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domingo, 24 de mayo de 2026

ANÁLISIS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO


Pretendemos, a modo de homenaje al 25 de Mayo, resumir las enseñanzas sobre este tema de historiadores confiables, como Roberto Marfany, Federico Ibarguren y Díaz Araujo. Un tema que requiere ser esclarecido como guía para el presente, puesto que las transformaciones sociales con legitimidad histórica siempre se rigen por sus antecedentes; así, cada generación recibe los elementos fundamentales de la que procede, y no obra a saltos o por improvisación.

 

El cambio de gobierno fue, sin duda, pensado con responsabilidad, eligiendo los medios idóneos con que realizarlo, y las posibilidades futuras de subsistencia ante la transformación producida por el dominio de Napoleón en Europa y particularmente en España.

 

En primer lugar, es necesario saber que aquellos antepasados nuestros tenían conciencia de que formaban parte de un imperio que comprendía diversos países distribuidos por todo el globo, pero que fundamentalmente formaban parte de la nación española.

 

Por falta de comprensión y ubicación en el plano mental, social y político de los hombres de 1810, muchas veces se han interpretado erróneamente las causas y fines de aquel gran acontecimiento, que ha sido conocido -por falta de perspectiva- solamente en su aspecto formal, pero no en sus fines. Por ese error interpretativo se ha dicho que la Revolución de Mayo fue un movimiento político de oposición a la monarquía española y a España, con la finalidad de crear un gobierno independiente y democrático.

Ninguna de esas opiniones concuerda con la realidad. En 1810, Buenos Aires era una aldea de 60.000 habitantes, situada en el confín del inmenso mundo imperial, pero con suficiente energía como para afrontar una empresa política muy superior a su poder material. Había cualidades, sin duda, en aquellos hombres; un sentido de destino colectivo que nosotros no conservamos con el mismo vigor. Nuestros antepasados dejaron testimonio de grandeza cuando, derrochando heroísmo, enfrentaron y derrotaron la primera y segunda invasión inglesa.

También lo tuvieron para declarar la Independencia, para extender la guerra por Sudamérica, etcétera. De esas cúspides hemos ido descendiendo hasta perder el sentimiento patriótico que tenían nuestros mayores.

 

Nuestra Revolución de Mayo es producto legítimo del espíritu español. En España, pongamos por caso, entra el ejército de Napoleón y ocupa Madrid ante el asombro, la confusión y la indignación de sus habitantes. En esas circunstancias trágicas en que se paraliza la reacción, el alcalde de Móstoles, una pequeña aldea cercana a Madrid, declara públicamente la guerra a Napoleón y enciende la hoguera con poco más de un centenar de hombres armados con escopetas, horquillas y agujas de coser colchones. Entre nosotros sucede algo parecido. Buenos Aires, una aldea del Imperio español, se yergue contra el inmenso poder de Napoleón. La desproporción es asombrosa.

La Revolución, no se hace contra el rey ni contra la España Imperial, sino contra Napoleón, a quien llaman «tirano», y contra la ideología y los hechos de la Revolución Francesa.

La interpretación de que en 1810 se produce un cambio total de valores se aplicaría también al problema de la libertad. Los teólogos y juristas españoles dicen que el hombre nunca pierde la libertad, aunque quisiera, porque la libertad está implícita en la naturaleza humana. Así, nuestros antepasados no podían ni querían transformar los principios originarios y fundamentales de su comunidad, que tenía una antigüedad de tres siglos, para jugarla en una aventura política de alcances imprevisibles.

 

La prueba de que respetaron esa estructura es el hecho de que la Junta de Gobierno, que llamamos Junta Patria, gobernó, según propias palabras, «a nombre de Fernando VII». Esa adhesión a Fernando, que era el centro del Imperio y su forma de gobierno, continuaba la tradición histórica.

 

 No es fácil que entendamos esa proyección histórica, porque no tenemos conducta histórica. Estamos acostumbrados a la rotación de los hombres de gobierno en períodos breves, sin que exista entre ellos el mismo concepto de ideales nacionales, y por eso cambiamos de dirección continuamente, sin que tengamos una tabla de valores esenciales que debamos cumplir inexorablemente.

