sábado, 31 de mayo de 2014

DATOS SOBRE LA GUERRA ANTISUBVERSIVA ARGENTINA


“Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero  la inmensa mayoría eran militantes, y la inmensa mayoría eran montoneros”. Firmenich, en reportaje de Página 12, 17-3-1991

Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

(www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada    )     

la nómina del Anexo al libro Nunca Más, revisada en el 2006, los desaparecidos durante la guerra, fueron 8.425 (540 menos que en la lista original de CONADEP en 1984 = 8.961)
De los cuales sólo 4.905 están identificados por el DNI

La cifra se aproxima a la estimación realizada por el Foro de la verdad histórica:

   751    Gobierno peronista
6.809    Gobierno milita
7.560    subtotal
   860    Muertos en combate en la década del ‘70
8.420    Total

Estimación realizada por datos de distintas fuentes:

Montoneros     5.750
ERP                1.980
Otros grupos      700
Total                8.430

Ver: Nicolás Márquez. “La mentira oficial”; Mar del Plata, 2006.

En Ceferino Reato. “Operación primicia”:
Según Secretaría de Derechos Humanos, se abonaron, al 17-4-2010

7.500     indemnizaciones
1.130     por desapariciones antes del 24-3-82
6.370     por desapariciones desde el 24-3-82


 LISTADO DE MUERTOS POR EL TERRORISMO

 Ejército 99
Marina 11
Fuerza Aérea 8
Gendarmería 9
Policía Federal 107
Policía Provincia de Buenos Aires 230
Policía Provincia Catamarca 1
Policía Provincia del Chaco 1
Policía Provincia de Córdoba 45
Policía Provincia de Corrientes 1
Provincia de Formosa 2
Policía Provincia de Mendoza 4
Policía Provincia de Tucumán 13
Policía Provincia de Jujuy 4
Policía Provincia de Santa Fe 30
Servicio Penitenciario Federal 6
Políticos 5
Empresarios 36
Gremialistas 17
Periodistas 1
Funcionarios Públicos 12
Sacerdotes 6
Diplomáticos 1
Empleados 4
Dirigentes Estudiantiles 2
Víctimas de atentados públicos 13
Subversivos arrepentidos 11
Esposas de militares 3
Niños 5


Total 711

INDEMNIZACIONES A TERRORISTAS

La Experiencia Argentina de Reparación Económica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos.


 María José Guembe

Publicado en: www.cels.org.ar

El tratamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina entre los años 1975 y 1983 incluyó una amplia política de reparación económica.

La respuesta oficial a este problema fue la sanción de la Ley de Ausencia por Desaparición Forzada[1], que no presume que la persona falleció sino que el Estado asume que no está porque fue secuestrada ilegítimamente por sus agentes y nunca apareció, ni viva ni muerta. Los familiares, casi en forma unánime han aplaudido esta solución.

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Según la Secretaria de Derechos Humanos se recibieron hasta mediados del mes de febrero de 2004, 8200 pedidos de reparación por casos de desaparición forzada y asesinatos. De ellos, 200 fueron rechazados y 8000 fueron aprobados. De los aprobados, 7100 ya fueron abonados y el resto no han cumplido aun los tramites administrativos necesarios.

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Texto completo (31 páginas):




[1] Ley 24.321, sancionada el 11 de mayo de 1994.

