vivir para contarlo, con un sentido de verdad
y justicia histórica
Claudia Peiró
Infobae, 24 Mar,
2026
A 50 años del
Golpe, en algo siguen coincidiendo izquierda y derecha, guerrilla y militares:
culpar de todo a Isabel Perón. El tiempo facilita esta operación. La distancia,
el que muchos argentinos de hoy no hayan vivido la dictadura, habilita una
simplificación de lo sucedido y un binarismo —hubo un bando bueno y un bando
malo— que permite a muchos protagonistas o testigos impávidos de los hechos
disimular sus responsabilidades.
La excepcionalidad
de la represión, los horrores vividos de los que tantas víctimas han dado
testimonio, no deben ser excusa para eludir otras responsabilidades en los
hechos que llevaron al quiebre institucional. Los sobrevivientes de aquella
experiencia tenemos antes que nada un compromiso con la verdad.
El 17 de mayo de
1976, poco después del golpe, el ejército allanó nuestra casa en Resistencia,
Chaco, y me llevó detenida por mi militancia en la Unión de Estudiantes
Secundarios. Mi padre, pastor protestante, apeló a sus colegas en Estados
Unidos. Varios pastores le escribieron personalmente a Henry Kissinger, hombre
fuerte de la gestión de Richard Nixon primero y luego de Gerald Ford.
En 2016, por una
desclasificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos supe que el
22 de noviembre de 1976 Kissinger, entonces Secretario de Estado, había enviado
un telegrama a su embajada en Buenos Aires: “El Departamento ha recibido
pedidos de información sobre el arresto de Claudia Inés Peiró (...) en
Resistencia, Argentina, el 17 de mayo. En la primera semana, sus padres
pudieron verla, pero desde entonces no han podido tener ningún contacto con
ella. Ms. Peiró fue supuestamente transferida a la prisión de la Alcaidía el 2
de junio. No se conocen los cargos contra Ms. Peiró”.
Firmado:
“Kissinger”.
Tal vez fue uno de
los últimos telegramas que firmó, puesto que ya había otro presidente electo,
James Carter, que debía asumir el 20 de enero de 1977.
El 21 de mayo de
1977 fui llevada desde la cárcel de Devoto a Ezeiza para dejar el país. Sólo
pude regresar a Argentina cuando se levantó el estado de sitio, en octubre de
1983.
La singularidad de
estos hechos, frutos de la Providencia y no de méritos personales, representó
siempre para mí una responsabilidad.
Haber sobrevivido
a esa hecatombe determina antes que nada deberes. Un deber de verdad en primer
lugar. Y de homenaje, pero no de flores, lápidas, marchas y vestiduras rasgadas
(“Deja que los muertos entierren a sus muertos”, le dijo Jesús a uno de sus
discípulos), sino de trabajar para construir esa sociedad mejor, ese país más
justo y soberano que sería el único homenaje real para el sacrificio de tantos
compatriotas.
En la Argentina
hay mucho de lo primero y poco de lo segundo. En las primeras décadas de este
siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos
cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas. El
país es más injusto y desigual que el de aquellos años, la unidad nacional es
una quimera, el pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como
herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo
buscan sacar partido.
Y la supuesta
verdad completa que hoy se quiere promover en realidad es revancha. Un
negacionismo que se opone a otro.
Al negacionismo de
la represión ilegal se suma el de los ataques de la guerrilla durante el
gobierno constitucional
Porque hemos
tenido, tenemos, negacionismo de ambos lados: muchos de los que se indignan
ante el intento de unos de minimizar el drama de los secuestros, torturas,
desapariciones y ejecuciones clandestinas son a su vez promotores de un
discurso buenista que niega el hecho de que el grueso del accionar armado de la
guerrilla —los atentados más espectaculares, asaltos a cuarteles y asesinatos a
sangre fría de adversarios políticos— tuvo lugar en democracia, durante el
período constitucional 1973-76, cuando las organizaciones armadas decidieron no
deponer las armas y declararle la guerra al gobierno legal y legítimo,
contribuyendo así al caos y la violencia que sirvieron de argumento al Golpe.
Niegan que el
objetivo de esas organizaciones no era la democracia de partidos por la que hoy
todos juran sino un socialismo autoritario a la cubana, idealizado en aquellos
años, que se impondría además vía lucha armada, es decir, por la fuerza.
Por mucho que se
hable de Memoria con mayúscula, el paso del tiempo, ha traído, al amparo de la
conveniencia política, un olvido selectivo y una tremenda simplificación de los
hechos; una simplificación que nubla la verdad.
