CUANDO EL TIEMPO

  hace su trabajo

 

Por Gonzalo P. Miño

La Prensa, 18.05.2026

 

Hay que hacer todo lo posible, para acelerar al máximo los tiempos para demostrar que el único camino posible es retornar al estado de derecho.

¿Qué se puede escribir ya que no se haya escrito sobre el “mundo lesa”? ¿qué se puede decir que ya no se dijo sobre las groseras arbitrariedades jurídicas y judiciales que se vienen cometiendo desde hace casi 23 años?

 

¿Qué se puede decir de la desaprensiva actitud de una gran mayoría de los retirados que ya no se haya dicho o escrito, respecto al elegido “perfil bajo” que se traduce en el irritante “estoy en zona de riesgo camarada” o “…y, que se puede hacer…”?

 

Lamentablemente se ha naturalizado que estos juicios denominados “de lesa” corren por carriles separados al del debido proceso y del estado de derecho, que son “juicios especiales” donde la ley es lo que dicen los fiscales y los querellantes, agregando requisitos que la misma no tiene ni pide.

Encima, quienes vociferaron que venían a dar la batalla cultural, y que en campaña electoral exclamaron que “lo de los 30.000 era mentira” y “que en los 70 hubo una guerra donde se cometieron excesos”, pasaron rápidamente a sentenciar “no es parte de mi agenda”.

 

De anverso, como no podía ser de otra forma, “la orga” de los derechos humanos, a través de su ariete el Ministerio Publico Fiscal, no detiene su marcha, llegando incluso no solo a seguir abriendo causas mediante delirantes imputaciones sino que hasta le solicitan a los jueces que no apliquen los fallos de la Suprema Corte que le son adversos, como el fallo “Castillo” que le pone coto a las eternas prisiones preventivas.

 

LA TRISTE REALIDAD

 

La verdad, este tema del “mundo lesa” ha quedado reducido a una pequeña discusión entre esa “orga” de los derechos humanos y algunos retirados -los condenados y los pocos que los asisten-. A la sociedad no le importa el tema, ni le interesa ya, mientras que la casta política solo está preocupada en sus propios intereses, importándole poco y nada los destinos de la Nación. Es la triste realidad.

 

Y es que, como siempre decimos, nadie va a pelear una guerra que sus propios interesados no pelean. “El tiempo pasa y el pescado sin vender”, dice una coloquial frase muy usada en nuestro país.

 

Impensadamente, pues nadie lo tenía en la mira, ni de un lado ni del otro, el tiempo va haciendo su trabajo. Tras casi 23 años de tramitación de estos juicos, muchos jueces federales comienzan a manifestar su hastío de seguir con estas causas “in eternun”. Es evidente el mal humor de les causa hacer “largos juicios” contra imputados que ya han sido condenados dos o tres veces, escuchar los ya disparatados planteos de los fiscales y querellantes advirtiendo que, en realidad, estos procesos se transformaron en una verdadera “cacería de brujas”; mientras tienen que cumplir con la extensa carga laboral que impone el nuevo Código Federal Procesal.

 

23 AÑOS DE JUICIOS

 

Justamente tras estos 23 años de juicios, ya fueron condenados los generales, los Altos Mandos, los Jefes, incluso en reiteradas oportunidades, estando ya la mayoría fallecidos y los pocos que quedan vivos en condiciones de acceder a la libertad condicional por el excesivo tiempo que llevan detenidos, incluso en condena. Por ello los fiscales insisten una y otra vez en abrir nuevas causas, para impedir que ello suceda; a la par que comienzan a perseguir a quienes en ese momento eran tenientes, subtenientes o simples agentes de policía; incluso se lleva al absurdo de pretender llevar adelante estos juicios aunque el imputado este muerto solo para declarar su responsabilidad penal, aunque no se lo condene. Todo para seguir con lo que alguien alguna vez llamó “el curro de los derechos humanos”.

 

Los togados, que como ahora se dice “la ven”, se dan cuenta que la finalidad de todo esto no es otra cosa que perpetuar estos juicios y ya no están dispuestos a seguir siendo una mera escribanía de fiscales y querellantes.

 

La férrea e intransigente oposición de fiscales y querellantes a que se les restituya los haberes de retiro y la obra social a los dados de baja es la prueba que estos procesos penales no buscan Justicia, sino venganza.

 

“La sociedad hoy nos pide otra cosa”, ya se escucha decir desde muchos despachos judiciales.

