UNA BEATIFICACIÓN

de tono político-ideológico

La Nación, editorial, 30 de julio de 2018

 

El 4 de agosto de 1976 falleció monseñor Enrique Angelelli, tras el vuelco del automóvil en el que viajaba en la ruta nacional 38, en La Rioja, junto al padre Arturo Pinto, quien sobrevivió. En el sumario inmediatamente labrado, luego de exhaustivas medidas de prueba -autopsia, peritaje accidentológico, fotos en el lugar del suceso y la declaración de Pinto, en la que alegó pérdida de la memoria y estado de shock-, se archivó la causa que en su momento se caratuló "Angelelli, monseñor Enrique A. s/fallecimiento".

Pero varios años después, el fraile Antonio Puigjané, guerrillero que participó en el ataque al cuartel de La Tablada, alzándose en armas contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, formuló en Neuquén una denuncia en la que planteó la hipótesis del asesinato de Angelelli. En sentido contrario, en 1988, el diario La Prensa publicaba una declaración de monseñor Bernardo Witte, obispo de La Rioja, que expresaba: "Nos sorprendimos de que la misteriosa muerte de monseñor Angelelli haya sido caratulada de asesinato sin que se tengan las pruebas suficientes".

Declaraciones de un testigo del hecho, Raúl Alberto Nacuzi, afirman que el conductor no era el obispo, sino Pinto, que fue quien instaló la versión de que un automóvil los iba persiguiendo para luego refugiarse en la supuesta pérdida de memoria. Al declararse incompetente el tribunal y, luego de recabarse nuevas pruebas y revisarse las adoptadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba expresó en 1990 que, a pesar de las investigaciones y comprobaciones, resultaba imposible asegurar que el accidente hubiera sido provocado por una acción dolosa. Otros testigos declararon no haber visto ningún otro vehículo en el lugar, ni tampoco alejándose del accidente. Agotada la investigación, el tribunal dictaminó que, "atento que los medios de justificación acumulados no son suficientes para demostrar la perpetración del delito, en concordancia con lo dictaminado por el fiscal de cámara, este tribunal estima pertinente dictar el sobreseimiento provisional de la presente causa".

En julio de 2014, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de La Rioja, considerando que se trataría de un crimen de lesa humanidad, arribó a la conclusión opuesta, lo cual no sorprende, dado que responde a la concepción imperante -en ese entonces y actualmente- respecto de que tales delitos pueden ser juzgados al margen de lo que fija el derecho penal y constitucional. Se condenó así a prisión perpetua al general Luciano Benjamín Menéndez y al comodoro Luis Estrella por el "crimen" (sic) de monseñor Angelelli, imputándolos como autores "mediatos", una construcción jurídica de la que se ha hecho abuso en esta clase de juicios. En ese caso, permitió condenar a superiores jerárquicos de un crimen nunca probado, y en el que no existen autores "inmediatos". La sentencia dio por cierto que el vuelco del auto en el que viajaba Angelelli tuvo su origen en la maniobra intencional de otro vehículo que cumplía órdenes impartidas por los jefes militares.

Aun si hipotéticamente fuera un asesinato, Angelelli no hubiera sido mártir por defender la fe. El obispo riojano tenía una activa y probada vinculación con la organización terrorista Montoneros. En la foto que acompaña este texto se lo ve oficiando misa con el cartel de esa agrupación a sus espaldas, mientras en sus homilías se pronunciaba a favor de la subversión y proponía armar a los jóvenes.

Con una beatificación o la canonización, la Iglesia proclama la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona y autoriza su culto. Nunca se debe proponer un modelo violento y sectario. Por esta razón, no encontramos acertadas las palabras del actual obispo de La Rioja y vicepresidente segundo del Episcopado, Marcelo Colombo, quien al recibir la noticia de la beatificación afirmó: "Es un reconocimiento a los testigos valientes del Reino de Dios".

Es bien sabido cuán rigurosos son los procesos de beatificación, cuán exhaustivas y engorrosas las presentaciones de pruebas para avalar una solicitud. Esa rigurosidad no se aplicó a este caso.

FORMAREMOS

 a los católicos para participar en política»

(AlfayOmega), 28-7-18

El nuevo presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, anuncia que abrirá las puertas de la asociación a los jóvenes y expandirá la presencia de esta institución a todas las diócesis españolas para impulsar una mayor participación de los católicos en la vida pública

Solo unos minutos después de que el PP eligiera a Pablo Casado, la Asociación Católica de Propagandistas optaba el sábado por Alfonso Bullón de Mendoza (Madrid, 1963). El hasta ahora director del Instituto CEU de Estudios Históricos estará al frente de una gran obra educativa que conoce de primera mano, ya que ha sido rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y de la CEU San Pablo de Madrid. Ha publicado un centenar de publicaciones, es experto en carlismo y II República, y académico correspondiente de las reales academias de la Historia española y portuguesa.

Más allá de las bromas entre los propagandistas por los paralelismos con el PP, han triunfado las dos candidaturas que ponían el acento en los principios y no en la gestión.

Sí, entiendo que se puede trazar algún paralelismo. La ACdP quizá ha vivido en los últimos años un cierto retraimiento con respecto a su carisma: impulsar la presencia de los católicos en la vida pública. Quizá hemos estado muy centrados en el funcionamiento de las obras.

