SI NO SON SUSTENTABLES

 LAS PROVINCIAS NO PUEDEN SER AUTÓNOMAS

 

Cesar Lerena

octubre 28, 2025

 

Lo pensamos antes de las elecciones intermedias del 26 de octubre, lo ratificamos luego de ellas: Los gobernadores deberán “poner las barbas en remojo”.

 

Por un lado, el control externo cada vez es más explícito: “nosotros ayudamos a ganar a Milei” (Donald Trump) “la inusual flotilla de aviones con los mandamás del JP Morgan” y la presencia de Tony Blair y Condoleezza Rice para definir la parte; por el otro, algunos argentinos están aprendiendo y, es muy probable que los funcionarios de los gobiernos que no satisfagan las más básicas necesidades y aspiraciones de sus comunidades serán objeto de duras críticas y, sufrirán el voto castigo, si es que estamos a tiempo.

 

Muchos de los errores, incapacidades y malas administraciones de los gobernadores han pasado desapercibidos frente a la gran exposición de la grave crisis del país. Los menos, por el contrario, se destacan frente a la mediocre e irresponsable administración nacional.

 

No avanzaré sobre la debilidad y la dependencia con el gobierno central –que se acrecentará con la intervención extraña- que tienen muchos de los gobiernos provinciales en materia de explotación y aprovechamiento de sus recursos; la radicación industrial y la incapacidad para comercializar la producción. Si no son sustentables las provincias no pueden ser autónomas. Esto queda en evidencia cuando los senadores y diputados votan en el Congreso leyes del Poder Ejecutivo Nacional que desactivan el consumo interno; encarecen los insumos, bienes y servicios básicos; dificultan la radicación industrial y reducen a cero las inversiones en rutas y conectividad. Los gobiernos de provincias son presos de su dependencia.

 

En una oportunidad, conversando con el gobernador de una provincia del NOA respecto a los emprendimientos mineros, diques, etc. en los que se exigía en los pliegos de licitación a los prestadores de servicios de alimentación que los productos a suministrar fueran de primera marca, le pregunté por qué se establecía esa cláusula; a lo cual me respondió que los operarios debían comer el mejor alimento. Craso error: la primera o segunda marca o las marcas blancas no son diferentes en su calidad y sanidad, porque el Código Alimentario Argentino y el Decreto 4238/68 de inspección de productos animales lo prohíbe. Son, en todo caso, marcas más conocidas en la población por una cuestión de marketing empresario y una continuidad en el mercado. De hecho, productos menos conocidos, que tienen buena venta, son comprados rápidamente por las grandes empresas.

 

Pero este tema, adquiere una dimensión mayor en el desarrollo de las provincias menos favorecidas, ya que el gobernador que exigía proveer alimentos de primera marca no tenía prácticamente productos de esta calificación en su provincia y, la consecuencia era que volúmenes altísimos de alimentos se debían adquirir, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Es decir, toda la generación de recursos económicos producidos en su provincia, se extraían como con una aspiradora en favor del crecimiento de terceras provincias con mayor desarrollo industrial y productivo. Cuestión, que ocurre del mismo modo, con los hipermercados que proveen estas marcas acreditadas y se llevan de las provincias los sueldos de empleados públicos y privados.

 

Hay casos más graves aún; pero, mencionaré uno emblemático: Tierra del Fuego. Su economía depende en gran medida de la ley 19.640 de régimen especial fiscal y aduanero de exención impositiva que cuestionan casi todas las provincias restantes; aunque, fundamental desde el punto de vista poblacional y estratégico. No obstante, no ha logrado llevar adelante ni siquiera un proyecto de transformación pesquero pese a las grandes potencialidades que tiene su territorio insular y marítimo.

 

Tierra del Fuego, es la segunda provincia del litoral marítimo, que menos productos pesqueros descarga. Su vecina Santa Cruz desembarca unas 115.000 toneladas anuales de especies pesqueras y, Tierra del Fuego solo alcanza a las 33.000 (29%). El Puerto de Mar del Plata está ubicado a una distancia similar a Río Grande y Ushuaia de los caladeros de langostino (Pleoticus muelleri); pero, la primera desembarca unas 12.000 toneladas anuales y, Tierra del Fuego ni un kilo.

 

Las provincias del litoral marítimo han mantenido un volumen relativo de desembarcos anuales; sin embargo, la Provincia de Tierra del Fuego redujo sus descargas de 94.333 toneladas anuales en 2008 a 33.000 en 2024. Además de ser la que menos valor agrega a las exportaciones, ha desembarcado escasas capturas de calamar illex y merluza hubbsi contrastando también con su vecina Santa Cruz que entre ambas especies capturó 56.000 en 2024 y, sus exportaciones, alcanzan solo a unos 70 millones de dólares, fundamentalmente derivados de la exportación de unas 3.000 toneladas de Merluza Negra, de alto valor y bajo valor agregado. Todo ello pese a las ventajas impositivas. Y aunque el Grupo Newsan SA radicado en Ushuaia ocupa el primer lugar en las exportaciones pesqueras argentinas, ello es producto de las inversiones que tiene en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz donde captura, procesa y exporta las tres principales especies argentinas: langostino, merluza hubssi y calamar illex.