viernes, 30 de mayo de 2014

DANIELE BÍBLICO: LOS ÚLTIMOS (CONTRATADOS) SERÁN LOS PRIMEROS



Por Yanina Passero

Alfil, 29-5-14



El único objetivo confeso del histórico dirigente del Suoem es asegurar la efectivización de casi tres mil contratados por artículo 8 y 9. Rubén Daniele no duda en hacer manifiesta la pretensión, cuando la novedad reciente de la gestión de Ramón Mestre apunta a una “revolución” en la modalidad de ingreso. La “dedocracia” sería parte del pasado si la iniciativa se implementa como prometió el equipo radical.
Hasta allí, Ejecutivo y gremio están en un abierto acuerdo. Ahora bien, la tradicional bandera sindical del economista de la Lista Verde no sería arriada; menos en un año electoral en el que pretende graduarse con honores con sus afiliados y sin un gesto altruista con la ciudadanía que paga los sueldos a los municipales. Es quizás en este contexto que debería leerse el intento de Daniele de imponer algunas consideraciones sobre los concursos, especialmente para tranquilidad de su frente interno.
En una conferencia de prensa, el sindicalista realizó una diferenciación clave. Los concursos masivos que abrió el municipio -cuya primera convocatoria reunión a más de 30 mil aspirantes- tienen como única finalidad generar un orden de mérito al que deberá recurrir sin excepción el intendente de turno para habilitar nuevas contrataciones de personal. Es por esto que se abrirán distintos llamados en todas las áreas del municipio, incluidas las operativas.
La herramienta generada ofrecerá los nombres de los ciudadanos que aspiran a obtener un puesto por primera vez en el Estado municipal y de los contratados que resolvieron participar del proceso. De esta manera, el Ejecutivo y gremio quedarían blindados para la sugerencia de amigos o familiares para ocupar una vacante. Daniele no disimuló ante los medios la conformidad con este proceso, al tiempo que dijo desconocer las famosas “comisiones de padres” formadas para tal fin.
Ahora bien, el secretario general del Suoem se mostró particularmente interesado en remarcar que “contratados” y “aspirantes foráneos” no compiten por nada. Los interrogantes se precipitan porque hay factores que comienzan a hacer ruido. Daniele se encargó de remarcar la diferencia existente entre un ingreso por concurso al municipio y un ingreso a la planta permanente del municipio.

La referencia inevitablemente apunta a los empleados transitorios y a los temporales (artículo 8). ¿Cómo es posible que no compitan en un concurso público y abierto? Al fin y al cabo, la gestión mestrista había accedido a reconocer con un puntaje extra a los empleados públicos que accedieran a participar de la pugna conforme a lo que marca la Carta Orgánica. Y como si esto fuera poco, aquellos que no quisieran demostrar sus conocimientos conservarían su puesto. Claro, que la llegada de su efectivización se dilataría o no se produciría.

La respuesta: para Daniele, sencillamente unos y otros no compiten entre sí porque los concursos que tanto dieron qué hablar no definirían un orden de mérito para ingresar a la planta permanente. Sólo terminaría con la contratación de nuevo personal que hiciera uso de sus buenos contactos.
El contratado, contratado está, según la visión de Daniele. Así también lo entiende la gestión. Si se generan las vacantes en la planta permanente el agente que concurse como exigen las nuevas reglas de juego del municipio tendría prioridad, independientemente de que se ubique primero, al medio o último en el orden de mérito general, según el Suoem.

“Si alguien cree que un aspirante va a llegar a la Municipalidad para que se vaya un contratado, no cuente con nosotros para respaldar la medida”, explicó Daniele. Y agregó: “El concurso es una condición necesaria, pero no suficiente para ingresar a la planta permanente del municipio. Cuando los contratados rindan, nadie les podrá decir que no cumplieron con la ley. El ingreso a planta es una discusión para más adelante, que se desarrolla de manera independiente a los concursos”.
Las citas explican que, para el cabecilla del Suoem, es central que los contratados participen de los concursos para no quedar atado de pie y manos con el Ejecutivo en la negociación por las efectivizaciones porque las ordenanzas son claras. “No se trata de una carrera entre aspirantes y contratados. El orden de mérito es la piedra fundamental para que los ingresos al Estado se lleven a cabo como ocurre en Educación”, completó Daniele.

Contrapunto oficial

El secretario general, Alberto Giménez, no avaló la interpretación de Daniele. En diálogo con Alfil, aseguró que el orden de mérito resultante de los concursos será la única herramienta a la que podrá apelarse para nuevas contrataciones de personal o para cubrir vacantes o cargos detallados en el Presupuesto. Lógicamente, el Ejecutivo no podrá convocar aleatoriamente a los aspirantes que concursaron cargos. Si hay una vacante, el mejor posicionado -ya sea ciudadano o empleado- será su acreedor.
El funcionario aclaró inmediatamente que esto no implica que estén previstas caídas de contrato. En otras palabras, ratificó la continuidad laboral de los agentes contratados y transitorios. Por último, invitó a revisar la información detallada en el portal de los concursos.
“Las ordenanzas son claras. Me sorprende que Daniele no tenga en cuenta esta realidad, era tema conversado y superado”, remarcó Giménez. Lo cierto es que, según se desprende de las interpretaciones de ambos referentes, todo parece indicar que el contrapunto derivará un nuevo conflicto.


Alfil, 29-5-14

DÓLAR Y NUEVA DEUDA EXTERNA



Por Héctor GIULIANO
(29.5.2014).


