulados por otros. No obstante, tenemos algo de poder: la emisión del voto. Es poco en un sentido, pero es mucho en otro. La clave está en votar a conciencia.

 

En este caso, también existen falsificaciones de la “conciencia electoral”: hay que votar por alguien; si voto en blanco, favorezco a la mayoría; voto en contra de otros; etcétera. Me olvidaba: el voto útil. Tal vez se trate de la expresión más berreta de la “participación” política.

 

A propósito de lo dicho, y teniendo en cuenta que, en nuestro país, todavía, el catolicismo tiene algo de influencia, es interesante traer a cuento un texto de José Manuel Estrada escrito en 1883. Atención al año: fue escrito hace más de 142 años.

 

Escribe Estrada: “Los católicos argentinos han sido inadvertidos y lo son todavía. Han creído que su fe no debía influir en sus resoluciones políticas ni rectificar sus simpatías de partido. Por eso, multitud de hombres fieles a la fe han cooperado a la elevación de políticos, cuyas creencias, si ese nombre puede darse al escepticismo, estuvieron en abierta contradicción con las suyas. Este latitudinarismo ha desvirtuado las más de las veces precauciones con que la ley fundamental de la república quiso resguardar el carácter de la sociedad y de sus instituciones (...). Entre tanto, no se ha entendido que la apostasía notoria ataje a nadie los caminos de la presidencia. La armonía de ideas secundarias, y a veces subalternas preferencias de círculos y predilecciones personales, han bastado para reclutar adeptos y combinar acciones políticas sin miras altas ni profundas, cuyos frutos amargan, pero infortunadamente no aleccionan a muchos. (...). Los católicos han prescindido de las cuestiones de su fe en sus combinaciones políticas, y por su tolerancia y abandono han contribuido indirectamente a que arraiguen las supersticiones del liberalismo en el régimen de los negocios públicos. Los males arrecian de día en día, y se acerca la hora de recobrarse y reflexionar” (La Unión, 1° de abril de 1883).

 

EL LIBERALISMO

Nuevamente pido un minuto de atención: el núcleo de liberalismo no es la ley de la oferta y de la demanda, la separación de poderes u otro ejemplo relacionado con la economía y la política –que, en todo caso, son versiones superficiales de algo más profundo–. El núcleo del liberalismo está en la separación –no en la distinción– entre la fe y la vida social, en particular, la política. Es lo que la Iglesia –ya que hablamos de catolicismo– condenó en más de una oportunidad. Se podría invocar a León XIII con Libertas pero otro tanto al Concilio Vaticano II con la Gaudium et spes como el mismísimo Catecismo de la Iglesia Católica que recepta el magisterio social del cual, como bien ha afirmado Benedicto XVI en Caritas in veritate, no existe una versión “pre” y “post” conciliar.

 

Estrada escribió sus palabras en 1883. Junto con otros bravos católicos argentinos como Tristán Achával Rodríguez, Pedro Goyena, Emilio Lamarca, supo librar el buen combate para que la Argentina de ese entonces continuara siendo católica. Tiempos recios los suyos. Ellos y otros grandes argentinos no se conformaron con la corriente de la época. Es cierto que no vencieron in tempore pero, a diferencia de otros contemporáneos suyos que se subieron al caballo ganador, fueron coherentes con su conciencia cristiana.

 

PROBLEMA

La realidad nacional en 2025 es otra. La Argentina ha dejado de ser católica hace rato. Si se elige una fecha indicativa de la aceleración del proceso, podría, simbólicamente, apuntarse 1983. Pero podría parecer que la única responsabilidad fue de las dirigencias sociales, en particular, la política –rectius, partidocrática–. No es así y no hay que hacerse los giles –para giles ya hay una Odisea–. Porque el problema argentino, sin dejar de ser político, no lo es en primer término: en realidad, es religioso con repercusiones en la política. Estrada nos ofrece algunas claves: “Los católicos argentinos han sido inadvertidos y lo son todavía. Han creído que su fe no debía influir en sus resoluciones políticas ni rectificar sus simpatías de partido”. “Los católicos han prescindido de las cuestiones de su fe en sus combinaciones políticas, y por su tolerancia y abandono han contribuido indirectamente a que arraiguen las supersticiones del liberalismo en el régimen de los negocios públicos”.

 

Está en nuestra conciencia moral social con sentido cristiano y patriótico de la vida la clave de la participación política coherente y eficaz. El liberalismo es pecado.