 

DOS PROBLEMAS

 

Ante ello, hay dos problemas. Uno, que aún se mantiene en pie lo “políticamente correcto” tanto en los medios de comunicación como en la casta política, razón por la cual los fallos ajustados a derecho salen a “cuenta gota”.

 

El otro es que el tiempo es demasiado lento en su inexorable tarea y los “viejos” no tienen margen de maniobra para esperar que haga su despaciosa labor. “La orga” de los derechos humanos sabe esto y por ello a través de su brazo ejecutar, los fiscales militantes que “coparon” las Unidades Fiscales de Derechos Humanos, hace todo lo posible para retrasar al máximo este imparable proceso, apoyados por todavía demasiados jueces, militantes varios y timoratos otros.

 

SALIR DE LA PALESTRA

 

Ante este contexto, ya está visto que no va a llegar ninguna magnánima migaja misericordiosa de político alguno, están “en otra” como se dice. Por ello hay que hacer todo lo posible para tratar de acelerar al máximo estos tiempos. Como se dice hay que “salir a la palestra”, dejando de lado la pasividad, llenado las salas de audiencias de camaradas de los enjuiciados con banderas argentinas, colmado el lugar en donde se haga un acto o una conmoración alusiva, publicando solicitadas, “copando” las gradas del Congreso Nacional cuando sea necesario, desbordando de camaradas la sala de visita de las cárceles; para así demostrarle a la sociedad y por ende a quienes tienen en su manos el devenir de estos juicios, que el único camino posible es retomar el irrestricto respeto al estado de derecho.

 

Sobre todo, ante la espuria actitud del actual Ministro de Justicia de la Nación, que elevó los pliegos de decenas de nuevos jueces, muchos de ellos militantes de “justicia legitima” o afines al kirchnerismo, para que desde la Rosada se negocie sus nombramientos a cambio de conseguir los votos necesarios en el Congreso para lograr sancionar las leyes que solo al gobierno le interesa.

 

Como siempre decimos, se debe dejar bien claro que no se busca impunidad sino legalidad: y que el éxito no cae del cielo, se construye.

Sino se toma conciencia de ello y no se actúa en consecuencia, se conseguirá que “la orga” de los derechos humanos logre detener el tiempo y que el tedio y hartazgo de muchos jueces -que contagiará indefectiblemente a la enorme mayoría de ellos en lo que algún fiscal militante, con acertado recelo, llama “la rebelión de los mansos”- se transforme en un estoico continuar en piloto automático, que aunque a disgusto, los lleve a seguir dirigiendo sus acciones hacia el mismo rumbo trazado desde hace 23 años; aunque esporádicamente se cambie transitoriamente esa trayectoria.

MUERTOS CIVILES

La Prensa, 04.05.2026

 

Señor Director:

 

El Jefe del Estado Mayor del Ejército acaba de disponer, mediante una simple resolución basada en hechos ocurridos hace 50 años, la baja de 34 oficiales del Ejército, condenados y presos en las causas denominadas de “lesa humanidad”.

 

Hay condenas que no figuran en sentencia alguna, pero que se imponen y ejecutan con una eficacia implacable. La baja de 34 militares -presentada como un acto administrativo más- encierra una forma de muerte jurídica: la conversión de personas en “muertos civiles”. El derecho civil enseña que la persona se define por ciertos atributos esenciales: nombre, capacidad, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. No es una enumeración caprichosa; es la estructura misma de la personalidad jurídica. Quitar uno de esos pilares no es un detalle técnico: es despojar a alguien de una parte de su humanidad. Y no se trata aquí de una poda menor, sino de la inicua confiscación del patrimonio de personas que han hecho aportes durante 40, 50 o más años, dejándolas sin sustento en la etapa más vulnerable de sus vidas.

 

A la supresión del haber de retiro se añade, en muchos casos, la pérdida de los servicios de la obra social. Es decir, se los priva no sólo de los recursos para vivir, sino también del cuidado de su salud cuando más lo necesitan. La vejez, que debería ser tiempo de amparo, se convierte así en brutal condena a vivir a la intemperie.

 

Frente a esto, la solución institucional oscila entre la frialdad burocrática y una ironía difícil de digerir. Un abogado del IAF, ante el reclamo de un militar despojado de su retiro, sostuvo que éste “pretende vivir cómodamente en su hogar pudiendo hacerlo en el sistema carcelario”, sugiriendo incluso que “bien podría el actor volver al sistema carcelario”, en vez de insistir en su derecho. La respuesta no sólo es de una refinada crueldad, sino que revela una concepción en la que el castigo no tiene límite ni proporción, como si la pena nunca fuera suficiente y su finalidad la anulación total de la persona.