La tríada oficialismo-partidocracia-medios ha instaurado un artificial clima pre-electoral en la Argentina que sirve como distractivo de importantes decisiones económico-financieras que están en curso por parte de la administración Kirchner.

Pese a la deliberada falta de informaciones oficiales al respecto, el agravamiento de la crisis de Deuda que se manifiesta desde fines del 2013 y las consiguientes presiones del establishment financiero – externo e interno – en pro de una política de re-endeudamiento explican las medidas de emergencia de Enero pasado por un lado - devaluación, aumento de las tasas de interés y acuerdo con los grandes bancos – y la aceleración de la nueva política de Deuda Externa por otro (Repsol, Holdouts, CIADI, Club de París, YPF, Provincias y Estado Central).

El propósito de esta nota es analizar el sentido de estas decisiones gubernamentales que se vienen produciendo y cómo las mismas se están ajustando en función de la nueva ola de endeudamiento del Estado.

La clave de la rentabilidad del capital financiero está dada por el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés: con un valor del dólar estabilizado (y preferentemente atrasado) el diferencial entre tasas de interés locales e internacionales potencia las ganancias especulativas de los capitales externos a corto y mediano plazo.

El retraso cambiario existente en la Argentina hasta fines del año pasado cubría esta condición financiera y ayudaba, a su vez, al gobierno Kirchner en el pago de los servicios de la deuda externa.

Pero el déficit fiscal creciente – derivado precisamente de los gastos y distorsiones ocasionados por el sistema de la Deuda – y la inflación por aumento de los precios internos fueron acentuando la gravedad de esta crisis.

El país perdió entonces los dos pilares fácticos del “modelo”: los superávits gemelos, fiscal y externo.

El monto de la Deuda Pública y el ritmo del endeudamiento del Estado tuvieron un fuerte aumento en todos sus ámbitos: Nación, Provincias, Municipios, Banco Central (BCRA), Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y juicios contra el Estado con sentencias en firme.   

El stock oficial de la Deuda del Estado Central, que después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 era de unos 150.000 Millones de Dólares (MD) es hoy de 213.000 MD (según la última información disponible, al 30.9.2013), sin contar los intereses a pagar (unos 72.000 MD), los cupones PBI faltantes de pago (15.000 MD), la capitalización de intereses y los ajustes de la deuda en pesos por inflación (coeficiente CER), con lo que el monto total de la Deuda se iría a más de 300.000 MD, sólo en cabeza del Gobierno Nacional.

La crisis de la Deuda Argentina por iliquidez (falta de divisas) y por insolvencia (falta de capacidad de repago) se agudiza con el doble déficit – de Presupuesto y de Balanza de Pagos – y recibe un golpe adicional con el cambio de política de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), que reduce gradualmente las compras de bonos del Tesoro norteamericano y amenaza ir subiendo las tasas de interés estadounidenses y, por ende, también las internacionales.

Este hecho provoca una salida generalizada de capitales especulativos de los países en desarrollo (PED) – fundamentalmente de los llamados “mercados emergentes” – hacia los grandes centros financieros mundiales, con lo que estos países, para mantenerse dentro del sistema financiero internacional, se ven forzados a devaluar sus monedas y aumentar las tasas de interés de referencia (caso Brasil, India, México y Sudáfrica, entre otros, ... y también la Argentina).

Éste sería, en realidad, el verdadero detonante que acelera la crisis de la Deuda existente, ya agravada en nuestro país a raíz de la pérdida de los superávits gemelos. Y eso motiva las decisiones básicas de Enero:

1.         Macro-devaluación del peso (un 20 %) el 22.1, para compensar la ola devaluatoria en los PED - particularmente Brasil - y atenuar en parte la pérdida de competitividad de nuestras exportaciones para estimular las liquidaciones de divisas.

2.         Aumento de las Tasas de Interés, con duplicación de las tasas de referencia del BCRA (Badlar Bancos Privados, que es la que paga por las Lebac/Nobac), llevándolas en promedio del 15-16 % al 30 % anual.

3.         Favorecimiento de los Bancos y Entidades Financieras con ganancias extraordinarias por tenencia de moneda extranjera (que les significó a los bancos utilidades por unos 9.700 M$-Millones de Pesos).