 

Lo que ocurre en Tierra del Fuego contrasta con las 250.000 toneladas anuales que se pescan en Malvinas, un territorio invadido de Tierra del Fuego, sin que la Provincia haya iniciado acción alguna al respecto. 

 

El gobierno de Tierra del Fuego solo administra la Isla Grande, un pequeño territorio del total de la Provincia, llevando a debilitar no solo la soberanía provincial sino también la nacional y, ese gobierno, parece no haberse dado cuenta, pese al artículo 2° de la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, que tiene sus atribuciones limitadas: «…la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno» que, si bien a nuestro juicio es inconstitucional, es una verdadera espada de Damocles.

 

El gobierno provincial se sigue asumiendo como un mero delegado del poder central, como cuando la Provincia se trataba de un mero Territorio Nacional, ya que es inadmisible que, teniendo gran parte de su jurisdicción invadida no ha podido erradicar de Tolhuin el radar de capitales británicos; la empresa británica Harbour Energy que viola la Ley 26.659; la empresa LATAM que no reconoce la autoridad provincial en un Aeropuerto de su jurisdicción, etc. Una verdadera prolongación de la invasión del Reino Unido en Argentina. 

 

Los resultados en Tierra del Fuego son una clara demostración que el Gobernador no está atendiendo las necesidades de su población y, como dijimos, las exigencias externas e internas crecerán porque su jurisdicción está en disputa y el pueblo ya lo ha entendido.   

 

Frente al “alineamiento” del gobierno de Milei a Estados Unidos que parece profundizarse con la designación como Ministro de Relaciones Exteriores de Pablo Quirno quién el 12 de agosto de 2013 posteo: «¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?» (sic), todo parece indicar que se va a necesitar un gobernador con una mirada más inteligente, menos tolerante y más allá de la Isla Grande.      

HAY QUE ADMINISTRAR

 LA PESCA INDUSTRIAL

 

 César Lerena

17 de octubre de 2025

 

La Subsecretaría de Pesca Nacional y el Consejo Federal Pesquero -pese a su nombre- no solo, no son organismos ocupados en administrar en forma federal la explotación de los recursos pesqueros, sino que después de 27 años de gestión han sido ineficientes para hacerlo en forma equitativa, sustentable y sostenible y, mucho menos para evitar la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental que es anterior a la misma sanción de la ley 24.922 y contribuir con alguna estrategia destinada a la recuperación. de Malvinas, donde la pesca es su principal sostén. Ello se ha agravado en los últimos años, donde esos organismos han sido incapaces de resolver un conflicto empresario-gremial que ha significado una pérdida irreparable a todas las partes.

 

La Pesca argentina está estancada mientras esta explotación y su comercio le permite un crecimiento sostenido a la pesca española y especialmente a la gallega. 

 

En el artículo 1° -que aportamos a su redacción junto al ex senador Hipólito Solari Yrigoyen- de la Ley 24.922 se prescribe: «La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina».

Nada que hayan llevado adelante ni la Subsecretaría de Pesca ni el Consejo Federal Pesquero: no se ha promovido una industria sustentable y el 60% de las exportaciones se realizan sin valor agregado o se exportan materias primas para transformar en terceros; además de descartarse el 30% de las capturas (FAO, ANG, INIDEP) y no llevar a cabo ninguna política para erradicar la pesca ilegal. Siendo la Pesca una concesión de la explotación, las condiciones otorgadas para llevar adelante una actividad sustentable son absolutamente insuficientes para generar empleo y desarrollo en las comunidades y regiones. Por cierto, nunca tu viste una política ambiental y referida a la Acuicultura, actividad que hoy representa el 49% de la producción mundial y en la Argentina escasamente accede a poco más del 1%. Además de ello -y central, tratándose de recursos compartidos- la administración del recurso no es federal, en perjuicio de todos: de los concesionarios y las provincias del litoral marítimo.      

 

Entendemos que la ley debe reformarse creando una Agencia Nacional Pesquera, quien operaría como Autoridad de Aplicación, integrada un representante de cada una de las provincias marítimas; un Presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de las Provincias; un director ejecutivo; un representante del sector empresario pesquero; un representante del sector gremial pesquero y, un representante del sector industrial naval pesquero. Todas las funciones que se cumplirán ad-honorem.