Año a año, los
mismos sectores que contribuyeron a la caída del gobierno constitucional
—pasando a la clandestinidad y declarándole la guerra— se reúnen para condenar
el golpe, sin mencionar a la presidente derrocada, lo que es signo de que, en
1976, todos ellos aprobaban su destitución. Hoy son republicanos, democráticos
y derechohumanistas, pero en el pasado fueron tan golpistas como los que
derrocaron al gobierno constitucional. Mientras que para éstos era la ocasión
para imponer -a sangre y fuego- el orden en lo interno y la entrega económica
en lo externo, para la izquierda armada era algo funcional a su estrategia de
que “cuanto peor, mejor”. La presencia de un gobierno constitucional
“confundía” a las masas y frenaba su necesaria radicalización. Finalmente, los
políticos, de casi todo el arco, pensaban que los militares tomarían el poder
para entregárselo a ellos, y se des-solidarizaron de la suerte de la gestión.
En su “Historia de
la Confederación Argentina”, Adolfo Saldías habla de “la generación argentina”
(post-rosista) que cediendo “naturalmente al sentimiento egoísta de toda
sociedad que graves culpas tiene ante el porvenir y ante la historia, se escuda
tras el culpable que presenta a la execración del presente”. Y agrega que la
sociedad “necesita arrojar siempre sobre alguno la responsabilidad de sus
faltas. Cuanto mayor es el remordimiento que experimente, mejor dispuesta se
encuentra a buscar el culpable que por ella haga penitencia; y cuando le ha
castigado bastante, se acuerda el perdón a sí misma y se congratula de su
inocencia”.
Es la mejor
definición que he leído de cómo ha procesado la Argentina esos años. Hoy vemos
a represores y guerrilleros esconderse tras las faldas de Isabel y
congratularse por su supuesta inocencia. Mario Eduardo Firmenich —jefe de una
organización que le declaró la guerra al gobierno— se presentó a testificar
contra la viuda de Perón en el año 2004, ante un tribunal español.
Eso explica la
urticaria con la cual de ambos lados recibieron el gesto de Victoria Villarruel
de visitar a Isabel Perón en Madrid y luego sus palabras al inaugurar un busto
de la ex Presidente en el Senado, referidas a “aquellas personas que dejaron a
una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del
gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la
desterró”.
El gesto
conciliador de Villarruel hacia la presidente derrocada en 1976 —doblemente
significativo por venir de alguien que no es de su entorno sino lo opuesto—
incomodó, porque vino a desmontar el relato de corrientes supuestamente
antagónicas pero que coinciden en eximirse de culpas pasadas mediante el cómodo
recurso de “buscar el culpable que por ellos haga penitencia”.
Las acusaciones
contra Isabel se repitieron en espejo de izquierda a derecha. Con la misma
desmesura. “Plantó el terrorismo de Estado en la Argentina”; “es responsable
del baño de sangre que vivió el país en los años 70″; “no estaba capacitada
para gobernar”; “su gobierno fue caótico”; “la economía se descontroló”;
etcétera, etcétera.
¿Isabel Perón era
una presidente débil al punto que todos justificaban su derrocamiento, o era
tan poderosa como para culparla de absolutamente todo lo que ocurría? Cabe la
pregunta porque ambos argumentos están en boca de los mismos voceros.
Algunos empiezan
tímidamente a admitir que soportó con dignidad su suerte. Que rechazó salidas
que le hubieran ahorrado años de cárcel. Isabel obligó a los militares a
derrocarla, para que quedara claro que se colocaban en la ilegalidad, que su
gesto no tenía la menor legitimidad.
A diferencia de
muchos —y muchas— que se victimizan por todo y por nada, ella nunca se lamentó
por su suerte. Hubo quien criticó que el Congreso, en 1984, en tiempos de Raúl
Alfonsín, haya sancionado una ley que declaró inválidos los juicios que sufrió
durante el Proceso. Con tal de criticar a Isabel, son capaces de darle la
derecha a la dictadura.
Para esta maniobra
colectiva de congratulación de inocencia se busca asimilar a Isabel Perón con
la represión ilegal y con un gobierno de facto que la secuestró en la madrugada
del golpe y la mantuvo presa durante cinco años.
Los seguidores de
Alfonsín deberían recordar que “el padre de la democracia”, como gustan
llamarlo, así lo reconoció cuando promovió la Ley 23062 de “reparación
histórica” que quitó “validez jurídica” al “juzgamiento o la imposición de
sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales” por parte del gobierno
de facto.
