Por Héctor GIULIANO
(24.3.2014).
El título de esta
nota trata de sintetizar el actual dilema de la administración Kirchner en
medio de las negociaciones en curso por el problema de la Deuda Pública
Argentina.
Frente a la
posibilidad cierta pero improbable de un default técnico – por incumplimiento
de pago de los servicios de la
Deuda – el gobierno se encuentra en la encerrona
financiero-fiscal de tener que llegar a arreglos simultáneamente con acreedores
externos de distinto tipo, asumir nuevas deudas cuyo mayor peso será
transferido a futuras administraciones y disimular el costo político interno de
tales decisiones.
La nueva Crisis de
Deuda del Verano 2014 ha desnudado el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de
2005-2010, la inutilidad de la vocación pagadora kirchnerista durante la
“Década ganada” para despegarse del problema de la Deuda y la mentira del
Des-Endeudamiento Público.
CUADRO DE LAS
NEGOCIACIONES.
Decimos “posibilidad
cierta pero improbable” de nuevo default porque técnicamente la Argentina se encuentra
otra vez al borde de una cesación parcial de pago pero es poco probable que se
llegue a esa situación porque el gobierno Kirchner está batiendo récords de
pagos en su deuda externa, porque está empeñado a ultranza en cumplir con la Hoja de Ruta Boudou para
volver al Mercado Internacional de Capitales y porque a una administración tan
debilitada políticamente como la suya es más fácil extraerle concesiones
crecientes que derrocarla.
Como las negociaciones
en curso son secretas – el gobierno ha cerrado todos los grifos de información
al respecto – sólo se puede intentar una interpretación de lo que está
ocurriendo a través de muy pocos datos disponibles.
a) HOLDOUTS.
El juicio que se
sustancia ante los Tribunales de Nueva York por el caso testigo del fondo
buitre NML Elliot y otros contra el Estado Argentino ha sido fallado en contra
en primera y segunda instancia (juez Griesa y Cámara de Apelaciones). El
gobierno ha apelado ante la
Corte Suprema de los Estados Unidos pero no ya para objetar
la pertinencia del pago de las sentencias sino sólo para atenuar la forma de
pago de las mismas.
Bajo cualquiera de
las modalidades en que se defina hacerlo, el país tendrá que afrontar el pago
de tales deudas – con intereses acumulados más punitorios, costas, honorarios y
gastos – que se extenderían luego al resto de los tenedores de bonos que no
entraron en el Megacanje 2005-2010 (los holdouts, a los que hoy ya se les
reconoce una base de 11.700 Millones de Dólares-MD), a través de las múltiples
causas contra el país que existen en el mundo.
La administración K
se encuentra hoy empeñada en negociar mínimos pagos al contado por los juicios
perdidos y financiar el monto de las sentencias con bonos, es decir, con más
deuda pública.
La justicia
norteamericana habría abierto aquí un compás de espera mientras el gobierno
Kirchner avanza en negociaciones con los “fondos buitre” donde Paul Singer – de
NML Elliot – hace de “policía malo” (quiere cobrar todo y a fuerza de embargos)
mientras que Robert Koenigsberger – de Gramercy (ligada al vicepresidente
Boudou) – hace de “policía bueno”, tratando de triangular la compra de los
fallos y prorrateando luego las pérdidas entre los bonistas que ya entraron en
el Megacanje.
Es muy probable que
las bases generales de arreglo ya se encuentren acordadas y que sólo falte
establecer sus formas de pago fijando las condiciones dentro del nuevo esquema
de “pago de sentencias con bonos”.
b) CIADI.
Las propuestas de
pago que ya han comenzado a instrumentarse en el CIADI – con el abono de 5
laudos perdidos por unos 500 MD – han inaugurado la citada nueva política de
pago de juicios con bonos, que a partir de ahora podría extenderse gradualmente
a más de una veintena de casos que se sustancian allí y en otros tribunales
internacionales.
No existe una
estimación cierta de los montos involucrados en estas demandas – importes que, por otra parte, están sujetos
también a negociación – pero se estima que pueden significar entre 8 y 10.000
MD.
También en estos
casos – como en el de los holdouts – la financiación con deuda de los juicios
perdidos representará un fuerte salto en el endeudamiento del Estado (gradual
pero relevante) dado que este tipo de obligaciones no figura hoy como deuda
registrada o prevista sino como deuda contingente.
c) REPSOL.
