SALIDA AL PACÍFICO

Debido a que se está reactivando la Región Centro, y promoviendo la utilización de puertos chilenos para la exportación de nuestra producción, nos parece oportuno reproducir un artículo que publicamos hace 26 años.

 

 

REGION CENTRO Y LA SALIDA AL PACIFICO

 

(Beletín Acción N° 68, agosto 2004)

 

     En nuestra ciudad de Córdoba, se lanzó oficialmente (27/28-7-04) la Región Centro de la República Argentina, en el marco de lo previsto por la Constitución Nacional, en su última reforma, que agregó al texto el Art. 124, facultando a las provincias a crear regiones para el desarrollo económico y social.

 

     La Región Centro está constituida por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, provincias que abarcan un área de 377.l09 kms.2, y poseen una población de 7.225.449 habitantes. Santa Fe y Córdoba concentran el 60 % de la producción sojera. Entre Ríos es la provincia en la que más creció la agricultura, aprovechando excelentes tierras hasta hace poco dedicadas a una ganadería de baja productividad. En conjunto, el valor de sus exportaciones asciende a l0.l39 millónes de dólares, lo que pone en evidencia la importancia que esta región del país representa.

 

     El l2 de agosto, los tres gobernadores: Jose Manuel De la Sota (Córdoba), Jorge Obeid (Santa Fe) y Jorge Busti (Entre Ríos), fueron recibidos por el presidente Néstor Kirchner, con quien acordaron un plan trienal para la Región Centro, que tendrá por objeto motorizar proyectos de infraestructura, producción económica y políticas comunes. Entre los proyectos se encuentran la culminación de la autopista Rosario-Córdoba, la autovía Concordia-Paraná, Paraná-Santa Fe y Santa Fe-Córdoba. Además, insistieron en el reclamo de una eliminación paulatina de las retenciones por las exportaciones agrícolas, que las provincias perciben como una exacción de recursos genuinos de la región, para ser gastados en otras partes.

 

     El problema principal radica en la insuficiente infraestructura, que está diseñada para un equivalente a la mitad de las 37 millones de toneladas que se producen actualmente en la Región. Se estima que la infraestructura necesaria demandaría una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares, debiendo tenerse en cuenta que el sobrecosto logístico actual para el productor, por carecer de infraestructura adecuada, que articule transporte multimodal (camiones, trenes y barcazas), se estima en 300 millones de dólares anuales (La Voz del Interior, 25-7-04).

 

     Se ha señalado la intención de promover la vinculación de los estados del sur de Brasil (Paraná, Santa Catarina y Porto Alegre), con la Región Centro y, a través de San Juan, buscar la salida al Pacífico por el puerto de aguas profundas de Coquimbo, en la IV Región de Chile (“corredor bioceánico”). Consideramos que este aspecto del proyecto debería ser estudiado con mayor detenimiento, pues posee aristas inconvenientes. En efecto, se afirma que el desarrollo del Paso de Aguas Negras, facilitaría la salida de los productos a los mercados de Oriente, con fletes más bajos.

 

Precisamente, en la reciente visita presidencial a China, se firmó un acta compromiso sobre la financiación que brindaría el Estado Chino a la Provincia de San Juan, para la construcción de un túnel de 14 kilómetros, destinado a bajar el Paso de Aguas Negras unos 900 metros, lo que permitiría que sea transitable los 365 días del año (La Mañana de Córdoba, 27-7-04). La obra proyectada, que incoporaría tecnología china, comenzaría a hacerse realidad en noviembre, cuando se concrete una reunión cumbre entre los presidentes de Argentina y Chile, con el presidente de China, Hu Jintao (Clarín, l4-8-04).