DIVERSIDAD CULTURAL O IDENTIDAD NACIONAL

 https://tiempociudadano.com.ar/diversidad-cultural-o-identidad-nacional

SISTEMA DE PARTIDOS

 

La última reforma a la Constitucional Nacional, se efectuó en 1994; en los 31 años transcurridos, ningún sector político y ningún constitucionalista ha puesto en duda la legitimidad de dicha Constitución. Por lo tanto, las reformas que se propongan deberán someterse al procedimiento respectivo, fijado en el propio texto constitucional (art. 30), de manera que no podrá concretarse sin el apoyo explícito de la mayoría de dos tercios del total de los diputados y senadores. En síntesis, no habrá ninguna reforma institucional sin la participación activa de los partidos políticos.

1. Uno de los aspectos más críticos de la política contemporánea es el de la representación; la crítica al sistema contemporáneo de partidos está, obviamente, justificada. Dicho sistema se basa en la llamada democracia indirecta o representativa, consistente en que, como todo el pueblo -en quien se supone reside la soberanía- no puede gobernar por sí mismo, debe delegar en sus representantes la función de gobierno, sin abandonar por ello la soberanía. Como el gobierno -especialmente el Congreso- debe representar la Voluntad General, se establece por medio de una ficción jurídica que cada representante representa, no a los ciudadanos que lo han elegido, sino a todo el pueblo. Con lo cual se invalida en la práctica la figura invocada del mandato, según la cual los gobernantes reciben, al ser elegido, un mandato del pueblo, para ejercer en su nombre el gobierno.

En efecto, esta figura se podía aplicar legítimamente durante la Edad Media, con la monarquía tradicional, pues en las cortes o asambleas los representantes eran elegidos por un grupo social determinado (estamentos, ciudades, corporaciones) y únicamente representaban a ese grupo, con mandato “imperativo” a través de instrucciones precisas que, en caso de no ser cumplidas fielmente por el representante, el mandato de éste podía ser revocado.

Por el contrario, en los parlamentos modernos -y ya desde la Revolución Francesa- se prohíben los mandatos imperativos, y los representantes ejercen una representación “libre”, es decir que, una vez elegidos -si bien alegan actuar en nombre del pueblo-, no reciben órdenes de sus electores y actúan con total independencia.

Por otra parte, todos los representantes son propuestos al electorado por los partidos políticos, únicas entidades que tienen acceso legal a los cargos públicos electivos, no permitiéndose ni las candidaturas de ciudadanos independientes ni la representación de otros grupos sociales (CN, Art. 38).

Es por estar basado en el mito de la soberanía popular y en una falsa teoría de la representación, que el sistema actual de partidos políticos carece de solidez y produce efectos negativos en la sociedad.

 

2. Durante la vigencia de la monarquía, la actividad gubernamental estaba a cargo del propio rey y de la nobleza, es decir, el estamento aristocrático que rodeaba al rey y cuyos integrantes se preparaban para la guerra y el gobierno. Las cortes o asambleas, ya mencionadas, se limitaban a informar y asesorar al rey sobre los problemas e inquietudes, y, en casos excepcionales, a consentir medidas de emergencia como impuestos especiales, pero la decisión estaba reservada al monarca que representaba la unidad del reino, al estar por encima de todos los sectores.

Al ser reemplazada la monarquía por el sistema republicano, surge la necesidad de sustituir a la nobleza en dicho rol, y este lugar lo ocupan -aunque imperfectamente-, los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos.

 

3. La alternativa que proponen distinguidos profesores y publicistas, consiste -explícita o tácitamente- en sustituir el régimen de partidos por: a) una participación activa en la vida socio-política de los cuerpos intermedios; yb) la dictadura como forma de gobierno.

Los cuerpos intermedios son las asociaciones ubicadas entre la familia y el Estado, que persiguen un fin común (sindicatos, entidades profesionales, cámaras empresarias, centros vecinales, cooperativas, mutuales, cooperadoras escolares, etcétera). Toda sociedad contiene en su seno infinidad de entidades y grupos mediante los cuales los hombres tratan de lograr objetivos que sirven a su perfección. Un sano orden social requiere la aplicación del principio de subsidiariedad que exige que el Estado no absorba las actividades que pueden realizar igualmente las asociaciones inferiores. En virtud de este principio, la Iglesia siempre sostuvo que los cuerpos intermedios deben gozar de la mayor autonomía posible y ocuparse de muchas tareas que hoy el Estado tiene a su cargo y le impiden ejercer correctamente el rol que le competencia como gestor del Bien Común. Asimismo, mediante la interconexión y colaboración mutua, los cuerpos intermedios pueden constituir organismos que resuelvan por sí mismos ciertos problemas sociales y económicos, evitando la lucha de clases: es lo que se llama corporativismo u organización profesional.

