¿ESTÁN NUESTRAS CELDAS PREPARADAS?

 

 

por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 796)

 

"La tolerancia llegará a tal nivel que las personas pensantes

 tendrán prohibido hablar para no ofender a los imbéciles".

 Fedor Dostoviesky

 

Para intentar ocultar la repugnante exhibición de impunidad que significó la libertad de Amado Guita-reo Boudou, el ex Vicepresidente condenado por nada menos que 16 jueces por haber robado la imprenta de fabricar dinero (Ciccone) -todavía no comenzó el juicio por la defraudación a la Provincia de Formosa- a cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se ha vuelto a poner sobre el tapete la extraña discusión sobre el número de desaparecidos durante el régimen militar de 1976/1983. Como excusa, esta vez se usaron sendas participaciones de Ricardo López Murphy en televisión, en las cuales sentó su posición, que comparto plenamente.

 

A la ley promulgada por la entonces Gobernadora, María Eugenia Vidal, que literalmente prohíbe discutir el fantasioso número de 30.000 desaparecidos en el ámbito provincial, esta semana se sumó un proyecto presentado por el ínclito pero ignoto Senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, que prevé sancionar a quien ponga en duda ese número, estableciendo penas de cárcel para los infractores.

 

Pero a esa dogma de cancelación que, como tal, pretende ser correcta y que no acepta impugnaciones, se contraponen hechos y cifras oficiales. Los informes de la CONADEP (1984), la Secretaría de Derechos Humanos (2006) y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado contabilizaron menos de 9.000 desaparecidos. Las mismas certezas surgen del Parque de la Memoria, implantado en la costanera porteña, donde se colocaron 30.000 chapitas para recibir los nombres de esos teóricos argentinos faltantes; la enorme mayoría de ellas continúa en blanco pese a que, para intentar rellenarlas, se retrotrajo a 1955 el derecho a la membresía, además de incluir a quienes cayeron combatiendo o fueron asesinados por las mismas organizaciones terroristas a las que pertenecían.

 

Han pasado ya 38 años desde que los militares dejaron el poder, y se han pagado miles de millones de dólares en indemnizaciones a los deudos de todos ellos, tiempo suficiente y dinero más que tentador como para que los parientes de alguno de los más de 21.000 inventados casos hubieran reclamado; bastaba con arrimar el número de documento. Sin embargo, para los dueños del relato nada permite ponerlo en duda, ni siquiera los dichos del propio creador de ese número mágico (Luis Labraña, ex montonero, https://tinyurl.com/26bkxth9) que confesó que lo había hecho, ya en 1977, para suscitar la generosidad crematística de fundaciones europeas instalando la idea de un inexistente genocidio que, de todas maneras, aún no estaba tipificado como delito en la época de los hechos.

 

Los organismos de derechos humanos argentinos, que tanto han lucrado y robado con su discurso sesgado acompañando a Néstor Kirchner y ahora al Presidente Pinocho, se rasgaron las vestiduras ante los presuntos excesos de la represión oficial en Chile, Colombia y Bolivia, pero firmaron -con los archivados presidentes que integran el Grupo de Puebla- un claro respaldo a los regímenes asesinos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tuvo una curiosa epidemia post-rebelión que, esta misma semana, mató a seis generales.

 

En realidad, el caso Boudou no debiera llamarnos la atención porque lo mismo ha sucedido con muchísimos políticos presos (no presos políticos, como pretende el kirchnerismo) por corrupción durante la extendida década en que los organizadores de esa asociación ilícita ocuparon la Casa Rosada; los poquísimos aún detenidos están cerca de recuperar la libertad por haber cursado Plastilina 1 y 2 u origami mientras estaban en prisión. Si a ese disparate de nuestra legislación penal se le suma que los fiscales que militan en Justicia Legítima compiten para acceder a los pedidos de estos delincuentes de guante blanco, no queda espacio para la sorpresa, pero deja claro qué sucedería si Cristina Fernández consiguiera desplazar a Eduardo Casal para nombrar un Procurador del palo.

 

En cambio, debiera perturbarnos si comparamos la situación de tamaños ladrones -con su procesada jefa a la cabeza- con la que sufren cientos de ancianos (militares, policías y civiles) presos en las mazmorras de esta democracia tan peculiar que transitamos o internados en el pseudo Hospital Penitenciario, que carece de infraestructura y de medicamentos adecuados para atender a gerontes. Ellos, cuyo promedio de edad es de 78 años y padecen todo tipo de enfermedades, son retenidos en las cárceles pese a la diseminación del virus, mientras que a miles de asesinos y violadores se los dejó en libertad arguyendo el peligro de contagio, muchos de los cuales han vuelto a delinquir.

 

La sociedad argentina, siempre hipócrita, eligió a aquellos ciudadanos para endilgarles, sin pruebas y en juicios totalmente amañados, el mote de caníbales y el Estado, desde 2003 y sin solución de continuidad, decidió comérselos; por el contrario, los terroristas que asaltaron cuarteles en democracia durante el gobierno de Juan Perón y asesinaron oficiales y conscriptos, no sólo gozan de una injustificable libertad sino que han sido indemnizados con sumas millonarias. Los sicarios togados, esos jueces que se disfrazan de machos corajudos frente a ancianos que comparecen ante los estrados extraviados, con la mente perdida y hasta en camilla por estar cuadripléjicos, a los cuales continúan repartiendo alegremente condenas a perpetuidad, son los mismos que cobardemente tiemblan ante Cristina Fernández y son vilipendiados y humillados por ésta cada vez que la habilitan a montar sus vacuos e ilícitos espectáculos públicos.