 

En 1810, por el contrario, había una idea clara de continuidad. Por eso, la adhesión a Fernando VII no es el acatamiento a su persona, sino que se trata de mantener en él, la unidad del Imperio dentro del sistema político y social que le daba subsistencia.

 

La Revolución de Mayo promueve el cambio del gobierno local, la destitución del virrey, no para suplantar a la monarquía, a la cual se jura fidelidad sincera. No fue una «máscara», como han interpretado con evidente error la mayor parte de nuestros historiadores, que confundieron los fines de la Revolución-.

La misma Junta -«a nombre de Fernando VII»-, en diversos comunicados que en su mayoría se publicaron en «La Gaceta», proclama fidelidad al monarca español cautivo de Napoleón. La Junta es una especie de regencia del rey en el Río de la Plata, sustitutiva del virrey, que asume la soberanía del rey, llamado también soberano, y no la soberanía del pueblo. Esta solución no era improvisada; tenía realidad jurídica y doctrinaria.

 

Las obras jurídicas españolas que en esa época usaban los abogados de América reconocen el derecho de que, faltando el rey, la potestad vuelve a la comunidad, que suple la vacancia.

Esto es lo que motivó a los hombres de Mayo de 1810 en Buenos Aires: establecer un gobierno para cubrir la acefalía producida por la caída del gobierno español de la península. Los acontecimientos posteriores, incluida la actitud ambigua de Fernando que perjudica a las provincias americanas, fueron conduciendo a las autoridades locales a la decisión de defender los intereses propios y lograr, finalmente, la Independencia de toda otra dominación extranjera.

 

Designado Presidente de la Junta, don Cornelio Saavedra, éste, hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar legalmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro soberano el Señor Don Fernando Séptimo y sus legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del Reino.

 

El alzamiento antibonapartista en la España de 1808, produjo la reaparición del antiguo espíritu medieval feudalista y municipal que enfrentó al liberalismo que traían los ejércitos del Corso.

Perfecta comprensión del acontecimiento de la Patria Grande lo mostró don Juan Manuel de Rosas en meditado discurso ante el Cuerpo Diplomático el 25 de mayo de 1836.

“Qué grande, señores, debe ser para todo argentino este día consagrado por la Nación para festejar el primer acto de soberanía… Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y dignidad sin ejemplo.

No para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas. No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en actitud de auxiliarlos.

Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo celebrado en esta Ciudad el 22 de mayo de 1810, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honra eterna del gran pueblo porteño.”

 

Refiriéndose a esta alocución escribió Don Julio Irazusta: “Ella concilia el hecho de la emancipación con el lealismo imperial y monárquico de nuestro primer gobierno autónomo y salva la dignidad nacional de la tacha de perfidia colectiva…”

 

El enfrentamiento llegó luego del 24 de septiembre de 1810, cuando la masónica Asamblea de Cádiz desdeñó el federalismo natural de Reinos y Provincias, basado en la comunidad de sangre y Fe para instaurar un inmenso Estado centralizado según el modelo de la subversión francesa. Fue el momento en que José de San Martín se incorporó a la lucha de América.

 

Fidelidad ya exhibida con altivez en las reuniones de Montevideo y Buenos Aires de agosto de 1806 y febrero de 1807, cuando Liniers fuera proclamado Jefe Militar y luego Virrey. Se daba por entonces el primer fracaso de Gran Bretaña en su intento de destruir el Imperio Hispano Católico transformando sus atomizados restos en dependencias financieras londinenses. Para entender el alcance que le daban a los sucesos de mayo, los habitantes de Buenos Aires, bastaría con leer la Canción Patriótica publicada en La Gaceta el 28 de octubre de 1810:

 

No es la libertad

Que en Francia tuvieron

Crueles regicidas

Vasallos perversos

Allí la anarquía

Extendió su imperio

Lo que en nosotros

Natural derecho

El mismo derecho

Que tiene la España

De elegir gobierno

Si aquella se pierde

Por algún evento

No hemos de seguir

La suerte de aquellos.