En este sistema, los grupos intermedios se van articulando hasta formar un Consejo o Cámara nacional en la que se encuentran representados todos los grupos e intereses sociales existentes en la sociedad, con la finalidad de asesorar al gobierno, o, incluso, cumplir funciones legislativas. No cabe duda de que este sistema, recomendado por el magisterio pontificio - especialmente en la Encíclica “Cuadragésimo Año ”-, permite un mejor funcionamiento de la sociedad ya la vez impide los posibles abusos del Estado, pero no puede asumir -en exclusividad- la conducción de éste, ni ocuparse de la actividad específicamente política.

"Es verdad que estos grupos, si bien necesarios, cada uno según su propia finalidad específica, representan sólo intereses delimitados y parciales, no el bien universal del país. No tienen, por consiguiente, competencia para participar en aquellas decisiones superiores que son peculiares del supremo poder político, primer responsable del bien común" ( Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano a la XXVI Semana Social de España, 18-3-1967).

 

4. Es por eso que, inevitablemente, cuando no se quiere aceptar la existencia de los partidos, se busca una monarquía sin corona: la dictadura. No negamos que pueda resultar inevitable y hasta conveniente establecer un gobierno de facto para producir un cambio integral en nuestro país, desquiciado hasta extremos difíciles de revertir, luego de tantos años de influencia liberal. Pero ocurre que, por definición, la dictadura es “una fórmula de transición”, que no “puede prolongarse indefinidamente”.

Sus creadores, los romanos, limitaban su duración a seis meses; aunque aquí se prolongó durante seis años, en dos ocasiones, ¿bastó ese lapso para producir los cambios necesarios? Tampoco las dictaduras nacionales de Franco, en España, y de Oliveira Salazar, en Portugal, que se extendieron por más de 30 años, pudieron modificar el sistema.

Por todo lo explicado, la alternativa comentada, como reemplazo de la partidocracia, no nos parece satisfactoria como solución factible y útil.

 

5. Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil, y los patriotas debemos aceptar la guía de la Iglesia, cuya experiencia milenaria resulta invalorable, sin olvidar que es depositaria de la Verdad. Pues bien, la doctrina de la Iglesia en materia de regímenes políticos, nos enseña que, en el terreno de las ideas, los católicos pueden preferir uno u otro, incluso llegar a precisar cuál es el mejor, en abstracto, puesto que la Iglesia no se opone a ninguna forma de gobierno legítima. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. Y, como toda autoridad proviene de Dios, cuando se consolida de hecho un régimen político determinado, “su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común...” (León XIII, enc. Au milieu de silicitudes, pp. 22, 23 y 15)

 

6. En nuestro país, existe desde hace 215 años la forma republicana de gobierno , que no podemos desconocer, como tampoco negar la vigencia de la Constitución que le dio fuerza legal, sin desviarnos de la doctrina que acabamos de citar. A partir de estas realidades es que debemos desplegar nuestro esfuerzo para mejorar el funcionamiento de la sociedad en que la Providencia nos ha colocado.

Por otra parte, la actuación de los partidos no es necesariamente mala. En efecto, en todos los tiempos, los hombres se han agrupado en torno a líderes, ideas o intereses, para tratar de influir en la conducción de la sociedad, incluso cuando regía la monarquía y existía la aristocracia. La parte no siempre constituye una facción, ni la discrepancia afecta al bien común, mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Por eso la Iglesia reconoce como legítima “la diversidad de pareceres en materia política...La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y la justicia” [ León XIII, enc. Cum Multa, pag. 3 ].

 

7. Ahora bien, ya hemos dicho que los grupos sociales intermedios –que, por ser intermediarios entre la familia y el Estado, son infrapolíticos- no pueden asumir la conducción del Estado ni ejercer la actividad específicamente política.

En primer lugar, porque los intereses sociales contrapuestos no pueden, en muchos casos, lograr un acuerdo, necesitando entonces la intervención del Estado, que se encuentra por encima de dichos intereses de sector. “ No hay más solución que atribuir la decisión definitiva de los conflictos de intereses entre los grupos profesionales, a una autoridad, creada con arreglo a una ley ajena al principio corporativo; o bien a un parlamento elegido por todo el pueblo, oa un órgano de complexión más o menos autocrático” ( Kelsen ).

 

Por otra parte, Rivero explica "...cada estructura intermedia no expresa al hombre en su totalidad. A través de ellas, el hombre se expresa en tanto trabajador, como jefe de familia, como vecino de un municipio, como empresario, como profesional, como técnico. Pero para lograr el hombre falta algo; ese único e incomunicable que constituye la persona; el hombre es más que la suma de sus expresiones parciales ya veces contradictorias que expresan los grupos. Me parece imposible, cualquiera sea el lugar que le corresponde a los cuerpos intermedios en la de la política, elimina la voz del hombre”.