Ha anunciado un tema nacional, un debate abierto a todos los propagandistas para replantear el papel de la asociación. ¿En qué consiste esta idea?

Tenemos más de 100 años de antigüedad, han cambiado mucho tanto la sociedad como la propia ACdP, y es momento de hacernos un replanteamiento profundo. Sin dejar de dedicar quizá otro tema nacional a un asunto actual como la libertad de educación, que ahora está sobre la mesa y afecta de lleno a nuestra institución, con sus tres universidades, una decena de colegios, varios colegios universitarios… Haremos primero un estudio, pero con una dimensión muy práctica: los propagandistas siempre hemos sido gentes que se forman para la acción, no solo para saber mucho.

¿Qué harán si se movilizan las familias y las escuelas católicas?

Estaremos involucrados y apoyaremos, por supuesto.

Desde hace años, si no décadas, se habla de fortalecer la identidad de la ACdP frente a sus obras, que a veces terminan eclipsándola.

Lo que tiene que quedar muy claro es que las obras son medios de evangelización. Y entonces todo lo demás estará claro. Para alcanzar este objetivo tenemos pendiente la renovación de nuestro modelo educativo. Hace unos 20 años, plasmamos una propuesta de universidad, a partir de una nítida pertenencia a la ACdP y del tipo de alumnos que queremos formar: no solo buenos profesionales, sino personas, algo muy presente en el pensamiento del padre Ayala.

¿Potenciar las humanidades?

Lo que planteamos hace 20 años fue dedicar el 10 % de la carga de cualquier titulación a asignaturas humanísticas. Cambió la legislación y tuvimos que amoldarnos. Pero las humanidades son fundamentales y debemos reforzarlas. Por ahí van hoy las tendencias en países como EE. UU., donde el primer ciclo de las grandes universidades suele ser de carácter general, y luego el alumno se especializa, pero lo primero es amueblar bien su cabeza.

¿Cómo ve la aportación específica de la ACdP a la misión de la Iglesia?

Fundamentalmente, impulsar la participación en la vida pública, ya sea en los medios de comunicación y en la cultura, o a través de la preparación de personas para la participación en la política. Un ejemplo: en la II República había diputados miembros de la ACdP en partidos muy diversos, desde los nacionalistas vascos y catalanes, a los carlistas, la Ceda o los monárquicos de Renovación Española. En muchos temas pensaban de forma muy distinta, pero cuando se trataban en las Cortes temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia, actuaban de forma unánime. Para lograr eso hoy, se necesitaría formar a los católicos que van a participar en política.

¿Va en esa línea su propuesta de una Escuela de Liderazgos Públicos?

Efectivamente. Queremos recuperar la Escuela de Ciudadanía Cristiana que puso en funcionamiento el padre Ayala, para que ofrezca una buena formación para la participación en la vida pública, ya sea desde el punto de vista teórico-conceptual, o el instrumental, con aspectos como la expresión oral y escrita.

¿Una escuela abierta a todos los católicos?

Todos los católicos que quieran formarse con nosotros, bienvenidos sean. Es propia de la ACdP la formación, tanto la que se ofrece en los centros educativos, como la específica para temas concretos de la vida pública.

¿Y unido a esto está su proyecto de una mayor presencia en las diócesis?

La idea es volver a la implantación que la ACdP tuvo en tiempos en todas las diócesis españolas. En los últimos años ha habido una expansión de las obras, pero no de la propia ACdP.

También ha subrayado usted el reto generacional.

La ACdP se ha ido envejeciendo. Muchas veces se ha interpretado que quien entraba era la persona que tenía ya su carrera profesional hecha: el catedrático, el abogado del Estado… Pero cuando se crea la ACdP la llamada del padre Ayala se dirige fundamentalmente a los jóvenes. Esto es algo que se ha ido dejando en un segundo plano y que es absolutamente necesario revitalizar.

ABORTO

no faltar a la verdad

La Nación, editorial, 29 de julio de 2018 

Nos hemos cansado de escuchar todo tipo de afirmaciones, muchas de ellas mendaces, en torno al debate sobre el tema del aborto . En tiempo de definiciones parlamentarias, es necesario agotar las instancias de información, clarificación y reflexión para no caer en decisiones equivocadas. Compartimos aquí algunas consideraciones a postulados en relación con el proyecto que legaliza el aborto, eufemísticamente llamado también de "interrupción voluntaria del embarazo".

No se trata de una interrupción, porque jamás se vuelve a reanudar: truncar una vida es siempre un acto irreversible.

Tampoco es voluntaria, porque la voluntad termina manipulada cuando se mueve a partir de premisas falsas y no se templa en la verdad.

El aborto nunca es seguro, porque los riesgos, tanto físicos como psíquicos, siguen siendo muy grandes.

No es gratuito, porque la vida no tiene precio y porque lo pagamos todos los contribuyentes si su costo lo asume el Estado.

No es propio de una sociedad que dice buscar ampliar derechos llamar "agresión" al hecho de golpear a un adulto, "crueldad" al maltrato animal y "salud" al aborto de un bebe.

Apelar a eufemismos no es llamar las cosas por su verdadero nombre, es recurrir a distorsiones y falacias para disfrazar una verdad tan comprobable como incuestionable.