 

Esto, en verdad, no es derecho ni justicia. La ley 19.101, en su artículo 20, prevé consecuencias para el personal militar condenado, pero su aplicación no puede desentenderse de principios elementales: la razonabilidad de las sanciones, la protección de derechos adquiridos, la dignidad humana. Este artículo establece que “la baja se produce por… condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución”. Pero esa equivalencia hoy es, sencillamente, inexistente. El Código de Justicia Militar fue derogado, y con él desapareció el parámetro normativo al que la ley remite. Se aplica así una consecuencia grave apoyándose en una referencia que ya no tiene contenido jurídico real. La norma se invoca, pero su presupuesto ha sido vaciado. Y en ese vacío, lo que debería ser derecho se convierte en discrecionalidad.

 

En este escenario el desempeño de los jueces resulta decisivo. Sin embargo, lejos de erigirse como un límite frente a estos excesos, demasiadas veces optan por la comodidad de convalidarlos. Y no se trata de pedirles que actúen con heroísmo, sino de algo elemental, esto es, la voluntad de aplicar el derecho sin temor ni oportunismo. Cuando eso falta, la ley deja de ser un refugio para convertirse en un instrumento de demolición.

 

La paradoja es evidente. En un extremo, personas que dedicaron su vida al cuidado y defensa de la nación, se ven privadas por el Estado de sus medios de subsistencia y de la cobertura de su salud. En el otro, quienes integraron organizaciones terroristas que atentaron contra esa misma nación, reciben indemnizaciones millonarias.

 

Ese mismo Estado es el que ahora los da de baja del Ejército, humillándolos hasta el extremo, además de dejarlos en la indigencia. Todo ello después de haberlos mantenido encarcelados durante años, víctimas del escandaloso prevaricato en que incurrieron a mansalva jueces cobardes y corruptos, ejecutores de una política de odio y venganza como no se ha visto en ningún país civilizado, para vergüenza de los argentinos.

 

ALBERTO SOLANET Y JUAN ANTONIO VERGARA DEL CARRIL

 

(Presidente y Secretario -respectivamente- de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia)

¡AY DE LOS JUECES

 que no hacen justicia!

 

La Prensa, 23.04.2026

 

Señor director:

La aritmética judicial parece regirse a menudo por reglas propias, esto es, no con fundamento en las matemáticas, sino en meras ocurrencias, cuando no en groseros exabruptos.

 

Esa aritmética se potenció a través de los años con el cuento chino de la Política de Estado de Derechos Humanos.

 

Un ejemplo emblemático de lo afirmado es el  caso del cabo Julio Narciso Flores, quien en 1976 había cumplido apenas 18 años. Ocho meses antes había egresado como cabo en Mantenimiento de Aeronaves. Carecía de poder decisorio alguno, no mandaba. Era tan sólo un cabo mecánico, un técnico, que prestó servicios para la Fuerza Aérea apenas tres años.

 

Su superior absoluto en la cadena de mando, el brigadier Agosti, procesado como autor de delitos de lesa humanidad, recibió en su momento una condena de cuatro años y seis meses. El cabo Flores, con la misma tipificación, fue condenado a veinticinco años de prisión efectiva. Y el Tribunal de San Martín, que lo condenó, le acaba de denegar por enésima vez la prisión domiciliaria.

 

En estructuras jerárquicas las decisiones no nacen en los niveles más bajos. Salvo en este caso, en el cual quien ocupaba un rol técnico y subalterno, aparece soportando el peso mayor. La figura de un “cabo mecánico”, con ínfima antigüedad y mínima capacidad de decisión, contrasta con la desmesurada sanción impuesta.

 

Queda claro que la negativa a concederle tan siquiera un paliativo -como sería la reclusión en su casa- dice a los gritos, en su abominable parquedad, que el Cabo Flores debe morir donde se encuentra, esto es, en la cárcel.

 

Estos jueces tan obscenos como prevaricadores confirman lo que tantas veces hemos dicho. Sus sentencias no son el resultado de un análisis jurídico, sino lisa y llanamente la imposición de una dogmática ideológica.