 

Además, la eficacia de los representantes de los grupos sociales está dada por el conocimiento, la competencia, que poseen en el manejo de la actividad que representan, pero la mayoría de ellos no poseen las cualidades requeridas por la actividad política, ni pueden dejar de defender los intereses del propio grupo o estamento, sin perder la condición de dirigentes del mismo. Por ello, la conducción global de la sociedad, que compite al Estado, debe estar reservada a un tipo de personas con características especiales.

“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política,…se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás” [Sampay].

 

9. Entonces, ¿a través de qué medios pueden seleccionarse a los hombres que habrán de gobernar en un sistema republicano, y en qué tipo de entidades habrán de agruparse de acuerdo a sus preferencias políticas? En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos militares. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce “el eterno retorno de los partidos” (Lucas Verdú). No se ha logrado articular todavía una forma de convivencia que pueda prescindir de los partidos en la actividad política.

Como reconoce el Concilio Vaticano II: “Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyen estructuras político-jurídicas que ofrecerán a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y efectiva en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes” ( Constitución Gaudium et Spes, p. 75 ).

 

El profesor Félix Lamas ha explicado, con mucha claridad, que los partidos: “Pueden considerarse de existencia necesaria en la misma medida en que es inevitable una cierta dosis de discordia en toda comunidad...”, y por ello es que hay “un margen funcional admisible en los partidos: pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentren adecuada expresión a través de las comunidades naturales, vgr.: la postulación de candidatos o el sostenimiento de un determinado programa conforme con el bien común” (Cabildo, septiembre de 1982).

Creuzet añade: “Acontece también que su existencia resulta el único medio de contraequilibrar el poder tiránico de un Estado descarriado... En este caso, los partidos de la oposición se transforman en verdaderos cuerpos intermedios, apoyo de las personas, de las familias, de los otros cuerpos sociales, en su justa resistencia contra la tiranía”.

 

Debe reflexionarse, además, en que hoy, más que nunca, la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparan seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado.

 

Para finalizar, recordemos la advertencia de Juan Pablo II, al decir que los fieles: “de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política”.

“Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública” [ enc. Christifideles laici, 42).

 

Mario Meneghini

 

Fuentes:

Kelsen, Hans. Teoría general del Estado, 1973, p. 454.Rivero; cit. pag.

Montemayor, Mariano. Las ideas democráticas y el orden corporativo, 1967, págs. 114-115.

Sampay, Arturo. Introducción a la Teoría del Estado, 1964, p. 490.

Lucas Verdú, Pablo. Principios de la política, 1971, T. III, p. 48.

Creuzet, Michel. Los cuerpos intermedios, 1964, p. 101.

 

EN LA CUESTIÓN MALVINAS

 el gobierno viola la Constitución

 

César Lerena

Especial para Perfil 7.10.25

 

El gobierno del Presidente Milei ha realizado diversas acciones que reiteradamente incumplen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; violando el artículo 93° que indica que el Presidente debe “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina” y, según se trate, también podrían quebrantarse varios incisos del artículo 75° y el 99°.

 

Por los artículos 2 y 3 de la Ley 24.309 sancionada en 1993 aprobada, que la Convención Constituyente incorpora a la Constitución las disposiciones transitorias que eran necesarias y ello dio lugar a la Disposición que prescribe: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Fue el resultado de un consenso multipartidario en Argentina, liderado por el Movimiento Justicialista y la Unión Cívica Radical, atendiendo un sentimiento popular profundamente arraigado y, de carácter transversal sobre los derechos territoriales y marítimos de Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, cuyo objeto fue “constitucionalizar” el reclamo histórico de Malvinas y darle entidad de “política de Estado”.

 

El aporte de varios juristas destacados, entre ellos el Dr. Alberto García Lema -un abogado cercano al peronismo- y con el aporte -y la presión- de combatientes de Malvinas; permitieron obtener un texto final muy ajustado a la defensa de la soberanía nacional en el marco de la tradición diplomática argentina y el derecho internacional. la Disposición debe interpretarse como el resultado del consenso y en el contexto post-1982. Fue unánime entre peronistas, radicales y otros partidos respecto a “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía”, la “reafirmación legítima; permanente; irrenunciable e imprescriptible de Malvinas”.

 

Por cierto, al momento de redactarse pareciera que no se ha querido enfrentar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya que entendemos que esta Disposición debería haber contemplado una posición argentina más activa, por ejemplo, estableciendo la prohibición de llevar adelante cualquier acto favorable a los británicos mientras dure la invasión.