 

Pertenezco a una generación a la cual Montoneros y ERP amenazaron su vida; si no tuvimos miedo entonces a sus trágicos padres, resultaría ridículo que lo tuviéramos a sus farsantes y bastardos hijos, nazis de Puerto Madero. Por eso, y porque ninguna ley mordaza logrará callarnos ni hacernos huir de nuestro país, les pregunto: ¿tienen ya listas las celdas en que nos encerrarán por seguir pregonando la verdad?

Bs.As., 31 Jul 21

LA PFIZER Y LAS TASER

 

o la ideología de la estupidez

Por Pablo Esteban Dávila

Alfil, 28-7-21

 

El principal problema del gobierno nacional es ideológico. Todos sus problemas -y, por carácter transitivo, los del país- derivan de este tronco programático. Su ideología es una mezcla de populismo, progresismo setentista, proto-autoritarismo, estatismo empresario e intervencionismo económico, un combo difícil de calzar en alguna de las corrientes tradicionales del pensamiento político. No obstante, y aun así, es posible identificar una variable que traspasa a estos componentes: la estupidez.

 

Ejemplos sobran, pero basta con analizar los casos de las vacunas de Pfizer y el de las pistolas Taser para concluir en que esta constante efectivamente preside las grandes decisiones del Frente de Todos.

 

Comencemos por las vacunas. Ya se ha dicho prácticamente todo respecto al desaguisado con el laboratorio estadounidense. El resumen indica que, siendo la Argentina uno de los países que más colaboró para los ensayos de Fase III de esta fórmula no obtuvo, sin embargo, las dosis a la que podría haber tenido acceso. La causa eficiente fue la inclusión de la palabra “negligencia” dentro del artículo 4° de la ley 27573, pero la formal debe ser buscada en las concepciones antiimperialistas del Frente de Todos, que les aconsejaban no rendirse ante las exigencias de las transnacionales y resistir a lo que diera lugar, como si se tratase de una batalla contra una potencia colonial. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, hasta llegó a decir -en aras de justificar tal acto de “dignidad”- que Pfizer pretendía quedarse con los glaciares y otros recursos soberanos.

 

El resultado de esta esquizofrenia fue que, en lugar que contar con aquella vacuna -originariamente comprometida por el laboratorio para diciembre pasado- el Ministerio de Salud de la Nación tuvo que salir a comprar de apuro la Sputnik V y atar la suerte de los adultos mayores a la especial combinación de los componentes 1 y 2 de su formulación. Tuvieron que transcurrir siete meses (y la proximidad de las PASO) para que el presidente comprendiera la gravedad de la situación y dictase un DNU destinado a corregir la enorme metida de pata incurrida en la sanción de la pomposa ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19.

 

Con el horizonte ya despejado, la ministra Carla Vizzoti acaba de anunciar que el gobierno ha adquirido 20 millones de dosis a Pfizer, que llegarían al país en las próximas semanas en vuelos nacionales y populares de Aerolíneas Argentinas. Y entonces… ¿por qué no se hizo antes? Simplemente, por lisa y llana estupidez ideológica. Nada impedía que el presidente corrigiera la ley o que ordenase a sus legisladores que quitaran la palabra de la discordia. Pero no lo hizo. Su abstención en hacer lo correcto le costó la vida, innecesariamente, al menos a un par de millar de compatriotas, amén de una desautorización al músico oficialista Ignacio Coppani quien, a mediados del mes pasado, compuso una canción para burlarse de la obsesión de “los gorilas”: Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer. Dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto. ¿quién hizo el himno nacional? don Vicente López y Pfizer. ¿En Madrid quien ganó la final? El glorioso River Pfizer. Deberá, en adelante, componer otra ensalzando las virtudes del viagra (también de este laboratorio) para no quedar offside; al menos, saldría bien parado.

 

Sigamos ahora con la Taser. Como se sabe, se trata de pistolas diseñadas para incapacitar a una persona a través de descargas eléctricas que la invalidan temporalmente mediante dardos unidos al dispositivo por alambres conductores. Son ampliamente utilizadas por fuerzas policiales de todo el mundo debido a que no son letales y que evitan el riesgo de daños colaterales al no utilizar balas que pueden rebotar contra superficies y herir a terceros inocentes.

 

La exministra de seguridad Patricia Bullrich oficializó, en mayo de 2019, el uso de esta pistolas por parte de las fuerzas federales de seguridad, lo cual motivó una fuerte oleada de críticas de parte de la izquierda y del actual Frente de Todos. Quienes impugnaban su empleo argumentaban que las Taser tenían un funesto parentesco con la picana eléctrica utilizadas por los torturadores del Proceso Militar y que violaban los derechos humanos. Hebe de Bonafini llegó a decir que, si era cierto que no mataban, pues que las probasen con “la hija de Macri (Antonia), los hijos de la Vidal y los hijos y los parientes de la Bullrich” y que solo así les creería.

 

Cuando Alberto Fernández llegó al poder y siempre atento a las prevenciones de la señora de Bonafini, Sabina Frederic, la responsable de la cartera de Seguridad, derogó el protocolo de uso las pistolas eléctricas que había sido impulsado por su antecesora macrista. Tanto el presidente como su ministra dejaron bien en claro que, para la ideología de seguridad que postulaba su gobierno, era mejor matar a los delincuentes (presuntos o flagrantes) que aparentar picanearlos y violar sus derechos humanos.