 

     Suele repetirse que la Argentina debe acentuar su comercio internacional, utilizando ambos océanos, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos. En realidad, si el gran país del norte procede así, es porque goza de soberanía en las dos costas. En cambio la Argentina, que también tenía acceso directo al pacífico, lo perdió por el Tratado de 1881, y los protocolos y arbitrajes subsiguientes. Por eso, como afirma el Cnel. Rodriguez Zía, que ha estudiado a fondo el tema: “La única geopolítica de salida a los mares que debe tener la Nación Argentina es la del Atlántico; por la muy sencilla razón que es su mar propio, donde tiene sus puertos y adonde desemboca la vertebral Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata.”[1]

 

     Para la mayoría de las zonas argentinas, el problema del uso de puertos chilenos consiste en la mayor distancia y mayor demora en el previo traslado de mercaderías por la ruta terrestre. Los 22 puertos de ultramar argentinos, desde Santa Fe hasta Ushuaia, cuentan con una red de vías férreas y caminos pavimentados que facilitan el acceso a los mismos. Es evidente, entonces, que resulta lógico utilizar los puertos que, además de estar ubicados a menor distancia de los centros productores, son argentinos.

 

     Canalizar la producción de nuestro paìs por puertos chilenos constituye, no sólo un pésimo negocio, sino un verdadero desatino. Únicamente la zona de Cuyo, y parte del NOA tienen puertos chilenos más próximos que los nuestros. Pero desde Tucumán, incluso Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, están más cerca del puerto de Santa Fe, que del de Caldera y otros chilenos. El Litoral, la Región Centro y el norte de la provincia de Buenos Aires, tienen disponibles puertos argentinos a distancias no mayores a los 300 kilómetros. Y es de esta zona desde la cual se exporta un 90 % de la producción agraria e industrial del país.

 

     Como puede observarse en un mapa[2], el puerto de Antofagasta está más cerca que Buenos Aires respecto a los puertos de China norte, Japón, Taiwan y Corea; pero, desde Hong Kong y desde Manila hacia el oeste, toda el Asia está más cerca de Buenos Aires y de toda la costa sudamericana, desde Santos a la boca del Río de la Plata. Además, de Hong Kong hasta Yokohama, la menor distancia por mar es compensada, por  el mayor tiempo y costo que demanda el tránsito terrestre hacia el acceso a los puertos chilenos.

 

     Resulta inexplicable que al crearse la Región Centro se haga hincapié en el “corredor bioceánico”, y que se pretenda convencer sobre los “fletes más bajos” que tendrían con su uso las provincias de la Región Centro y La Rioja. Desde ésta última ciudad, hay 858 kilómetros hasta el puerto de Caldera, mientras existen 761 kilómetros hasta el puerto de Santa Fe (97 kilómetros menos). No hace falta aclarar que desde cualquier lugar de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, resulta menor el traslado al puerto de Santa Fe. Pero, como esta Región se fundó oficialmente en la ciudad de Córdoba, y en la reunión estuvieron presentes autoridades del Puerto de Coquimbo, vale la pena señalar que desde dicho puerto hasta la ciudad mediterránea la distancia es de 970 kilómetros, o sea 641 kilómetros más que para acceder al Puerto de Santa Fe desde Córdoba.

 

    Uno de los órganos de la flamante Región Centro es la “Junta de Gobernadores”; no deja de llamarnos la atención, que uno de sus miembros, el gobernador de Santa Fe, poco después de quedar constituida la Región, afirmó que: “Este es un país de paradojas: mientras la relación del costo del flete es de 7 a 1 respecto del de carreteras y de 7 a 2 con relación al ferroviario, sólo se utiliza un 7 % de la hidrovía, un 18 % del ferrocarril y un 75 % el transporte de caminos”, al tiempo que reclamó “soluciones racionales al costo del flete”[3]. En efecto, los datos que proporcionó resaltan la conveniencia del transporte fluvial, pero entonces, ¿por qué incentivar el corredor bioceánico, que exige el transporte por tierra?