El traslado de la devaluación a los precios, el aumento del piso de las tasas de interés del Mercado y la mayor ganancia de los bancos por su tenencia de activos dolarizados y por el aumento las tasas de letras y notas que les paga el BCRA tienen un fuerte efecto recesivo que frena – al menos parcial y temporariamente – una corrida masiva hacia el dólar, tratando de contener el paralelo en sus distintas variantes (blue, Contado con Liqui, MEP-Bolsa, soja, turista, atesoramiento).

El alza de las tasas de interés para frenar las presiones sobre el dólar – factores que desbordan el tipo de cambio oficial (8 $) aumentando la brecha cambiaria - constituye una medida típica de ajuste ortodoxo en materia económica y provoca, como efectivamente está sucediendo, un efecto recesivo sobre el consumo.

Se da así un fenómeno de estanflación – estancamiento con inflación – porque el aumento de los precios no se detiene sino que sólo tiende a desacelerarse parcialmente después de los fuertes adelantos producidos antes y después de Enero.

Y la actividad económica se retrae por efecto combinado de la reducción del consumo – directamente vinculado con el aumento de los precios y el desfase de los aumentos salariales – el aumento de los costos de los productos importados y el aumento del costo del crédito por alza de las tasas de interés. 

Adoptadas estas medidas financieras (a costa de la actividad económica) los capitales bancarios y especulativos pasan a tener un mayor nivel de rentabilidad, por dos vías concurrentes:

a)        Por la vía del arbitraje de monedas: las entidades financieras locales valorizaron sus ganancias por tenencia. Recién luego de la devaluación de Enero se toma la resolución del BCRA que fuerza a los bancos a vender sus activos en dólares excedentes del 30 % de su Patrimonio Neto, con lo cual se favoreció el nivel de esas ventas ya que las cotizaciones de referencia se fueron de 6.0-6.5 $/US$ a 8 $. Y los capitales externos, a su vez, verían facilitadas sus mayores ganancias en la plaza local por el diferencial de tasas de interés con tipo de cambio estable.

b)        Por la vía del aumento de las tasas de interés locales, derivadas del incremento de las tasas mayoristas del BCRA, que provocó obviamente un aumento generalizado del costo del crédito bancario, aumentó el subsidio a los fondos bancarios ociosos por aumento de las tasas pagadas con la captación de fondos por medio de las Lebac/Nobac y potenció las ganancias de los capitales especulativos externos para lucrar con el citado arbitraje entre tasas locales e internacionales bajo tipo de cambio estabilizado.

El objetivo fáctico de esta maniobra gubernamental sería llegar a una suerte de nueva “tablita cambiaria” que garantice una relación estable o predecible entre tipo de cambio y ritmo inflacionario.

El tipo de cambio de referencia podría ser el dólar “contado con liquidación”, que es un tipo de cambio implícito que surge de la compra-venta de títulos públicos que cotizan en el país y en el exterior. Hoy este dólar está arriba de los 11 $ pero pudiera bajar paulatinamente en la medida que el gobierno levante el “cepo cambiario” y facilite la libre movilidad de capitales.

La entrada de capitales financieros – atraídos por las altas tasas de interés locales y la progresiva baja del dólar paralelo – serviría a corto plazo para retomar la política de acumulación de reservas por parte del BCRA, posiblemente reforzada con préstamos de corto plazo de bancos centrales extranjeros (caso Banco de Francia y BIS de Basilea) y/o Bancos de Inversión privados (caso oferta de Goldman Sachs).

Con un dólar estabilizado y un peso relativamente apreciado por efecto de la inflación interna – es decir, con retraso cambiario - el gobierno vería ayudada su capacidad de pago de los servicios de deuda externa.

El logro de una ecuación financiera de este tipo es un punto fundamental para el gobierno a los fines de poder garantizar a los acreedores externos el cumplimiento de los servicios de la deuda existente y la toma de nueva deuda.      

En medio de la aceleración de los tiempos impuesta por la Banca Internacional a la administración Kirchner para que deje arreglados los frentes de conflicto del endeudamiento público durante la “transición al 2015” este tema de una nueva tabla cambiaria adquiere un papel esencial porque no hay cálculo económico ni financiero para cualquier arreglo de pago de deuda externa que resista sin una relación confiable de este tipo.

El problema vale también para la actividad privada, no sólo por los precios de productos importados en general sino – muy en especial – por el valor de paridad de los precios de transferencia entre compañías multinacionales, las inversiones  económico-financieras, la consiguiente remisión de utilidades y la toma de más deuda externa por Empresas y Bancos.