 

El asunto pasó a segundo plano conforme se multiplicaban las malas nuevas de la pandemia pero, merced a un reciente y episodio protagonizado por Santiago “Chano” Charpentier, los abogados de las Taser reforzaron sus convicciones sobre la conveniencia de su uso. En la noche del domingo el músico, un adicto a las drogas, tuvo un brote psicótico e intentó agredir a su madre con un cuchillo en su casa. La policía, convocada de urgencia, no pudo detenerlo y Chano terminó con un disparo efectuado por un efectivo y aparentemente en defensa propia. Por este hecho se encuentra internado y con lesiones de consideración.

 

Si la policía hubiera dispuesto de una Taser, Chano estaría sano y salvo. Habría sido reducido sin riesgos para su vida ni para los demás. Pero como esta pistola sufre del anatema del progresismo, la única solución fue utilizar un arma de fuego para impedir que el ex Tan Biónica atacase a los presentes completamente fuera de sí.

 

Vale, por lo tanto, enfatizar la constatación: ¿puede una ideología ser tan estúpida? Demorar criminalmente la llegada de vacunas tan indispensables como seguras o prohibir la utilización de un arma no letal con argumentos de una dictadura ya lejana son testimonios de una simpleza que sonroja y asombra. A estas pruebas deben adicionarse otras, tales como las prohibiciones para exportar carnes o la insistencia en el control de precios, que ocasionan, paradójicamente, los incrementos en los precios que se buscan evitar adoptando este tipo de medida. ¡Que triste no disponer, tan siquiera, del consuelo de una vacuna! La estupidez no cuenta, por el momento, de antídoto alguno. Y tal vez no haya ninguno disponible en los siglos venideros.

ALGO HUELE MAL EN DINAMARCA

 

Marcelo Figueiras, Rusia y la oscura intermediación en el negocio de las vacunas Sputnik

Por Carlos Forte

Tribuna de periodistas -27/07/2021

 

Lo venimos diciendo desde un principio: Marcelo Figueiras es solo un intermediario en el negocio de las vacunas Sputnik. No produce, ni el principio activo ni las dosis.

Lo primero le llega desde Rusia; lo segundo lo hace el laboratorio MR Pharma. O sea que el dueño de Laboratorios Richmond solo está en el medio de la cosa. Sin precisiones respecto de su participación.

En una negociación oscura, que el propio Daniel Gollán reconoció que la impulsó el gobierno argentino para beneficiarlo.

Ahora, a todo lo ya publicado por Tribuna de Periodistas, se suma la famosa carta de Cecilia Nicolini, aquella que le envió al encargado del Fondo de Inversión Rusia que administra la venta de la Sputnik.

Según Carlos Pagni, la misiva tuvo un párrafo que pasó casi inadvertido, que no habla mal del Gobierno ni habla mal de Nicolini, “sino de la opacidad con la que se mueve Rusia en este campo. Opacidad que ya produjo un escándalo en Medio Oriente por la aparición de intermediarios en la compra y venta de la vacuna”.

En ese párrafo, Nicolini dice: “Me gustaría agregar que alguien de su equipo de producción le está pidiendo al laboratorio Richmond que le solicite al Ministerio de Salud argentino que le haga la factura y que reciba el pago completo por las dosis producidas acá”. Es decir, que Figueiras y Richmond funcionen como intermediarios.

Analiza Pagni: “No que Figueiras produzca la vacuna, se la entregue al Fondo de Inversión Ruso y que este, como está pactado en el contrato, se la siga proveyendo al Gobierno argentino. No, ahora quieren que el que cobre sea Figueiras. Gran signo de interrogación sobre para qué quieren ahora un intermediario”.

En la carta, Nicolini le dice ante esa información que no pueden modificar el contrato y aun menos tener un intermediario local y tener que pagar una suma adicional en impuestos. Además, Nicolini aclara que podría generar un gran problema político con la opinión pública que no podrían enfrentar.

“Nosotros estamos siempre dispuestos para encontrar soluciones, pero nunca fuimos informados oficialmente por ustedes para estudiar esta opción, todavía no tuve información oficial de parte de Rusia”, agrega. Aunque, difícilmente la tenga porque lo que le están proponiendo es un negociado. El Gobierno dice que hay un tema de impuestos, pero ella dice algo muy concreto: “Vino alguien de su equipo a hablar con Figueiras”.

“En este momento, esta información que pone por escrito Nicolini en su carta estará siendo festejada por cancillerías como la de Estados Unidos y el Reino Unido, países frente a los cuales Rusia levanta su vacuna como una especie de bandera de combate. No hay que olvidar que la vacuna para Rusia es un instrumento de marketing en el tablero geopolítico internacional. Este es uno de los datos de esta polémica con Rusia”, culmina Pagni.

Algo huele mal en Dinamarca, diría Shakespeare.

CASO CHANO CHARPENTIER

 

 “Con esta ley de Salud Mental los pacientes reciben balas en vez de tratamientos”

Al revés de lo que proclama, la norma votada en 2010 criminaliza los actos de los que llama “usuarios”, denuncian profesionales del sector. El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires admite que la ley vigente “no brinda respuestas adecuadas”. Y hasta la madre del músico pidió que la cambien

Claudia Peiró

Infobae, 28 de Julio de 2021

 

“La paradoja de esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas en vez de tratamientos”, dice el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN 114548 y MP 2476), de Olavarría, e integrante de la Cámara Argentina de Establecimientos de Salud Mental (Caesme).

Para este profesional, lo ocurrido con el músico Chano Charpentier “es el costo de no poder internar a los pacientes”.

Alude a la Ley de Salud Mental (n°26.657) votada a libro cerrado en el año 2010, una norma que niega la enfermedad mental -no la nombra- y que estigmatiza la psiquiatría -fue elaborada, aunque cueste creerlo, sin la participación de las asociaciones de médicos psiquiatras.