 

Tampoco es un hecho aislado. El Tribunal de San Martín ha dado muestras abundantes de su perseverancia para sentenciar contra legem. ¿Quién puede olvidar, acaso, cuándo condenó a quien tuvo a su cargo la recuperación del Regimiento de La Tablada, bajo la siniestra mirada, audiencia tras audiencia, de los terroristas que intentaron coparlo?

 

Estos dramas, que sufren brutalmente los acusados de “lesa humanidad” y sus familias, contrastan con la indiferencia generalizada de la sociedad, que disfruta de una libertad que no ganó.

 

Quizás la historia pondrá las cosas en su lugar y bautizará a estos jueces con el mote que merecen: mercaderes de la ley, sicarios de una política de odio y venganza, perjuros, impostores, traidores.

 

Desde estas líneas, apenas una voz entre muchas, se intenta sostener algo de esa pálida y frágil llama de justicia, con la esperanza de que no llegue el día en que ya no queden justos a quienes salvar ni razones para librar una y otra vez el buen combate.

 

Alberto Solanet

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

LA DICTADURA EN EL BANQUILLO

¿cuánta justicia hizo la democracia?

 

Letra P | Ailin Bullentini

19 de marzo de 2026

 

De este artículo, que consideramos no resulta objetivo en sus reflexiones, reproducimos los datos concretos de fuente oficial.

 

(...)

 

Desde la reapertura de las causas, el país acumula 361 sentencias, 1.231 personas condenadas y 250 absueltas por crímenes de lesa humanidad. Pese al desgaste del tiempo, el proceso sigue abierto: hay 11 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación.

 

Hace algunos días, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó las cifras que describen, a grandes rasgos, la espesura del proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiástica (sic) y su situación actual.

 

Los procesos desarrollados desde 2006 arrojan los siguientes números:

 

- 3.897 personas investigadas;

- 1231 condenados;

- 46% libres;

- 40% fallecidos;

- 12% con algún tipo de encierro;

- 1% prófugos;

- 504 detenidos;

- 90% con arresto domiciliario;

- 61 en servicios penitenciarios;

- 18 en la cárcel VIP de Campo de Mayo;

- 715 causas;

- 361 sentencias;

- 282 expedientes abiertos;

- 60 causas esperan fecha de juicio oral;

- 11 juicios en debate, que serían 12, pero el juicio contra dos exdirectivos de Ingenio La Fronterita, acusados del secuestro y las torturas impuestas a más de 60 trabajadores en el centro clandestino que funcionó dentro de la empresa desde 1975, fue suspendido.

(...)

 

 

 

 

UN LIBRO QUE INCOMODA

 la crítica necesaria al modelo argentino de lesa humanidad

 

Por Alejandro Molina

Foro Patriótico Manuel Belgrano, 0/11/2025

 

En medio de un clima público donde las discusiones jurídicas suelen quedar subordinadas a relatos políticos y a militancias selectivas, emerge un libro breve en extensión, pero de notable densidad conceptual: “Breve Crítica Jurídica al Modelo Argentino de Lesa Humanidad “, de Guillermo Palombo, Gabriel D’Amico y Santiago M. Sinópoli, publicado por Ediciones Lilium (Nº ISBN: 978-631-6521-49-1) , tanto en formato impreso como en edición e-book.

 

La obra se inscribe en una línea de pensamiento que no rehúye la incomodidad. Por el contrario, la asume como condición necesaria para revisar críticamente dos décadas de jurisprudencia penal excepcional. Y es precisamente esa incomodidad —serena, argumentada, técnica— la que convierte al libro en una intervención intelectual relevante y valiente.

 

Una crítica frontal al paradigma vigente

Los autores sostienen una tesis que, aunque conocida en ciertos ámbitos académicos, rara vez ha sido expuesta con tanta claridad: desde 2003, los juicios de lesa humanidad se desarrollaron no sobre la base del derecho penal liberal consagrado por la Constitución, sino bajo un modelo de derecho penal del enemigo, aplicado exclusivamente a militares y miembros de fuerzas públicas que combatieron a la subversión en los años setenta.

 

Este planteo es, sin duda, incómodo. No para la sociedad en general —que muchas veces desconoce los detalles técnicos de estas causas— sino para actores centrales del proceso:

 

El Poder Judicial federal, en todos los niveles del fuero penal.

El Ministerio Público Fiscal, cuya actuación en estas causas ha estado marcada por una lógica militante y un relato político que condicionó la interpretación jurídica.