 

Esta Agencia debería depender del Ministerio de Economía y no de Agricultura y Ganadería, ya que la pesca es una actividad extractiva, industrial y exportadora que nada tiene que ver con esas actividades agropecuarias. Y, además, autofinanciarse, para ejecutar las acciones de administración, investigación y control.

 

La integración del Consejo Federal Pesquero tiene -según la ley 24.922- una representación minoritaria de las provincias -individual y colectivamente- y, ello solo hace, que ni la ley vigente ni el Consejo puedan denominarse “federal”. Ello es así, porque además se ha supuesto al legislarse que las provincias deben actuar en bloque, perdiendo sus particularidades y autonomías. 

 

El hábitat del recurso pesquero no se limita a un espacio marino bajo control de una provincia o un ámbito referido a la zona económica exclusiva, debiendo tratarse en forma conjunta e integralmente como refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y mediante un enfoque eco-sistémico, de modo tal, que siendo las provincias del litoral marítimo donde se radican las empresas pesqueras y son sus puertos donde se embarcan y desembarcan y transportan, industrializan y almacenan las materias. primas y los productos y, tratándose además, los recursos pesqueros, de especies que migran e intervienen en una ecología trófica con otras especies en distintos espacios marinos, resulta biológica y jurídicamente improcedente que la política pesquera esté en manos de la nación y las provincias deban subordinarse a una seudo-representación que no tiene base de sustentación alguna, más que competirle las cuestiones de seguridad nacional, defensa, aduana y las relaciones exteriores.

 

Las provincias no han delegado en la nación la explotación de los recursos naturales y, la ley 24.922, ha determinado arbitrariamente que los recursos desde las 12 a las 200 Millas son de dominio y jurisdicción de la nación, como si estos recursos fueran estancos y no pertenecieran a un mismo ecosistema, debiendo las provincias relegar su generación de riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial a las decisiones de un ente burocrático mayoritariamente integrado por funcionarios de la Nación que carecen de las capacidades de producción de las provincias y, a pesar de ello, determinan políticas que desconocen las autonomías provinciales. Ello, sin tener en cuenta -incluso- que en algunos casos como, por ejemplo, los espacios marítimos de la Provincia de Buenos Aires, donde la Nación se los arroga como propios, pese a lo establecido en la Constitución Nacional; los pactos especiales; la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, las leyes provinciales 11.447 y 12.558; cuyos argumentos ya hemos explicitado en forma extensa (César Lerena “El Saqueo. La apropiación de la Nación de los recursos pesqueros de la Provincia de Buenos Aires” Ed. Fundación Agustina Lerena, 2024) y, por cierto, las Malvinas no serán sustentables pos-recuperación por parte de Argentina, de limitarse su territorio marítimo a las 12 Millas.            

 

El Consejo Federal Pesquero no es suficientemente representativo y, se omiten actores que resultan fundamentales en el diseño de una política pesquera participativa. Por su parte el Subsecretario de Pesca carece habitualmente de representación ya que suele resultar elegido por haber militado con el presidente o ministro de turno o es amigo o apoderado de un empresario pesquero influyente o de un gobernador con acceso al poder. Un subsecretario, que no tiene poder de decisión propia y actúa por delegación in-eternum del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y, un Consejo Federal Pesquero que tiene funciones superpuestas que debilitan la función del subsecretario y, donde el referido secretario de Agricultura -el delegante- no fija las políticas, sino que es el Consejo presidido por el subsecretario de pesca, quien firma las resoluciones en representación de ese cuerpo.

 

Por ejemplo, el artículo 7º de la ley 24.922, indica en el inciso a) que la Autoridad de Aplicación «conduce y ejecuta la política pesquera nacional, regulando la explotación, fiscalización e investigación» y, ello es lógico, porque se trata de un mero secretario del Presidente de la Nación, quien por el artículo 99º de la Constitución Nacional es, entre otras atribuciones, «el responsable político de la administración general del país y quien expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias»; pese a ello, en el artículo 9º de la ley 24.922 se indica que serán funciones del Consejo Federal Pesquero: «a) Establecer la política pesquera nacional; b) Establecer la política de investigación pesquera», etc. funciones que no se asignan ni siquiera al secretario del ramo. Una verdadera incongruencia jurídica y un debilitamiento de las tareas propias del secretario, que es quien debería ejecutar la política fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.

 

Del mismo modo, se condicionan a la aprobación previa del Consejo las funciones de la Autoridad de Aplicación, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por lo cual, hubiera sido más razonable, de sostenerse el criterio actual, eliminar del organigrama al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Subsecretario de Pesca y Acuicultura. Una demostración total de incoherencia organizativa de ese cuerpo.

 

Procedemos entonces a propiciar el descarte de las figuras del subsecretario de pesca y del Consejo Federal Pesquero, creando una Agencia Nacional Pesquera con verdadera representación de todas las provincias del litoral marítimo, los Estados más interesados ​​en que la actividad se fortalezca y sea conducida en forma federada para asegurar un reparto equitativo de los recursos naturales que nunca fueron delegados a la Nación.