Dada su debilidad política, la administración Kirchner está jugando hoy una carta muy peligrosa en las postrimerías de su gestión (el grueso de cuyo peso tendrá que ser atendido por los futuros gobiernos): embarcar al país en una nueva ola de endeudamiento público sin capacidad de repago, después de haber traspasado el grueso de la deuda impagable a organismos del propio Estado (ANSES, BCRA, BNA, etc.) para privilegiar el pago de la deuda con terceros (Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales: FMI, BIRF, BID y CAF).

Esto significa haber utilizado la Deuda intra-Estado no como un posible intento de liberación del problema estructural de la Deuda, esto es, pagando cifras récord de la misma (aunque sin investigar su legitimidad ni evaluar su capacidad de repago) pero no para no volver a endeudarse jamás sino, por el contrario, usando esa deuda que desfinanció totalmente al sector público como préstamo-puente para volver a tomar deuda en el exterior.

Es la paradoja - que tantas veces hemos señalado - de la Hoja de Ruta Boudou: liquidar a cualquier costo el problema de los juicios contra el Estado (Holdouts, reclamos ante el CIADI, Repsol) y llegar a un nuevo arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París para regresar al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para volver a endeudarse. 






LA ESTATUA DE COLÓN, UNA METÁFORA DEL PODER




Vicente Palermo

Politólogo. Investigador principal del Conicet

Parece que la Presidenta se salió con la suya: removió de su emplazamiento a la estatua de Cristóbal Colón. Por encima de otras consideraciones, el episodio es indicativo de su noción del poder y de la extendida tolerancia social para con esa noción.

En efecto, la mano que ha desplazado la estatua es la mano moderna del monarca absoluto, cuyo interés libérrimo se dirige tanto a las cosas grandes como a las cosas pequeñas, y cuyo capricho no tropieza con límite alguno.

Se supone que con presidentes representativos debería ser diferente, y que el impulso tendencialmente monárquico que proviene de la legitimidad popular y de la doble condición de jefe de Estado y jefe de Gobierno debería ser contrapesado por las instituciones y por la opinión pública.

Pero no, y en el fondo se trata de una cultura política que nos es muy querida. De esta dimensión del problema “monumento a Colón” casi no se habló. La idea, parece ser, es que el gobernante es dueño del poder del que está investido. Actuar a su antojo es una consecuencia lógica. Pero nótese que los argentinos somos en esto profundamente contradictorios. Si consagramos en las urnas, por el 54% de los votos, a un mandatario que ya mostraba claramente los signos de la arbitrariedad, ¿a qué viene después quejarse de la corrupción?

Los kirchneristas son más coherentes: quieren todo el poder y lo usan en beneficio propio.

La más genuina corrupción es ésta. Si no cambiamos la estructura del poder político en la Argentina, por no hablar de la cultura política que lo alimenta, en materia de corrupción vamos a estar arando en la arena.

El kirchnerismo llegó a un extremo, pero ¿podemos decir que innovó radicalmente? Expresó, sin duda, una fusión entre corrupción y poder.

Primero fue la regla de oro (lamentablemente universal, en verdad) de que para hacer política había que disponer de fondos con holgura, tras lo cual se cayó en que para tener dinero había que robar (es sin duda lo más práctico: apropiarse del dinero donde éste está).

Las coartadas fueron muchas, pero a partir de cierto punto ya no fue posible distinguir qué estaba al servicio de qué. ¿El dinero al servicio del poder, o el poder al servicio del dinero?

Por supuesto que en gran parte del séquito está claro dónde están las prioridades. La ramificación del sistema kirchnerista ha llegado muy profundamente y hoy día este sistema consiste en una miríada de baronatos (en las municipios) y sultanados (en muchas provincias) que son quizás más fuertes que el propio poder nacional.

Después de todo, el Gobierno destina una parte importante de un inmenso botín a los pobres.

Días pasados la Presidenta expresó: “Me duele como argentina cuando nos critican porque les damos algo a los pobres, a los negros o a algún hijo de inmigrantes”.

Más allá del carácter retrógrado del léxico empleado, la frase revela la mentalidad patrimonialista de un patrón de estancia. Darles algo a los pobres.

¿Algo de lo que les corresponde por derecho? No, algo concedido magnánimamente.