 

Tampoco se establece un mecanismo relativo a las eventuales violaciones del Reino Unido respecto a lo previsto en el inciso 4 de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que «Insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado (de negociación) de las resoluciones de la ONU».

 

Estaría faltando una Ley del Congreso que precisa los alcances de esta Disposición; porque este gobierno (y anteriores) no parece haber entendido que esta Disposición Constitucional, como se dijo, contó con el apoyo de todo el arco político para institucionalizar como “Política de Estado” los derechos inalienables de la Argentina sobre las Malvinas, los archipiélagos del Atlántico Sur y las aguas correspondientes. Motivo suficiente para que ningún Presidente, Ministro, Legislador, etc. realice acciones que -directa o indirectamente- atenten contra la recuperación de la soberanía plena argentina sobre los espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña.

 

Son varias las trasgresiones a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional:

 

a) Falta de acciones y/o declaraciones oficiales y/o renuncia u omisión del reclamo de soberanía -que es legítima, imprescriptible, irrenunciable y permanente- frente a todos los hechos del Reino Unido que implican modificar el estatus de 1976 (Res. 31/49 ONU), entre otras, la invasión de 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos; la militarización de las islas (OTAN); la explotación de los recursos naturales; la violación de los espacios aéreos argentinos; la construcción de puertos, entre otros.

 

b) Aprobar los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que establecen restricciones a la soberanía nacional y, entre otras cosas, facilitan la apropiación de los recursos naturales y la depredación del ecosistema.

 

c) Sancionar la Ley 23.968 que permitió la delimitación británica de las líneas de la costa de las islas Malvinas.

 

d) Sancionar la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas que otorga privilegios al Reino Unido a pesar de su invasión territorial y explotación de los recursos argentinos.

 

e) Aprobar Declaraciones Conjuntas contrarias a la soberanía argentina, tales como el Pacto Di Tella-Rifkind de 1995, permitiendo al Reino Unido la explotación petrolera en áreas en disputa; el Pacto Foradori-Duncan de 2016 que ratificó la cooperación en pesca, la ciencia y petróleo en el Atlántico Sur, y “promoviendo eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas”, en obvia referencia a la Disposición Constitucional. Luego el Pacto Mondino-Lammy en 2025, sobre pesca, vuelos y medio ambiente. Todos ratificatorios de los Acuerdos de Madrid, debilitando la posición argentina. La aprobación de los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas y/o con San Pablo -el mayor centro comercial latinoamericano- que sobrevuelan los espacios aéreos argentinos -incluso entre Malvinas y el continente- tiene un evidente beneficio económico y de integración de los isleños, sin reconocimiento de la soberanía plena de argentina.

 

f) No aplicar sanciones legales –pese a las leyes 24.922; 26.386 y 27.564- a la explotación pesquera por parte de los buques extranjeros en los espacios marítimos argentinos de Malvinas sin licencia argentina.

 

g) Efectuar declaraciones apartadas de la posición diplomática argentina de sostener la “integridad territorial argentina” de los espacios invadidos por el Reino Unido, como las que manifestó en septiembre de 2023 y junio de 2024 la ex Canciller Mondino y el Presidente Milei el 2 de abril de 2025.

 

h) Tratar a las autoridades ilegítimas de las Malvinas como un gobierno soberano legítimo como, por ejemplo, cuando en febrero de 2024 el Presidente Milei manifestó que “estando las Islas en manos del Reino Unido” el Canciller británico David Cameron tenía “todo el derecho” de visitar las Islas.

 

i) Apoyar a Estados -como Israel- cuya empresa Navitas explota los recursos petroleros argentinos en el área de Malvinas o adoptar posiciones contrarias a los países que tradicionalmente apoyan a Argentina en la cuestión Malvinas (caso de Palestina-Israel). Del mismo modo, tener contacto con la Presidente de Kosovo Vjosa Osmani en septiembre de 2025, cuya posición se contrapone a la de Argentina en Malvinas.

 

j) Falta de acciones activas diplomáticas, culturales o económicas destinadas a promover la cuestión Malvinas o no incluirla en la agenda bilateral con el Reino Unido. Tolerar que la Embajada del Reino Unido promueva becas a estudiantes para “conocer a sus vecinos” de las Islas, como si fuese un Estado independiente.

 

k) Impulsar en el Congreso un Área Marina Protegida “Agujero Azul”, a propuesta de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), propietaria de las islas Sebaldinas en Malvinas, estableciendo un área de protección de los intereses pesqueros del Reino Unido en Malvinas, violando la Disposición Constitucional. No hay acciones del PEN contra esta ONG por inmiscuirse en asuntos del Estado Argentino.

