la agrupación se ha
convertido en una poderosa bolsa de trabajo
Por Diego Cabot | LA NACION
Se ofrece: trabajo en
blanco, aguinaldo y vacaciones pagas. Estabilidad laboral y una remuneración
que está, en promedio, por encima de lo que paga el sector privado. Tareas
varias, horario limitado y posibilidad de hacer carrera en la línea
administrativa.
Se requiere: es
condición para la postulación la simpatía con el modelo nacional y popular. Los
interesados deberán presentar referencia de un simpatizante de La Cámpora. La no
presentación de esta exigencia invalidará el proceso de ingreso.
El Estado se ha
convertido en el principal motor del mercado laboral en la Argentina. Desde
que Néstor Kirchner asumió como presidente, en mayo de 2003, empezaron a cobrar
un sueldo de alguna repartición estatal, sea nacional, provincial, municipal o
empresa pública, 278 personas por día.
La plantilla pasó de
2,18 millones a por lo menos 3,15 millones de trabajadores, según los últimos
datos disponibles. De la mano de sueldos que están por encima que lo que cobra
un empleado en el sector privado y con la llegada de la ola estatizadora del
Gobierno, la tendencia se acrecentó. ¿Quién maneja la codiciada y más
importante bolsa de trabajo del país? La agrupación oficialista La Cámpora. Son escasas
las excepciones que logran tener como empleador al Estado si no se simpatiza
con el influyente grupo político.
Frente a un bar
ubicado a unos metros de Plaza de Mayo, LA NACION se entrevistó con un empleado público que
trabaja en una repartición estatal, cuyas oficinas están a unos pasos de allí.
"Todos los días entra gente nueva. El común denominador es que están
profundamente consustanciados con el Gobierno. Hace 20 años que trabajo en el
Estado, pero jamás vi algo como lo que se ve ahora. Todos los días nos
enteramos de que entran 20 acá, 50 allá, 30 en otro lado", dijo el hombre
que como condición exigió que no se lo identifique, ni tampoco se de ningún
dato de su lugar de trabajo. "Hay un ambiente raro. Y en muchos casos, una
cierta denigración con la gente de muchos años. Suelen quitarles las tareas y
dejarlos arrumbados. Sólo nos falta la chapa de inventario para ser un
mueble", graficó.
Tres gremialistas que
están al frente de delegaciones que representan a trabajadores de ciertos
organismos públicos coincidieron: "No hay manera de ingresar al Estado si
no se es militante, familiar o referido por alguno de la gente de La Cámpora ", dijo uno de
ellos. Palabras más o menos, los demás coincidieron.
Leonardo Fabre,
secretario general de la
Asociación Personal de los Organismos de Previsión Social
(Apops), fue contundente. "Hoy no se puede entrar si no es por la vía de La Cámpora. Hay una
degradación moral de la política de ingreso al Estado", afirmó. Contó
además que en los últimos tres años las unidades de atención integral (UDAI)
que tiene la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses) pasaron de 300 a 400 en el país. En muchas de esas ventanillas atienden
empleados con una filiación política muy cercana al oficialismo que se han
impuesto, en la carrera interna, a la gente de la línea administrativa
tradicional.
De acuerdo con los
números de Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, en los últimos años, a
contramano de la desaceleración del crecimiento del empleo privado, el sector
público sostuvo un ritmo de aumento significativo: 6,1% entre 2007 y 2011
contra 3,2% en el sector privado registrado. "Actualmente hay, al menos,
un cuarto más de empleados públicos que en 2007 -dice el último informe, de
abril-. El aumento del empleo público fue especialmente durante el período
recesivo de 2008 y 2009. En esos años el crecimiento de la plantilla de
estatales era de 7,9%, frente a una reducción de 2,3% en el sector privado, si
se toman en cuenta los dos semestres de cada año. Esto explica tanto el
sostenimiento del empleo total en ese ciclo, como, en una medida no menor, la
caída del superávit fiscal del sector público consolidado."
Cerca de la
agrupación ultrakirchnerista -conducida por los diputados Andrés Larroque y
Eduardo "Wado" de Pedro- explican que la expansión de la plantilla no
sólo tiene que ver con mantener el nivel de empleo en épocas en que el sector
privado prácticamente cesó de requerir trabajadores. Hay una indisimulable
intención de colonización política detrás de los contratos. Así lo explicaba un
operador político cercano a la agrupación. "Hay una intención que tiene
que ver con dotar al Estado de gente que responda, que se pueda movilizar y,
además, llenar el vacío que dejó un Estado desmembrado que ahora adquirió un
protagonismo que no tenía", explicó.