 

Por cierto, esta Agencia deberá resolver –entre otras cuestiones- la distribución equitativa de los recursos migratorios provinciales, con el mismo criterio de la ley vigente que se atribuye derechos sobre los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a alta mar. Tema que no han podido resolver ni la Subsecretaría de Pesca ni el Consejo Federal Pesquero y es que, no se puede administrar lo que no se conoce.  

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

 

 TOLERA LA PESCA ILEGAL Y AYUDA A LOS BUQUES CHINOS QUE LA PRACTICAN

 

César Lerena

29 de mayo de 2025

 

ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS, PESCA

«Pesqueros chinos que depredan el borde del Mar Argentino pidieron refugio en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) a la Prefectura Argentina debido a las condiciones tormentas en el Atlántico Sur, sumándose este evento a una serie de permisos similares de los últimos años» (Infobae, 19/5/2025).

 

Pese a la legislación de Argentina ya que el gobierno nacional está alineado con Estados Unidos, quien junto al Reino Unido y la Unión Europea desde el 2014 consideran la pesca ilegal una “cuestión de seguridad nacional”, la Prefectura Naval Argentina (PNA) bajo la Dirección del Ministerio de Seguridad una vez ingresadas las embarcaciones a la ZEE Argentina no habría efectuado una serie de controles a esos buques que pescan las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina y/o asociadas y/o capturan con redes. de fondo en la plataforma continental argentina extendida, más allá de las 200 millas (Leyes 23.968; 24.543; 24.922 y 27.557).

 

Lo insólito, es que la Prefectura Naval Argentina (PNA), bajo la Dirección del Ministerio de Seguridad una vez ingresadas las embarcaciones a la ZEE no habría efectuado una serie de controles a esos buques que pescan las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina y/o asociadas y/o son capturadas con redes de fondo en la plataforma continental argentina extendida, más allá de las 200 millas (Leyes 23.968; 24.543; 24.922 y 27.557).

 

Refiere el medio citado que «la Prefectura fue motivada por las adversas condiciones meteorológicas previstas en la región marítima argentina emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que alertaba sobre vientos de hasta 45 nudos y olas de cinco metros de altura y bajo estas circunstancias, se aplicó el Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables, previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) lo que implicó la prohibición absoluta para los buques de realizar actividades de pesca, investigación o exploración en las aguas argentinas (y entre las) claras directivas establecidas para los buques que ingresaron se destacaron la necesidad de mantener apagadas las luces propias de operaciones de pesca, asegurar que las artes de pesca permanecieran a bordo, sobre cubierta y debidamente trincadas, y la obligación de tener sus equipos de posicionamiento y comunicaciones AIS continuamente encendidos».

 Nada refirió a la identificación de los buques; la revisión de las partes de pesca y las bodegas, el tipo de redes utilizadas, las especies y origen de las capturas y talla de éstas. Además de la eventual presencia de drogas prohibidas y/o trabajo esclavo por parte de los tripulantes, etc. Entendemos, por lo tanto, que el Ministerio de Seguridad no ha dirigido correctamente las operaciones de la PNA y perdió una excelente oportunidad para denunciar la pesca ilegal ante el Estado de Bandera y los Organismos internacionales e iniciar el proceso de erradicación de esta práctica de apropiación y depredación de los recursos argentinos en el Atlántico Suroccidental.

 

En primer lugar, habría que preguntarse, qué medios dispone la Prefectura Naval Argentina para controlar en forma simultánea en 3.146.345 Km2 de Zona Económica Exclusiva a 459 buques extranjeros que pescan ilegalmente en alta mar y Malvinas (Redes, Nº223, 2023) de los cuales unos 314 son chinos, que todos los años capturan 1.615.000 toneladas (incluidos 30% de descartes) de recursos pesqueros argentinos por un valor FOB de U$S 5.900 millones y un valor comercial final del orden de los U$S 29.940 millones.

 

En segundo lugar, los funcionarios de este organismo, miran alta mar como si no fuera de su competencia y contradictoriamente, por un lado, aplican erróneamente la idea de que “la pesca en alta mar es legal” y por otro, indican que los pesqueros chinos “depredan el borde del mar argentino”, es decir, en el límite exterior o más allá de las doscientas millas marinas, en alta mar. Si “depredan” es, por que, al contrario: la pesca que se realiza en alto mar es ilegal, dañando la sostenibilidad de los recursos, el medio marino y el ecosistema, por las razones que reiteradamente explicamos.    