Ser incapaces de reconocer la vida en el vientre habilita más fácilmente a eliminar al bebe sin ambages, reduciendo el valor de una persona a una cosa.

Reducir el debate a una cuestión religiosa o de fe es simplista, porque la ciencia y la tecnología demuestran hoy de manera indubitable que la vida se inicia en la concepción, y nuestras leyes avalan esta posición.

El proyecto aprobado por Diputados vulnera tanto principios de nuestra Constitución nacional como numerosos tratados internacionales suscriptos por nuestro país y varias constituciones provinciales.

No es "una deuda de la democracia", sino una obligación con la vida.

No se trata solo del cuerpo de la mujer, porque antes del plazo de 12 o 14 semanas que propone el proyecto de ley, el bebe ya tiene un ADN propio y huellas dactilares.

Es un error plantearlo como problema de salud pública, porque un embarazo no se contagia ni es una patología. Es, generalmente, producto de una decisión voluntaria.

No se plantea solamente una opción voluntaria de despenalización para la mujer, porque obliga a los profesionales y a las instituciones médicas a prácticas que colisionan con cualquier objeción de conciencia, estableciendo nuevas penas para ellos.

Hay 39 causales de muerte de mujeres en edad fértil en el país, mucho más letales y de las que muy pocos se ocupan con el mismo interés y seriedad.

No se puede pretender matar a miles de niños para que no mueran decenas de mujeres por año. No se puede ponderar una vida más que otra.

No son, como se ha dicho, centenares de miles de mujeres las que mueren en la clandestinidad, porque se han manipulado groseramente estadísticas y evidencias científicas comprobables.

No es un aborto lo que puede borrar las tristes huellas de una violación; solo suprimirá al ser en gestación y sumará el sufrimiento de haber abortado.

Las mujeres que mueren importan, tanto que por eso insistimos en que se salven ambas vidas.

Contraponer "legal" a "clandestino" soslaya que, de las dos formas, un ser humano deja de existir.

Tampoco se puede asociar el apoyo al aborto con progresismo o feminismos vetustos propios de los años setenta cuando hoy las vanguardias globales promueven el trabajo de mujeres y varones, codo a codo, para lograr los cambios necesarios.

Investigaciones serias y no manipuladas confirman que no es cierto que el aborto sea una demanda de las mujeres más pobres.

Además de educación para prevenir, el Estado debe brindar contención y apoyo a la embarazada.

Experiencias en otros países confirman que la mortalidad materna no desciende necesariamente con la despenalización.

No es cierto que quien comete hoy un aborto con la legislación vigente vaya presa pues en los hechos está despenalizado.

Muchos enarbolan falsas promesas en su afán de hacer negocios que ponen en peligro la vida.

Entran en contradicción quienes pretenden asociar las consignas del #NiUnaMenos con la despenalización del aborto.

Pocos hablan de los graves efectos secundarios de medicamentos como el misoprostol, prohibido ya en países como Francia.

Llamar "bebe/beba" a la vida en las entrañas y no usar su nombre técnico no es ignorancia, es reconocer y respetar el milagro de la vida desde la concepción.

Plantear temas de derechos o libertades cuando en muchos casos se disfrazan o se encubren actos de egoísmo o de comodidad propia o del entorno, busca acceder a una salida facilista para terminar con la vida del más indefenso.

No defendemos los derechos humanos cuando se viola el derecho a vivir, el primero y más fundamental de todos los derechos.

No se defiende la tan mentada igualdad de género cuando se deja al padre fuera de la decisión de abortar. La decisión no compete solo a la mujer, porque el padre tiene voz y el bebe tiene derechos.

No se puede asignar al consentimiento de la mujer mayor protección legal que a la vida inocente, distinta de ella, que habita en su seno.

Promover el proyecto tal como lo aprobó Diputados mirando al resto del mundo, cuando desde muchos centros de poder internacional se impulsa este atajo para el control de la natalidad en los países más pobres, no nos convierte en modernos, independientes o progresistas.

Dar cuenta del millonario financiamiento aportado por la IPPF (International Planned Parenthood) a instituciones locales para promover la legalización del aborto es transparentar que se trata de interesados subsidios o subvenciones que no imponen obligación de devolución.

No es fomentar la clandestinidad ni condenar a la muerte a una mujer pedir que este proyecto de ley no se apruebe tal como fue sancionado en la Cámara de Diputados; es comprometerse con una educación responsable que permita construir sociedades más maduras para evitar así tanto la muerte de la madre como la del bebe.

No es serio dar por supuesto que instaurando el aborto legal se terminará con la falta de educación, la pobreza o las muertes maternas. Defender la vida no es ser anticuado. Es ser humano.

En una clara lucha de poder se plantea que el derecho a la vida es equiparable al derecho a la libertad que puede reclamar una embarazada, pero se olvida que la vida es precondición de la libertad y que es obligación del Estado proteger a los más débiles. No puede haber libertad sin vida.

Los legisladores enfrentan el enorme desafío de superar las actuales confrontaciones para concretar un sano y muy necesario aporte a la convivencia pacífica entre los argentinos, en un debate respetuoso que haga honor a la verdad, dispuesto a concertar esfuerzos desde una mirada superadora y positiva que contribuya a defender activa y comprometidamente las dos vidas.