 

Así como resulta clara y justificada la decisión de formar un gobierno propio, la implementación originó confusiones e injusticias. Es oportuno recordar, por ejemplo, la injusta muerte de Liniers, héroe de la patria, sin cuya acción liderando el triunfo sobre las fuerzas inglesas, hoy seríamos una colonia y no hablaríamos en castellano.

 

Cuando Liniers cesa en el cargo de Virrey, elige radicarse en Córdoba.

A los pocos días del 25 de mayo de 1810, la noticia de lo ocurrido motivó que en Córdoba comenzaran a reunirse personas expectables en la casa del gobernador Gutiérrez de la Concha, para analizar la situación; en dichas reuniones prevaleció la decisión de resistir a las nuevas autoridades, pues no habían consultado al interior.

la Junta fue drástica: “que sean arcabuceados … en el momento que todos o cada uno de ellos sean pillados, sean cuales fueren las circunstancias se ejecutará esta resolución sin dar lugar a minutos que proporcionasen ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden”.

 

Afirma José María Rosa que esta fue la primera manifestación de la política de lograr la revolución por la fuerza y no por el apoyo popular, tendencia expresada en el Plan de operaciones cuya redacción fue encargada a Moreno, el 18 de julio; en efecto, el día 28 convenció a los demás miembros de la Junta, el fusilamiento de Liniers.

Cuesta entender, dice el P. Furlong, “que hombres que decían sostener los derechos de Fernando VII fusilaran a otros precisamente porque sostenían los derechos de Fernando VII”. Destaca, asimismo, Ortega la paradoja de que “los abogados –Moreno y Castelli- factores decisivos en la ejecución de Liniers, no procedieron en tal emergencia de acuerdo a derecho, pues aquél fue fusilado sin formación de causa ni sentencia legal”.

Algo parecido afirma Vicente Sierra: “Es indudable que la Junta se arrogó funciones judiciales que ningún funcionario del antiguo régimen tenía, al condenar sin forma alguna de juicio previo”.

 

Se ha sostenido que el prestigio que mantenía Liniers hizo que se tomara esta drástica decisión. Si se resolvía que fuera embarcado y trasladado a España, como a Cisneros, implicaba el riesgo de que continuara actuando desde Montevideo. La prisión en Buenos Aires, tampoco estaba exenta de riesgos, pues las tropas podrían liberarlo.

 

El doctor Juan José Castelli arribó a Cruz Alta, el 26 de agosto. Disponía de un pelotón de cincuenta fusileros, todos ellos ingleses que había quedado después de las invasiones, detalle también previsto por Moreno para evitar eventuales escenas de patetismo por parte de la tropa.

Se dirigió el contingente al monte llamado de los Papagayos o Chañarcito de los Loros, a dos leguas de la posta Cabeza de Tigre.

 

Castelli hizo la notificación a los condenados de que la ejecución se cumpliría de inmediato; concediéndoles cuatro horas para prepararse. Liniers pidió al obispo que le sacara el rosario, con el que rezó, preparándose para la confesión.

 

A las tres de la tarde, se formó el pelotón dirigido por Balcarce; luego de la descarga, Liniers y Gutiérrez quedaron sólo heridos, correspondiéndole al coronel French ultimarlos con revólver; era el mismo oficial que unas semanas antes estuvo repartiendo escarapelas frente al Cabildo.

 

 

Ojalá que, conociendo la versión correcta del pasado nacional, en un futuro próximo, podamos los argentinos encontrar la ruta que se engarce con el pasado forjado por los héroes que lograron la independencia de la Patria.

Mario Meneghini

 

 

Fuentes:

*Roberto Marfany y Federico Ibarguren, La Revolución de Mayo, en AA. VV., «Historia Argentina», Editorial de Belgrano, 1977, Buenos Aires, pp. 11-16.

Mayo de 1810: actas del Cabildo de Buenos Aires/recopilado por Isidoro Ruiz Moreno. Buenos Aires, 2009.

Luis Alfredo Andregnette Capurro. El verdadero Mayo; Cabildo digital, 1 de junio de 2007

Enrique Díaz Araujo. “Mayo Revisado”, T. I, Santiago Apóstol, 2005.