“El caso del músico Chano Charpentier no es el primero ni será el último. Se repetirá porque la Ley de Salud Mental vigente no prevé el riesgo potencial de la enfermedad psiquiátrica para decidir una internación sin el consentimiento del paciente”, advierte Carricart.

La ley 26657 definía, entre sus disposiciones más polémicas, el cierre de los establecimientos psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido), el incremento del presupuesto para la especialidad hasta un 6% del presupuesto de Salud (no cumplido), la creación de “dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales que debían cerrar (no cumplido), equiparaba en muchos aspectos -como la decisión de internar, o la dirección de un equipo de Salud Mental- al psiquiatra con el psicólogo, el asistente social o el terapista ocupacional en los llamados equipos interdisciplinarios -cuyas incumbencias no definía apropiadamente- y ponía muchas trabas para la internación involuntaria de los pacientes.

El artículo 20 de la Ley dice que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Establece también que esto debe ser determinado por el equipo interdisciplinario y con la firma de dos profesionales de distintas disciplinas “uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra”, la internación debe ser notificada al juez competente en un plazo de 10 horas y luego se debe proveer una serie de informes en plazos perentorios.

En opinión de Caesme, la Ley pone de este modo la libertad por encima del derecho a la salud afectando la seguridad de toda la sociedad. De acuerdo a la ideología foucaultiana que inspiró el texto de esta ley, el paciente psiquiátrico no tendría tendencias biológicamente morbosas sino que es la sociedad la que genera dichas patologías. Si la enfermedad no existe, no se la trata; en cambio se postula que hay que cambiar a la sociedad que patologiza estos trastornos.

El término clave en materia de internación es “riesgo cierto e inminente”. “Significa que una persona sólo puede ser internada en una situación muy extrema y evidente cuando ya la patología está en su proceso agudo -dice Carricart-. Pone a la internación como la última de las opciones ya que parten del presupuesto de que la internación es una opción mala en sí misma por violar la libertad del sujeto”. Es como si, en un cuadro cardíaco, “en vez de actuar cuando el paciente sufre la angina, se espera a que haga el infarto”, ejemplifica.

Consultado acerca del caso de Chano Charpentier -que se negaba a ser internado y en un episodio que todavía está bajo investigación fue baleado por un agente de la Policía Bonaerense y sigue internado en grave estado-, el propio Defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, admitió que la Ley de Salud Mental “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el del músico que “lamentablemente no fue un episodio aislado”. Es quizás el primer funcionario que reconoce lo que varias asociaciones de psiquiatras vienen denunciando desde que se promulgó la ley: el desamparo en el que deja a los pacientes y a sus familias.

“La ley establece que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual, la psicoterapia”, dice Bernardo Carricart.

“¿Por qué un legislador va a decir que una internación debe ser una excepción? ¿Desde qué lugar de conocimiento?”, se pregunta apuntando a lo absurdo de que en una Ley se opine sobre los tratamientos. En la práctica, explica, como la ley dice que es una excepción y esa excepción va a ser ”observada con un sesgo prejuicioso, con un concepto preformado”, el resultado es que se “disuade de internar aún cuando los profesionales lo crean necesario”.

“Si le decís al profesional que interne solo cuando el riesgo es inminente, el equipo interdisciplinario o la fuerza de seguridad van a intervenir cuando la situación ya sea muy compleja por el desarrollo de la enfermedad”, explica.

Y compara: “Si yo tengo un cuadro cardíaco y lo siento como una angina de pecho, la ley me estaría diciendo que hasta que no estemos infartados no se nos podría atender. ¿Cómo no vas a atender los pasos previos a una angina de pecho, que implica mucho menos costo y más sobrevida para el paciente? La ley está generando estas cosas porque impide internar para prevenir la inminencia de una situación de riesgo: angina versus infarto”.

El defensor adjunto Walter Martello reconoce por su parte que “hay numerosas familias que vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones”. “Una de ellas fue la madre de Chano; tenemos un marco normativo que no nos brinda respuestas adecuadas”, agregó. La madre del músico había estado intentando internarlo en los días previos, sin éxito, por la negativa del propio Chano.

“¿Qué grado de autodeterminación y voluntad propia posee una persona para decidir sobre si inicia, continúa o no su internación, si precisamente está comprometida su voluntad y su psiquis por los efectos de las drogas?”, se preguntó Martello, pero no explicó por qué esto no fue tenido en cuenta en la norma a la que pese a todo definió como “impecable desde el punto de vista ideológico”, según reporta la agencia Télam.

“El paradigma tal como está actualmente hace que la persona llegue hasta su límite, lleva a poner en riesgo su propia vida o la de terceros”, admitió. Y dijo que el caso de Chano refleja una situación “que se repite diariamente”. “Madres, padres, hermanos, familiares, amigos, que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por sí mismos, siendo peligrosos para sí y para terceros”, abundó.

Martello reconoció que es necesario revisar la normativa porque “a la hora de instrumentar los requisitos que establece, en los casos severos como el de Chano, nos encontramos con serios problemas”. “Necesitamos una ley o una reglamentación que le dé más herramientas a profesionales de la salud y a las familias”, sostuvo.

“La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo”, dijo, que es exactamente lo que sostienen los críticos de la Ley.

Bernardo Carricart, por su parte, apunta también contra la estigmatización de la profesión contenida en la Ley y cuyo efecto es la parálisis del accionar terapéutico y el desamparo del paciente.