LA OBSESIÓN

ETERNA CON LOS MILITARES

Pablo Sirvén

La Nación, 29 de julio de 2018 

Alemania, Italia y España pudieron exorcizar sus horripilantes fantasmas militares del pasado, inigualablemente mortíferos, sin que sus actuales Fuerzas Armadas tengan que cargar esos pavorosos crímenes en sus espaldas para siempre.

Pero en la Argentina eso es del todo imposible: los fantasmas que derivan de la última dictadura militar tienen mayor entidad que los del nazismo, el fascismo y el franquismo. Los crímenes cometidos, para colmo, en nombre del Estado, entre 1976 y 1983, no llegaron, ni de lejos, a las dimensiones colosales de aquellos, pero es aquí, y no en Europa, donde nos quedamos empantanados con ese trauma. Es obvio que víctimas y deudos de ellas lo sufrirán de por vida. En esos casos, solo cabe la solidaridad, la comprensión y el reclamo legítimo de que la Justicia actúe hasta las últimas consecuencias.

Pero el resto de la sociedad debe hacerse cargo de resolver el tema y dar vuelta la página, lo que no quiere decir olvidar ni justificar ese capítulo negro de nuestra historia contemporánea. Por las declaraciones impetuosas y el acto de los últimos días frente al Ministerio de Defensa, eso parece estar muy lejos de suceder porque persiste una perversa "zona de confort" política que consiste en revolver continuamente esa herida antigua para impedir su cierre definitivo.

No bastó con que los máximos responsables de la represión estén presos o hayan muerto en cautiverio; no bastó con que se mantenga en un inaudito limbo eterno de prisiones preventivas que duran décadas a muchos otros militares "por si acaso"; no bastó con que se haya reducido a las Fuerzas Armadas a una mínima y casi humillante expresión y se las tenga arrumbadas en un rincón para nada. Y no son pocos 70.000 efectivos, que el actual gobierno pretende reducir a 50.000, al tiempo de llevar adelante un cambio profundo de paradigma, en una tarea que por lo menos demandará tres años, para volverlos eficaces frente a los nuevos peligros foráneos (ciberterrorismo, narcotráfico, terrorismo islámico, pesca pirata, etc.), que ya no pasan por guerras convencionales con países vecinos, al menos en nuestra región.

Mauricio Macri apeló a un decreto para reponer el espíritu de la ley original de Defensa, de 1988. Es que en 2006 el que se atrevió con un decreto a toquetear y empeorar a ese verdadero monumento al consenso democrático votado por todas las fuerzas políticas fue Néstor Kirchner, con el auxilio de Nilda Garré. Eliminarlo con el mismo procedimiento puede que no sea lo ideal y hasta se entrevé cierta cuota de malicia (¿involuntaria?) por parte del Presidente.

Cristina Kirchner directamente le pasó por encima a ese texto alumbrado en la primavera alfonsinista cuando nombró a César Milani al frente del Ejército, hoy preso por violación de los derechos humanos, y al que intentó encaramar al frente del espionaje interno.

Fue más que interesante la visita del exministro de Defensa de Alfonsín, Horacio Jaunarena, el jueves último al programa Terapia de noticias, que emite LN+. Allí explicó muy bien la diferencia sustancial de labores entre cuerpos de seguridad (policías, Gendarmería, Prefectura) y Fuerzas Armadas. El objetivo de las primeras, recordó, es disuadir; la meta de los militares, en cambio, es destruir al agresor externo. De allí, la tragedia desatada cuando apuntaron sus armas hacia adentro y es lo que se debe evitar a toda costa que vuelva a suceder. Pero eso no ocurre, por lo menos, desde hace 35 años. La última asonada carapintada, en diciembre de 1990, cuando ya gobernaba Carlos Menem, fue aplastada por los militares leales que defendieron la democracia.

También debe evitarse que se vuelva a constituir el "partido militar", que allanó el camino al poder de fuerzas conservadoras en distintas etapas y que en 1945, en un giro copernicano, parió al peronismo.

Pero, asimismo, es menester dar vuelta la página -que tampoco significa liberar a nadie que deba purgar su pena- para que la causa de los derechos humanos no sea objeto de constante manipulación política y pueda ampliar su campo de acción hacia otros aspectos sobre los que no presta atención.

El periodista Martín Granovsky, que en Página 12 apeló a un título desafortunado por lo tremendista -"Macri nos lleva a la muerte, 30 años después"-, pareció recuperar cierta cordura en una parte de su artículo, lo que debe haber fastidiado a buena parte de su feligresía, al apuntar que "un general de 55 años tenía 13 años, en 1976".

Aquí también la grieta se expresa en toda su dimensión: según una encuesta reciente de D'Alessio IROL/Berensztein, ocho de cada diez votantes de Cambiemos creen que la reconversión de las FF.AA. será útil, pero solo dos de cada diez seguidores de Cristina Kirchner piensan lo mismo.

Hoy, los kirchneristas, que callaron ante Milani y el Escudo Norte (certezas), son los que se rasgan las vestiduras por lo que Macri pudiera llegar a hacer con los militares (suposiciones). Necesitan soñar despiertos pesadillas a medida (los militares reprimiendo conflictos sociales) para confirmar así sus peores presunciones sobre el Gobierno. Es un deseo paradójico y vehemente en el que se potencian con la izquierda, siempre dispuesta a ser funcional para contribuir a los malestares reales o imaginarios.

