aprobó una polémica reforma
a la ley minera
Roxana Badaloni
Clarín, 20/12/2019
Con protestas de grupos
ambientalistas en defensa del agua, cortes de rutas productivas y vallas
rodeando el edificio, la Legislatura de Mendoza modificó la ley que prohibía
la minería metalífera y abrió la puerta a inversiones de cobre, plata y oro.
Desde hace más de una
década, buena parte de la población mendocina ha marchado a favor del agua y en
contra de una ley prominera. El resguardo era la Ley 7.722, sancionada en junio
de 2007, durante el gobierno del radical Julio Cobos, que prohibía todo tipo de
minería metalífera. Ahora, se permitirá el uso del cianuro y el ácido sulfúrico
y sólo queda prohibido el mercurio.
La modificación se logró con
el consenso entre las dos partidos políticos dominantes, el gobernante UCR y el
PJ, principal opositor. Pesó también el reclamo de cámaras empresarias e
industriales y el aumento del desempleo en la provincia cuyana, casi del 10%.
El nuevo gobernador, el radical Rodolfo Suárez (sucesor de Alfredo Cornejo) ve
en la minería una fuente de ingresos públicos y creación de empleo.
Como era de prever, la ley
ha provocado protestas de grupos ambientalistas, gremios y, de forma más
masiva, en los municipios del Valle de Uco (en especial San Carlos), que
resiste este cambio en defensa del agua, escasa en una provincia semidesértica.
Unas 2.000 personas se
manifestaron fuera de la Legislatura, en la Plaza Independencia, gritando
"asesinos" a los legisladores que votaron a favor y cantando el Himno
Nacional. Una vez aprobada la norma, los manifestantes se trasladaron al nudo
vial de ingreso a la ciudad de Mendoza, que permanece bloqueado al igual que
otros ocho cortes de ruta. Los ambientalistas también anticiparon que
presentarán una demanda de inconstitucionalidad de esta ley.
Por 29 votos afirmativos y 7
negativos, el Senado de Mendoza aprobó este mediodía, en sesión especial, la
reforma. Por la tarde, fueron 36 votos a favor y 11 en contra en Diputados,
convirtiendo la norma en ley. El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú,
explicó que la norma sancionada estará regulada por el Plan de Ordenamiento
Territorial y que se realizará un análisis de impacto ambiental a nivel
provincial y municipal en cada proyecto minero.
El proyecto de reforma de la
ley 7.722 había contado con el respaldo del propio presidente Alberto
Fernández, quien esta semana se reunió con Suárez. A tono con esa empatía entre
adversarios políticos, el jefe del bloque de Cambia Mendoza, Alejandro
Diumenjo, habló de diálogo. "Tenemos que trabajar juntos por el bien
común", afirmó, y destacó la "calidad institucional" de Mendoza.
El senador de la UCR Marcelo
Rubio dijo que, por no haber modificado antes esta ley, Mendoza ha
perdido inversiones por alrededor de 5.000 millones de dólares y unos 5.000
puestos de trabajo. Detalló que de los proyectos mineros que se pueden
desarrollar, el 70% están en la comuna de Malargüe, el 25% en San Rafael y el
5% en Valle de Uco y Las Heras.
"Rechazamos esta ley
que deja desprotegida a Mendoza", dijo Mario Vadillo, diputado del partido
de los consumidores Protectora, uno de los que votó en contra. Y aseguró que
cualquier accidente que provoque un derrame de ácido sulfúrico o cianuro
terminará "en los cauces de los ríos o las napas subterráneas, como ha
ocurrido en Veladero y en otros lugares del mundo". Lo vivimos con una
gran desilusión. Jorge Difonso, diputado del Valle de Uco, una de las
principales zonas vitivinícolas de Mendoza y del país, dijo que la Legislatura "retrocedió
12 años en el cuidado del ambiente y la protección del agua" y que esta
ley tiene rasgos inconstitucionales por lo que "esto no va a terminar
acá". "Cada vez hay más problemas para obtener agua para consumo
humano y de riego agrícola. Estamos de acuerdo con el desarrollo económico pero
tiene que ser sustentable", afirmó.
Para Julio Totero, de la
Asociación de Industriales Metalúrgicos, una de las entidades empresariales que
viene reclamando hace una década la reforma de la ley, en cambio es "un
gran paso hacia el desarrollo de la provincia, la ampliación de la matriz
productiva y la generación de empleo". Torero estimó que con los cinco
proyectos que tienen más viabilidad de avanzar en el corto plazo, básicamente
de plata y cobre, se generarán sólo en el sector metalúrgico "más de 3.000
puestos de trabajo" en la construcción y operación, más el derrame en
otros sectores.