 

martes, 24 de marzo de 2026

24 DE MARZO


 vivir para contarlo, con un sentido de verdad y justicia histórica

 

Claudia Peiró

Infobae, 24 Mar, 2026

 

A 50 años del Golpe, en algo siguen coincidiendo izquierda y derecha, guerrilla y militares: culpar de todo a Isabel Perón. El tiempo facilita esta operación. La distancia, el que muchos argentinos de hoy no hayan vivido la dictadura, habilita una simplificación de lo sucedido y un binarismo —hubo un bando bueno y un bando malo— que permite a muchos protagonistas o testigos impávidos de los hechos disimular sus responsabilidades.


La excepcionalidad de la represión, los horrores vividos de los que tantas víctimas han dado testimonio, no deben ser excusa para eludir otras responsabilidades en los hechos que llevaron al quiebre institucional. Los sobrevivientes de aquella experiencia tenemos antes que nada un compromiso con la verdad.


El 17 de mayo de 1976, poco después del golpe, el ejército allanó nuestra casa en Resistencia, Chaco, y me llevó detenida por mi militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios. Mi padre, pastor protestante, apeló a sus colegas en Estados Unidos. Varios pastores le escribieron personalmente a Henry Kissinger, hombre fuerte de la gestión de Richard Nixon primero y luego de Gerald Ford.


En 2016, por una desclasificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos supe que el 22 de noviembre de 1976 Kissinger, entonces Secretario de Estado, había enviado un telegrama a su embajada en Buenos Aires: “El Departamento ha recibido pedidos de información sobre el arresto de Claudia Inés Peiró (...) en Resistencia, Argentina, el 17 de mayo. En la primera semana, sus padres pudieron verla, pero desde entonces no han podido tener ningún contacto con ella. Ms. Peiró fue supuestamente transferida a la prisión de la Alcaidía el 2 de junio. No se conocen los cargos contra Ms. Peiró”.

Firmado: “Kissinger”.


Tal vez fue uno de los últimos telegramas que firmó, puesto que ya había otro presidente electo, James Carter, que debía asumir el 20 de enero de 1977.

El 21 de mayo de 1977 fui llevada desde la cárcel de Devoto a Ezeiza para dejar el país. Sólo pude regresar a Argentina cuando se levantó el estado de sitio, en octubre de 1983.

La singularidad de estos hechos, frutos de la Providencia y no de méritos personales, representó siempre para mí una responsabilidad.


Haber sobrevivido a esa hecatombe determina antes que nada deberes. Un deber de verdad en primer lugar. Y de homenaje, pero no de flores, lápidas, marchas y vestiduras rasgadas (“Deja que los muertos entierren a sus muertos”, le dijo Jesús a uno de sus discípulos), sino de trabajar para construir esa sociedad mejor, ese país más justo y soberano que sería el único homenaje real para el sacrificio de tantos compatriotas.


En la Argentina hay mucho de lo primero y poco de lo segundo. En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas. El país es más injusto y desigual que el de aquellos años, la unidad nacional es una quimera, el pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido.


Y la supuesta verdad completa que hoy se quiere promover en realidad es revancha. Un negacionismo que se opone a otro.

Al negacionismo de la represión ilegal se suma el de los ataques de la guerrilla durante el gobierno constitucional


Porque hemos tenido, tenemos, negacionismo de ambos lados: muchos de los que se indignan ante el intento de unos de minimizar el drama de los secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones clandestinas son a su vez promotores de un discurso buenista que niega el hecho de que el grueso del accionar armado de la guerrilla —los atentados más espectaculares, asaltos a cuarteles y asesinatos a sangre fría de adversarios políticos— tuvo lugar en democracia, durante el período constitucional 1973-76, cuando las organizaciones armadas decidieron no deponer las armas y declararle la guerra al gobierno legal y legítimo, contribuyendo así al caos y la violencia que sirvieron de argumento al Golpe.


Niegan que el objetivo de esas organizaciones no era la democracia de partidos por la que hoy todos juran sino un socialismo autoritario a la cubana, idealizado en aquellos años, que se impondría además vía lucha armada, es decir, por la fuerza.

Por mucho que se hable de Memoria con mayúscula, el paso del tiempo, ha traído, al amparo de la conveniencia política, un olvido selectivo y una tremenda simplificación de los hechos; una simplificación que nubla la verdad.