El artículo 12 de la Ley dice por ejemplo que “la prescripción de medicación (...) se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo”; dando por sentado que ésa es una de las motivaciones de los psiquiatras para medicar. De nuevo el legislador opinando sobre los tratamientos.

“La ley atemoriza al equipo interdisciplinario -dice Carricart-, tildándolo de grupo que viola derechos y garantías de forma arbitraria. Estigmatiza a las instituciones de salud mental, determinando que deben dejar de existir, a los equipos que trabajan en ellas y perjudica al paciente dado que limita sus posibilidades terapéuticas generando estas situaciones de indefinición frente a la urgencia”.

Esta “gran carga ideológica de la ley” lleva a que “los equipos de salud no estén empoderados para evaluar la situación de riesgo, porque la ley habla de la excepcionalidad de la internación, de no usar la medicación como tortura; los equipos están totalmente sesgados para actuar”.

Estos “sesgos ideológicos” de la ley tienen por consecuencia que se actúa tarde, “y cuando las decisiones se toman tarde, los costos son estos: heridos, muertos y más días de internación, al revés de lo que se pretende”. Es el costo, mucho mayor, de no hacer prevención.

“Es importante remarcar que ya existe, de hecho, un alto porcentaje de transferencia de camas del ámbito sanitario al ámbito penal -denuncia-; cama que se pierde en un centro especializado es una cama que será ocupada por un paciente psiquiátrico en un penal”.

Y vale recordar el caso del también músico Pity Álvarez, preso desde julio de 2018 en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, por haber asesinado a una persona estando bajo efecto de las drogas. Y ese caso trascendió porque es una persona conocida.

En opinión de Caesme, la ley de Salud Mental reniega del orden social y niega la peligrosidad y el riesgo que representa para sí mismo y para terceros un paciente descompensado; desconoce a la enfermedad como manifestación de una alteración y como enfermedad biológica y apunta a que la cultura es la que genera la patología mental; y pide el cierre de hospitales y clínicas especializadas por ser instituciones de orden, control y violación de derechos fundamentales; lo que en realidad deja sin cobertura a los pacientes.

“Cambiando las palabras no se cambia el orden natural de las cosas -dice Carricart-. La ley no habla de enfermedad mental sino de ‘usuarios’. Pero la evolución de la patología se impone sobre la lingüística. Al hablar de usuario se quiere dar a entender que éste tiene la opción de elegir tratamientos, opciones terapéuticas, pero en este tipo de patologías hay un punto en el que justamente lo que se altera es el juicio de realidad. El paciente no es simplemente un usuario, es una persona que padece una situación de enajenación de la realidad y por eso debe intervenir un tercero”.

Finalmente, Bernardo Carricart se enoja por el calificativo de “nueva” que se le da a la Ley. “No es la nueva ley de salud mental, ya tiene 11 años y no la han podido aplicar. Ni están los fondos, ni se han creado los dispositivos intermedios, ni se ha ordenado el equipo tratante ni se han cerrado las clínicas. Entonces, ¿qué estamos esperando para cambiar la ley? Es casi obvio que hay que modificar la ley”.

Pese a que los aspectos presupuestarios y administrativos de la Ley no se han cumplido, el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan firmó, en diciembre de 2020, una resolución determinando el fin de las internaciones de pacientes crónicos en neuropsiquiátricos de la provincia. Habría que preguntarle al ahora candidato a diputado qué pasará con futuros casos como el de Pity Álvarez. ¿Internarán a ese tipo de pacientes en hospitales generales?

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, también opinó sobre el caso de Chano: aludió a la necesidad de capacitar a los agentes para “minimizar las acciones violentas” en estos casos. Y agregó: “La implementación de la Ley de Salud Mental es uno de los desafíos pendientes más grandes”

Tal vez la funcionaria debería escuchar a los profesionales del sector que consideran que el desafío no es implementarla sino reformarla.

O al citado defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello que dijo que quienes han “escuchado las súplicas de las madres de las personas adictas” no pueden “permanecer indiferentes”.

Cabe esperar que escuchen el ruego de la propia madre del músico: “Sólo pido que hagan algo con la ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha”.

EL COLMO DE LA INCOMPETENCIA

 

El gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70.000 municiones en Bolivia

Cecilia Devanna

 LA NACION, 27-7-21

 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil municiones enviadas a Bolivia por la gestión de Mauricio Macri. El dato se desprende de la propia documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en el marco de la denuncia realizada por el actual gobierno contra Macri y parte de su gabinete.

 

Las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el macrismo: proteger la Embajada argentina en el país vecino. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez.

 

El informe de la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciante en el caso, tiene 42 páginas con documentación sobre el tema. Allí, con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y con el detalle expreso de las 70 mil municiones calibre 12/70, que son eje central de la acusación.

 

En ambos casos la autorización fue por 90 días corridos y bajo el argumento de “brindar seguridad y protección al embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”.

 

El caso por el presunto envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio, tras la difusión de la acusación del caso por parte del canciller boliviano, Rogelio Mayta. Cuatro días después de eso, el gobierno argentino denunció que Macri, los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, montaron un plan para “poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país”.

 

Todos ellos desmintieron la acusación, que alcanza también a la entonces cúpula de Gendarmería Nacional, y sostienen que se trata de una operación. Al tiempo que resaltaron la buena relación con varios funcionarios de Morales, a quienes les dieron asilo y protección cuando cayó el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019.

 

El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, emitió ayer un nuevo dictamen en el que consideró que los nuevos elementos aportados por los denunciantes -en la ampliación de la denuncia presentada la última semana- “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”.