 

     No caben dudas que la demanda mundial de carbohidratos y proteínas se incrementará en el futuro inmediato, y, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Argentina, Brasil, India y China, “serán los países con mayor crecimiento agrícola en los próximos 10 años”;  la Argentina está en condiciones de producir 100 millones de toneladas de granos y exportar 1millón de toneladas de carne (Clarín, 19-8-04). Este futuro promisorio sólo se hará realidad, si se logra diseñar e implementar una estrategia nacional de desarrollo, que puede muy bien estar vinculada a una geopolítica de integración regional, mientras se dé prioridad al interés nacional. Para ello, la Argentina debe aprovechar al máximo el transporte masivo por aguas interiores a largas distancias, dadas las ventajas en costos de fletes y tiempos de viaje. Puede aportar seguridad navegable, menores costos y velocidad, con navegación autopropulsada o en barcazas fluvio-oceánicas, por el Paraná Medio y Alto (21 pies), el Alto Paraná-Aguapey-Uruguay (15 pies), y el Paraná Inferior-Río de la Plata, con 40 pies[4].

 

Es claro que todo depende, en última instancia, de la decisión política. Y, como reflexionaba Toynbee, la geografía condiciona al hombre y le presenta un desafío, “o responde y lo supera, o no responde y es derrotado”.

 

     Cuando se alude a la hidrovía Paraguay-Paraná, ya se está omitiendo al Río de la Plata, siendo que lo más importante de la misma es la salida al mar, que tiene lugar por el Plata. Pero además -en el mismo folleto oficial de la Región Centro[5]-se limita la extensión de la hidrovía a 3.440 kilómetros. La extensión total de la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, es de 4.189 kilómetros, desde las nacientes del Paraguay hasta las bocas del Plata. Por consiguiente, hay que sumar a los 3.442 kms. entre los puertos extremos, 260 desde Buenos Aires a las Bocas del Plata, y 477 desde Pto. Cáceres a las nacientes del Paraguay[6].

 

No está demás acotar que en el folleto oficial citado, se afirma que la Hidrovía concluye en el Puerto de Nueva Palmira (Uruguay), que es un puerto que utiliza Brasil, por convenio con el paìs vecino. Es otro ejemplo de la subordinación intelectual de nuestros dirigentes a intereses ajenos a los propios. Mientras no surjan nuevos dirigentes, que investiguen a fondo los problemas nacionales, y actuen con decisión para impulsar la restauración argentina, no se podrán aprovechar las ventajas naturales que nos otorgó la Providencia.

 

     “En la era de la globalización, donde el poder nacional parece diluirse, es de vital importancia revalorizar el patrimonio territorial como uno de los últimos reductos contra el avance de un totalitarismo globalizante que amenaza imponer un pensamiento unitario, arrasando con las individualidades nacionales y las pluralidades culturales.”[7]

 

[1]  Rodríguez Zía. “Puertos precisos”; Buenos Aires, Círculo Militar, 1993,  p.37.

[2]  Id., p. 169.

[3]  Obeid, Jorge; en “Primer Encuentro Argentino de Transporte Fluvial”, Rosario (La Nación, 3-8-04).

[4]  Boscovich, Nicolás. “Geoestrategia para la integración regional”; Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 314.

[5]  “Lanzamiento oficial de la Región Centro de Argentina”; Córdoba, 27 y 28 de julio de 2004, p. 13.

[6]  Rodríguez Zía, op. cit., p. 198.

[7]  Boscovich, op. cit., p. 198.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NECESIDAD DE SANCIONAR

 

 una Ley de Coparticipación como lo dispone la Constitución

 

Por: Guillermo Lipera

Civilidad, febrero 4, 2026

 

No se cumple el mandato de la reforma de 1994; esta anomalía posibilita una excesiva concentración de dinero y poder en manos del gobierno nacional de turno.

 

Llevamos más de 30 años sin cumplir el mandato de sancionar una ley de coparticipación según lo dispuesto en el artículo 75, inc. 2º de nuestra Constitución nacional reformada en 1994. Esta anomalía posibilita una excesiva concentración de dinero y poder en manos del gobierno nacional de turno. Tal circunstancia afecta el normal funcionamiento de la forma de gobierno representativa, republicana y federal adoptada por la carta magna en su artículo 1º.