Año a año, los mismos sectores que contribuyeron a la caída del gobierno constitucional —pasando a la clandestinidad y declarándole la guerra— se reúnen para condenar el golpe, sin mencionar a la presidente derrocada, lo que es signo de que, en 1976, todos ellos aprobaban su destitución. Hoy son republicanos, democráticos y derechohumanistas, pero en el pasado fueron tan golpistas como los que derrocaron al gobierno constitucional. Mientras que para éstos era la ocasión para imponer -a sangre y fuego- el orden en lo interno y la entrega económica en lo externo, para la izquierda armada era algo funcional a su estrategia de que “cuanto peor, mejor”. La presencia de un gobierno constitucional “confundía” a las masas y frenaba su necesaria radicalización. Finalmente, los políticos, de casi todo el arco, pensaban que los militares tomarían el poder para entregárselo a ellos, y se des-solidarizaron de la suerte de la gestión.


En su “Historia de la Confederación Argentina”, Adolfo Saldías habla de “la generación argentina” (post-rosista) que cediendo “naturalmente al sentimiento egoísta de toda sociedad que graves culpas tiene ante el porvenir y ante la historia, se escuda tras el culpable que presenta a la execración del presente”. Y agrega que la sociedad “necesita arrojar siempre sobre alguno la responsabilidad de sus faltas. Cuanto mayor es el remordimiento que experimente, mejor dispuesta se encuentra a buscar el culpable que por ella haga penitencia; y cuando le ha castigado bastante, se acuerda el perdón a sí misma y se congratula de su inocencia”.


Es la mejor definición que he leído de cómo ha procesado la Argentina esos años. Hoy vemos a represores y guerrilleros esconderse tras las faldas de Isabel y congratularse por su supuesta inocencia. Mario Eduardo Firmenich —jefe de una organización que le declaró la guerra al gobierno— se presentó a testificar contra la viuda de Perón en el año 2004, ante un tribunal español.


Eso explica la urticaria con la cual de ambos lados recibieron el gesto de Victoria Villarruel de visitar a Isabel Perón en Madrid y luego sus palabras al inaugurar un busto de la ex Presidente en el Senado, referidas a “aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la desterró”.

El gesto conciliador de Villarruel hacia la presidente derrocada en 1976 —doblemente significativo por venir de alguien que no es de su entorno sino lo opuesto— incomodó, porque vino a desmontar el relato de corrientes supuestamente antagónicas pero que coinciden en eximirse de culpas pasadas mediante el cómodo recurso de “buscar el culpable que por ellos haga penitencia”.

Las acusaciones contra Isabel se repitieron en espejo de izquierda a derecha. Con la misma desmesura. “Plantó el terrorismo de Estado en la Argentina”; “es responsable del baño de sangre que vivió el país en los años 70″; “no estaba capacitada para gobernar”; “su gobierno fue caótico”; “la economía se descontroló”; etcétera, etcétera.

¿Isabel Perón era una presidente débil al punto que todos justificaban su derrocamiento, o era tan poderosa como para culparla de absolutamente todo lo que ocurría? Cabe la pregunta porque ambos argumentos están en boca de los mismos voceros.


Algunos empiezan tímidamente a admitir que soportó con dignidad su suerte. Que rechazó salidas que le hubieran ahorrado años de cárcel. Isabel obligó a los militares a derrocarla, para que quedara claro que se colocaban en la ilegalidad, que su gesto no tenía la menor legitimidad.

A diferencia de muchos —y muchas— que se victimizan por todo y por nada, ella nunca se lamentó por su suerte. Hubo quien criticó que el Congreso, en 1984, en tiempos de Raúl Alfonsín, haya sancionado una ley que declaró inválidos los juicios que sufrió durante el Proceso. Con tal de criticar a Isabel, son capaces de darle la derecha a la dictadura.


Para esta maniobra colectiva de congratulación de inocencia se busca asimilar a Isabel Perón con la represión ilegal y con un gobierno de facto que la secuestró en la madrugada del golpe y la mantuvo presa durante cinco años.