 

Según el artículo 87º de la CONVEMAR la pesca en alta mar “está abierta” -no libre como generalmente se refieren funcionarios y medios; y, además, en las condiciones que se viene realizando ES ILEGAL, porque: “La Argentina no podría considerar legal la captura en alto mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR   y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 Federal de Pesca

 Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal” son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR), cuestión que ocurre con los buques que pesca a distancia en el Atlántico Suroccidental; segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117º a 119º de la CONVEMAR) que tampoco efectúan y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alto mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (artículos 27º; 61º a 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina (artículo 77º de la CONVEMAR) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional” (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones. Ley Nacional de Pesca, 2023).

 

Cuando la CONVEMAR refiere a que “está abierta la pesca en alta mar” está indicando que “todos los buques de cualquier Estado pueden pescar; pero, en determinadas condiciones”.

 

Hecha esta aclaración, corresponde decir, que un buque extranjero puede realizar libre navegación en la ZEE Argentina sin realizar operaciones de captura u otras, no siendo necesario contar con permiso previo (salvo los de y desde Malvinas donde rige el Decreto 256/10); es decir, que no se requiere solicitar refugio al Estado ribereño para ingresar a su ZEE en caso de tormenta. No obstante, hay una obligación -que no es absoluta- de que el Estado preste asistencia, debido a los Convenios internacionales SOLAS (Seguridad de la vida en el mar); SAR (Búsqueda y Salvamento) y el Artículo 98º de la Convención del Mar (CONVEMAR) que indica: “2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea…”.

 

Ello no obsta, que por aplicación de los artículos 21º; 58º; 61º a 64º, 73º y 77º de la CONVEMAR y la legislación nacional citada precedentemente, la Argentina ejerza control sobre los buques y las especies migratorias originadas en la ZEE capturadas en alto mar y/o asociadas a las de la ZEE, y las que se hayan capturado en la plataforma continental extendida argentina, donde se requeriría, incluso, habilitación y demás cuestiones indicadas, ya que el Estado ribereño tiene un interés y derechos sobre las especies. sedentarias, migratorias y/o asociadas para asegurar la sostenibilidad de los recursos en la ZEE, la referida plataforma y, preservar el medio marino y el ecosistema.

 

Del mismo modo debía intervenir la Aduana; desconocemos si se han cobrado los servicios de asistencia; control o multas de algún tipo y/o verificado el estado de los buques que podrían provocar algún accidente dentro de la ZEE y/o disponían de los seguros pertinentes.

 

El Ministerio de Seguridad junto a la Armada Argentina deben establecer un plan para erradicar este flagelo que impide el desarrollo de las provincias del litoral marítimo argentino, impide la sostenibilidad de los recursos pesqueros y debilita la soberanía nacional. 

PROYECTOS

 

 RELATIVOS AL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA (2025)

 

César Augusto Lerena

Agenda Malvinas, 19 de enero de 2025

 

Los últimos días del año pasado y los primeros de 2025 los he dedicado a reflexionar sobre los efectos de mi prédica sobre las cuestiones relativas al Atlántico Sur.

 

En forma incipiente desde 1972 y continua desde 1976 he escrito miles de artículos sobre estos temas y otros relativos a la alimentación; habiendo publicado 29 libros -el último “El Saqueo” el 2 de julio de 2024- además de participar en cientos de conferencias, entrevistas radiales y televisivas. Solo en los últimos diez años publiqué 540 artículos que levantaron medios nacionales y portales de todas las provincias argentinas. Además, en las redes de Twitter y Facebook difundí más de diez mil opiniones sobre los temas de actualidad en la especialidad, sumando las publicaciones que forma parte de mi blog (cesarlerena.com.ar) donde pueden encontrarse los libros y escritos de los últimos cinco años. Ello, no me impidió participar en varios grupos de trabajo que defienden los intereses y la soberanía nacional y, elaborar -en algunos casos- con la colaboración de otros profesionales destacados, más de dos docenas de leyes; muchas de ellas relevantes, tales como la Ley Nacional de Pesca Marítima (S-2259/14); la Ley de Acceso Universal al Agua (S-3657/14); la Ley Solidaria de Acceso a la Alimentación de Sostén (S-1677/15); la Ley de Protección Ambiental y Salud Pública en la utilización de los Agroquímicos y sus residuos (S-3032/16); la Ley Nacional de Marina Mercante y Flota Fluvial (Nº 27.419); la Ley Nacional de la Industria Naval Pesquera (Nº 27.418) y otras; siendo coautor del artículo 1º de la Ley 24.922 y autor de la Ley de Pesca de Provincia de Buenos Aires vigente (Nº 11.477). Modestamente, he contribuido modestamente a instalar estos temas en numerosos medios de la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza a Buenos Aires; resaltando el rol central que tiene esta temática en la radicación poblacional, industrial, laboral y en la soberanía de la Nación y la autonomía de las provincias del litoral marítimo y las fluviales del Paraná y el Río de la Plata.