Después de las
elecciones de octubre, de la mano del viceministro de Economía, Axel Kicillof,
el Gobierno viró del intervencionismo al estatismo. Tal como lo describió
Carlos Pagni en su columna del viernes, "Kicillof requiere un Estado
organizado e inteligente; de lo contrario, su masterplan puede ser arruinado
por una burocracia incompetente".
Otro operador
político con contactos aceitados dentro de La Cámpora agregó otro
elemento. "El año que viene hay elecciones y son necesarios 55.000
fiscales para controlar todas las mesas del país. Hubo muchos dirigentes que
cometieron el error de no tener tropa propia y tuvieron que alquilar
estructuras para controlar los comicios. O dirigentes peronistas o
sindicalistas prestaban su gente. Eso a este gobierno no le va a pasar",
sostuvo.
Según datos que pudo
compilar La Nacion ,
los nombramientos se suceden de a decenas. Sólo por poner algunos ejemplos, en
el Ministerio de Justicia, cuyo subsecretario es el camporista Julián Alvarez,
se han nombrado 300 personas con contratos bajo la modalidad de ley de contrato
de trabajo por tiempo indeterminado. Tienen sueldos de aproximadamente $ 7000
que se los pagan los entes cooperadores.
En la Jefatura de Gabinete, que
maneja Juan Manuel Abal Medina, hay 250 nuevos trabajadores que ingresaron con
contratos llamados resolución 48 -como una planta transitoria- con sueldos de
entre 3000 y 6000 pesos. "Por lo menos a 100 se los vincula con la
militancia de La Cámpora
en las escuelas", confió una fuente que conoce muy de cerca la
administración. En el PAMI hay alrededor de 300 militantes de la agrupación que
ingresaron directamente en planta permanente -en el PAMI no hay contratados-.
La mayoría están nombrados en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y
Rosario. Tienen sueldos de alrededor de 11.000 pesos. En la Secretaría de Cultura
nombraron 400 militantes con contratos bajo la modalidad "locación de
obra". Sus sueldos son de aproximadamente 3500 pesos y la mitad de ellos
están afectados a la muestra Tecnópolis.
UNA REGLA Y UNA
EXCEPCIÓN
La lista podría
seguir en decenas de reparticiones cuyos resortes domina La Cámpora. Pero claro
que no todo es una visión política del asunto. Los economistas, por caso, miran
el fenómeno desde el impacto de las cuentas fiscales y desde el incentivo a la
productividad en la gestión que tienen las administraciones. "En las
provincias con más coparticipación se da un grado más alto de peso del sector
público en el mercado laboral. El coeficiente de coparticipación de Santa Cruz
es de 277 puntos y el peso del sector público en el total de empleo es de 39%.
En Salta, con un coeficiente de 120, el empleo estatal representa 19%",
dijo Alieto Guadagni en un encuentro de economistas.
Dice un documento de la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL): "El empleo público
como porcentaje del empleo total es más alto que en los países federales de
Europa y América del Norte, así como el de sus socios del Mercosur".
Además de la
administración central, uno de los mayores crecimientos de las plantillas se ha
dado en las empresas públicas. De acuerdo con un trabajo de la economista Nuria
Susmel, los empleados de las empresas y bancos públicos sumaban 28.417 en 2003,
a inicios del kirchnerismo. A fines de 2011 la nómina era de 78.981. En lo que
va del año ya se sumaron 16.000 de la estatizada YPF y 4500 de Trenes de Buenos
Aires.
Pero toda regla tiene
su excepción. La Cámpora
no nombra gente en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(Inaes). Allí manda la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y los
contratados deben ser visados por la
Kolina (Corriente de Liberación Nacional), una entidad que
comanda la cuñada presidencial. Los 100 contratos de militantes fueron
realizados por dos universidades. Cuentan que hacen trabajo territorial y muy
poco en el Inaes. Cobran $ 2000 por mes, un ingreso que está más cerca de la
militancia que de la retribución por un trabajo en un ministerio.
La Nación, Economía y Negocios, 19-8-12