 

La coparticipación federal de impuestos reconoce sus orígenes en 1934 y fue evolucionando con el paso de los años hasta entrar en una crisis irreversible en 1984. En ese año caducó la ley que regulaba la materia y solo en 1988 se pudo sancionar un nuevo régimen transitorio, lleno de inequidades y con un amplio margen de discrecionalidad en los criterios para el reparto que todavía siguen vigentes.

 

A partir de la década del 90, la masa coparticipable a repartir entre la Nación y las provincias se fue reduciendo sistemáticamente mediante detracciones inconstitucionales por parte del Poder Ejecutivo de turno. Baste como ejemplo de estas apropiaciones indebidas la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema a fines de 2015 respecto del contenido del artículo 76 de la ley 26.078, sancionada en 2005. Esta norma había sido cuestionada judicialmente por las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba.

 

La reforma constitucional de 1994 incorporó el régimen de la coparticipación en el ya citado artículo 75, inc. 2º. Concretamente, dispuso la necesidad de sancionar una nueva ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, a los fines de instituir regímenes de coparticipación de las contribuciones. Acertadamente, el constituyente estableció pautas objetivas de reparto que debían respetarse a la hora de sancionar la nueva ley de coparticipación.

 

En tal sentido, dispuso lo siguiente: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

 

Como ya se adelantó, la no sanción de esta nueva ley posibilitó que el gobierno nacional no tuviese la obligación de respetar pautas de reparto objetivas y equitativas. En consecuencia, pudo continuar manejando discrecionalmente los fondos recaudados mediante el pago de los impuestos.

 

Los resultados están a la vista. Muchas veces las leyes o los nombramientos de jueces suelen obtenerse mediante “negociaciones” con los gobernadores de provincia. La construcción de un puente, por ejemplo, bien puede valer un voto en el Senado de la Nación, ya sea para sancionar una ley o aprobar un pliego para el nombramiento de un juez.

 

Algo similar acontece con la mala costumbre, cada vez más difundida, denominada “transfuguismo”. Se trata de legisladores que fueron elegidos mediante el voto popular debido a integrar la boleta de un partido político y luego se pasan –no por casualidad– al bloque del oficialismo de turno.

 

Sabido es que el poder atrae y suele generar una peligrosa adicción. Como bien lo señalaba Karl Lowenstein, resulta “evidente, y numerosas son las pruebas de ello, que allí donde el poder político no está restringido y limitado, el poder se excede… El poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración. Esto quiere decir que, cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranía y en arbitrario despotismo”.

 

Al menos en teoría, existe consenso en cuanto a que el sufragio universal, la república y el federalismo son formas de gobierno necesarias para controlar y poner límite al ejercicio del poder. Pese a que la reforma constitucional de 1994 fue motivada en sus orígenes con la única y desafortunada finalidad de posibilitarle un segundo mandato como presidente a Carlos Menem, la oposición de ese entonces, liderada por Raúl Alfonsín, logró introducir objetivos más loables, como lo fueron intentar atenuar el hiperpresidencialismo existente en esos tiempos y fortalecer el federalismo.

 

Lamentablemente, transcurridos más de 30 años de sancionada la reforma de 1994, no se ha logrado implementar un adecuado equilibrio entre los tres poderes del Estado nacional (república), ni fortalecer la autonomía económico-funcional de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (federalismo). Como prueba de ello, vale destacar tan solo dos ejemplos que se vinculan entre sí.

 

El artículo 99, inc. 3º de la C.N. establece que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Asimismo, agrega que solamente podrá emitir decretos de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…”. El fracaso está a la vista: desde la entrada en vigor de la reforma hasta el presente se emitieron aproximadamente 950 decretos de necesidad y urgencia.

 

La disposición transitoria sexta incluida en la reforma constitucional de 1994 dispuso que “un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización del año 1996…”. Llevamos 29 años de mora en su cumplimiento. Obviamente, la discrecionalidad y la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos continuaron siendo la regla y los criterios objetivos brillan por su ausencia.

 

Esta injustificada demora daña al sistema federal y necesariamente afecta el buen funcionamiento del Congreso. La ausencia de criterios objetivos y equitativos de reparto de los fondos debilita la independencia de los integrantes del Congreso y más específicamente de los senadores, desvirtuando su rol de control de legalidad en defensa de los legítimos intereses de sus provincias.