 

Los argentinos sin voz han llevado a las redes sus opiniones y estas llegan como un alud a los lectores y, si bien, ello es muy saludable, su lectura resulta prácticamente imposible por su volumen, diversidad e importancia, no permitiendo una reflexión adecuada, además que los escritos suelen reducirse a la denuncia o al diagnóstico -no siempre acertado y sobre hechos consumados- sin ponerse en práctica aquellas conocidas palabras del filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) “¡argentinos, a las cosas, a las cosas!”.

 

Por otra parte, frente a un gobierno de corte autoritario, vulgar y desnacionalizador, una contraparte que repite la misma estrategia que la llevó al fracaso, con los mismos referentes que ya han sido incapaces de formular un plan nacional unificador y novedoso. Portadores de una imagen pésima como muestran todas las encuestas.        

 

TENGO PLENA CONCIENCIA DE QUE EL ESFUERZO DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS Y DE OTROS TANTOS AUTORES COMPROMETIDOS, RESULTA INSUFICIENTE Y NO ALCANZA PARA REVERTIR -EN ESTAS MATERIAS- LA TREMENDA DECADENCIA DE LA POLÍTICA Y LA FALTA DE UNA DIRIGENCIA QUE ENCARNE UN PROYECTO NACIONAL AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN, LA INDUSTRIA, EL BIENESTAR DE LOS ARGENTINOS Y RESGUARDE LA INDEPENDENCIA Y LA SOBERANÍA NACIONAL.

 

Nunca he servido como comentarista de la realidad y, a pesar de tener una clara pertenencia política, ello no me ha impedido cuestionar las acciones de propios y ajenos, lo que ciertamente, en la mirada corta de algunos referentes de mediana estatura política observan ello como un atentado al verticalismo ovejuno que desprecio.    

 

Tengo clara una estrategia nacional después de tantos años de consultoría empresaria, gremial y de participación pública, abrevándome en numerosos intelectuales y en las fuerzas del trabajo vinculado a la actividad marítima, pesquera y política. Es muy posible que la táctica utilizada para promover las acciones -reiteradamente propiciadas- no hayan sido las adecuadas en un mundo donde el apoyo económico y los medios son centrales para producir los cambios y donde numerosos actores se resisten, por aquello de Macchiavello: “nada es más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas”.

 

Atento a ello y a pocos años de convertirme en un octogenario, durante 2025 limitaré mis artículos semanales a solo hechos extraordinarios, del mismo modo que -valorando y agradeciendo el apoyo prestado por cientos de periodistas de distintos medios- durante este año no habré de conceder entrevistas. Me apresuro a decir -para evitar suspicacias- que repudio toda política que se aparte de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política y, como en el herraje, hay que saber pegarle al yunque y colocar los siete clavos en las caras del casco, concentraré mis acciones en los siguientes ejes:

-La Resolución de la Pesca Ilegal en el Atlántico Sur.

-La denuncia penal a la empresas y funcionarios argentinos por la pesca ilegal en Malvinas. El caso España.

-La recuperación del territorio marítimo y los recursos pesqueros y petroleros del mar de Buenos Aires, en base a los fundamentos ya explicitados en el libro “El Saqueo”.

-Perfeccionamiento del Plan Nacional de fortalecimiento de la Administración Argentina del Atlántico Sur.

-La promoción de la nueva ley de Pesca y de Acuicultura de Nación reformadora de la Ley 24.922. 

PESCA

 

  Funcionarios ineptos y corruptos y empresarios sin estrategia

 

César Augusto Lerena

 

Stdp, 22 de diciembre de 2024

 

La evidencia más antigua de la Pesca se acaba de descubrir en grabados de redes y pescados de unos 15.800 años a orillas del Rin. Es decir, el período Paleolítico Superior, donde se manifiesta que la explotación de esta especie, no solo era una cuestión de subsistencia, sino que tenía un significado cultural y simbólico; Sin embargo, se agotará en el Atlántico Suroccidental, si los gobiernos, empresarios y gremios, no modifican el modelo político, productivo y gremial-empresario imperante en Argentina desde la década del 60.

 

¿Los empresarios se habrán enterado que las reglas cambiaron? No tienen políticas de revalorización de la actividad; no avanzan sobre el manejo efectivo de la actividad y, siguen con métodos predigitales frente a políticas cognitivas y de irrupción de las redes sociales.

 

El Consejo Federal Pesquero no es federal ni concentra el poder de la decisión. El subsecretario de Pesca carece de poder. Ha sido y es parte del problema. Ello diluye el ámbito de negociación, en especial cuando los representantes de las provincias no han sido capaces de diseñar una estrategia común. Su poder parece delegado a un cuerpo que carece de tal atributo y solo es el mascarón de proa formalizar decisiones tomadas fuera de ese ámbito.