Uno de los grandes méritos del libro es desmontar, punto por punto, los argumentos que sostuvieron la reinterpretación del artículo 118 de la Constitución y la aplicación retroactiva de la Convención de 1968. Con claridad didáctica, los autores muestran que no existía —ni desde la jurisprudencia internacional ni desde el derecho interno— obligación jurídica alguna que permitiera reabrir procesos penales cerrados o prescriptos.

 

El texto revela, con apoyo doctrinario y análisis comparado, que la excepcionalidad instaurada en estos juicios implicó:

 

– el uso instrumental del derecho internacional,

– la flexibilización del principio de legalidad,

– la relativización de la cosa juzgada,

– y la exclusión absoluta de la violencia guerrillera del mismo estándar jurídico.

 

La consecuencia fue un doble estándar que definió un campo penal selectivo, donde la identidad del imputado pesó más que la ley.

 

Otro aporte relevante del libro es su capacidad para interpelar la narrativa oficial instalada desde 2003. La obra deja claro que el problema no es la persecución de violaciones graves a los derechos humanos, sino la elección de un método que prescindió de garantías elementales del derecho penal constitucional.

 

Comparando la experiencia argentina con la de Sudáfrica, Colombia, Uruguay y Sierra Leona, los autores demuestran que nuestro país eligió un camino singular: mantener juicios de excepción durante veinte años, sin mecanismos de cierre ni simetría en la imputación.

 

Este libro será, sin dudas, incómodo.

Lo será para los tribunales que edificaron una jurisprudencia basada en excepciones.

 

Lo será para los fiscales que concibieron su rol como militantes de una causa histórica antes que como representantes de la legalidad.

 

Lo será para quienes sostienen que la verdad jurídica puede escribirse desde una sola de las partes del conflicto.

 

El derecho penal necesita voces que recuerden que la Constitución no es una herramienta política, sino un límite infranqueable.

 

La publicación de esta obra coincide con un momento en que la Justicia Federal muestra señales de revisar críticamente el modelo excepcional, como lo evidencia el reciente fallo Castillo. En ese contexto, este libro se vuelve una guía indispensable para comprender cómo se construyó ese paradigma y por qué su continuidad resulta incompatible con el Estado de Derecho.

 

Breve en páginas, profundo en consecuencias, Breve Crítica Jurídica al Modelo Argentino de Lesa Humanidad es un texto que invita a repensar el pasado reciente con rigor y sin consignas.

 

No pretende agradar: pretende decir la verdad jurídica, y eso —siempre— incomoda.

RECLAMO POR MILITARES

 

https://www.laprensa.com.ar/Reclamaran-por-la-libertad-de-los-militares-presos-566545.note.aspx

QUIÉN INICIA

 

 una acción delictiva es responsable por todas sus consecuencias

 

Por Ariel Corbat

La Prensa, 09.06.2025

 

 

El 2 de julio de 2018, La Prensa publicó otro artículo de mi autoría titulado: "No sabemos aún lidiar con el error policial”. Casi seis años después, lo allí hablado sigue vigente.

 

Afirmaba entonces y sostengo al día de hoy: "Una de las cuestiones más delicadas que debe contemplar toda política de seguridad, desde su gestión como responsabilidad de los funcionarios políticos en la conducción de fuerzas policiales, es asumir que ocurrirán muertes de civiles inocentes y saber lidiar con ello. Las bajas por error son una posibilidad latente en cualquier escenario de intervención policial. La razón es muy simple: los policías son seres humanos. Y los humanos cometemos errores de distinta magnitud todos los días. Algunos errores cuestan vidas".

 

Y agregado que algunos de esos errores, excepcionalmente, tienen más de fatalidad que de error. Una fatalidad que, en general, surge a partir de acciones delictivas cuando determina la necesidad de respuesta inmediata.

 

El tristísimo caso de Thiago Correa, el niño de 7 años que estando junto a su padre recibió un balazo en la cabeza a 180 metros del lugar donde un policía repelía el intento de robo del que era víctima junto a su madre en Ciudad Evita, La Matanza, más allá del dolor por lo irreparable nos viene a recordar que sigue siendo necesario asumir que ocurrirán muertes de civiles inocentes y es preciso saber lidiar con ello.