 

l) Admisión y falta de desactivación de la instalación de la antena-radar de la empresa de capitales británicos LeoLabs en la localidad de Tolhuin de Tierra del Fuego con capacidad de rastreo orbital (satélites militares), pese a informes militares argentinos negativos. Decreto del PEN permitiendo en Tierra del Fuego ejercicios militares de tropas estadounidenses -socios de los británicos invasores de Malvinas- y chilenas -país colaborador de los ingleses en 1982- sin autorización del Congreso Nacional (Art. 78° inc. 28 CN), violando la Disposición por su relación con Malvinas, la Antártida y las aguas de soberanía argentina.

 

m) No declarar en Estado de Sitio en acuerdo con la Provincia de Tierra del Fuego en el territorio invadido por el Reino Unido conforme el Art. 23° de la Constitución Nacional.

 

n) No ejecutar las acciones necesarias ante la República del Uruguay para concluir el apoyo logístico que ese país le presta en Montevideo a los buques relacionados con las actividades en las Islas Malvinas, entre otras, pesca ilegal, violando las leyes argentinas 24.922, 26.386 y 26.659 y las resoluciones de la ONU, como la 31/49 de 1976, que condena la explotación unilateral del Reino Unido. Además, que aviones militares británicos (RAF) han hecho escalas en Carrasco, contrario a las obligaciones de Uruguay, como las suscriptas en la CELAC de 2011/2014 y la Resolución UNASUR 2012.

 

o) Endeudarse debilitando la posición negociadora argentina y dificultando seriamente el cumplimiento de la Disposición Constitucional y, limitando severamente las herramientas diplomáticas, jurídicas y las relacionadas con la capacidad militar y defensa de la soberanía.

 

p) No promover una infraestructura estratégica en la Provincia de Tierra del Fuego (puertos, radares, bases, etc.) para reforzar la presencia argentina en la parte meridional del Atlántico Sur.

 

Cualquier acto de gobierno que contravenga la Disposición Transitoria Primera podría ser objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que la disposición tiene rango constitucional y, su incumplimiento directo o indirecto supone una “renuncia de facto” al no cumplir “el objetivo legítimo permanente; irrenunciable e imprescriptible de la soberanía plena de Malvinas”.

 

Dr. César Augusto Lerena

CRECEN LAS CRÍTICAS

 

 al giro "geopolítico" de Javier Milei en materia nuclear tras la privatización de Nucleoeléctrica

 

Cecilia Degl'Innocenti

Politóloga. Licenciada en Relaciones Internacionales. Periodista.

Perfil, 2-10-2025

 

La privatización parcial de Nucleoeléctrica (Na-SA), operadora de las centrales Atucha I,II y Embalse, agregó un nuevo capítulo a la frenética política nuclear argentina. La medida llega en paralelo a la adhesión formal al programa FIRST de Estados Unidos y al congelamiento de otros proyectos, incluidos Atucha III y IV que habían sido negociados con financiamiento chino. En ese movimiento se lee no solo un ajuste económico o una impronta "comercial", sino una respuesta al cambio geopolítico que imprimió el gobierno de La Libertad Avanza en el corazón del sector estratégico atómico.

 

El giro impulsado por Javier Milei —con el asesoramiento director de Damián Reidel, su asesor estrella en materia tecnológica y nuclear— fue interpretado por especialistas, exfuncionarios y legisladores como una "entrega de soberanía tecnológica" . Críticos del oficialismo señalan que tanto la venta de Na-Sa como la parálisis del CAREM, reactor modular insignia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no son hechos aislados. Sino que tienen una lectura geopolítica: implica abandonar años de desarrollo local para subordinarse al "club de compradores" de tecnologías norteamericanas.

 

La decisión también reavivó tensiones diplomáticas de ambos lados de la grieta: tras años de negociaciones con Beijing, que ofrecía financiamiento para la central Hualong y el swap como respaldo, diez años después de que la Casa Rosada teñida de violeta puso en práctica su alineamiento total con Washington, que, bajo gestión de Donald Trump, relanzó su programa nuclear para usos civiles y así disputar el liderazgo ruso y chino en la materia en la región.

 

En esa línea, la visita de la embajadora interina estadounidense, Heidi Gómez Rapalo, al sur del país ya la sede de INVAP funcionó como gesto de respaldo de al nuevo rumbo el pasado 19 de septiembre. El broche, sin embargo, ocurrió tres días después, cuando Estados Unidos anunció que Argentina se convirtió en un "socio contribuyente", el primero de América Latina, en firmar el FIRST, una idea de Joe Biden que Trump siguió para garantizar el liderazgo norteamericano en el incipiente mercado de reactores modulares pequeños (SMR).