 

Navas Rial apuntó también al rol que pudo haber tenido en el caso el entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Caliba, quien quedó formalmente imputado en el caso.

 

Hasta ahora los gendarmes señalados eran el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero; al exdirector de Logística de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski, y al de Operaciones Carlos Miguel Recalde.

 

De acuerdo a la acusación, Caliba habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, “las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados”.

 

En tanto que también se refirió a la coordinación que habría mantenido durante esos días con las autoridades de la nueva conducción de la Policía Boliviana, y “en la presunta puesta en marcha extemporánea de un procedimiento tendiente a la formalización del pase de manos de municiones y armamentos que ya se había concretado previamente y con su intervención”.

 

En las últimas horas la justicia también recibió el sumario administrativo de Gendarmería, con información sobre lo sucedido, que fue abierto con una orden directa del Presidente.

 

La denuncia contra el macrismo

La avanzada del Poder Ejecutivo en el caso comenzó el 12 de julio último, cuando denunció a Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico. Fue cuatro días después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.

 

La denuncia llevó la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y fue ampliada días después. Allí también la AFIP se presentó como querellante a través de la Dirección General de Aduana (DGA), lo que fue aceptado por la justicia.

 

Ser querellante en un caso es central para poder conocer y tener una participación activa en el expediente. Un querellante puede desde pedir medidas hasta apelar decisiones con las que no concuerde.

DESACREDITADA LA NARRATIVA

 

Sin Sentido Del Corona Virus

Dr. Thomas Binder MD

Mitos y Fraudes, Julio 16, 2021

 

Todo prójimo enfermo y todo familiar de prójimo fallecido tiene mi más profunda empatía, pero, ante todo, también tiene derecho a conocer la verdad.

Me gustaría presentar la realidad de la crisis del Coronavirus, profundizar en su cronología y confrontar sus numerosos mitos y absurdos intelectuales con cientificidad. Los estudios más importantes están vinculados en el texto. Se puede encontrar más información científica, incluidos enlaces a otros estudios importantes, en las páginas de inicio de 'Aletheia - Medicine and Science for Proportionality' , el 'Corman-Drosten Review Report' y 'Doctors for Covid Ethics' (Médicos por Una Ética del Covid), de los cuales soy un miembro.

Epidemia De Pruebas De PCR, 2006

Como médicos y científicos responsables, en el caso de infecciones diagnosticadas mediante pruebas rápidas de PCR en el contexto de una supuesta epidemia de alcance nacional o pande-mia de alcance internacional, siempre debemos considerar la posibilidad de una pseudoepide-mia o de alguna prueba.

El 27 de enero de 2007, el New York Times, virtualmente la biblia de los periodistas en cuya integridad todavía podían confiar en ese momento, publicó un importante artículo titulado: "La fe en las pruebas rápidas conduce a una epidemia que no fue". El Dr. Herndon, internista de un centro médico en el estado estadounidense de New Hampshire, tosía incesantemente durante quince días a partir de mediados de abril de 2006. Pronto, un especialista en enfermedades infecciosas tiene la inquietante idea de que esto podría ser el comienzo de una epidemia de tos ferina. A finales de abril, otros miembros del personal del hospital también estaban tosiendo. La tos intensa y persistente es un síntoma principal de la tos ferina. Y si se trata de tos ferina, el brote debe ser contenido de inmediato porque la enfermedad puede ser fatal para los bebés en el hospital y provocar una neumonía peligrosa en pacientes ancianos frágiles.

NOTA de FAEC: La tos ferina, coqueluche, o tos convulsa es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causada por la bacteria gramnegativa “Bordetella pertussis”. Este bacilo gram negativo y aerobio afecta exclusivamente al ser humano y su distribución es universal.

 

Durante meses, casi todos los involucrados creen que hay un gran brote de tos ferina en el centro médico con consecuencias de gran alcance. A casi 1.000 miembros del personal se les realiza una prueba rápida de PCR y se les deja de trabajar hasta que se obtengan los resulta-dos; 142 personas, el 14,2% de las examinadas, incluido el Dr. Herndon, dan positivo en la prueba de PCR rápida, por lo que se les diagnostica tos ferina. Miles, incluidos muchos niños, reciben antibióticos y una vacuna como protección. Las camas de hospital se retiran de servi-cio como medida de precaución, incluso algunas en la unidad de cuidados intensivos.

Meses después, todos los que aparentemente padecen tos ferina se quedan atónitos al saber que, en cultivos bacterianos, el estándar de oro diagnóstico para la tos ferina, la bacteria que causa la tos ferina no se pudo detectar en una sola muestra. Toda la locura fue una falsa alarma.

La supuesta epidemia de tos ferina no había tenido lugar en la realidad, sino solo en las men-tes de los involucrados, provocada por la fe ciega en una prueba de PCR rápida altamente sensible que se había vuelto tan moderna. En verdad, todos los que habían caído enfermos habían padecido un resfriado inofensivo. Los infecciosos y epidemiólogos habían dejado de lado su experiencia y sentido común y habían ignorado descaradamente este diagnóstico diferencial más probable del síntoma de tos.

Muchas de las nuevas pruebas moleculares son rápidas pero técnicamente exigentes. Cada laboratorio las elabora a su manera como las denominadas 'cervezas caseras'. Por lo general, no están disponibles comercialmente y rara vez hay buenas estimaciones de sus tasas de error. Su alta sensibilidad hace que los falsos positivos sean probables. Cuando se hacen las pruebas a cientos o miles de personas, como sucedió aquí, los resultados falsos positivos pueden dar la apariencia de una epidemia.