 

MIRADA SESGADA

 

Nuestra sociedad, garantía zaffaronista mediante con la prédica y práctica de subversión cultural del régimen kirchnerista, ha sido llevada a creer que en este tipo de situaciones toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre los agentes del Estado. En su afán de victimizar a terroristas y delincuentes los organismos de derechos humanos con políticos tanto de izquierda como progreso, han impuesto una mirada sesgada de los enfrentamientos armados que supone a los policías siempre ávidos de sangre ya los delincuentes como pobres desplazados que no encuentran su lugar en la sociedad capitalista.

 

Podría ser risible tal entendimiento si no fuera que realmente piensan así. En consecuencia omiten por definición toda la responsabilidad de los delincuentes exigiendo que cualquier agente del Estado que intente cumplir con su deber realizar, en fracción de segundo (y con un grado de precisión absoluto), el estudio socioambiental del escenario ya sus oponentes pericias balísticas sobre las armas, examen toxicológico, evaluación psiquiátrica, estudio sociológico que contemple necesidades básicas insatisfechas y, por supuesto, informarlos sobre su derecho a denunciar ante distintos organismos gubernamentales y no gubernamental todo maltrato por parte de la policia.

 

Pero no termina ahí lo ridículo de la cosa, también se le exige al agente del orden tener una puntería infalible, estar naturalmente dotado con visión telescópica con sensor de temperatura para distinguir cuerpos en la oscuridad de la noche y puntos de adivinación para anticipar todo movimiento en el radio de alcance efectivo de sus disparos.

 

No reconocen que los policías son humanos y pretenden que sean Robocop. Aunque si lo fueran clamarían por desconectarlos...

 

SUFRIMIENTO INENARRABLE

 

Nadie puede ponerse los zapatos de los padres de Thiago Correa. Ese sufrimiento no es susceptible de ser dimensionado por terceros. Tampoco lo es el reproche de conciencia que por el resto de sus días experimentará el policía por esa muerte que indudablemente no quiso. Ese sufrimiento tampoco puede ser dimensionado por terceros.

 

Lo que cabe agregar es que los delincuentes sobrevivientes de seguro no experimentarán ninguna culpa, porque no les importan las vidas de los demás. Salen a la calle en plan de caza, para servirse de la gente como si de ganado se tratara. Nos roban y nos matan porque encarnan una contracultura donde la violencia gratifica rápido y la culpa es inexistente.

 

Posiblemente sea yo uno de los críticos más severos de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad (del ahora pomposa y erróneamente llamado Ministerio de Seguridad Nacional), ello no me impide reconocer sus aciertos o buenas intenciones. Aplaudo pues que la ministra Bullrich se haya manifestado claramente en defensa del policía anunciando: “Vamos a ir con todos los cuerpos legales a defensor al policía que no fue a matar a Thiago”.

 

Comparto con ella la indignación por la acusación del fiscal ya que, tal como declara Bullrich: "El que sale a robar en banda es el responsable del homicidio de Thiago. El policía no salió a robar, salió con su madre camino a la Policía Montada".

 

Desde que escribió la nota citada al inicio, año tras año la percepción social sobre fuerzas del orden y delincuencia ha evolucionado por obra de las diversas sensaciones de inseguridad y por el hartazgo frente a la pasividad surgida de políticas que demonizan a los uniformados. No son las mejores razones, porque la necesidad con su cara de hereje facilita la irracionalidad de la demagogia y debería ser por principios de civismo que la sociedad respalde la acción de sus policías.

 

Ahora bien, es imperioso diseñar y ejecutar una estrategia de concientización cívica partiendo de tener claro que el objetivo de la Seguridad Interior es alcanzar y sostener la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional; para garantizar el estilo de vida que ella promueve. Con tal entendimiento cobran su mayor significación las palabras del Dr. Manuel Belgrano enseñando que "el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente". En ese sentido, es preciso un plan para imponer escalonadamente desde la doctrina, la legislación y la jurisprudencia que quien inicia una acción delictiva es responsable por todas sus consecuencias, incluyendo su propia muerte.

 

Establecer este punto como una directiva de la política de Seguridad Interior, que requiere un trabajo constante y de largo plazo para no caer en las mágicas suposiciones del voluntarismo que se estampan contra la realidad, es el camino a la racionalidad republicana que a más de mejorar la seguridad permitirá empezar a saber contextualizar el error policial.

 

Ariel Corbat

* Abogado (UBA), ex SIDE, periodista experto en seguridad y temas militares. Editor de la página web http://plumaderecha.blogspot.com