Los seguidores de Alfonsín deberían recordar que “el padre de la democracia”, como gustan llamarlo, así lo reconoció cuando promovió la Ley 23062 de “reparación histórica” que quitó “validez jurídica” al “juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales” por parte del gobierno de facto.

Los “demócratas” de hoy, en cambio, avalan el juicio de la dictadura sobre Isabel.


Si su gestión fue la precuela de la represión ilegal, como pretenden algunos, si ella instauró el terrorismo de Estado, ¿para qué derrocarla? ¿Por qué mantenerla presa luego durante el mayor período de encarcelamiento de un presidente en toda la historia? El gobierno de Isabel fue un desastre y no tenía apoyo popular, afirman. Pero la realidad es que los militares dieron el golpe porque sabían que el peronismo ganaría las elecciones cuya fecha había sido adelantada por Isabel para septiembre de ese año.


En el libro Disposición Final, Ceferino Reato transcribe la explicación de Jorge Rafael Videla sobre el motivo del calvario de Isabel: “La Señora llevaba el apellido de Perón y estando libre podía movilizar voluntades políticas y gremiales contra el gobierno militar. Por eso permaneció presa e incomunicada durante seis años”.

En 2007, llevando al paroxismo esta maniobra de escudarse tras un culpable, el kirchnerismo habilitó una nueva persecución contra la viuda de Perón, pidiendo a España su extradición. “En aquel momento, el propio fiscal Julio Strassera calificó de mamarracho jurídico a las causas contra Isabel promovidas por los jueces Norberto Oyarbide y Raúl Acosta por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad”, decía Diego Mazzieri, biógrafo de Isabel Perón, en una entrevista con Infobae.


Es francamente desalentador ver que tantos testigos de aquellos tiempos se hacen los distraídos respecto de la época en la que le tocó gobernar a Isabel Perón. Cuando con soberbia injustificada afirman que ella no estaba capacitada para gobernar, olvidan ese contexto y, sobre todo, la defección de muchos de sus colaboradores y la traición de otros tantos. El golpe de Estado se empezó a gestar prácticamente el mismo día que Isabel asumió. Las fuerzas armadas de entonces eran un poder en sí mismas, además de actuar en un contexto geopolítico que legitimaba el recurso al golpe y a los gobiernos de facto. Un poder reforzado por el reconocimiento de tantos políticos que buscaban un palenque uniformado en el cual rascarse.


“La Triple A funcionó desde los servicios de las Fuerzas Armadas y fue una cosa ajena a las estructuras partidarias oficiales del gobierno”, afirmó en su momento Antonio Cafiero.

Isabel Perón, en cambio, ha optado por no defenderse. Muchos pretenden desconocer que callar suele exigir más templanza que replicar. Más aun considerando que ni siquiera los dirigentes de su mismo movimiento la defienden.

“Las Fuerzas Armadas eran los autores de la llamada Triple A”, afirma Mazzieri que cita al ex montonero Gonzalo Chávez: “José López Rega nunca fue el máximo jefe de la Triple A”; para él, esa organización “siempre estuvo bajo el control operacional de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.


Otro hecho no menor que se suele omitir malintencionadamente es que, a la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, María Estela Martínez presentó la renuncia con la idea de ceder a otra persona la responsabilidad del gobierno. Se la rechazaron los miembros del gabinete, las Fuerzas Armadas y los principales referentes de la oposición con el radical Ricardo Balbín a la cabeza.

Pero apenas juró como primera mandataria, desde todos los sectores se lanzaron al asalto de su gobierno. Hoy esos mismos sostienen que ella no estaba preparada para gobernar. ¿Quién lo hubiera estado, además, con atentados a diario, con la defección de muchos colaboradores y un ataque en regla desde el interior mismo del movimiento: los Montoneros, el llamado Grupo de Trabajo, los empresarios y algunos sindicatos cuya consigna era “romper el Pacto Social”?


Del mismo modo que convergen hoy en cuestionar a Isabel, coincidían entonces ultraderecha y ultraizquierda en sabotear al gobierno constitucional. Se puede conceder que no imaginaban en aquel tiempo la dimensión que tomaría la represión, pero es inadmisible que persistan hoy en ese relato.