Los “demócratas”
de hoy, en cambio, avalan el juicio de la dictadura sobre Isabel.
Si su gestión fue
la precuela de la represión ilegal, como pretenden algunos, si ella instauró el
terrorismo de Estado, ¿para qué derrocarla? ¿Por qué mantenerla presa luego
durante el mayor período de encarcelamiento de un presidente en toda la
historia? El gobierno de Isabel fue un desastre y no tenía apoyo popular,
afirman. Pero la realidad es que los militares dieron el golpe porque sabían
que el peronismo ganaría las elecciones cuya fecha había sido adelantada por
Isabel para septiembre de ese año.
En el libro
Disposición Final, Ceferino Reato transcribe la explicación de Jorge Rafael
Videla sobre el motivo del calvario de Isabel: “La Señora llevaba el apellido
de Perón y estando libre podía movilizar voluntades políticas y gremiales
contra el gobierno militar. Por eso permaneció presa e incomunicada durante
seis años”.
En 2007, llevando
al paroxismo esta maniobra de escudarse tras un culpable, el kirchnerismo
habilitó una nueva persecución contra la viuda de Perón, pidiendo a España su
extradición. “En aquel momento, el propio fiscal Julio Strassera calificó de
mamarracho jurídico a las causas contra Isabel promovidas por los jueces
Norberto Oyarbide y Raúl Acosta por su supuesta responsabilidad en delitos de
lesa humanidad”, decía Diego Mazzieri, biógrafo de Isabel Perón, en una
entrevista con Infobae.
Es francamente
desalentador ver que tantos testigos de aquellos tiempos se hacen los
distraídos respecto de la época en la que le tocó gobernar a Isabel Perón.
Cuando con soberbia injustificada afirman que ella no estaba capacitada para
gobernar, olvidan ese contexto y, sobre todo, la defección de muchos de sus
colaboradores y la traición de otros tantos. El golpe de Estado se empezó a
gestar prácticamente el mismo día que Isabel asumió. Las fuerzas armadas de
entonces eran un poder en sí mismas, además de actuar en un contexto
geopolítico que legitimaba el recurso al golpe y a los gobiernos de facto. Un
poder reforzado por el reconocimiento de tantos políticos que buscaban un
palenque uniformado en el cual rascarse.
“La Triple A
funcionó desde los servicios de las Fuerzas Armadas y fue una cosa ajena a las
estructuras partidarias oficiales del gobierno”, afirmó en su momento Antonio
Cafiero.
Isabel Perón, en
cambio, ha optado por no defenderse. Muchos pretenden desconocer que callar
suele exigir más templanza que replicar. Más aun considerando que ni siquiera
los dirigentes de su mismo movimiento la defienden.
“Las Fuerzas
Armadas eran los autores de la llamada Triple A”, afirma Mazzieri que cita al
ex montonero Gonzalo Chávez: “José López Rega nunca fue el máximo jefe de la
Triple A”; para él, esa organización “siempre estuvo bajo el control
operacional de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.
Otro hecho no
menor que se suele omitir malintencionadamente es que, a la muerte de Juan
Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, María Estela Martínez presentó la
renuncia con la idea de ceder a otra persona la responsabilidad del gobierno.
Se la rechazaron los miembros del gabinete, las Fuerzas Armadas y los
principales referentes de la oposición con el radical Ricardo Balbín a la
cabeza.
Pero apenas juró
como primera mandataria, desde todos los sectores se lanzaron al asalto de su
gobierno. Hoy esos mismos sostienen que ella no estaba preparada para gobernar.
¿Quién lo hubiera estado, además, con atentados a diario, con la defección de
muchos colaboradores y un ataque en regla desde el interior mismo del movimiento:
los Montoneros, el llamado Grupo de Trabajo, los empresarios y algunos
sindicatos cuya consigna era “romper el Pacto Social”?
Del mismo modo que
convergen hoy en cuestionar a Isabel, coincidían entonces ultraderecha y
ultraizquierda en sabotear al gobierno constitucional. Se puede conceder que no
imaginaban en aquel tiempo la dimensión que tomaría la represión, pero es
inadmisible que persistan hoy en ese relato.