Resulta absurdo que fuerzas políticas más serias se pongan de acuerdo para derogar en el Congreso un decreto que pretende anular otro para volver al texto original firmado por el padre de la democracia.

AMÉRICA LATINA

avanza en la integración de sus dos principales bloques económicos

El País,  25 JUL 2018

 Los presidentes de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, han signado este martes un plan de acción con medidas concretas y plazos que los encamina a la integración regional y de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Este primer paso dado por estos ocho países en Puerto Vallarta, Jalisco, apunta en dirección de la formación de un mercado que concentra el 79% de la población de América Latina y el 85% del PIB de la región.

“Mercosur y la Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos ni en sus formatos ni en sus contenidos. Tampoco son incompatibles o excluyentes. Se equivoca quien diga que lo son”, dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, uno de los dos mandatarios del bloque sudamericano que viajó a México junto al brasileño Michel Temer. La afirmación del mandatario tendía nuevamente puentes entre dos grupos que llevan cortejándose desde hace años, pero cuyo acercamiento comenzó a concretarse el año pasado. “Enviamos al mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio”, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien entregó la presidencia pro tempore del bloque pacífico al peruano Martín Vizcarra. Vázquez, el único presidente de izquierdas presente en la cumbre, dijo que la integración no es una varita mágica que solucione los problemas pero que podría servir como instrumento para combatir la pobreza, una de los problemas principales de la región.

El documento firmado este martes entre los bloques es un plan de acción que promueve el comercio de bienes e impulsa a las empresas medianas y pequeñas además de la movilidad de las personas. El objetivo más ambicioso de los dos grupos será la eliminación de los aranceles en los sectores comerciales donde representen un obstáculo de crecimiento para la región. Los avances de este acercamiento serán revisados por representantes de todos los países cada seis meses. La noche del lunes, México firmó con Brasil un acuerdo de cooperación sobre asuntos aduanales.

La Alianza también avanzó en una "desgravación arancelaria" y la formación de una zona de libre comercio entre los cuatro países miembros, de acuerdo con el presidente chileno Sebastián Piñera. Al término de la Cumbre, los cuatro países acordaron definir un fondo de infraestructura para disminuir el rezago en la región y moldear el bono de riesgo contra desastres, que ahora solo cubre a los daños por terremotos, para ampliar su uso a inundaciones y sequías. “Solo construyendo una visión común podremos avanzar hacia una verdadera integración de América Latina”, ha señalado Vizcarra.

Mercosur nació en 1991 con una ideología proteccionista y liderada por los motores de las economías sudamericanas más grandes, Argentina y Brasil. El bloque incluyó también a Uruguay y Paraguay para conformar un mercado de 250 millones de personas. En ese entonces, Brasil y Argentina producían tanto como China. Hoy solo generan la quinta parte que el gigante asiático. La parálisis marcó durante muchos años la dinámica de Mercosur y obligó a sus miembros a ver hacia afuera. Esto comenzó a cristalizarse con el giro a la derecha que dieron los Gobiernos del argentino Mauricio Macri y el brasileño Michel Temer, lo que ha inyectado dinamismo al grupo. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura que las exportaciones de Mercosur crecieron un 13,8% en 2017.

Estas condiciones han puesto en sintonía a Mercosur y la Alianza del Pacífico. “Ahora sí hay condiciones concretas y reales para lograr la integración”, ha señalado Roberto Ampuero, el canciller chileno, en Puerto Vallarta este martes. La famosa integración del bloque, asegura el ministro del presidente Piñera, está hoy más cerca de dejar de existir únicamente en el papel gracias a la disposición política que hay en los ocho mandatarios. “Vemos con mucho interés el trabajar unidos y estamos seguros de que vamos a avanzar muy rápido”, dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante la inauguración de la XIII cumbre de la Alianza. “Renunciar a lo posible, además de un error, sería una irresponsabilidad”, sentenció Vázquez, en su papel de presidente de Mercosur.

El proteccionismo como oportunidad

La ventana de oportunidad ha sido ensanchada por las medidas proteccionistas que Donald Trump ha impuesto en Estados Unidos y la guerra comercial que ha abierto con China. “Estamos en un mundo totalmente distinto con nuevas amenazas como el proteccionismo. Si se cumple las advertencias del presidente Trump, los aranceles volverían a los niveles de la década de los 70. No estamos hablando de una época lejana estamos hablando de algo que está frente a nuestros ojos”, mencionó la noche del lunes el presidente chileno, Sebastián Piñera, para animar a sus homólogos a incluir a más países en el bloque comercial. La Alianza del Pacífico podría añadir al final del año como estados asociados a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. El bloque también ha recibido las peticiones de Ecuador y Corea del Sur para ingresar al grupo.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos ha recordado que cuando el bloque comercial comenzó en 2011, los cuatro países promovían entre sus principios el libre comercio, la propiedad privada, la democracia y la integración regional. “Quieren quitarle los dientes a las relaciones multilaterales para traer de nuevo las relaciones bilaterales”, ha dicho en referencia al proteccionismo de Trump. “Eso puede ser aprovechado por la Alianza porque puede convertirse en la antítesis de lo que hoy se está haciendo a nivel mundial”.