 

Obviamente, muchas veces algunos de ellos hacen uso y abuso de esta situación a la hora de sancionar una ley, tratar un decreto de necesidad y urgencia o prestar acuerdo para el nombramiento de jueces. Asimismo, pierden eficacia el Poder Judicial, la Auditoría General de la Nación, las comisiones del Congreso y demás organismos de control.

 

Nadie controla efectivamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia, el manejo de los fondos reservados ni cuáles son los criterios para otorgar pautas publicitarias, ya sea en forma directa o indirecta por parte del Estado nacional. La opacidad en el manejo de los fondos públicos es la regla. La transparencia es la excepción y los corruptos, obviamente, están de fiesta.

 

Sería imposible tanta corrupción con un Poder Judicial y órganos de control independientes y eficaces que puedan poner límites y frenos cuando los gobernantes están en ejercicio del poder y no cuando ya se hayan retirado. Justo es resaltar que algunos gobernadores reclaman federalismo y división de poderes a la Nación, pero en sus provincias se manejan como señores feudales, sin alternancia en el poder ni respeto de la autonomía de sus intendentes municipales y la independencia de los jueces en sus territorios.

 

La Argentina necesita generar confianza para que vengan inversiones; para ello, debe mejorar la calidad institucional, que se viene deteriorando desde hace muchos años. La reciente sanción de la ley de presupuesto es un paso importante y debe valorarse, pero todavía hay mucho por hacer.

 

Se habla a menudo acerca de la necesidad de contar con “reglas claras de juego” para generar confianza. Parece obvio, pero una vez más hay que recordarlo: la regla máxima de juego por excelencia es nada más y nada menos que respetar nuestra Constitución nacional y todas las normas que se dicten conforme a sus disposiciones.

 

No hay atajos ni deben permitirse los eufemismos. O cumplimos en un todo con la carta magna y nos comprometemos a construir una forma de gobierno auténticamente representativa, republicana y federal o nuestro país no logrará alcanzar el punto de inflexión que tanto anhelamos para terminar con tantas décadas de decadencia.

 

No solo tenemos el derecho, sino también el deber de peticionarlo a nuestros representantes. Como dice el refrán: “No se queje si no se queja”. Estamos viviendo una oportunidad histórica. Una nueva Argentina es posible y vale la pena hacer el esfuerzo. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos aquellos que quieran habitar este suelo argentino.

 

Fuente: LaNación

ACUERDO CON EEUU

 ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?

 

Walter Curia

Perfil, 7-2-2026

 

El debate sobre el precio de la ropa es en esencia un debate sobre el modelo de país. Sobre qué tipo de economía quiere darse la Argentina. Es una discusión que vuelve una y otra vez. La posición del Gobierno fue de absoluto desprecio por los productores argentinos, si tomamos los ejemplos del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, dos que deberían empezar a serenarse. Federico Sturzenegger, hay que decirlo, le subió la vara cuando puso como modelo a David Ricardo y la teoría de las ventajas comparativas. Mejor así (aunque la teoría no siempre se traslada a la práctica).

 

Como economía con una base industrial estructuralmente heterogénea, de más de un siglo de historia, hoy desplazada, en palabras del reconocido especialista Bernardo Kosakoff, hacia un modelo de ensamblaje, y con un sector informal excluido; un sector agroindustrial de alta competitividad internacional; buen desarrollo en economía del conocimiento y en el umbral de la explosión de su potencialidad energética y minera; el desafío actual de la Argentina es cómo pararse frente a un orden internacional incierto, de gran volatilidad y al que Donald Trump busca incansablemente dirigir hacia el proteccionismo.

 

El Gobierno todo lo copia del de Estados Unidos, al punto que este jueves replicó la creación de una agencia de “respuesta oficial rápida” al periodismo, una nota aparte. Es raro que no imite lo que está pasando en ese país con la economía.

 

El 2 de abril del año pasado Donald Trump inició una guerra comercial contra el mundo, y llamó a esa fecha “Día de la Liberación”. Subió aranceles a las importaciones a niveles nunca vistos en el último medio siglo con el doble propósito de reducir el déficit crónico de la balanza comercial y reindustrializar la economía estadounidense después de décadas de relocalizaciones de empresas en China.

 

¿Debería seguir Argentina un camino similar al de Trump? Sin duda que no. La argentina es una de las economías más cerradas del mundo, y aún en el marco de un repliegue general, una apertura razonable podría redundar en un mayor dinamismo de su comercio internacional y en un atractivo para la llegada de inversiones.

 

Tras 25 años de negociaciones, la Argentina acaba de participar del acuerdo histórico que selló el Mercosur con la Unión Europea que se propone eliminar aranceles para más del 90% de productos y fortalecer el comercio y la inversión.

 

El acuerdo, que aún requiere aprobación parlamentaria, crea una zona de libre comercio de 700 millones de personas. Además, es un acuerdo estratégico y geopolítico: supone un límite potencial a la ambición de Trump de consolidar América Latina, el Hemisferio Occidental, como su “esfera de influencia”, límite con el que parecen comprometidas la UE y Brasil, la principal economía de la región.

No es desde luego el compromiso de Javier Milei.

 

La Argentina y los Estados Unidos firmaron este jueves el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco, cuyo marco se conoció en noviembre pasado junto a similares alcanzados por Washington con Ecuador, El Salvador, y Guatemala, países aliados de Trump en América latina de escasísima relevancia en el comercio internacional.

 

El acuerdo, que ocupa 37 páginas y un anexo tarifario, fue subido ayer a la web por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en idioma inglés. Resulta, en sentido contrario al acuerdo Mercosur-UE, también un acuerdo geopolítico-estratégico.

 

En los enunciados, se propone profundizar el comercio y la inversión bajo criterios de reciprocidad, competitividad y armonización regulatoria. Pero la asimetría es evidente y el acuerdo se acerca más a una integración condicionada de la Argentina a los intereses de Estados Unidos que a un acuerdo de libre comercio (de hecho, no lo es).

 

Como ya se dejaba ver en el acuerdo marco de noviembre, el texto impone extensos compromisos a la Argentina en relación a la apertura de su mercado a bienes norteamericanos en materia de servicios, propiedad intelectual, economía digital, trabajo, medio ambiente, denominaciones de origen y obligaciones con terceros países (China). Sobresalen los compromisos asumidos por la Argentina con estándares, certificaciones y prácticas estadounidenses en materia de regulación, con la consiguiente pérdida o disminución de autonomía.

 

En materia de inversión, a través de instituciones como el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, en colaboración con el sector privado, Estados Unidos “considerará apoyar el financiamiento de inversiones en sectores clave de Argentina”.

 

Julieta Zelikovich, doctora en Relaciones Internacionales, magister en Relaciones Comerciales Internacionales, enumeró los compromisos de uno y otro país contenidos en el acuerdo en un post en X: “Obligaciones de Argentina: 113 (son más xq hay listados de cosas). Obligaciones de EEUU: 10 (8 de esas son mutuas con Argentina... Así que en realidad son 2). Acuerdo de sumisión comercial y económica”.

 

En clave promocional, un comunicado de la Cancillería argentina a poco de conocido el acuerdo destacó que se trata del primer en su tipo en la región que incluye compromisos de inversiones de EE.UU. Y subraya que la Argentina podrá colocar el año próximo 80 mil toneladas más de carne en el mercado estadounidense, y llevando el acceso actual hasta las 100.000 toneladas, con un incremento de 800 millones de dólares en las exportaciones.

 

“Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares”, dice ese texto. Indica que Argentina eliminará 221 aranceles a “máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos”, reducirá al 2% otros 20 productos, “principalmente autopartes”, y “otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas”.

 

El acuerdo deja extrañamente abierta la discusión sobre el acceso de acero y aluminio argentino a los Estados Unidos, dos productos a los que Trump impuso aranceles de 50%. “El Gobierno de los Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente”, dice. Uno de los allí aludidos es Techint, de Paolo Rocca, el nuevo enemigo que se construyó el Gobierno.

 

La Cancillería afirma que el acuerdo con los Estados Unidos de Trump forma parte de la estrategia de inserción internacional de la Argentina y busca legitimar que es compatible con los compromisos con el Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea. Pero las dos cuestiones presentan dudas. Ya se puede augurar un trabajoso paso por el Congreso para su aprobación.

EL CASO ROCCA

 y la Argentina cobarde

 

Gustavo González

Presidente y CEO de Editorial Perfil

 

Perfil, 6-2-2026

 

No es que Javier Milei quiera destruir a la industria nacional.

 

Eso es solo una consecuencia de su política de apertura indiscriminada de importaciones asociada con la caída del consumo interno, lo que en estos dos años ya generó el cierre de 21 mil empresas y la pérdida de 270 mil empleos, según datos oficiales.

 

Así, la destrucción de la industria sería un daño colateral de un proceso virtuoso originado en el libre mercado global, que permite que los países más desarrollados compitan con las firmas de un país empobrecido como la Argentina

Es el modelo contra el que Donald Trump viene luchando: terminar con la lógica librecambista y aplicar severas trabas para defender a las empresas y al empleo de los estadounidenses.

 

Milei anti-Trump. Milei hace lo contrario. Por eso es un aliado ideal para los Estados Unidos: mientras que allá bloquean el ingreso de mercaderías importadas, aquí se les abren las puertas.

 

Si Trump fuera argentino, sería el presidente que Paolo Rocca elegiría para que lo protegiera de la avanzada china y de otros poderosos competidores. Pero se tiene que contentar con un hombre al que apoyó y que hoy lo destrata e insulta.

 

Aunque Milei no cambió. Es el mismo anarcocapitalista de la campaña que intenta llevar a la práctica sus promesas de acabar con un Estado que pretende intermediar en los conflictos entre los países, las empresas y los ciudadanos.

 

Su reacción frente a la derrota de Techint ante la india Welspun en la provisión de caños para un gasoducto desde Vaca Muerta fue la de aplaudir las reglas del mercado abierto internacional que pregona. Que haya o no habido dumping, como deslizan desde la multinacional argentina, es un problema solo para aquellos que no entienden que –para un libertario como Milei– todas las herramientas son válidas si sirven para competir y ganar mercados.

 

Es cierto que, a su ideología, él le agrega su habitual falta de respeto hacia los que piensan distinto. Sea el mayor empresario del país o los economistas y periodistas “ensobrados y operadores”.

 

Es la dramática coherencia que en esta columna siempre se le reconoce.

 

Si Milei hubiera tratado de presionar para revertir la decisión del consorcio comprador de los caños o si se hubiera quejado luego del resultado del concurso, entonces sí llamaría la atención por su giro ideológico. De igual forma, si hubiera expresado su satisfacción por el resultado de la licitación sin insultar a nadie, también hubiera sorprendido.

 

Pero Milei es el mismo, pese al shock que sus ataques generaron en el establishment.

 

El mismo que les dijo en la cara lo que iba a hacer con igual virulencia verbal que ahora. Es el mismo al que una parte del empresariado aplaude en cada evento en el que se burla de otros empresarios, políticos, economistas y periodistas.

 

Y es el mismo frente al cual otros empresarios solo critican por lo bajo por temor a incomodarlo.

 

El silencio. Cada vez que en estos dos años se preguntaba en ese establishment por qué festejaban a un hombre que les prometía ir en contra de sus intereses o por qué no criticaban en público lo que pensaban en privado, la respuesta era similar: el Presidente les parecía un líder disruptivo capaz de llevar adelante transformaciones liberales que los beneficiarían a ellos y al país. Además de ser conscientes de su baja tolerancia a las ideas ajenas.

 

Creer que Milei era liberal y republicano fue el justificativo que se dieron para convencerse de que aplaudirlo o silenciar las críticas era lo mejor.

 

El siguiente error fue suponer que lo podían cambiar o controlar.

 

Por eso, el “Don Chatarrín” cayó como una bomba entre las familias y las organizaciones empresariales. El grupo Techint es el mayor empleador privado del país (25 mil trabajadores en forma directa, unos 80 mil incluyendo las pymes que viven en su entorno). Que la única reacción generada en el círculo rojo haya sido la carta del titular de la UIA, Martín Rappallini, sobre el rol de los empresarios y sin hacer referencia a los agravios (cuatro días después del primer ataque) es una señal inequívoca del desconcierto y del temor que cunde en esos sectores.

 

El resto fue silencio. No hubo nadie relevante del empresariado local y del mundo económico que haya salido en defensa del mayor empresario nacional. Ni siquiera de la política: una ingratitud manifiesta frente a un grupo que históricamente aportó dinero a las campañas de los partidos tradicionales. También lo hizo con La Libertad Avanza.

 

La falta de solidaridad contrastó con un Milei que volvió a atacar a Rocca otras dos veces. En la última llegó a replicar en sus redes, sin presentar pruebas, la acusación de que el dueño de Techint había estado involucrado en una operación para derrocarlo: “Jubilate, tano. Perdiste”, terminaba el mensaje difundido por Milei.

 

La crisis. Lo que subyace detrás de los ataques oficiales y el malestar empresarial es la crisis económica.

 

La semana que pasó se conoció el último informe de la consultora Equilibra. Señala que la actividad económica está estancada desde el tercer trimestre de 2023, que solo se expandieron 19 de los 55 sectores productivos y que las importaciones de origen chino crecieron por sobre las demás, en especial después de las restricciones arancelarias de Trump al gigante asiático.

 

Según los últimos datos interanuales del Indec, la industria retrocedió un 8,7% y la construcción un 4,7%. La caída afectó a 15 de los 16 sectores de la industria manufacturera. En el caso de textiles, automotores y productos metalmecánicos, la retracción se acerca o supera el 20%. El consumo cayó un 1,4%. Todo en comparación a un 2024 ya en baja en su actividad económica. La industria, la construcción y el comercio explican casi el 50% del PBI nacional.

 

Más allá de los genuinos debates sobre por qué Techint perdió esa obra (¿precios excesivos?, ¿dumping indio?, ¿materiales subsidiados provistos por China?) o sobre si un Estado debe, o no, intervenir de alguna forma en defensa del trabajo nacional, lo llamativo es la soledad en la que quedó rodeado uno de los hombres más poderosos del país.

 

Ni siquiera los medios y periodistas que más relación tienen con él salieron en su defensa. ¿Qué hubiera pasado si la ofensa hubiera provenido de otro presidente; Cristina Kirchner, por ejemplo? ¿O es que el temor que hoy les infunde Milei es superior al que sentían en los años duros del menemismo y el kirchnerismo?

 

En el mismo ánimo de naturalizar o silenciar los desbordes presidenciales, casi pasó desapercibido que el Poder Ejecutivo acaba de decretar que 2026 será denominado en todos los documentos públicos como el “Año de la grandeza”.

 

Naturalizar lo ridículo. Es la contradicción que se mencionó en una columna anterior entre el Milei anti-Estado y el Milei estatista.

 

Así como refuerza al Estado en materias como seguridad, espionaje y control mediático, también lo hace avanzando con la simbología de lo público sobre el calendario. Al igual que hacen los gobiernos estatistas que él tanto detesta. Como el norcoreano Kim Jong-un (“el Año de la prosperidad”, “el Año de la gran victoria”), la Cuba de los Castro (“el Año de la solidaridad”, “el Año del esfuerzo decisivo”) o la Venezuela de Maduro (“el Año del Comandante eterno” o “el Año de la ofensiva revolucionaria”).

 

Por oportunismo o cobardía, cuando los gobiernos se muestran empoderados, hasta sus mayores ridiculeces son aplaudidas o silenciadas.

 

Hasta que un día se recuerdan.

 

Todas juntas.