Hay otro factor que facilita la lógica del poder discrecional así como la corrupción que le es inherente. Que es la progresiva destrucción del Estado. Los gobernantes audaces se mueven mejor en el tembladeral institucional en que se ha convertido el Estado argentino en su pendiente de décadas.

Ejemplos prístinos de corrupción política son el arrasamiento del Indec y el de Cancillería.

En Brasil, el interés del gobierno por redefinir (no sin cierto fundamento) las variables de composición de los índices de precios y las estimaciones de pobreza está siendo discutido públicamente y el personal de carrera del IBGE (equivalente al Indec) se mantiene firme.

Y a nadie le resultaría concebible convertir al servicio exterior en coto de caza de la militancia.

Pero, una vez más, sin una tarea que comience por la cúspide –las instituciones de la presidencia, el liderazgo presidencial– no habrá una solución duradera. No se trata de debilitar el poder presidencial; se trata de que los presidentes utilicen sus atribuciones para integrar, no para excluir, sean controlados, y sean penalizados si pretenden gobernar como si el poder fuera propio y con él pudieran hacer lo que se les antoje. Lo que es sorprendente es que, promediando la segunda década del siglo XXI, sea necesario poner sobre el tapete, de cara a la clase política y a la sociedad, cuestiones que si deseamos una Argentina más próspera y más justa, deberían estar internalizadas. Si no tocamos el poder, no venceremos la corrupción.


Clarín, 29-5-14

jueves, 29 de mayo de 2014

¿QUÉ FESTEJA CÓRDOBA CUANDO RECUERDA EL CORDOBAZO?



Por Daniel Gentile
(Abogado y periodista)

Reviso los diarios de los días posteriores a un 29 de mayo. Los que tengo frente a mis ojos son de hace un par de años, pero podrían ser de cualquiera de los últimos. Leo estas noticias: “Dirigentes de la CGT local destacaron el marco de recuperación de derechos en el que pudieron conmemorar un nuevo aniversario del Cordobazo”. “El ministro de Trabajo provincial dijo que es muy importante que podamos concretar esta conmemoración teniendo un gobierno popular, como el encabezado por la compañera Cristina”.

Otro gremialista, también legislador oficialista, expresaba: “Con el espíritu de aquella gente (la del Cordobazo) tratamos de dar respuesta a los problemas de hoy de los trabajadores”. También ponderó que, tal como sucede ahora, “aquellos hombres... planteaban un conjunto de ideas y de sentimientos que empuja a vivir y a celebrar esta fecha”.

Me parece asombroso que quienes en este tiempo gobiernan Córdoba digan que hay que celebrar, año tras año, aquellos dos días aciagos.

Nunca olvidaré el estupor y el miedo que infundían las columnas de violentos que avanzaban incontenibles, sembrando a su paso fuego y destrucción. Ni a los francotiradores que, estratégicamente apostados en los techos, desataron una infernal ruleta rusa en la que cualquiera podía ser víctima casual. Nada quedó librado al azar en aquel asalto masivo contra la ciudad planeado de manera cuidadosa. Poco hubo de espontáneo en el Cordobazo, y mucho de estrategia del terror por entonces naciente.

Me pregunto si habrá alguna otra ciudad en el mundo que, año tras año, celebre con algarabía el aniversario de su destrucción.

Córdoba fue incendiada, destruida, asolada, humillada, por un grupo de bárbaros que tenían dirigentes y estrategas.

No fue una insurrección popular. Había un gobierno de facto que no tenía, ciertamente, argumentos para autojustificarse. Pero el Cordobazo fue la eclosión de un virus –el germen de la ideología y la pedagogía del terror– que había anidado en el cuerpo social de la Argentina. Ese virus oportunista, encontró, para detonar, una circunstancia aparentemente justificante –la existencia de un gobierno no democrático– pero, luego de contaminar a todo el país, siguió flagelándolo durante el imperio de gobiernos constitucionales.

El germen del terror se apoderó de dirigentes estudiantiles y gremiales. Entre los estudiantes, fue una reverberancia decadente y grotesca del Mayo francés. Hubo incluso en las universidades de Córdoba algo de moda revolucionaria, con todo lo que de frívolo tienen esas cosas que se hacen porque quedan bien.

El sector gremial, por su parte, estaba ocupado mayoritariamente por el peronismo y en menor medida por elementos de una izquierda fundamentalmente trotskista. Perón, desde su lujoso exilio, le dio alas a la violencia. Algunos años después, cuando quiso detenerla, no pudo con ella.