En El mito del
eterno fracaso (1985) José Pablo Feinmann, filósofo de culto del kirchnerismo,
escribió: “El gobierno no fue feliz. Hubo desaciertos (…). No obstante,
estorbaba. Era la Presidente Constitucional de los argentinos. Durante sus dos
últimos meses de gobierno casi no cometió errores. Por eso la echaron. Acababa
de convocar a elecciones. Le cedía espacio a los partidos opositores. Dialogaba
con ellos. Comenzaba lentamente a ser Isabel Martínez de Perón. No le dieron
tiempo. La voltearon –y la ultraizquierda ayudó mucho en la tarea (...) Se la
llevaron en un helicóptero. La sometieron a largos años de cárcel que
sobrellevó con dignidad. Una vez libre, se llevó del cautiverio el silencio y
lo transformó en su herramienta política”.
¿Y las feministas?
Para Isabel Perón, sororidad cero. Ni una palabra sobre los ataques contra la
primera mujer presidente de la Argentina y del mundo.
En 2019, algunas
diputadas, muy empoderadas ellas, reformaron la ley de Protección Integral a
las Mujeres para ampliar la definición de violencia incluyendo la violencia
política, definida como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir,
obstaculizar o restringir la participación política de la mujer…” etc. etc.
El despropósito es
total. Este artículo solo sirve para que cada vez que tienen un cruce con algún
colega varón lo acusen de machista, como hacía constantemente una feminista que
llegó a la vicepresidencia de la Cámara. Las mujeres, ¿somos fuertes o débiles?
En todo caso, éstas degradan al género.
Si aludí al
comienzo a la gestión de Kissinger es porque los análisis sobre el golpe no
incorporan nunca la geopolítica mundial.
Se trata sin dudas
de un personaje muy controvertido, de una inteligencia reconocida por todos,
con prescindencia de sus propósitos de poder y el rol que jugó en estrategias
que con frecuencia se tradujeron en inmenso sufrimiento para los pueblos.
Pero en ese
momento, su país giraba hacia una política —la de James Carter— de promoción de
los derechos humanos en el mundo, y él jugó el juego.
El ideologismo
atenta frecuentemente contra la objetividad. Todo el bloque soviético —incluido
Fidel Castro, líder del régimen que la guerrilla argentina tenía como modelo—
respaldó la dictadura de Videla y negó rotundamente, en todas las tribunas
internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran violando los
derechos humanos. Ya que la palabra está de moda: un negacionismo en toda la
regla. Un negacionismo que durante los años de más intensidad de la represión
frenaba las denuncias de lo que estaba pasando en el país.
En mayo de 2023,
Luis Moreno Ocampo lo dijo con todas las letras: “El Partido Comunista
(argentino) apoyaba a Videla, porque ellos creían que Videla era el moderado”.
Quería fundamentar que no había una motivación ideológica —más allá del
discurso— en la Junta gobernante. “Justamente era un partido de izquierda, pero
que apoyaba a la dictadura militar y encubría la represión”. Y recordó que,
mientras proclamaban estar luchando contra el marxismo, en 1979, “los militares
argentinos le dieron una Medalla [N. de la R: la Orden del Libertador San
Martin, máxima condecoración que otorga Argentina] a un general soviético que
se mandó un speech sobre el hombre marxista-leninista en el edificio
Libertador”.
Estas
contradicciones, o incongruencias, deberían ser motivo de reflexión para que
los argentinos no volvamos a ser masa de maniobra de políticas ajenas a
nuestros intereses, que son las que nos dividieron en el pasado al punto de
querer dirimir nuestras diferencias a través de la violencia.
“No se sirve a la
libertad manteniendo los odios del pasado”, decía también Adolfo Saldías en el
libro citado.
El demonio que
debemos erradicar no es solo el de la violencia, sino el del sectarismo, el del
uso del pasado para minar el presente y el de la desunión nacional que es el
verdadero cáncer que impide que la Argentina mire hacia adelante.
50 años han pasado
y seguimos enfrascados en juicios. Algunos alucinan con que somos un ejemplo en
el mundo. Pero ningún país sigue nuestros pasos. Pueblos que han sufrido
traumas mucho mayores que el nuestro —regímenes de apartheid, genocidios,
guerras civiles, guerras de exterminio— han cerrado sus heridas y promovido
políticas de reconciliación.
Y lo han hecho en
la comprensión de que la única reparación es construir una sociedad más
armónica y justa, y consolidar las instituciones del país —en vez de
degradarlas permanentemente— para permitir a la nación una inserción
internacional lo más acorde posible con los intereses permanentes del país y no
con la ideología o la ventaja de la facción de turno.