 

El poder sectorial y la fragmentación empresarial. La multiplicidad de Cámaras y alguna Asociación por fuera de ellas, debilita el poder del sector. La “Intercámaras” parece suscribiendo el interés de todos -parece una alianza electoral- pero, ello no alcanza, ya que no logra expresar un verdadero poder de la actividad.

 

Juntar Cámaras para suscribir una nota defensiva o recorrer despachos no agrega potencia a la voz ni mucho menos muestra la importancia del sector que, requiere de un proyecto que esté por delante de las iniciativas gubernamentales que desconocen las particularidades del sector y, sobre todo, necesita de una evolución empresaria efectiva que pueda ser ponderada y no cuestionada. Cualquier funcionario desinformado califica a este sector como “mafioso que explota el recurso pesquero en forma gratuita”, mientras el sector sigue aferrado a un proyecto preindustrial, iniciado hace sesenta años, fácilmente atacable.

 

No se cambia esta imagen con la botadura de un importante buque; con la construcción de planta industrial o con fotos de empresarios reunidos en una feria internacional. Es “cartón pintado”, por el que se invierten millas de dólares para que luego un Subsecretario “que nunca pagó un salario” establezca la política pesquera, a la par de decir, que si fuera por él ya se hubieran adjudicado las cuotas de pesca .

 

Pasamos de “El estado soy yo” de Luis XIV en 1655 a funcionarios que no representan el poder político ni a las empresas. Es poco serio por parte de los gobernantes, pero también de los empresarios y las provincias que no parecieran entender que de una buena administración de este recurso depende los pueblos, las industrias, los trabajadores y proveedores y, la custodia soberana argentina de territorios muy vulnerables. de la República.

 

Las empresas integradas en Cámaras están divididas por tipos de buques; por especies; por plantas exportadoras; por su radicación y tipo de proceso; por un conjunto de empresas que consideran que se agrupan asociadas porque entienden que son las que mayor volumen producen y exportan y, otras empresas que han formado nuevas cámaras por diferencias de distinto tipo entre empresas. A ello se agregan empresas que no están asociadas y, a la intervención individual de algunos empresarios que circunstancialmente por vínculos personales están cerca del gobierno de turno.

 

Ello lleva a debates con conclusiones parciales, retaceadas ya asociaciones coyunturales y transitorias frente al conflicto y no a la necesidad de elaborar una estrategia permanente que contemple el interés de todos. Aquí no aplica el “río revuelto ganancia de pescadores”, sino por el contrario el gobierno se refriega las manos al pie de los muelles, ya que esta política empresaria es errónea, claramente negativa frente a un gobierno que fragmenta (divide y reinarás) y no analiza detalles sino los números finales; muchos de los cuales, será tarde evaluarlos luego de cuatro años de gestión.

 

La pesca ilegal extranjera. No se escucha a un solo empresario referirse a la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios o asociados en alta mar o en Malvinas, pese a que esa pesca afecta la economía, al ecosistema y necesariamente la pesca en la ZEE. No hay un solo plan gubernamental ni empresario para promover la pesca nacional en alto mar, eliminando subsidios, pago de derechos y acciones defensivas para contrarrestar la pesca subsidiada a distancia. Pareciera que los empresarios simplemente acepten las reglas de juego que les impone el gobierno de turno y, aplique la reiterada consigna que ha estado vigente hasta ahora; aunque el “no hagan olas” no esté funcionando.

 

El libre acceso de buques extranjeros, las licitaciones, la vigencia y aumento de las cuotas de captura. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus que extranjerizaría el mar argentino, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Federico Sturzenegger, el cerebro y ministro desregulador insiste en mencionar al sector pesquero argentino como un ámbito mafioso. Calificativo que mucha gente concuerda y que ya sostenía hace 35 años el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá (FS “Peronismo, Pampa y Peligro” p. 109-115, Ariel, 2018). El calificativo no ayuda, aunque también hay sectores prebendarios del Estado y empresarios de otros rubros que se los ve mal en la Argentina y no se los destrata, como diría Mirtha Legrand.

 

Abrir el mar argentino a flotas extranjeras o colocar derechos a la captura sin analizar costos; retenciones, precios de comercialización; rentabilidad, etc. puede tener el mismo efecto: dificultar la sustentabilidad de las empresas nacionales y ceder las capturas a buques extranjeros que para hacerse de las proteínas pescan a pérdida o usan la actividad por razones geopolíticas. El aumento de los derechos de extracción (DUE) de 0,15 a 3,5 (Roberto Garrone, Punto Noticias, 17/11/24) es una muestra. Ello contrasta con los desproporcionados fondos aplicados a la administración (Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal Pesquero y la Nación) en relación a cualquier actividad productiva.