 

"Con el programa FIRST, entramos al rebaño, a una fila para comprar tecnología estadounidense que veníamos desarrollando nosotros y luego paralizamos. Es un escándalo", sostuvo Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento en Ciencia y Tecnología, en diálogo con PERFIL. "Se trata de sumarse a un club de futuros compradores".

 

La narrativa oficial habla de "eficiencia", "modernización" y "apertura al capital privado", pero en el ecosistema nuclear el diagnóstico es otro: vaciamiento institucional, pérdida de autonomía estratégica, fuga de cerebros y un guiño explícito a Washington, que busca revitalizar su presencia en la industria nuclear regional.

 

Mientras tanto, dentro del sistema nuclear local se multiplican las renuncias y la fuga de profesionales, en un clima de incertidumbre sobre el futuro del sector. En esa línea, el CAREM —único reactor modular en construcción en América Latina y con patente argentina— fue directamente paralizado, según explicaron fuentes de la central a PERFIL. Mientras tanto, el Estado planea instalar cuatro reactores ACR-300, patentados por INVAP en Estados Unidos, pero que aún están en etapa de diseño, con inversión extranjera y sin plazos claros de ejecución.

 

El mapa nuclear argentino siempre fue una rareza en América Latina. Una articulación entre Estado, ciencia, industria y geopolítica que logró hitos como ser el primer país del hemisferio sur en operar un reactor de investigación (1958), exportar reactores a países como Argelia o Australia a través de INVAP, y proyectar la construcción del CAREM, el primer reactor modular pequeño (SMR) de diseño nacional. Ese ecosistema se sustenta en cuatro pilares: la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), Nucleoeléctrica, INVAP y el proyecto CAREM. Hoy, tres están en pausa o desfinanciados, y el cuarto —Nucleoeléctrica— se encamina a la privatización.

 

El CAREM, en particular, representa un símbolo: una central de potencia con tecnología 100% argentina, evaluada en 2023 entre las cinco más avanzadas del mundo por la Agencia Internacional de Energía. Su construcción en Lima (provincia de Buenos Aires) estaba en un 85% de obra civil, con más de 400 millones de dólares ya invertidos. Y su proyección creció en paralelo al avance de la IA, del mundo cripto que creó un mercado "interminable" de electricidad segura y limpia.

 

Sin embargo, hoy está paralizado. Según testimonios internos, en la empresa estatal se prohibió incluso mencionarlo. "El albertismo comenzó con la expulsión de personal del sistema científico y tecnológico, con Milei se potenció dio un salto de calidad enorme. Nunca se vio el parate que hay hoy. El proyecto está completamente parado", indicaron a este medio.

 

Pero el corazón del conflicto del devenir nuclear argentino no es solo económico o comercial, sino estratégico. El CAREM, desarrollado por la CNEA desde 2010, es uno de los proyectos más avanzados a nivel global en SMR . "Estamos entre los cinco reactores mejor posicionados en el mundo según la Agencia Internacional de Energía Atómica", aseguró a PERFIL Adriana Serquis, presidenta de la CNEA hasta diciembre de 2023. "No es inviable", dijo, en alusión a la frase de Reidel. "Tenía el 85% de la obra civil finalizada y fecha proyectada de finalización para 2028, antes que el resto de los competidores internacionales", agregó.

 

"En Nucleoeléctrica hasta se prohibió usar la palabra CAREM.”, sumó Hurtado en la misma línea, aludiendo a los bozales con lo s que cuentan los funcionarios que quieren llevarse bien con Casa Rosada.

 

La adhesión de Argentina al programa FIRST, el pasado 22 de septiembre, se anunció con entusiasmo desde la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires y fue acompañada por visitas estratégicas, como la de Heidi Gómez Rápalo a Bariloche. El representante estadounidense, que oficia de embajadora interina hasta que llegue Peter Lamelas, recorrió el Instituto Balseiro, el INVAP y se reunió con el embajador rionegrino, Alberto Weretilneck, días antes.

 

Según el comunicado oficial, el país "se suma a un distinguido grupo de socios contribuyentes como Japón, Corea del Sur y Canadá", con la meta de acelerar el despliegue global de SMR bajo estándares de seguridad y no proliferación. Sin embargo, fuentes consultadas por PERFIL señalan que esta participación implica el congelamiento de proyectos propios para ceder prioridad al desarrollo estadounidense.