El resultado de ese cóctel explosivo fue lo que se llamó y se llama aún, con una reverencia inexplicable, el “Cordobazo”.

No fue una expresión de rebeldía. La rebeldía, en verdad, es una actitud que puede ser noble. Los auténticos rebeldes fueron los que se negaron a plegarse a la moda de la violencia que dictaban los árbitros de la elegancia intelectual de entonces. Si eras joven y estudiante, debías subirte a ese colectivo. Algunos –muchos, demasiados– quedaron luego atrapados en ese carro.

Si fuera cierto que la sola existencia de un gobierno de facto hace justo al terror, los que han canonizado al Cordobazo deberían lamentar que los militares que tomaron el poder en 1943 no hayan recibido su merecido. Pero para la historia dominante también hay gobiernos de facto execrables y gobiernos de facto no tan malos. Es bueno, sobre todo para los historiógrafos oficiales, el gobierno que nació del golpe de Estado de aquel 4 de junio de 1943, que alumbró al peronismo.

Festejar el Cordobazo es festejar los incendios, los muertos, las bombas, los saqueos. Es festejar el terrorismo organizado que vino inmediatamente después. Es festejar el terrorismo de Estado, que es hijo del terrorismo subversivo. Es festejar las bombas de estruendo que hoy, diariamente, en cada manifestación, como un Cordobazo en pequeña escala y como un eco de aquel del ‘69, atormentan y ponen en peligro la integridad y la vida de los ciudadanos.

Así como no se concibe la simultánea adoración de Dios y del diablo, no se puede, al mismo tiempo, rendir culto a la violencia y pretender erradicarla.

Mientras los que mandan no superen esa contradicción, no tendrán solución los diarios desbordes de las manifestaciones sociales, que tanto nos preocupan.

Me contaron hace poco que en la Ciudad Universitaria hay una calle que se llama El Cordobazo. Me resisto a creerlo. No me parece sensato darle a una calle el nombre de una tragedia. No entiendo que una ciudad como Córdoba, con elevada autoestima, una ciudad que dice quererse y se quiere, una Córdoba que ejerce una suerte de cordobesismo militante, festeje año tras año, con el auspicio de sus gobernantes, el aniversario de su destrucción.

Me asombra, como me asombraría que una familia que sufrió un sangriento asalto, le incendiaron la vivienda y le mataron a dos hijos, se reuniera todos los años junto a la mesa y soplara las velitas para recordar el hecho más doloroso de su vida.


La Voz del Interior, 29-5-14

miércoles, 28 de mayo de 2014

MÁS DE 8.000 ADMITIDOS PARA CONCURSAR CARGOS MUNICIPALES



Con el cierre del plazo fatal previsto para las inscripciones, el llamado a concursos públicos y abiertos para la confección de un orden de mérito con vistas a futuros ingresos laborales a la Municipalidad de Córdoba concretó ya su filtro preliminar de aspirantes para la primera convocatoria.

En cualquier caso, la magnitud de los números es impactante. A lo largo de seis días (del 20 al 26 de mayo), habilitados para registrar el interés por concursar dos perfiles de trabajo administrativo y tres de enfermería, la página oficial de los concursos (www.concursos.cordoba.gov.ar) recibió casi 600 mil visitas, de las cuales 30.757 se tradujeron en inscripciones efectivas.

A su vez, esa nómina pasó una segunda zaranda con el cumplimiento de los requisitos generales para concursar y específicos de cada convocatoria, con lo cual quedaron en situación de “admitidos” cerca de ocho mil aspirantes.

Ese es, a priori, el universo de personas que podrán rendir las pruebas de oposición, cuyo inicio está previsto para agosto próximo (todavía sin fecha precisa).

Previo a la prueba, todos los concursantes deberán abonar un derecho de inscripción a examen (100 pesos), que se supone también provocará algunas deserciones.

Esta es la primera convocatoria pública que lanza la gestión del intendente Ramón Mestre, que pretende tener concursados todos los perfiles de la administración para el primer trimestre de 2015.

Los detalles del proceso fueron informados ayer en la Municipalidad por el secretario general, Alberto Giménez, y la subsecretaria de Capacitación, Laura Sesma, que es quien lleva las riendas de todos los concursos. También estuvieron los especialistas de la Universidad Tecnológica de Córdoba (UTN) Sergio Quinteros y Roberto Muñoz, quienes representan la apoyatura técnica para el desarrollo del software de selección y examen, y del soporte informático general.