En El mito del eterno fracaso (1985) José Pablo Feinmann, filósofo de culto del kirchnerismo, escribió: “El gobierno no fue feliz. Hubo desaciertos (…). No obstante, estorbaba. Era la Presidente Constitucional de los argentinos. Durante sus dos últimos meses de gobierno casi no cometió errores. Por eso la echaron. Acababa de convocar a elecciones. Le cedía espacio a los partidos opositores. Dialogaba con ellos. Comenzaba lentamente a ser Isabel Martínez de Perón. No le dieron tiempo. La voltearon –y la ultraizquierda ayudó mucho en la tarea (...) Se la llevaron en un helicóptero. La sometieron a largos años de cárcel que sobrellevó con dignidad. Una vez libre, se llevó del cautiverio el silencio y lo transformó en su herramienta política”.


¿Y las feministas? Para Isabel Perón, sororidad cero. Ni una palabra sobre los ataques contra la primera mujer presidente de la Argentina y del mundo.

En 2019, algunas diputadas, muy empoderadas ellas, reformaron la ley de Protección Integral a las Mujeres para ampliar la definición de violencia incluyendo la violencia política, definida como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer…” etc. etc.


El despropósito es total. Este artículo solo sirve para que cada vez que tienen un cruce con algún colega varón lo acusen de machista, como hacía constantemente una feminista que llegó a la vicepresidencia de la Cámara. Las mujeres, ¿somos fuertes o débiles? En todo caso, éstas degradan al género.

Si aludí al comienzo a la gestión de Kissinger es porque los análisis sobre el golpe no incorporan nunca la geopolítica mundial.


Se trata sin dudas de un personaje muy controvertido, de una inteligencia reconocida por todos, con prescindencia de sus propósitos de poder y el rol que jugó en estrategias que con frecuencia se tradujeron en inmenso sufrimiento para los pueblos.

Pero en ese momento, su país giraba hacia una política —la de James Carter— de promoción de los derechos humanos en el mundo, y él jugó el juego.


El ideologismo atenta frecuentemente contra la objetividad. Todo el bloque soviético —incluido Fidel Castro, líder del régimen que la guerrilla argentina tenía como modelo— respaldó la dictadura de Videla y negó rotundamente, en todas las tribunas internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran violando los derechos humanos. Ya que la palabra está de moda: un negacionismo en toda la regla. Un negacionismo que durante los años de más intensidad de la represión frenaba las denuncias de lo que estaba pasando en el país.


En mayo de 2023, Luis Moreno Ocampo lo dijo con todas las letras: “El Partido Comunista (argentino) apoyaba a Videla, porque ellos creían que Videla era el moderado”. Quería fundamentar que no había una motivación ideológica —más allá del discurso— en la Junta gobernante. “Justamente era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y encubría la represión”. Y recordó que, mientras proclamaban estar luchando contra el marxismo, en 1979, “los militares argentinos le dieron una Medalla [N. de la R: la Orden del Libertador San Martin, máxima condecoración que otorga Argentina] a un general soviético que se mandó un speech sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador”.

Estas contradicciones, o incongruencias, deberían ser motivo de reflexión para que los argentinos no volvamos a ser masa de maniobra de políticas ajenas a nuestros intereses, que son las que nos dividieron en el pasado al punto de querer dirimir nuestras diferencias a través de la violencia.

“No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado”, decía también Adolfo Saldías en el libro citado.


El demonio que debemos erradicar no es solo el de la violencia, sino el del sectarismo, el del uso del pasado para minar el presente y el de la desunión nacional que es el verdadero cáncer que impide que la Argentina mire hacia adelante.

50 años han pasado y seguimos enfrascados en juicios. Algunos alucinan con que somos un ejemplo en el mundo. Pero ningún país sigue nuestros pasos. Pueblos que han sufrido traumas mucho mayores que el nuestro —regímenes de apartheid, genocidios, guerras civiles, guerras de exterminio— han cerrado sus heridas y promovido políticas de reconciliación.