Esta es la última cumbre de Santos y Peña Nieto como presidentes, por lo que Piñera y Vizcarra han insistido en la necesidad de generar una renovación de la Alianza del Pacífico con los nuevos mandatarios Andrés Manuel López Obrador, de México; e Iván Duque, de Colombia. Piñera ha propuesto concentrar los esfuerzos en la innovación, la tecnología y el emprendimiento. “Lo hemos tenido todo y sin embargo no hemos logrado aprovechar esa oportunidad”, ha reflexionado. El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha reconocido la importancia de las sinergias económicas para el crecimiento de su país. “Debemos crecer y debemos fortalecer los mecanismos en la Alianza del Pacífico. Esperamos a los nuevos presidentes de México y Colombia para relanzar a la Alianza del Pacífico”, mencionó.

EL COLEGIO

 de Abogados de la Ciudad aseguró que las comunidades indígenas "no son pueblos soberanos"

Infobae, 24 de julio de 2018

Luego de que resurgiera el conflicto con distintas comunidades mapuches en el sur del país, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que esos grupos de pueblos originarios "no están dispuestos a reconocer sobre las tierras que dicen pertenecerles, otra autoridad, ni otra legislación, que las de sus propias comunidades", pero que tienen el deber de respetar la Constitución.

En un comunicado, la organización sostuvo que "habiendo transcurrido ya casi un cuarto de siglo de esta reforma (constitucional de 1994), que procuró otorgar una reparación histórica a los pueblos indígenas que, junto con los criollos, los inmigrantes y los descendientes de todos ellos, conforman el 'pueblo argentino', parecería que algunos pretendidos integrantes de las comunidades mapuches han interpretado erróneamente su significado".

"Hechos recientes dan a entender que tales grupos no están dispuestos a reconocer sobre las tierras que dicen pertenecerles, otra autoridad, ni otra legislación, que las de sus propias comunidades", destacó el Colegio de Abogados, al tiempo que sostuvo que "el error es absoluto y se está convirtiendo, paulatinamente, en el semillero de un conflicto, político, social y económico de proporciones cada vez más graves, el cual está inmerso, además, en una preocupante espiral de violencia creciente".

En esa línea, el Colegio de Abogados agregó que "parecería que tales grupos (que creemos son minoritarios y no comprenden necesariamente a los indígenas originarios) entienden que son titulares de una suerte de 'soberanía' estatal, conformando un 'Estado dentro del Estado', sin sujeción a las autoridades que crea la Constitución, ni a la legislación que emana de ella, ni a la Constitución misma. Parecería, en síntesis, que no se reconocen como parte integrante del pueblo argentino".

"Cabe señalar que iguales o más violentas conductas se han registrado en el sur de Chile y que la 'porosidad' de la frontera posibilita que los prófugos de las autoridades chilenas vengan a nuestro territorio a reiterar su accionar delictivo", aseguró el comunicado.

En esa línea, sostiene que "los recientes hechos ocurridos en las provincias de Chubut y Río Negro, en donde estos grupos impidieron o condicionaron el acceso de las autoridades judiciales a las tierras que ocupan, en el marco de la investigación de diversos delitos, demuestran que tal conducta de tono belicoso ya se torna sediciosa, circunstancia que no puede ser soslayada por nuestra institución, cuyo deber es trabajar por el progreso de la administración de justicia, de la legislación y del ejercicio de la abogacía".

"Tales objetivos no pueden cumplirse sino mediante un fuerte compromiso con las instituciones que crea y tutela la Constitución Nacional, las que están seriamente amenazadas cuando cualquier grupo (armado o no) pretende suplantar a las autoridades constituidas y erigirse en una suerte de poder constituyente, para regirse por leyes propias, con absoluto desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente, que rige por igual para todos los habitantes del suelo argentino", aseguró el Colegio de Abogados.

Por último, el comunicado concluye que "las comunidades indígenas forman parte de la Nación argentina y deben, por lo tanto (al igual que sus restantes integrantes), el pleno respeto a los derechos y obligaciones que emanan de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, único medio de 'asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino'".

CUESTIÓN MAPUCHE

por Hugo Morales

Informador Público, 25-7-18

Neuquén.- Las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre la obligación de las comunidades Mapuches de respetar la Ley argentina, precedida de las muertes del artesano Santiago Maldonado y del manifestante mapuche Rafael Nahuel, la extradición a Chile del lonko (cacique) Facundo Jones Huala y la permanente confrontación con las fuerzas de seguridad, especialmente la Prefectura y la Gendarmería, en el sur del país, ha vuelto a poner sobre el tapete de la discusión pública la denominada “Cuestión Mapuche”.

Si bien el grueso de las comunidades aborígenes de esta región aún están lejos de protagonizar episodios de violencia como los ocurridos en Río Negro y Chubut, la cercanía y los vasos comunicantes por una frontera abierta y descuidada con Chile, coloca al tema en el centro de gravedad a un problema serio para el país y da crédito a las innúmeras versiones sobre presencias de elementos terroristas desde hace varios años. Además de desnudar una falta de política integral hacia el sector.