El acuerdo con Repsol
por compensación del 51 % de las acciones de YPF expropiadas a la empresa
española incorpora ahora una deuda nueva por 11.000 MD: 6.000 MD por capital y
5.000 MD por intereses a pagar.
Este monto se suma a
la carga financiera de arrastre que viene como producto de la estatización
parcial de la empresa en Abril de 2012, una YPF que arrastra un pasivo por
deuda externa dejado por la administración Repsol-Eskenazi de 9.000 MD y la
necesidad de obtener financiamiento para exploración y producción petrolera por
37.200 MD en el quinquenio 2013-2017.
El convenio del
gobierno Kirchner con Repsol – que presenta anomalías en la intervención clave
del Tribunal de Tasación – se encuentra sujeto a la aprobación o no del
Congreso en los próximos días.
d) CLUB DE PARÍS.
Casi la mitad de esa
deuda consolidada proviene de la época del Proceso Militar y ha sido
sucesivamente refinanciada.
El saldo de la deuda
a fines de 2001 era de unos 2.000 MD y habría ascendido a las cifras actuales
fundamentalmente por intereses acumulados, punitorios y otros cargos pero
también, en especial, por diferencia de cambio desde entonces (caso devaluación
del dólar frente al euro).
La mayoría de estas
obligaciones están todavía bajo investigación de la justicia argentina,
especialmente en lo relativo a la estatización de deudas que eran originalmente
privadas y fueron transferidas al Estado por el cuestionable mecanismo de swaps
y seguros de cambio de las gestiones de Cavallo (en las postrimerías del Proceso)
y de González del Solar (durante la administración Alfonsín) al frente del
BCRA.
En Enero de este año la Argentina elevó un nueva
propuesta de pago, cuyos términos se desconocen. Fue con el viaje relámpago del
ministro de economía Kicillof a París y trascendió que contemplaría un mínimo
pago al contado y financiamiento en cuotas a 5 años de plazo, condiciones que
el Club no acepta, habiendo citado al gobierno argentino para abrir
negociaciones formales hacia fines de Mayo.
En todas las
variantes bajo estudio la fórmula buscada es la misma que en los casos
anteriores (holdouts, CIADI, Repsol): pago de deudas, atrasos y adicionales con
nuevos bonos, esto es, con más Deuda Pública.
e) ORGANISMOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES (OFI).
La situación de la
deuda externa argentina con los organismos multilaterales de crédito es
bastante compleja: el gobierno Kirchner ha llegado a acuerdos trienales con el
Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aproximadamente hasta fin de su mandato y por nuevos montos de unos 3.000 MD
cada uno. Son los programas de Asistencia al País.
A esto se suman los
planes de endeudamiento en curso con la Corporación Andina
de Fomento (CAF), que son también significativos.
Según las últimas
cifras oficiales disponibles – al 30.9.2013 (todavía no de fin del año) – a los
Organismos Internacionales en su conjunto se les deben unos 18.700 MD, de los
que 5.000 al BIRF, 9.800 al BID y 2.100 a la CAF.
No se descarta que
con una próxima normalización de las relaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) – nuevo IPC NU para las estadísticas oficiales y retoma de
las supervisiones de cuentas nacionales en función del Artículo IV del Estatuto
del Fondo – nuestro país quede otra vez en condiciones de pedir asistencia
directa al FMI y/o aceptar el monitoreo del mismo para garantizar el acuerdo
con el Club de París.
En todos los casos,
el endeudamiento externo con los OFI formaría parte de la nueva ola de
endeudamiento público externo que se está conformando.
Como resumen de todo
lo dicho hasta aquí puede tenerse un panorama preliminar o cuadro básico de
situación del gobierno K hoy.
La finalidad expresa
de todas estas negociaciones secretas en curso es lograr el objetivo frustrado
del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 a través de los pasos de la Hoja de Ruta Boudou: 1.
Liquidación del problema de los juicios con holdouts y otros reclamos
planteados al país (caso CIADI y Repsol), 2. Arreglo de la Deuda Externa con
los países del Club de París, y 3. Habiendo cumplido los dos requisitos
anteriores, volver al Mercado Internacional de Capitales para colocar más
Deuda.
Esto quiere decir
re-estructuración de las deudas existentes y toma de más deuda por vía de la
colocación de nuevos bonos para financiar deudas por sentencias en contra y
para conseguir nuevas líneas de crédito externas.
Dicho en buen
romance: que todo el sacrificio financiero fiscal que significó el traspaso de
obligaciones con terceros a Deuda intra-Estado (desfinanciamiento de la ANSES , descapitalización del
BCRA, desvío de créditos del BNA y puesta de todas las circunstanciales
disponibilidades de fondos de los organismos públicos al servicio del pago de la Deuda ) era así, en
definitiva, para volver a endeudarse.
CONSECUENCIAS
FINANCIERAS Y POLÍTICAS.