Dentro de aproximadamente 10 días hábiles se conocería un decreto del intendente, con la lista definitiva de personas en condiciones de rendir.

Por la gran cantidad de gente anotada, se calcula que habrá exámenes diarios durante al menos una quincena.

La modalidad será a través de una plataforma virtual, mediante un programa que maneja la UTN y que tendrá un menú de unas 500 preguntas, de las cuales a cada aspirante le tocarán 50. Se encontrarán con ellas al encender la computadora e ingresar un código que les otorgarán, y del mismo modo la máquina les informará al término del examen la cantidad de respuestas correctas.

Sesma indicó que para sortear la prueba habrá que aprobar por lo menos la mitad de las respuestas, y remarcó que la seguridad y confidencialidad están garantizadas, ya que “nadie de la Municipalidad ni miembros del jurado conocerán detalles del examen”.

La funcionaria volvió a valorar que el Suoem, que antes boicoteaba sistemáticamente la realización de concursos, ahora haya aceptado participar.

Hay que recordar que, además de particulares, para rendir también se han anotado actuales contratados y transitorios que se desempeñan en el municipio, para quienes los concursos y posterior ubicación en el orden de mérito son la única vía de acceso posible a planta permanente.

Los contratados suman 980 y los transitorios, 1.880. Todos ellos expresan de manera cabal el sistema de acceso al empleo municipal que rigió hasta ahora, basado en el acomodo político y gremial.

Un cambio de paradigma
Objetivos. Los actuales contratados y monotributistas, más los ciudadanos comunes que concursen, competirán por acceder al trabajo municipal. En ambos casos, el objetivo es priorizar selección por capacidad y que el destino final sea una paulatina incorporación a planta permanente, según disponibilidad de vacantes y presupuesto. Nadie podrá ingresar a planta sin rendir concurso público y abierto. Los órdenes de mérito tendrán vigencia por tres años, prorrogables por uno más.

Los que están. Los actuales contratados y monotributistas que decidan no presentarse a rendir quedarán en la condición en que están, pero sin entrar a planta. Si aprueban y quedan en el orden de mérito, estarán en período de prueba dos años, tras el cual pueden pedir su pase a planta, siempre sujeto a aprobación del Ejecutivo.

Los que quieren estar. Los ciudadanos que concursen y queden en el orden de mérito para un determinado perfil de puesto de trabajo podrán ser convocados para cubrir nuevos cargos cuando el Ejecutivo así lo decida. Eso permitirá al municipio tener gente ya seleccionada incluso antes de necesitarla, y esquivar la tentación de nombrar amigos.


La Voz del Interior, 28-5-14

POBREZA: NO FALTAN RECURSOS SINO EFICIENCIA




Por Virginia Giordano
Economista Idesa

Alfil, 28 de mayo de 2014


En los últimos diez años el gobierno ha desplegado gran cantidad de acciones y destinado cuantiosos recursos tendientes a erradicar la pobreza y disminuir la inequitativa distribución del ingreso, sin embargo, los problemas han tendido a mantenerse y en varios aspectos a agravarse, poniendo en evidencia el enorme fracaso en materia social que quedó en la última década.

La incapacidad para eliminar la pobreza no está relacionada con la falta de recursos. En el año 2013, los recursos destinados al gasto público asistencial en la Provincia de Córdoba ascendieron a 12 mil millones de pesos sumando lo presupuestado a nivel Nacional, Provincial, y Municipal. Esto implica que se podría haber otorgado mensualmente $4.750 por persona pobre y $18.849 por hogar pobre, tomando el nivel de pobreza definido por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC.


Independientemente de la medida de pobreza considerada, el gasto asistencial por hogar supera ampliamente las necesidades de ingresos promedio de los hogares por debajo de la línea de pobreza: tomando la CBT del INDEC se gasta 12 veces la brecha de pobreza; suponiendo una subvaluación de la canasta, tomando la CBT del INDEC más 100%, se gasta 4 veces la brecha de pobreza y tomando la CBT del INDEC más 150% se gasta 2 veces la brecha de pobreza. Por lo tanto, los datos oficiales demuestran que para erradicar la pobreza no faltan recursos, lo que falta es calidad en la gestión del Estado.