Desde hace tiempo en el imaginario de determinadas agencias de Inteligencia se especula con la posibilidad que agentes de extranjeros estén presuntamente accionando para conseguir el fin último: el reconocimiento a nivel internacional de la tan mentada “Nación Mapuche”, una amplia franja territorial que va desde el río Bío Bío en Chile hasta el norte de la Provincia de Buenos Aires y desde Valdivia hasta el sur de Bahía Blanca, uniendo a dos océanos y en donde se encuentran los más ricos yacimientos de gas y petróleo (Vaca Muerta incluida) y las fuentes de agua dulce más importantes del continente. La existencia de una filial Mapuche en Inglaterra alimenta este imaginario de un complot permanente contra La Patagonia asociado a nombres muy importantes como Benetton o Lewis. Incluso existen denuncias judiciales aún no develadas

Pero así como trascienden estas extremidades, también se debe aclarar que los actos de violencia son protagonizados por células pequeñas y extremistas, como es el caso del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), con vasos comunicantes con ex organizaciones terroristas chilenas como los denominados Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento de Intransigencia Revolucionaria (MIR), de fuerte actividad durante la dictadura de Augusto Pinochet y no por gran parte de la familia Mapuche, que mantiene una convivencia pacífica de años con la población criolla y está muy alejada de protagonizar estos episodios que se denuncian con llamativa frecuencia.

La presencia del ex juez español Baltazar Garzón en San Martín de los Andes en noviembre del 2014 motorizado por el reclamo Mapuche, es un claro ejemplo de extranjerizar la demanda ante la Comunidad Internacional para llegar a que la ONU reconozca la existencia de un territorio liberado de las jurisdicciones de Chile y Argentina. En ese momento fue la pulseada por la colocación en la principal plaza pública de la ciudad, de una bandera Mapuche que -aún hoy- flamea en el medio de las banderas de la Nación Argentina y de la Provincia del Neuquén.

Aceptar por parte del Municipio local -en ese momento gobernaba el kirchnerista Juan Carlos Fernández- y su complacencia por parte de la Provincia y de la Nación, de la existencia de ese símbolo de un reclamante de soberanía es darle a la cuestión una clara aceptación del Estado argentino. Hoy las comunidades mapuches de San Martín de los Andes no cesan con ese reclamo y pese a que no utilizan, por ahora, métodos violentos la han emprendido contra todo aquello que signifique una fuente económica importante: la pretensión de ocupar tierras del Cerro Chapelco, el más importante centro de esquí de la Argentina y de Latinoamérica, es otro ejemplo más. Lo mismo ocurre con la toma de tierras cercanas a Vaca Muerta, el más rico yacimiento de petróleo y gas y sobre el que convergen millonarias inversiones de las grandes multinacionales petroleras.

De todos modos en la Argentina, los cuestionamientos no han tomado, aún, la virulencia que registra la protesta aborigen en Chile donde, precisamente, hay persecución judicial bajo la acusación a líderes mapuches (caso Jones Huala) de, presuntamente, cometer asesinatos y atentados en la región de la Araucanía que se une a Neuquén y Río Negro por varios pasos habilitados y otros no tanto que posibilitan un tránsito fluido ilegal de personas y de mercaderías.

Los asesinos del policía neuquino José Aigo -curiosamente un Mapuche alistado en una fuerza de seguridad argentina- fueron identificados como elementos terroristas desprendidos de las mencionadas agrupaciones insurgentes chilenas.

Las denuncias por presuntas presencias de agentes terroristas vinculados a la ETA española (la Policía Internacional de Chile impidió, hace unos años, el ingreso de una combi con varios elementos a bordo por el paso Samoré y devueltos a Bariloche o a las FARC colombianas), se difundieron por todas partes. Las últimas fueron las de Carlos “Nuno” Sapag, hermano del ex gobernador Jorge Sapag- pero no se conoce que desde la Justicia Federal o desde el mismo Gobierno nacional se hayan tomado cartas serias en el tratamiento de esta situación.

Tanto fue el manejo político del caso Aigo que al principio intervino un juez civil de quien se apartó apenas la familia del policía muerto y las presiones de las comunidades civiles de Junín y San Martín de los Andes hicieron que la causa llegara a la Justicia Penal aunque a todas luces se trató de una caso federal ya que intervinieron dos terroristas extranjeros -buscados en su país por la Justicia chilena- y mataron a un agente de un Estado extranjero (Aigo) en territorio de ese país.

Al principio se dijo que al estar involucrado un hijo del ex intendente Fernández, se trataba de darle una supuesta protección política. Las razones son mucho más profundas. En ese momento, las FARC gozaban de la protección del gobierno venezolano de Hugo Chávez, quien mantenía una relación más que carnal con el gobierno argentino de Cristina Fernández, donde ejercía fuerte influencia el ex secretario general de la Presidencia y posterior jefe de la AFI (Ex Side), Oscar Parrilli, un hombre que dominó ampliamente al Frente para la Victoria (FpV) en Neuquén

Precisamente, ahora, en medio del revoleo por los enfrentamientos con La Prefectura y Gendarmerìa de Argentina y con Carabineros en Chile, además de las causas criminales abiertas en ese país en busca de pruebas sobre atentados y muertes, acaba de conocerse un denominado “MANUAL DE RESISTENCIA MAPUCHE” cuya finalidad sería la de instruir a las comunidades para organizar y enfrentar a los gobiernos de ambos países, de cuyas constituciones se reniega rotundamente.