Un infectólogo dijo: ”En ese momento tuve la sensación de que esto nos daba una sombra de lo que podría ser durante una epidemia de gripe pandémica.

Y un epidemiólogo explicó: ”Uno de los aspectos más preocupantes de la pseudoepidemia es que todas las decisiones parecían tan sensatas en ese momento.”

La locura de una pseudoepidemia, o una epidemia de pruebas PCR, parecía perfectamente normal para muchos involucrados.

Le recomiendo que lea este artículo publicado en el New York Times en 2007 y se pregunte: "¿No deberíamos haber aprendido mucho de esto para el futuro?"

Escándalo De La Gripe Porcina, 2009

Como médicos y científicos responsables, en una supuesta o real epidemia de ámbito nacional o pandemia de alcance internacional debemos recordar siempre las presuntas o reales epide-mias, o pandemias anteriores. Aquí está la última.

En la primavera de 2009, un virus de influenza sumamente contagioso y peligroso, el H1N1, parece amenazar a la humanidad. La enfermedad que causa es clínicamente indistinguible de la gripe estacional y se llama gripe porcina.

Expertos como el virólogo alemán Prof. Christian Drosten difundieron escenarios de terror prediciendo millones de muertes en todo el mundo. En mayo, la OMS flexibilizó los criterios para declarar una pandemia por razones que nunca se han explicado. Elimina la peligro-sidad del patógeno causante de la definición de pandemia.

Ahora, la propagación rápida y masiva de un patógeno comparativamente inofensivo en, al menos dos regiones de la OMS, es suficiente. Cualquier ola endémica y estacional de cualquier gripe o virus del resfriado, sin importar cuán inofensiva sea, puede denominarse pandemia. Inmediatamente, la OMS declaró una pandemia de H1N1 el 11 de junio.

Los políticos se toman en serio las advertencias de los expertos y de la OMS. Sin consultar a la población, están adquiriendo cientos de millones de paquetes de medicamentos antivirales costosos y escasamente efectivos, y cientos de millones de dosis de vacunas aprobadas apre-suradamente que, después de todo, se producen utilizando métodos convencionales.

Los críticos que describen el virus como comparativamente inofensivo son ridiculizados o igno-rados inicialmente. Por último, los científicos de Europa, especialmente el microbiólogo y epidemiólogo de infecciones alemán Prof. Sucharit Bhakdi y el neumólogo y político alemán Dr. Wolfgang Wodarg, captan la atención de los medios de comunicación y la política. La locura global que ya amenazaba en ese momento puede evitarse justo a tiempo.

En todo el mundo, alrededor de 150 a 600 mil personas murieron con, o por el H1N1, que resultó ser menos peligroso que la influenza estacional. En consecuencia, la preparación para la vacunación fue baja. Sin embargo, solo en Suecia, unos 700 niños contrajeron narcolepsia incapacitante, enfermedad del sueño, causada por vacunas innecesarias e inseguras aprobadas apresuradamente. En Suiza, se vendieron o regalaron 1,8 millones de dosis de vacunas en el extranjero y se eliminaron 8,9 millones.

Apenas hubo cobertura mediática del escándalo de la gripe porcina. El éxito temporal del pánico alimentado por los medios se debió principalmente a la interconexión de expertos, la industria farmacéutica, la OMS y los políticos sanitarios. Al final, las autoridades sanitarias aparentemente abrumadas se habían enamorado de una campaña de propaganda casi perfec-tamente orquestada.

'Evento 201': Simulación De La Pandemia Del Corona, 2019

La situación es amenazadora. Un nuevo virus corona se está extendiendo por todo el mundo. El número de casos en el panel de control de la Universidad Johns Hopkins está aumentando y aumentando. El peligroso virus altamente contagioso, inmunorresistente está paralizando el comercio y el transporte a nivel mundial y haciendo que la economía mundial caiga libremente.

El 18 de octubre de 2019, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Universidad Johns Hopkins y el Foro Económico Mundial están organizando una simulación de pandemia con este nombre. Después de la gripe española, la gripe aviar y la gripe porcina, como patógeno no eligen otro virus de la gripe, sino un coronavirus que hasta ahora es completamente desconocido para los profanos, sobre todo para políticos y periodistas.

Los participantes están de acuerdo en que una pandemia de corona es disruptiva, sólo puede superarse mediante la cooperación gubernamental y privada global, las corporaciones globales relevantes para el sistema deben apoyarse financieramente, las empresas medianas deben sacrificarse si es necesario, las voces que se desvían de la narrativa predominante son censuradas constantemente en los medios de comunicación social y de masas, y la pandemia sólo se puede acabar con la vacunación de toda la población mundial.

La simulación termina con 65 millones de muertes en todo el mundo.

Les recomiendo que vean el documental Evento 201: La Pandemia Corona Desde el Tablero de Diseño, producido en alemán con subtítulos en inglés por ExpressZeitung en junio de 2020, y te preguntes: "¿No deberían los medios de comunicación haber informado sobre esto en detalle?"

 

Corona Escándalo, 2020

Dos meses y medio después, el 31 de diciembre de 2019, los CDC chinos, dirigidos por el Dr. George Gao, informan a la OMS 27 casos de neumonía de causa desconocida, de una población china de 1.400 millones. El 7 de enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas identificaron un nuevo coronavirus como agente causante.

El 21 de enero de 2020, el profesor Christian Drosten et al. presenta un artículo, sobre cuya receta los laboratorios pueden producir una prueba rápida de RT-PCR para la detección del virus denominada 2019-nCoV. Se acepta al día siguiente y se publica en la revista Eurosur-veillance otro día después.