 

Y lo han hecho en la comprensión de que la única reparación es construir una sociedad más armónica y justa, y consolidar las instituciones del país —en vez de degradarlas permanentemente— para permitir a la nación una inserción internacional lo más acorde posible con los intereses permanentes del país y no con la ideología o la ventaja de la facción de turno.

miércoles, 18 de marzo de 2026

MEMORIA COMPLETA

 


Informador Público, 17-3-2026

 

Con motivo del próximo feriado dedicado al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, nos interesa analizar brevemente el tema del epígrafe.  La fecha remite al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan "nunca más" y sus autores sean enjuiciados y castigados. (1)

 

En otro video publicado en este canal, afirmamos que no puede avalarse la metodología utilizada para el combate a la subversión que estalló en nuestro país, emprendida por grupos armados con el fin explícito de tomar el poder, para imponer por la fuerza una determinada ideología desde el Estado.

 

La Cámara que juzgó y condenó a los integrantes de las Juntas Militares, afirmó que había existido una guerra. Asimismo, el prólogo del informe oficial de la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-, comienza con la frase: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países.” (2)

 

No puede negarse que la violencia que enlutó al país, fue iniciada por grupos guerrilleros que, sólo desde el 24-3-1976, asesinaron a 711 personas, y por lo tanto el Estado tenía la obligación de actuar contra dichos grupos con el máximo rigor. Por eso debe distinguirse entre la lucha contra la guerrilla, que estuvo legalmente ordenada y moralmente justificada, de los métodos empleados en esa lucha.

 

Las Fuerzas Armadas cumplieron la misión encomendada: aniquilaron el accionar de los grupos subversivos; es decir, lograron un éxito militar. Pero el método elegido para la guerra convirtió a los terroristas en víctimas.

 

Las autoridades estatales aceptaron el argumento perverso de que en una guerra antisubversiva el fin justifica los medios, no pudiendo evitarse acciones que en tiempos normales constituyen delitos. Así lo expresa, con toda claridad, el General Díaz Bessone: “Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios, preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en prepararnos para la guerra, y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la tierra.” (3)

 

Ahora bien, un libro recientemente publicado, de los juristas Palombo, D’amico, y Sinópoli (4), relata la grave distorsión en la aplicación de la ley penal, desde el gobierno del presidente Kirchner, quien condicionó el nombramiento de nuevos miembros de la Corte Suprema: Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, a la aceptación de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

 

Las leyes citadas, fueron un intento del presidente Alfonsín de pacificar el país, enjuiciando únicamente a los integrantes de las Juntas Militares y a los Generales de División. Se privilegió una lógica simbólica sobre los principios de legalidad, cosa juzgada, irretroactividad y proporcionalidad penal. Se realizó una interpretación capciosa de las obligaciones del Estado con la Convención Contra la Tortura y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; dado que el derecho internacional no imponía normas de manera retroactiva.

 

“Se consolidó un peligroso antecedente: el uso del máximo tribunal como instrumento para consolidar políticas públicas sin debate legislativo ni reforma legal previa. Una práctica que desdibuja los límites entre los poderes del Estado y genera incertidumbre normativa y jurídica.”

 

El modelo argentino descripto no ha sido aplicado por otros países que debieron atravesar conflictos similares, como Sudáfrica, Guatemala, El Salvador, Colombia y Chile, que adoptaron sistemas de justicia transicional. Este sistema reconoce el daño causado, pero establece mecanismos institucionales para establecer la verdad, con reparación y, sobre todo, paz social.

 

Para lograr una memoria completa, de esta etapa trágica de nuestra historia, y en momentos en que se sigue juzgando conductas que ya fueron objeto de condena y luego de indultos, como vía de pacificación; es necesario esclarecer cuestiones, como la que hemos tratado en estas reflexiones, para poder evaluar con objetividad, no adoptar decisiones injustas, teñidas de venganza, y tampoco reiterar errores cometidos, avalando metodologías inaceptables.


Mario Meneghini

 

Referencias

1) Wikipedia.

2) CONADEP. “Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas: Nunca Más”; Buenos Aires, Eudeba, 1997, pg. 8.

3) Díaz Bessone, Ramón Genaro. “Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978)”; Buenos Aires, Círculo Militar, 1988, p. 17.

4) Guillermo Palombo, Gabriel D’Amico, Santiago M. Sinópoli. “Breve crítica jurídica al Modelo Argentino de Lesa Humanidad; Lilium, 2025.