 

El llamado "Plan Nuclear Argentino" lanzado por Milei y Reidel el 20 de diciembre de 2024 —acompañados por Rafael Grossi, titular del OIEA— es, para algunos exfuncionarios, una puesta en escena. "Prefiero llamarlo el Plan Reidel más que 'argentino'. Está basado en un reactor que aún es una patente, el ACR-300 de INVAP", agregó Hurtado, destacando el tiempo que llevará para que estén operativos (unos 5 años). La idea es que estos cuatro reactores, explica, reemplacen a la cuarta central, de capitales chinos, que está actualmente congelados por orden de Casa Rosada. Para él, lo grave es que, además del desmantelamiento, el CAREM "dejó de mencionarse en reuniones técnicas" y usar su nombre en la CNEA se volvió tabú.

 

En off, voces cercanas a la gestión de Reidel afirman que el CAREM fue frenado por su "falta de viabilidad comercial" y reconocen que el objetivo es "vender conocimiento" más que construir reactores. Pero desde adentro del proyecto, una fuente describe otra realidad: "Es un elefante gris, mal gestionado por todos los gobiernos", declaró, destacando que la debacle comenzó con Alberto Fernández mientras que con el gobierno libertario se producía un verdadero "salto de calidad" en el desmantelamiento.

 

El otro gran actor del drama es silencioso pero no menor: China. En 2014, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, Argentina firmó un acuerdo para construir dos centrales: una con tecnología con patente nacional (tipo CANDU, uranio natural, agua pesada) y otra con tecnología china (Hualong, uranio enriquecido). Atucha III y Atucha IIV respectivamente. Según la lectura de ese momento, el pacto se interpretó como una jugada audaz: obtener infraestructura y fondos, pero también preservar la capacidad de diseño e industria local.

 

Ese equilibrio se perdió con la llegada de Cambiemos al poder en 2015 y se desdibujó definitivamente con la gestión de Milei. Para Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica durante la presidencia de Cristina Kirchner, el viraje no es técnico, sino ideológico. "La asociación con China no era política, era comercial", sostuvo a AM530, advirtiendo la débil posición argentina ante la escasez para financiar el sector nuclear (y la necesidad de buscar fondos afuera).

 

En ese punto también coincidió Hurtado, quien describió la maniobra realizada para terminar el proyecto en ese momento: China financiaría un cambio de la venta de la central Hualong, la primera de esas características a ser instalada en la "prestigiosa" potencia nuclear latinoamericana. "Argentina no tenía para poner el 15% acordado mientras que China quedó a la espera. Gustavo Béliz no lo pidió. Fue una paralización. Tras la salida de Béliz, no se destrabo tampoco. Yo creo que el gobierno de Fernández fue débil sensible a las presiones de EEUU. Tuvo una política exterior, invirtió pero no hubo una política nuclear convergente".

 

La disconformidad con el decreto 695/2025 que habilita la privatización del 49% de NA-SA —44% vía licitación internacional y 5% al ​​personal— saltó la grieta y despertó alertas incluso en sectores tradicionalmente favorables a la participación privada. Julián Gadano, exfuncionario del área durante la presidencia de Mauricio Macri, advirtió en un hilo de X que "la forma y el momento son inadecuados". Aunque relativiza el concepto de "soberanía" en una empresa que "no diseña ni exporta tecnología", considera que la operación, tal como está planteada, podría terminar en un "precio ridículo" por la falta de incentivos reales para inversores sin control accionario.

 

Sin embargo, el punto de contacto vuelve a ser la paradoja que representa CAREM, un punto en el que el kirchnerismo y el macrismo confluyen. "La idea es generar las condiciones para atraer capitales y vender el conocimiento, el diseño. Por lo que es necesario terminar de construirlo", indicó una fuente cercana al expresidente que siguió el tema y aseguró que durante esa gestión hubo una inversión de 400 millones de dólares por parte del estado nacional.

 

Reidel, por su parte, dejó en claro que no habrá inversión pública en función de la motosierra libertaria. "El financiamiento (de las centrales) vendrá de un capital extranjero", afirmó. Pero, a casi un año del anuncio del "Plan Reidel", que incluyó la paralización del CAREM y el congelamiento de la cuarta central nuclear, no hay señales de esos inversores que le prometió la figura que encandiló a Milei con sus contactos en Silicon Valley, previendo la posibilidad de que la Patagonia se transformara en un polo de IA.

 

En tanto, el relanzamiento de la agenda nuclear argentina bajo el paraguas de Estados Unidos no solo marca un reordenamiento geopolítico, sino una redefinición profunda del rol del Estado en sectores estratégicos. En nombre del déficit fiscal, algunos denuncian que se frena una tecnología nacional en pleno desarrollo, mientras que el Gobierno, como "socio contribuyente" del programa nuclear de EEUU, destinará recursos que apuntan a posicionar a EE.UU. como proveedor global. Con un sector privado todavía renuente a invertir, sin garantías de rentabilidad ni infraestructura concreta, el plan nuclear, por ahora, más una promesa de marketing que una política de estado.