La OMS ya había publicado la prueba rápida Drosten RT-PCR en su sitio web una semana antes y la recomendó como el estándar de oro de diagnóstico mundial.

El 30 de enero 2020, Drosten et al. publicó la justificación de la narrativa de la transmisión asintomática epidemiológicamente relevante de 2019-nCoV en la carta al editor del New England Journal of Medicine, virtualmente una de las biblias de nosotros, los médicos, en cuya integridad todavía podíamos confiar en ese momento, con el título 'Transmisión de la infección por 2019-nCoV a partir de un contacto asintomático en Alemania'.

El 11 de febrero, la OMS nombra al nuevo virus corona SARS-CoV-2, la enfermedad que causa COVID-19; enfermedad del coronavirus. Lo hace en contra de la solicitud de los virólogos chinos. Prefirieron llamarlo HCoV-19, coronavirus humano, debido al peligro de que el nombre SARS-CoV-2 pudiera despertar temores infundados por su falta de similitud biológica y epide-miológica con el mucho más peligroso SARS-CoV-1.

El 11 de marzo, la OMS declara una pandemia de COVID. Mientras tanto, su Director General, el biólogo, inmunólogo y filósofo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, había sido acusado de genocidio en Etiopía ante la Corte Penal Internacional en La Haya. La presunción de inocencia se aplica, por supuesto.

Ahora, casi todo está sucediendo como sucedió durante el escándalo de la gripe porcina en 2009, pero de una manera aún más lubricada. Expertos, en su mayoría médicos de laboratorio y biólogos que trabajan como virólogos o epidemiólogos, que nunca han examinado a nadie que padezca una infección respiratoria, y mucho menos tratado, declaran que el SARS-CoV-2 es prácticamente un extraterrestre del que no sabemos absolutamente nada y que debemos considerarlo extremadamente peligroso, hasta que en gran parte los mismos expertos hayan demostrado lo contrario en algún momento.

En Suiza, se constituyen como 'Grupo de Trabajo Científico Nacional Suizo COVID-19' y se ofrecen al Consejo Federal Suizo como asesores científicos.

Los políticos ejecutivos y legislativos, así como las autoridades sanitarias federales y cantona-les, todos aterrorizados por ellos, aceptan su oferta y parecen seguirlos tan ciegamente como el Consejo Federal aparentemente siguió ciegamente a la OMS cuando declaró la pandemia de COVID. A diferencia de cualquier club de nueve pines, el consejo científico asesor ahora oficial del gobierno suizo a través de lo que se supone que es la mayor crisis de Suiza desde la Se-gunda Guerra Mundial, no mantiene ningún registro de sus actividades.

El 16 de marzo, el Consejo Federal Suizo declara la 'situación excepcional', el nivel de peligro más alto de la ley epidémica, basándose exactamente en cero pruebas científicas.

Los medios de comunicación, incluida la emisora ??pública suiza SRG, asumen la tercera parte de este conglomerado de ignorancia, arrogancia, incompetencia e irresponsabilidad organizada que se intensifican mutuamente. Ellos mismos, sin cerebro y sin corazón, martillean en nues-tras cabezas durante todo el día:

Existe una pandemia de un virus corona killer, transmisible asintomáti-camente y altamente contagioso e incluso epidemiológicamente rele-vante. ¡Todo ser humano aparentemente sano y cordial puede ser tu ángel de la muerte!

A diferencia de 2009, los medios de comunicación censuran, desacreditan y difaman constan-temente a los médicos y científicos que cuestionan, incluidas luminarias como John Ioannidis, profesor de medicina, epidemiología y salud pública en la Facultad de Medicina de la Univer-sidad de Stanford, uno de los científicos más reconocidos y citados del mundo, especializado en fraude científico, el Prof. Sucharit Bhakdi y el Dr. Wolfgang Wodarg.

Después de haber sido difamado, incluidas presuntas amenazas a políticos y mi familia, por parte de un particular muy conocido por mí, yo mismo fui brutalmente detenido por una unidad antiterrorista en mi consultorio médico y, después de que se supo de inmediato que no había amenazado a nadie, simplemente la visión del mundo de los locos, me enviaron a un pabellón psiquiátrico cerrado durante seis días debido a 'ponerme en peligro mientras estaba en la locura COVID'.

Los gobiernos de casi todos los países parecen haber olvidado sus planes epidémicos, que sabiamente perdonan a los individuos, la sociedad y la economía. En obediencia ciega a la OMS y a los grupos de presión, llamados expertos, están implementando intervenciones no farmacológicas autodestructivas, incluidos bloqueos nunca antes considerados, siguiendo el modelo autoritario chino. Lo están haciendo casi a nivel mundial, al mismo tiempo.

Sin consultar a la población, obtienen miles de millones de dosis de inyecciones de ARNm y ADN de emergencia, que incluso son aprobadas temporalmente por Swissmedic. Esta tecno-logía se está utilizando ampliamente en humanos por primera vez. Casi en todo el mundo, la constitución, el estado de derecho, los derechos humanos, las libertades civiles, la ética, la cientificidad y el sentido común están siendo sacrificados a favor de un régimen autoritario cuasi global bajo el control de la OMS: quién controla a la OMS, controla al ¡mundo!

 

Sobre el autor: El Dr. Binder está especializado en Cardiología y Medicina Interna, con una tesis en Inmunología y Virología, y 32 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Respiratorias Agudas . Este texto se basa en gran medida en su presentación ( texto en alemán / video en alemán ) celebrada en la conferencia de prensa de ' Aletheia - Medicina y ciencia para la proporcionalidad' , el 28 de mayo de 2021.