MAPUCHES

 ¿hasta cuándo?

por Malú Kikuchi

Informador Público, 25-7-18

¡Qué cansancio! Otra vez los mapuches son noticia. Y lo seguirán siendo mientras los gobiernos, el nacional, los provinciales y municipales, le tengan miedo a utilizar las leyes que amparan la propiedad privada.

Habría que recordarles a los magistrados en particular y a las Fuerzas de Seguridad, que en la Constitución Nacional, artículo 17, dice que: “La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.”

Pero… con respecto al ¿pueblo? Mapuche, no tiene vigencia. Desde que volvió la democracia, existe una lamentable confusión entre autoridad y autoritarismo. También entre víctimas y victimarios, teoría Zaffaroni.

El seudo pueblo originario, aprovecha la confusión. De un tiempo a esta parte las ocupaciones de territorios que no les pertenecen, que tienen dueños que pagaron por ellos, son permitidas por las autoridades.

Grave error. Esto empieza a ser incontrolable, y hasta la integridad de la nación, de seguir así, se verá comprometida. Hay que volver al principio. Los mapuches no son un pueblo originario, son inmigrantes araucanos.

Pueblo nómade, algunos de sus miembros cruzaron la cordillera en tiempos de la conquista. Muy pocos y acá, no eran precolombinos. La primera invasión real fue en 1830, con Yanketruz y unos cien capitanejos.

La Argentina ya era un país independiente. Los invasores comenzaron el genocidio de los tehuelches, real pueblo originario. En 1834, Calfulcurá, con un ejército bien armado y numeroso, venció al ejército nacional.

Las armas y municiones les llegaban desde Chile. Calfulcurá se conviertió en el emperador de la pampa. Firmó en 1836 la paz Del Pino con Rosas, que lo tuvo controlado hasta Caseros. A partir de 1852, se desmadraron.

Invadieron el sur de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba y Mendoza. Mitre fue derrotado en 1855 en Sierra Chica por Calfulcurá. Así siguieron, malón tras malón; en 1872, 35 malones; en 1873, Calfulcurá perdió la batalla de San Carlos. Después, murió. Lo sucedió Namuncurá, su hijo.

Alsina y su famosa zanja. Los malones continuaron. Namuncurá, como antes su padre, envió a Chile el ganado robado y recibió Remingtons a cambio. En 1878, presidencia de Avellaneda, por ley del congreso Nº 947, el General Roca fue enviado a la Campaña del Desierto, mientras Chile estaba en guerra con Bolivia y Perú y el suministro de armas a los araucanos era menor. Y la Patagonia dejó de ser araucana y volvió a ser Argentina.

Hoy, después de muchas ocupaciones ilegales en Neuquén y Río Negro, luego de violentas tomas de puestos de estancias, de cortes de ruta, de reclamos delirantes, todo ha sido permitido por las autoridades.

El año pasado después de quemar la trochita de un emblemático tren turístico, vino el caso Maldonado. Artesano “huinca”* amigo de los mapuches, que se ahogó en el río Chubut, mientras se acusaba a gendarmería. Las ONG de DDHH están hermanadas con los mapuches.

A fines del 2017 ocuparon un hotel vacío en Villa Mascardi y prácticamente toda la zona, lugar turístico y bellísimo. Con el cuento de que es una tierra sagrada, no permiten que los “huincas” la visiten.

Ahí murió Rafael Nahuel, 22 años, de un disparo hecho por un gendarme. Hace varios días cortaron durante 4 horas la ruta nacional 40, en plenas vacaciones de invierno. Detuvieron el tránsito, repartieron panfletos.

Gendarmería puso dos puestos para avisar del corte, una ONG de DDHH puso el grito en el cielo, aduciendo que eso generaba tensión y la tensión podía derivar en disturbios. No se impidió el corte. La autoridad no existe.

Parques Nacionales denunció la toma del hotel, la reacción fue el corte de ruta. La fiscalía, acompañada por FFSS, intentó hacer una revisión ocular del hotel y los recibieron a piedrazos. La fiscal renunció a la revisión.

El domingo 15/7/2018, en Córdoba capital, al finalizar la misa de 11 en la iglesia del Sagrado Corazón (capuchinos), 4 mujeres vestidas de mapuches, avanzaron hasta el altar, desplegaron una pancarta exigiendo la libertad de Jones Huala y del machi (líder espiritual) Celestino Córdova.

Micrófono en mano, contaron los horrores que los españoles, ayudados por la Iglesia, habían cometido en contra de sus pueblos. Estaba presente el ministro de seguridad de la provincia. Los feligreses las llevaron fuera.

Ahí esperaba la policía que las trasladó a la comisaría y después de multarlas por la contravención, las dejó ir. Jones Huala está con prisión preventiva (en su casa), esperando si se lo extradita o no a Chile.

La justicia chilena lo reclama por el incendio y la muerte de los dueños de una estancia que quemaron, el responsable directo fue Celestino Córdova, chileno, preso desde hace 5 años. Las autoridades no responden a la justicia de Chile. Las autoridades le tienen miedo a las ONG de DDHH, a la prensa de izquierda (casi toda), a la opinión pública manipulada por los medios. Las autoridades permiten lo que la ley no permite.

Con autoridades temerosas de casi todo, menos del cumplimiento de los mandatos de la Constitución Nacional, los mapuches avanzan. La pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo?