Por Horacio Calderón para el Informador Público
INTRODUCCIÓN
El P. José María Di Paola, o “Padre Pepe”, como es conocido en el vasto círculo de su apostolado en los “barrios de emergencia” de la ciudad de Buenos Aires, realizó nuevas declaraciones al presentar un documento oficial del “Equipo de Sacerdotes”, que desarrolla arduas tareas para lidiar contra el flagelo de la droga en esos emplazamientos a su cargo.
Así como hace un año y medio dichos sacerdotes dieron a conocimiento público un informe titulado “La droga, en las villas, despenalizada de hecho”, el nuevo documento, El desafío del “paco”, está específicamente focalizado en el tráfico y consumo de esta letal substancia.
En el primer documento citado -cabe recordar- los mismos sacerdotes denunciaron públicamente que los barrios de emergencias eran “zonas liberadas” para el narcotráfico y, asimismo, expusieron sobre el grave daño que se causa a los jóvenes socialmente más desprotegidos. Poco después el P. Di Paola recibió una grave amenaza, algo a lo cual habrá que acostumbrarse, frente a la creciente actividad de la narcocriminalidad en nuestro país.
Tales “zonas liberadas” existen en la ciudad de Buenos Aires y en todas y cada una de las restantes del país, sin distinción alguna de zonas o sectores sociales. Es que casi todos los procedimientos exitosos contra el narcotráfico que se realizan en la Argentina, están vinculados con cargamentos destinados al exterior. No hay mayores registros de allanamientos y secuestros de drogas destinadas al consumo interno, que se expenden fácilmente y hasta se consumen en lugares públicos.
No menos contundente fue esta vez el P. Di Paola dentro de los límites del objeto de la nueva denuncia, cuando afirmó: “Lo más terrible que hace el «paco» es explotar la marginalidad. El «paco» es el rostro nuevo de la exclusión, más sangriento. El Estado como organismo hoy está ausente”.
En realidad y a fuer de ser sincero, debe afirmarse sin ambages que el Estado argentino no está solamente ausente en materia de drogadicción, dado que la cruda realidad permite definirlo como un órgano contaminado de manera integral por el negocio del narcotráfico que, corrupción generalizada mediante, afecta casi todos los sectores y niveles de los tres poderes constitucionales.
Debe uno coincidir -parafraseando al P. Di Paola-, en que hay muchos profesionales que trabajan para el Estado de manera excelente e incluso más allá de sus deberes, ya sean médicos, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. No obstante, es como si se intentara restañar una gigantesca y hemorragia colectiva con la ayuda de una cantidad mínima de torniquetes.
Tal situación y los obstáculos que enfrentan dichos sacerdotes no son nuevos, dado que es el resultado de un acelerado proceso de degradación de las instituciones, cuyo origen tiene vieja data, pero que forma parte de un continuo que crece acelerada y exponencialmente. Esto condujo a nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, a convertirse en una gigantesca zona “liberada”; “gran aldea” sin fronteras interiores y por demás tampoco con las que nos separan de países vecinos debido a la “porosidad de las mismas”. El narcotráfico es un negocio tenebroso que se expande exponencialmente a la sombra de un Estado ausente, indolente y, por ende, cómplice por omisión de las actividades que desarrollan las organizaciones criminales que lucran con el comercio ilegal de las drogas y toda la gama de delitos conexos que la acompañan.
La preocupación del “Equipo de Sacerdotes” que accionan contra el narcotráfico y la drogadicción en los barrios de emergencia apunta en el último documento a corregir la gravísima situación que atraviesan los niños y jóvenes más excluidos afectados por el flagelo del “paco”. Estos carecen de la posibilidad de ser rehabilitados -salvo excepciones especialísimas-, una vez que han sido afectados por el uso de esta substancia.
Pero ni el mapa ni el drama del narcotráfico y la drogadicción tienen límites en el tiempo ni en el espacio de la geografía argentina. Así como ya se habla del mundo entero como una “aldea global”, podría por ello afirmarse que la Argentina es una “gran aldea”, en la que el flagelo de la droga ha ganado la calle a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción de clases sociales. Los más afectados son sin duda los sectores más marginados de nuestra sociedad; aquellos que carecen de toda contención familiar y de una respuesta social colectiva y por ende también de una mínima o aceptable capacidad de rehabilitación.
El Estado argentino, o lo que queda en pie de sus instituciones, refleja el modelo de una entidad reguladora del negocio de las drogas ilegales, al estilo del México de décadas atrás. En definitiva, un órgano que no sólo procura evitar el combate integral contra el narcotráfico, sino que poco o nada hace -por las razones aludidas, entre otras- para restañar sus más fatídicas consecuencias.
PERFIL DE PAÍS
Los últimos informes actualizados que han hecho públicas las más importantes agencias mundiales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, sus delitos conexos y la drogadicción, confirman el perfil histórico clásico de nuestro país durante los últimos años.
Sintéticamente:
1. País de tránsito -predominantemente hacia Europa- de la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia.
2. País de tránsito de la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU.
3. País de tránsito y consumo de marihuana procedente de Bolivia y Paraguay.
4. País de fabricación, control de calidad, tránsito y desvío de precursores químicos para la elaboración de los narcóticos clásicos como la cocaína, pero también de aquellos que, como la efedrina, fueron y probablemente sigan siendo utilizados, aunque con otros métodos, para fabricar substancias estimulantes tipo anfetamina con destino al uso interno y al contrabando a mercados como México y EE.UU.
5. País de fabricación de clorhidrato de cocaína (CLC), mediante el uso de pequeños laboratorios, en los que la llamada “pasta base” (PBC) se convierte en la droga final mencionada. La Argentina secuestró 20 laboratorios, según se informó en 2008, pero se sospecha que podrían existir una importante cantidad de esas unidades operando en todo el país.
6. País bajo permanentes sospechas de ser permisivo con su sistema financiero, que otorga importantes facilidades para el lavado de dinero, tal como acaba de mencionarlo el “Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales” (GAFI). La situación actual deja a la Argentina al borde de ser incluida en la llamada “lista gris”, junto a Bolivia y Paraguay, entre otros Estados. De ahí a pasar a la “lista negra” junto a países como Irán, existe un camino que otros actores estatales han recorrido rápidamente.
7. País de operaciones, de tránsito, descanso y hasta de escondrijo de altos jefes de Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTDs), como sucedió hace poco con el narcotraficante Luis Caicedo Velandia, capturado en Buenos Aires y que enfrenta un proceso de extradición a los EE.UU.; aunque la importancia que se le atribuyó públicamente, no se corresponda con la realidad del sujeto aprehendido ni con la de la red criminal que integraba.
PROCEDENCIA DE LOS NARCÓTICOS EN LA ARGENTINA
Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también parten de Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana procede de Bolivia, aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina que está cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.
La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), que son utilizadas por organizaciones de narcotraficantes, que difícilmente podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en las jurisdicciones a su cargo.
Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canaliza aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente son ocultados en contenedores.
La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a su avanzada industria química.
Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, en los que se convierte en clorhidrato de cocaína la “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.
Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.
La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Éxtasis” y el devastador “paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.
El volumen de circulación, distribución y venta de drogas ilegales en espacios abiertos como recitales, e incluso hasta callejera, demuestra a las claras la existencia de una red de protección que jamás podría existir sin la complicidad de sujetos infiltrados en los tres poderes del Estado Nacional. También, desde luego, en los Estados provinciales, comenzando por Buenos Aires, que junto a la Capital Federal concentra a la mayoría de la población argentina y en consecuencia al mercado consumidor de mayor importancia en el país.
Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.
Sin embargo y no resulta ocioso reiterarlo, nada parece alterar la gravísima situación vinculada a la flagrante situación relacionada con la venta y el consumo generalizado doméstico, que permite acceder a la compra de narcóticos a una enorme cantidad de adictos, como asimismo a quienes se están iniciando en su uso.
El Informe 2010 de la “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” o UNODC, incluye ciertos aspectos relevantes sobre la Argentina, que confirman las críticas de quienes denuncian el grave cuadro de situación existente, las tendencias pesadas que se observan actualmente y los escenarios poco tranquilizadores que la ciencia de la prospectiva permite trazar para un futuro.
COCAÍNA
La existencia de cargamentos de cocaína en tránsito por la Argentina, ha sido comprobada en el terreno gracias a secuestros de gran cantidad de esta droga, como los 300 kilos que estaban escondidos dentro de muebles antiguos con destino a España. El 16 de junio pasado fueron secuestrados 1.625 kilos más de cocaína, acondicionados en cajas de manzanas, operación que se llevó a cabo en el Puerto de Buenos Aires y que iban a salir también rumbo a España. Asimismo y pocos días después fue interceptado un barco que entraba al puerto brasileño de Santos, Brasil. Los contenedores también contenían manzanas con nada menos que 1.724 kilos de droga. Fuentes de la investigación y algunos medios de comunicación del país vecino y de la Argentina, como Clarín, afirman que ambas cargas eran parte de una misma tanda y tenían como destino final el puerto de Barcelona. El cargamento, de 3.349 kilos en total -el mayor de la historia embarcado en Buenos Aires- fue valuado en 150 millones de euros.
Estas noticias no dejan de tener su importancia en la lucha antinarcóticos vinculada a la intercepción de cargamentos de cocaína dirigidos al exterior, lo que marca un importante incremento en los secuestros realizados en el país. Estas exitosas operaciones permiten especular, aunque sin mayores precisiones, sobre el importante volumen total de las drogas ilegales que son transbordadas en territorio argentino sin ser detectadas.
Aunque el Informe 2010 del UNODC no alcanzó a incluir los secuestros de drogas realizados en la Argentina durante las últimas semanas, afirma que en Suramérica alcanzaron niveles de record en 2008 y, que en términos relativos, fueron registrados incrementos significativos en Perú (donde aclara fueron casi doblados), Bolivia (donde crecieron al 62%), Argentina (51%), Brasil (21%) y Ecuador (12%). En cuanto a Chile, las capturas decrecieron un 12%.
No obstante y con referencia a la relación entre el tráfico de drogas y la inestabilidad política en países de tránsito de estupefacientes, UNODC informa que entre 2006 y 2008 la mitad de la cocaína detectada con destino a Europa procedía de Venezuela, seguida por el Caribe (11%), Brasil (10%) y Colombia (5%). En cuanto a la Argentina, figura con índices menores en el cuadro general dentro de un grupo de países restantes en la región, que en conjunto suma un 12%.
La cara opuesta de los éxitos que constituyen las capturas de droga en tránsito en la Argentina, está representada por el aumento en el índice de consumo interno de estupefacientes, conjuntamente con Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay, entre otros países. Pero a diferencia de años anteriores, solamente Chile y Surinam suministraron información concreta sobre variaciones en los índices en el consumo. El país trasandino acusó un incremento en el porcentaje de 2,4% en 2008, contra 1,7% en 2006; mientras que en Surinam el consumo de cocaína bajó de 0,5% en 2002 al 0,3% en 2007.
Los “Elementos Orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión: Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años, 2008”, según el UNODC / CICAD, permiten afirmar que el uso del clorhidrato y de la “pasta base” de cocaína en la Argentina ha crecido un 2,67% y un 0,54% respectivamente, seguida por Uruguay (1,68% y 0,36%) y Chile (1,31% y 0,62%), en ese mismo orden.
En lo que al mercado de consumo de la cocaína se refiere, Brasil y la Argentina son los de mayor volumen, dado que en términos de números absolutos el primer país registra más de 900.000 usuarios, mientras que el segundo supera los 600.000.
Según el informe producido por el UNODC y la CICAD en países sudamericanos, Chile registra el predominio de uso de cocaína entre estudiantes, seguido por Uruguay y la Argentina. Hay también abuso en el consumo de “pasta base” en estos últimos, aunque el consumo de clorhidrato de cocaína es más alto, tanto en la población de estudiantes como en la adulta. Por el contrario, en Chile, Bolivia y Perú los índices de consumo de clorhidrato de cocaína y “pasta base” están prácticamente equiparados entre aquellos estudiantes que fueron consultados durante el estudio que fuera realizado en conjunto por las instituciones mencionadas.
CANNABIS (MARIHUANA)
Con referencia a la marihuana, las agencias que impulsan la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todo el mundo, coinciden con el UNODC en que el crecimiento sin pausa del THC está cambiando el mercado del cannabis en el mundo. En Canadá y los EE.UU., donde los esfuerzos de erradicación han sido exitosos -agrega-, los niveles de THC reflejan el crecimiento también ininterrumpido hacia la producción doméstica del cannabis de alta concentración.
En realidad, los estudios comparados entre las principales agencias antinarcóticos y el UNODC permiten afirmar que hay producción de cannabis en casi todos los países del mundo, pero en razón de la información fragmentada e incompleta que es posible reunir, resulta muy dificultoso elaborar análisis correctos, que permitan a su vez establecer modelos sobre el cultivo de la planta.
A la dificultad arriba señalada se suma también el incremento de la tendencia en el cultivo de cannabis en espacios interiores o sitios techados, agregados o no a los de puertas afuera, que impiden el uso de medios satelitales y aéreos para la detección de los mismos.
De acuerdo a literatura científica e informes gubernamentales de 29 países, resulta altamente difícil detectar y monitorear este tipo de instalaciones, situación que se agrava ante la carencia de un sistema eficiente que permita desarrollar ese tipo de tareas a escala mundial.
La Argentina registra un solo caso oficialmente detectado e informado de cultivo de cannabis con propósitos comerciales en un lugar cerrado, lo cual sirve como llamado de atención porque teóricamente podrían existir otras más. Lejos parece estar la Argentina -al menos por ahora-, de compararse con diversos países de Europa del Este, del Norte y Austria, entre otros, donde crece notablemente el número de esas instalaciones. Sin embargo y frente a la corrupción vigente, resulta difícil, si no cercano a lo imposible, hacer un estimado que pueda acercarse a la realidad acerca del número de unidades en operaciones en territorio argentino.
El consumo de cannabis en América del Sur es también alarmante, según las últimas cifras del UNODC, que apunta a la Argentina como el país que sobresale frente a otros, con un 7,2% anual, mientras que Chile registra un 6,75 y Uruguay 6%.
El estudio comparativo sobre uso de drogas y factores asociados dirigidos por la CICAD y el UNODC en 6 países de América Latina, muestra que entre los recientes consumidores de cannabis que fueron entrevistados en la Argentina, un 27,5% fue diagnosticado como drogodependientes, basándose en criterios clínicos de Clasificación Internacional de Enfermedades, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
ESTIMULANTES TIPO ANFETAMINA
La definición hace referencia a un grupo de substancias sintéticas que comprenden un grupo de anfetaminas (primariamente anfetamina, metanfetamina y metacatinona) y a las que están vinculadas al grupo del “Éxtasis” (MDMA y sus análogos).
Los estimulantes mencionados pueden ser fabricados en aquellos lugares donde puedan encontrarse los precursores necesarios para cada proceso. Así, los laboratorios suelen estar instalados en sitios cercanos a los mercados de consumo y, al respecto, afirma el UNODC que un tercio de los países que cumplen con sus informes han informado de secuestros de esos laboratorios en sus territorios. Entre ellos se encuentran por primera vez (2008) la Argentina, Irán, Brasil, Guatemala y Sri Lanka, .aunque en menores cantidades que otros países como EE.UU., la República Checa, Australia, China, Eslovaquia, Holanda, Canadá y México. Sin embargo, los 8.432 laboratorios secuestrados en 31 países no resultan representativos en cuanto al número aproximado de unidades descubiertas y neutralizadas, ya que aquellos miembros informantes declaran generalmente los casos más importantes. No suelen dar tampoco mayores detalles, como calidad de la droga, cantidades aproximadas de fabricación, ciclos de producción, etc.
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina quedó convertida en un importante centro regional para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. Fueron sí ilegales las operaciones comerciales deliberadamente conectadas con un sistema perverso, montado específicamente para usar localmente y/o contrabandear dicha efedrina como precursor químico, utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético por parte de los narcoterroristas mexicanos.
En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, en los cuales su venta está estrictamente vedada como sucede en México desde hace años. El Informe 2010 citado del Departamento de Estado, sugiere que el país continúa siendo una ruta de transbordo de efedrina ligada al tráfico ilícito en México y los EE.UU.
Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores utilizados en el procesamiento de drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las substancias estimulantes tipo anfetamina.
Los siguientes cuadros, publicados en abril de 2000, demuestran la importante cantidad de substancias de uso dual, cuya “distracción” permite alimentar los laboratorios que forman parte del sistema de procesamiento ilegal de narcóticos. La reciente experiencia argentina, actualmente bajo investigación, demuestra hasta qué punto integran tales instalaciones -sea de facto o asociadas con personas físicas, o jurídicas reales y/o de fachada-, las redes transnacionales del tráfico de estupefacientes y substancias psicotrópicas.
(*) Las sales de las sustancias enumeradas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible
SUBSTANCIAS OPIÁCEAS
El UNODC calcula que más de 15 millones de personas consumen mundialmente opiáceos ilícitos (opio, morfina y heroína), pero que la heroína -su forma más letal- prevalece sobre las dos restantes, sumando además los riesgos de contagio de HIV/SIDA, Hepatitis y otras enfermedades transmitidas por la sangre, debido al uso de jeringas compartidas por parte de muchos adictos.
La comercialización ilegal de opiáceas y especialmente la heroína a escala mundial, es uno de los negocios mejor organizados y más redituables, con un valor anual estimado de mercado que asciende a la suma de 55 billones de dólares estadounidenses. El valor de mercado también anual para todas las drogas opiáceas (se entiende siempre que ilegales), podría sumar a la cantidad precedente 10 billones más de la misma moneda. Además, una estimación aproximada del número de traficantes involucrados en las redes que permiten trasladar el producto a través de países y regiones hasta llegar a los consumidores finales del mercado, afirma que la cantidad supera el millón de personas.
Las fuentes de tal economía clandestina están concentradas en Afganistán, Myanmar, México y Colombia, que suministran al mundo casi todo el opio y la heroína que se consume.
Afganistán, país por el que circulan numerosos grupos terroristas con alcance global, lidera la producción de opio con un 90%, según datos que se mantienen sin alteración en años recientes, situación que no escapa a la consideración de los actores estatales y no estatales, globales y regionales, con intereses en este país en guerra. Y, por qué no, en el pingüe negocio de la droga, incluyendo la clarificación de los voluminosos montos de dinero que proceden de esta actividad, utilizados en parte para financiación de todo tipo de ejércitos irregulares, vinculados a la insurgencia y al terrorismo o a los “señores de la guerra”, a la corrupción en el aparato estatal afgano, al enriquecimiento personal de funcionarios y figuras políticas, etc.
Por otra parte y en lo que concierne a la Argentina como país de tránsito de heroína colombiana hacia los EE.UU., principalmente, debería tenerse en cuenta la magnitud de la necesaria red de conexiones que las organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas necesitan mantener en todo su territorio para asegurar tan lucrativo negocio. Operaciones que se suman al resto de substancias vinculadas al negocio del narcotráfico: cocaína, precursores químicos y de substancias psicotrópicas, marihuana, etc.
El impresionante volumen del dinero ilegal en circulación de origen criminal, ya clarificado o en negro, permite sin duda sospechar del importante porcentaje de divisas que muy probablemente termina en las manos de los cómplices directos y facilitadores de la corrupción vernácula argentina.
Los efectos negativos de la relación entre las instituciones del Estado y la corrupción vinculada a los negocios vinculados al narcotráfico en la Argentina, se demuestran en el campo de toda la “gran aldea”, en que las drogas ilegales están al alcance de cualquiera sin mayores impedimentos. Como dice el P. Di Paola el Estado está “ausente”; una parte de él, claro está, porque hay otra que es cómplice o partícipe necesario, si uno se ajusta aunque más no sea al libre juicio y al sano razonamiento cuando ve tamaña cantidad de droga circulando impunemente por las calles del país.
Pocos funcionarios abordan seriamente la relación simbiótica que existe en la Argentina entre la corrupción que genera el narcotráfico y muchos de sus colegas dentro de los tres poderes del Estado. Sólo se observan trifulcas públicas que se generan precisamente cuando uno o varios de ellos quedan involucrados en escándalos públicos, como en los casos de la financiación de la última campaña presidencial, de la importación y reventa a México de la efedrina, la falsificación de medicamentos para enfermos en estado terminal, etc.
Ante el calibre de la simbiosis mencionada, no debería extrañar que poco o nada se haga para dotar a la Argentina de un plexo legal adecuado para combatir el narcotráfico en todas sus formas, incluyendo el de la clarificación de dinero de cualquier origen, pero especialmente al vinculado con esta actividad criminal.
Según el informe 2010 del Departamento de Estado sobre “lavado de dinero” y a diferencia por ejemplo de Brasil y Bolivia, la Argentina no es un país de importancia primaria, ni tampoco un centro financiero regional importante o del tipo offshore.
El citado documento estadounidense aclara sin embargo, en relación al lavado de dinero proveniente del tráfico de narcóticos, corrupción, contrabando y evasión de impuestos, que cree que esto ocurre a través del sistema financiero y “a pesar de los esfuerzos del Gobierno Argentino” para pararlo. Claro está que ese tipo de publicaciones suelen estar un tanto atrasadas frente a la dinámica casi vertiginosa de los negocios que conciernen al narcotráfico y al “lavado de dinero” derivado de esta actividad criminal.
Es que “los esfuerzos del Gobierno Argentino”, como demuestran las advertencias del GAFI ya abordadas, parecen haber permitido una brecha en el sistema financiero que permite la clarificación de dinero ilegal, más allá de su procedencia. La presidente del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, ha prometido adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación y, del cumplimiento de su palabra o lo que hagan sus sucesores, dependerá si el país ingresa o no a una “lista gris”, acompañando a otros observados por incumplir sus compromisos internacionales.
Las transacciones ilegales en la Argentina -siempre según el Departamento de Estado- se realizan a través de negocios no bancarios y profesionales, tales como la industria del seguro, asesores financieros, contadores, escribanos, fondos fiduciarios y empresas reales o “fantasmas”, que resultan mecanismos viables para clarificar fondos ilícitos.
Agrega que la evasión de impuestos es el crimen derivado más frecuente en las investigaciones argentinas de “lavado de dinero”. También, que la Argentina tiene una larga historia de capital “volador” y evasión de impuestos y que sus ciudadanos poseen billones de dólares fuera del sistema financiero (tanto offshore como en el país), aunque reconoce dinero legítimamente ganado que no ha sido declarado impositivamente.
Al igual que el GAFI, EE.UU. sospecha de la ley de repatriación de capitales aprobada por el Gobierno argentino, en el que ofreció una amnistía impositiva a personas que repatriaran activos offshore no declarados durante una ventana de seis meses desde el 1º de marzo al 31 de agosto de 2009.
Dicha ley prohibía a las autoridades financieras investigar la procedencia de los fondos declarados y los críticos a la misma demostraron gran preocupación de que esta iniciativa pudiera facilitar el “lavado” de fondos.
En realidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requirió a las instituciones financieras en mayo de 2009 que realizaran informes sobre transacciones sospechosas efectuadas por participantes del programa. La UIF recabó declaraciones por un monto aproximado a los 4.700 millones de dólares estadounidenses, que es una pequeña fracción de los activos de ciudadanos argentinos en el exterior. Pero lo interesante del caso fue también que la mayor parte del monto señalado pertenecía a fondos existentes en el país y no repatriados desde el exterior.
Durante los próximos meses, se verá en qué medida o no la Argentina cumple con las indicaciones del GAFI, pero lo cierto es que el país esconde estructural e históricamente una economía subterránea que resulta imperativo corregir, si se desea alcanzar los estándares internacionales de calidad institucional.
Pero tampoco es posible plantear soluciones viables para descubrir a los cómplices del narcotráfico que operan en la función pública y en el sector privado, como en la industria química, laboratorios, etc., si no se cuenta con un diagnóstico adecuado sobre la naturaleza de dicha relación ilícita.
Resulta importante preguntarse además sobre el número aproximado de personal al servicio del narcotráfico extranjero que opera en la Argentina, con el objeto de trasladar los cargamentos desde que ingresan al país y hasta sus puntos de transbordo. Especialmente luego que el UNODC afirmara en su Informe 2010 -con referencia a las substancias opiáceas-, que supera mundialmente el millón de personas.
Argentina, en lo que a la posible producción local se refiere, es uno de los países que, siempre según el Informe 2010 citado, reportó secuestros de cápsulas (poppies) de adormideras, de cuyo corte sale el látex seco del cual procede el opio, y sus más importantes derivados como la morfina, la heroína y la codeína.
Según el UNODC, aunque con cifras muy antiguas ya que se remontan a 2005, el consumo de opiáceas en la Argentina desde los 15 a los 64 años de edad, arroja un estimado anual del 0,16%.
En la Argentina resulta altamente dificultoso determinar la cantidad y segmento de consumidores de la heroína, en razón de que el comercio de esta droga suele ser muy clandestino, acompañado además por el secreto que guardan los mismos adictos. Es conocido por tendencias registradas en otros países, que numerosos adictos a las substancias estimulantes tipo anfetamina, e incluso de cannabis, suelen probar luego con las opiáceas, pero especialmente con la heroína. Sea inyectándose o inhalando el humo de la esta última droga calentada sobre papel aluminio, o bien fumándola en forma de cigarrillos.
En consecuencia, no puede establecerse siquiera aproximadamente la dimensión real del problema sobre el consumo argentino de heroína. Sin embargo, la existencia de clínicas particulares especializadas para el tratamiento de adictos a esta droga, sugiere que podrían existir muchas más personas afectadas en el país, que no cuentan con recursos para pagar su rehabilitación en instituciones privadas.
“PACO”
El consumo del llamado “paco” -que ha aumentado de manera vertiginosa durante los últimos cinco años- no ha llamado aún la atención de tan importante organismo como el UNODC, a pesar del efecto destructivo en un importante sector juvenil de los sectores más pobres ya mencionados de la Argentina.
Entre la documentación más importante consultada, el Departamento de Estado de los EE.UU. menciona brevemente la existencia del “paco” en la Argentina, en su edición 2010 del “International Narcotics Control Strategic Report, Vol. I. Drug and Chemical Control”. Como tomando partido a favor de una de las posiciones que existen sobre la composición de esta nociva substancia, el informe menciona “una droga barata, fácilmente disponible y mentalmente debilitante, «Paco», (un derivado de la producción de cocaína), que es consumida en los vecindarios pobres de la Argentina” (sic).
La controversia sobre su composición, que incluye errores como compararlo con la PBC, contrasta con el reconocimiento del alto daño que produce en los sectores más afectados. A las constantes denuncias de la SEDRONAR, la voz del “Equipo de Sacerdotes” se alza por sobre todas las restantes, ya que nadie mejor que ellos, que arriesgan sus vidas en el terreno a toda hora, luchando contra el tráfico y el consumo de esa droga, para denunciar la inmensidad de la grave situación actual.
La “Federación de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA)”, que reúne 47 instituciones del país dedicadas a ese mismo objeto, afirma por su parte que la cantidad de consumidores se quintuplicó en tres años.
También, que ha aumentado sensiblemente el número de menores que buscan atención por su adicción al “paco”.
Resulta imperativo determinar científica y de manera fehaciente la composición química del “paco”, si es que hay una uniforme, lo cual resulta dudoso; sobre todo por la variedad de residuos que integran el compuesto. Asimismo, sus diferencias con la “pasta base”; no sólo para terminar con las interminables discusiones dentro de ministerios, secretarías y organismos del mismo Poder Ejecutivo, sino también para establecer su procedencia y todos los eslabones que integran la cadena de comercialización hasta el consumidor final.
La fórmula del “paco” -discusión interminable-, sugiere para algunas fuentes (abundan las anónimas de calificados médicos toxicólogos y bioquímicos en hospitales públicos) que no tiene vestigios de sulfatos de cocaína como la “pasta base”, ni tampoco hidrocarburos. Siguiendo con este razonamiento y sus conclusiones, afirman otros, resulta probable que el “paco” contenga cocaína alcaloide puro, aunque de muy mala calidad, mezclada con residuos de todo tipo (v. gr. talco, azúcar impalpable, restos de anfetaminas, etc.) y cenizas.
Las dudas que surgen del intríngulis generado en torno a establecer el origen del “paco”, incluyen la existencia -desde ya no comprobada- de intenciones solapadas o razones ocultas, para velar al conocimiento público que esta droga es un producto fabricado en nuestro país. Vale decir, una substancia que sería la “basura” (es difícil encontrar otra palabra) obtenida durante el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, en territorio argentino, a partir de la “pasta base”. Su bajísimo precio final al consumidor sugeriría al menos prima facie que no hay agregados costos de traslado desde, por ejemplo, países limítrofes. Si esto último resultara cierto, implicaría claramente un flagrante ocultamiento sobre el verdadero índice del crecimiento de la elaboración del clorhidrato de cocaína en la Argentina. Revelaría además la existencia de “zonas liberadas” para permitir una amplia libertad de acción al narcotráfico y no ya exclusivamente a las redes de distribución de drogas ilegales y puestos de venta al por mayor y al menudeo en todo el territorio nacional, sino también en procesos vinculados a la producción local de estupefacientes.
El problema más grave lo tienen los consumidores, los adictos más comprometidos y no pocos pacientes en estado terminal o muy baja probabilidad de recuperación, que no conocen ni están en condiciones de distinguir si consumen “paco” o “pasta base”. Duda que ellos o sus familiares trasladan a los profesionales médicos que los atienden y de ahí la bajísima calidad de los datos estadísticos.
Pero, en definitiva y más allá de todos los aspectos abordados hasta esta parte del trabajo, lo que surge claramente son las tendencias crecientes en la Argentina, en todo el fenómeno multifacético y multidimensional que concierne al pútrido negocio del narcotráfico y a todos sus delitos conexos y derivados.
EL “CARTEL” DE LA GRAN ALDEA DEL NARCOTRÁFICO ARGENTINO
El título del presente trabajo y de esta sección afirma de manera explícita -utilizando ciertas licencias académicas sobre lo que realmente es un “cartel”-, que el negocio del narcotráfico y toda la gama de delitos que de él emanan o lo acompañan, está gobernado por una red criminosa doméstica que ningún gobierno ha intentado seriamente perforar y neutralizar durante las últimas décadas.
La historia de la relación entre función pública y actividades criminales se remonta a los primeros años del siglo pasado, aunque el tipo y magnitud de negocios haya cambiado y evolucionado. Sobre todo, a partir del surgimiento del narcotráfico y su expansión en la región y en nuestro país.
A partir de ese momento, fue construyéndose el tejido criminoso que ha contaminado progresivamente las principales estructuras del poder político del país, a lo largo de todo el territorio nacional.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo y como este autor mencionó en numerosos documentos y reportajes, tuvo entre los más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos desde comienzos del siglo pasado-, a los beneficiarios del dividendo de delitos como la “trata de blancas” y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas.
El reparto del botín incluía también paralelamente a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de mantener en secreto las actividades criminales de las cuales hacían usufructo los políticos de turno, miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.
Las otras provincias del país no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo a su vez al de la ciudad de Buenos Aires.
Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos. Permanecían sí las llamadas “líneas”, que aseguraban (y siguen haciéndolo) la continuidad de los negocios dentro de los escalafones de la función pública, pero esta vez a beneficio de sus nuevos jefes.
Pero existe una gran diferencia entre la situación mencionada a lo largo del siglo pasado desde sus comienzos y las décadas siguientes con los tiempos actuales. El cuadro actual está representado por la irrupción y desarrollo a nivel global, internacional y regional de los riesgos y amenazas representados principalmente por el terrorismo religioso y secular, criminal y/o político según el modelo, pero alimentado en casi todos los casos por el crimen organizado transnacional liderado por el narcotráfico. Además, crecen rápidamente los procesos de convergencia entre la criminalidad organizada con fines basados exclusivamente en la lógica del lucro, con las formaciones terroristas que tienen como base principal la lógica política. Y, como si fuera poco, intersectando sus agendas con las de gobiernos patrocinadores del terrorismo y/o cómplices o beneficiarios del negocio del narcotráfico, situación que suele estar impregnada por redes criminales asociadas casi siempre a altos niveles de corrupción de sus instituciones. Si hay un ejemplo bastante aproximado de todo esto, bastaría con mencionar a Corea del Norte, país que hace uso hasta de sus derechos soberanos para desarrollar actividades clandestinas de carácter criminal.
La Argentina es actualmente y desde hace mucho tiempo lo que la tipología define como un “Estado regulador del narcotráfico”, tal vez al estilo del México preexistente a la caída del régimen encabezado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El capítulo argentino en lo que a la existencia del “Estado regulador” se refiere, sólo puede describirse en términos generales, más por los efectos visibles del narcotráfico para uso doméstico y la drogodependencia que este genera, que en un diagnóstico fidedigno independiente que jamás se ha realizado.
Podría tal vez replicarse en la Argentina lo que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto a la luz pública por el hoy conocido como “modelo de Thomas Schelling” sobre el crimen organizado en los EE.UU. El ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, llegó a la conclusión décadas atrás de que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar al “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos de su país, que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados y que facilitaron y/o protegieron las acciones criminales de las mafias estadounidenses.
Mencionado ese aspecto central del modelo de Thomas Schelling, el concepto descripto podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en la Argentina.
Desde luego, haría falta un esfuerzo titánico, encarado por un equipo interdisciplinario independiente del poder político y de los gobiernos de turno, para preparar un diagnóstico sobre el grado de infiltración de las instituciones estatales y de todos los sectores del país, por parte del crimen organizado vernáculo y transnacional.
Cualquier modelo sustitutivo del “Estado regulador” debería estudiar y analizar la experiencia del modelo mexicano que, al derrumbarse y fracturarse, causó la guerra brutal que se desarrolla en la actualidad; más allá de que la Argentina sea un país geográficamente distante del principal mercado mundial de las drogas ilegales, como es EE.UU.
De cualquier manera, el “Estado regulador” del narcotráfico pudo surgir en la Argentina como resultado de la desaparición de aquella dirigencia que integraba sus instituciones, sin mantener compromisos con intereses vinculados a esta flagrante actividad criminal. Esta elite fue lenta pero inexorablemente reemplazada por un sistema encabezado o permitido por quienes reciben un usufructo directo de los negocios ilegales, sea por su carácter de infiltrados, por corruptos, o bien por temor, ignorancia culposa, etc. Son estos elementos contaminados y contaminantes el principal muro que impide el estudio y adopción de las políticas de Estado necesarias para modificar el cuadro de situación actual. Cualquier política de Estado y la estrategia nacional que contemple en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, deben perentoriamente incluir las medidas necesarias para que la caída del “Estado regulador” no deje espacios vacíos sin controlar. Espacios que, como en México, dieron lugar a la guerra que libran organizaciones criminales extranjeras o locales por la conquista del negocio del narcotráfico luego del vacío que ocasionó, entre otras causas, el derrumbe institucional del PRI.
De cualquiera, cualquier intento serio para desmontar el “Estado regulador” del narcotráfico en la Argentina, podría cobrar numerosas vidas de funcionarios públicos, personal de las fuerzas policiales y de seguridad, periodistas, de instituciones privadas e individuos que decidan encarar tan sensible y peligrosa tarea.
Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta ahora ni por las más grandes organizaciones criminales internacionales, como las italianas, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.
El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.
Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que parecen alentar -desde los antros de la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina llegue a parecerse a modelos de países en que la violencia relacionada con el narcotráfico está a la orden del día.
La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc.
El negocio de la efedrina que conecta a firmas y ciudadanos argentinos con organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del gran iceberg” de la corrupción imperante en la Argentina. En suma, la misma que facilita el tráfico de alcaloides, de personas, el comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; la clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; la defraudación y estafas a obras sociales y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.
Los jueces intervinientes en las causas en curso que se tramitan en la Justicia argentina sobre los delitos mencionados, tienen en sus manos la oportunidad histórica de iniciar en la Argentina una serie de procesos al estilo “manos limpias”, tal como ocurrió en Italia hace años contra la mafia de ese país. Investigaciones judiciales que permitan combatir frontalmente y conjuntamente toda forma de crimen organizado y al sistema corrupto que lo protege en esferas de los poderes e instituciones estatales y provinciales.
El sideral volumen de dinero ilegal generado por el tráfico de drogas, de armas, de personas y de otros delitos altamente complejos asociados o no con estas actividades criminales, constituye asimismo una herramienta para corromper a los Estados y debilitar a sus sociedades. La situación se agrava gracias a la carencia de una respuesta global e internacional adecuada y debidamente coordinada, que cuente además con un plexo legal -tanto mundial como propio de cada país en particular-, que permita perseguir, encausar y castigar debidamente a las organizaciones delictivas y a sus integrantes.
La República Argentina enfrenta actualmente muchos riesgos y amenazas, al igual que otros países del continente, incluyendo a los EE.UU., que por el momento son parte del problema más que de la solución a las amenazas relacionadas con el narcotráfico y la violencia criminal que este genera.
Deberían sinceramente preocupar en la Argentina signos propios -aunque en una etapa primigenia-, de las guerras que se libran en países como México y Colombia, pero no solamente entre las organizaciones criminales y las fuerzas militares y de la ley de ambos países. También, entre los cientos de organizaciones (mal llamadas “carteles”, ya que carecen actualmente de las cualidades de tales) que luchan sangrientamente, sobre todo en México, para apoderarse de los territorios y corredores que conducen al apreciado mercado de las drogas ilegales que son los EE.UU.
Pero lo verdaderamente importante, es que quienes se benefician gracias a la corrupción dentro de un “Estado regulador” del narcotráfico, jamás podrán tener otro objetivo que defender el modelo existente.
La corrupción puede provocar al organismo social de un país un daño equivalente a la salud de un ser humano afectado por el SIDA. No lo mata directamente, pero abre camino a todo tipo de infecciones que pueden acabar con su propia existencia. Hay Estados ya fallidos, cuya supervivencia depende de un tratamiento urgente y exhaustivo de los males que carcomen su vida institucional, que ponen en peligro la continuidad histórica del país aquejado.
A la carencia de un basamento legal unificado se suma en la Argentina la irrupción de doctrinas penales constructivistas y abolicionistas, cuya influencia en ciertos estrados judiciales ha causado que muchos ciudadanos estén prisioneros dentro de sus casas enrejadas cuál cárceles, mientras la delincuencia se adueña lenta pero inexorablemente de las calles.
Si bien se realizan periódicamente en el país procedimientos exitosos, que culminan con secuestros de grandes cantidades de narcóticos y la detención de criminales vinculados a esta actividad, se trata por lo general -la excepción confirma la regla- de cargamentos destinados a mercados del exterior.
No hay mayores registros de allanamiento y secuestros de las drogas que se expenden fácilmente y hasta se consumen en todo tipo de lugares públicos, gracias sin duda a la protección que reciben a lo largo y a lo ancho de la inmensa red de protección que cobija a la narcocriminalidad.
El Gobierno Argentino, que mantiene en su seno posiciones contradictorias -como en el caso del contencioso histórico entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Nación y la SEDRONAR-, debería tener asimismo muy presente las exigencias y recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales.
Las autoridades de nuestro país deberían contribuir más activamente con el interés del Consejo de Seguridad de la ONU, que alienta a los Estados Miembros a aumentar su cooperación para reforzar la fiscalización de estupefacientes y poner así freno a la circulación de las drogas. Esto incluye cooperar en el manejo de la seguridad en las fronteras, destacándose la necesidad de adoptar medidas perentorias -con el apoyo de los agentes internacionales pertinentes-, para luchar contra la clarificación de las ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sus precursores.
Sería realmente también de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar no sólo el contrabando de narcóticos, estimulantes y precursores hacia el exterior, sino también el consumo de drogas en la Argentina, a menos que se quiera convertir al país en una réplica de otros en que la narcoviolencia parece imperar sobre las fuerzas del orden.
Lamentablemente y a la luz de lo que puede observarse cotidianamente, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico cuenta con baja probabilidad de ocurrencia; por la carencia de una estrategia nacional y de un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico; y también porque en este país el drama se amplifica gracias a que los grandes “padrinos” de este tenebroso negocio están históricamente enquistados y/o amparados en y por los más altos niveles del Estado Nacional.
En definitiva, un “Estado regulador”, dominado por el “Cartel de la Gran Aldea” del narcotráfico argentino.
20-1-11