Teóricamente,
cualquier traspié en las negociaciones secretas en curso puede determinar una
situación de default pero – como ya lo dijimos – ello parece poco probable: a)
el gobierno Kirchner ha estado batiendo récords de pago de la deuda externa (a
costa de empapelar a los organismos del Estado con deuda intra-sector público
que es impagable), b) todas las variantes que se están discutiendo con los
acreedores se refieren a las alternativas posibles de cumplimiento de las obligaciones
y ninguna a su desconocimiento, c) la cuestión de la interpretación de la
cláusula pari passu sólo toca al reparto o prorrata de los pagos y/o costos
financieros de las partes dentro de márgenes de negociación ajustables, d) el
gobierno Kirchner protesta por la aparente desatención de su vocación pagadora
por parte de los acreedores y los jueces; y solicita seguir pagando, e) la
participación de todo el submundo financiero – local e internacional – que
opera en estos casos es notoria (funcionarios sin facultades claras de
negociación, ex funcionarios que hoy actúan como operadores y/o asesores,
bancos, brókeres, consultoras, organismos internacionales y obviamente también
los gobiernos de los países de origen de los acreedores involucrados), y f) el
paso de un ajuste encubierto a un ajuste declarado y de tipo ortodoxo por parte
de la administración Kirchner está en curso de ejecución.
Este último punto –
ya desarrollado en trabajos anteriores del autor de esta nota – está centrado
hoy en una batería de medidas que se vienen ensayando desde el cambio de
gabinete de Noviembre pasado y que motivan luego el salto aceleratorio a las
medidas duras de Enero pasado: 1. Macro-devaluación del orden de un 20 %,
llevando el dólar oficial a 8 $, 2. Aumento sustancial de las tasas de interés,
piloteado por la colocación de Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA) – que fijan
el piso de las tasas del mercado - al nivel del 30 % anual, 3. Aumento de los
Precios y Tarifas de Servicios Públicos derivado de la baja de los Subsidios
del Estado, 4. Aumento adicional de la Presión Tributaria
de Nación, Provincias y Municipios potenciado por el aumento de la Inflación , 5. Blanqueo
relativo de la manipulación de indicadores oficiales – fundamentalmente nuevo
IPC NU del INDEC – para cumplir con los requerimientos del FMI y valorizar los
Bonos en pesos ajustados por CER, 6. Proyecciones artificialmente altas de la
tasa de crecimiento económico para garantizar el pago de cupones PBI, 7.
Aflojamiento relativo del cepo cambiario, 8. Aumento de los costos financieros
del BCRA por colocación de Letras/Notas (del ítem 2) para compensarles a los
grandes bancos sus ventas de tenencias dolarizadas; y finalmente - sobre todo -
8. Política formal de rezago de los aumentos salariales en relación a la
inflación, de modo que – unida a la gran devaluación producida – se pueda
lograr una baja en los ingresos reales del pueblo argentino.
Todo ello, puesto en
función de garantizar el pago de la mayor cantidad de servicios de la actual y
futura Deuda Pública, que es la clave de todo porque lo que se está negociando
es no sólo la regularización de la deuda existente sino además la asunción de
deuda nueva.
El objetivo fáctico
de una “tablita cambiaria” post-devaluación, que sirva para estabilizar la relación
entre inflación de precios y tipo de cambio (con un dólar oficial que vuelve a
presentar signos de nuevo atraso), está relacionado directamente con el aumento
de las tasas de interés, que facilitaría el ingreso de capitales especulativos
que aprovechen el diferencial de tasas nacionales e internacionales – con tipo
de cambio estable - para tratar de aumentar el stock de reservas
internacionales merced a facilitarles una mayor rentabilidad financiera a
dichos capitales.
Con todos estos
elementos a favor de los actores del sistema de la Deuda Pública
Perpetua, con todos los antecedentes – pasados y presentes – de una
administración que se declara “pagadora serial” a favor de los acreedores y a
costa de las finanzas del Estado Argentino, es muy difícil que alguien de
afuera quiera “matar esta gallina de los huevos de oro” que se allana a sus
intereses.
Como agravante, esta
postura de base del gobierno Kirchner está apoyada por la partidocracia con
representación parlamentaria, además de los grandes medios de comunicación,
oficialistas y pseudo-opositores, que sobre este problema son cómplices del
Sistema.
Es un capítulo clave
dentro de la servidumbre financiera institucional no sólo del gobierno Kirchner
sino también de toda una Clase Política cuyos pre-candidatos presidenciales
rinden examen por anticipado ante la Sociedad de las Américas
(AS) y del Consejo de las Américas (CoA) para garantizar al Capitalismo
Financiero Internacional la continuidad del sistema de Deuda Perpetua en la Argentina.
Lic. Héctor L.
GIULIANO
Buenos Aires,
24.3.2014