 

Las cuotas y autorizaciones están en manos de funcionarios en tránsito, sin la voz de quienes invierten, contratan personal y generan riqueza. Digamos, que el manejo oficial de la administración pesquera está en poder de burócratas y, los pescadores profesionales y los históricos usan procedimientos que, durante décadas les sirvieron (y evito decir cuáles eran), pero que hoy son absolutamente ineficaces. El sector empresario pesquero no parece darse cuenta por enterado.

 

Los años de vigencia de las cuotas deberán ser proporcionales a las inversiones realizadas y especialmente de aquellas a realizar. Podrían ser 15 años, si el análisis del proyecto de cada empresa lo amerita; pero, llevar a un año la vigencia, carece de toda seriedad y estaría demostrando que el gobierno no conoce los pormenores de la actividad o que está pensando llevar adelante un proceso licitatorio, sobre el que ya nos hemos expresado.

 

Las exportaciones, la acuicultura y la generación de empleo. El sector pesquero dirige su producción a la exportación, aunque no tiene una representación importante en el complejo exportador argentino en el que solo alcanza el 2,5% de las exportaciones totales (INDEC, primer semestre 2024), donde se destacan con el 73, 7% los langostinos y calamares y un 24,4% los pescados blancos. Exportaciones muy por debajo de sus vecinos Brasil, Chile, Perú, etc. Y, mientras que en la producción total mundial pesquera la acuicultura y maricultura alcanzan al 50%, en la Argentina están por debajo del 2%. De esto no se habla y debería ser una política prioritaria argentina para triplicar las exportaciones y la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.

 

El habito alimentario y el consumo interno. El 90% de la producción argentina se exporta y, pese a que el gobierno debe administrar el recurso, nada hace para redireccionar una cuota-parte al consumo interno. Mientras los médicos nutricionistas y cardiólogos entienden que para mejorar la dieta el pescado debería consumirse tres veces por semana, la Subsecretaría de Pesca insólitamente promueve consumir pescado los días 19 de cada mes (Resolución 42/19). En un país donde los consumidores no conocen las bondades del pescado no puede esperarse que los funcionarios tomen políticas activas que acrediten el valor de esta industria.

 

En la Argentina hay un consumo per cápita anual de 4,8 Kg. Es el país con más bajo consumo en Suramérica que llega a un promedio de 9,8 Kg. Salvo algunos casos puntuales los empresarios no prestan atención al mercado local. Ni siquiera en las ciudades portuarias y pesqueras el consumo es mayor. Los programas sociales no tienen contemplado este alimento, pese a su alta calidad proteica y de grasas insaturadas y, la compra de los consumidores del pescado es reactiva ya que no está contemplada dentro de las compras programadas del hogar. Gobierno y empresarios son responsables de esto y, ello también, hace a la imagen del sector.

 

La reforma de la ley 24.922. La ley nació en 1998 y tuvo su papel en esos años. Después de 28 años de su sanción, en una actividad en discusión en el mundo pesquero, es insólito que no haya tenido cambios en cuestiones que se sufren: la integración del Consejo Federal Pesquero; la falta de jerarquía de la Autoridad de Aplicación; el otorgamiento de cuotas; el sostén económico de la administración, la investigación y el control y un centenar de temas que proyectan una actividad moderna para los próximos treinta años. El temor empresario es reverencial a alguna modificación que pueda cambiar las reglas de juego estos años. Los empresarios no parecen darse cuenta de que el cambio es irremediable y, cuanto más aporten intelectualmente, menor será el riesgo que los funcionarios de turno contribuyan con su desconocimiento. El Santos de Pelé impuso la estrategia de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”.

 

La aplicación de multas. Su aplicación y, sobre todo las de alto monto, muestran la incapacidad del gobierno de llevar una política de preventiva. Las últimas parecen destinadas a mostrar un cambio sancionatorio y no a llevar a cabo una administración ordenada. Todo el proceso es observable: desde la inspección hasta la sanción. Hay denuncias sobre incumplimientos graves y, otras recientes, que se refieren a actos de persecución. Las multas no repararán los daños.

 

La soberanía y política poblacional. La pesca es una actividad central en la defensa de la soberanía marítima y en los amplios espacios de la Patagonia. La pesca ha servido para poblar e industrializar ese importante territorio nacional con baja densidad de población. Más de 500 buques pesqueros habilitados son custodios del extenso territorio marítimo. El sector empresario no ha sabido darle valor y proyectar nacionalmente este hecho trascendente. Los gobiernos provinciales del litoral patagónico como hemos visto en estos días a cambio de unas monedas han planteado el absurdo de liberar sus puertos para dar apoyo a los buques que pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios.

 

Manual Belgrano en el siglo XIX decía “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”. Los empresarios pesqueros no han sabido darle valor estratégico, económico, social, alimentario y sanitario a la pesca.