reclama más reformas
La Nación, editorial,
27 DE DICIEMBRE DE 2017
La reciente sanción de una ley de jubilaciones trató
cuestiones principalmente relacionadas con propósitos más coyunturales que
estructurales. Con excepción de la opción de continuar trabajando hasta los 70
años, los cambios más relevantes atienden a los procedimientos de ajuste y a
los acuerdos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias.
El sistema de jubilaciones denominado de reparto está
en crisis en casi todos los países en los que es aplicado. Hay dos razones para
que ello ocurra. Una es estructural y está relacionada con una cuestión
demográfica propia del cambio sociocultural. La otra resulta del
aprovechamiento indebido que realizan los gobernantes de los fondos acumulados
en las cajas de jubilaciones. Su uso con otros fines va en desmedro de la
jubilación que recibirán quienes obligatoriamente debieron aportar.
El aumento de la esperanza de vida, la disminución de
la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población fueron quebrando
el equilibrio entre aportantes y beneficiarios, o sea, entre los ingresos y
egresos. La medicina seguirá venciendo muchas enfermedades causantes de
mortalidad, prolongando así la vida media. La esperanza de vida en la
Argentina, que en 1960 era de 68 años para mujeres y 62 para hombres, aumentó
en 2015 a 80 y 72 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios culturales
propenden a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de hijos.
En definitiva, hay una tendencia estructural para que se produzca un desajuste
creciente en los sistemas de reparto. Sin embargo, los gobiernos son en general
reticentes a superar resistencias sociales y a elevar las edades de retiro a
fin de atenuar ese desequilibrio. Sólo por este motivo inevitablemente caen las
jubilaciones con relación al nivel de los salarios y al de los aportes.
Pero está también la segunda razón, que algunos
califican acertadamente como estafa: el uso político de los fondos acumulados
en desmedro de su protección y la generación de un rendimiento lógico. Un
didáctico video de la Fundación Libertad y Progreso (https://www.youtube.com/watch?v=4oxH6jWQHOk&list=)
muestra que si una persona con un sueldo mínimo en la Argentina hubiera
destinado a construir casas las mismas sumas que aportó a la Anses a lo largo
de su vida activa, a los 65 años tendría 3,5 casas de 46.000 dólares cada una,
cuyos alquileres duplicarían lo que recibe mensualmente como jubilación mínima.
Además, esos inmuebles quedarían en herencia para sus hijos. Resulta así que en
el manejo de sus aportes el Estado se quedó con la mitad y además lo privó de
la propiedad de su ahorro. La quita sería aún mayor para sueldos más altos. He
ahí la estafa.
En nuestro país hay una oposición ideológica muy
extendida hacia el sistema alternativo de jubilación denominado de
capitalización, que estuvo vigente entre 1995 y 2008. En efecto, en 1995 se
transformó el sistema ante la evidencia de la insostenibilidad del régimen de
reparto y se derivó al nuevo de capitalización la mayor parte de los aportantes
activos. Se inició un período crítico durante el cual ese desvío de los aportes
redujo los ingresos de la Anses, que debía continuar pagando mensualmente a los
jubilados y pensionados ya existentes. Para que eso fuera posible fue necesario
entregar a ese organismo el 15% de la masa de impuestos nacionales
coparticipables con las provincias. La situación fiscal del gobierno nacional
se perjudicó, aunque al no producir el régimen remanente de reparto nuevos
jubilados, en pocos años por los fallecimientos se superaría el desequilibrio.
Doce años después, cuando ya se estaba cerca de lograrlo, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema de capitalización, confiscó
los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.
El principal argumento alegado para destruir aquel
sistema y confiscar los ahorros fue el supuesto elevado monto de las comisiones
que cobraban las AFJP que administraban los fondos. Visto ahora esto
retrospectivamente, resulta que no es así. En nuestro sistema de reparto el
Estado se queda con el 50% a lo largo de la vida activa del aportante. Y además
retiene la propiedad. Las comisiones de las AFJP, netas del seguro, que en 2008
se habían reducido, al cabo de toda la vida activa alcanzarían alrededor de un
9% del fondo acumulado, una quinta parte de lo que el Estado se queda en el
sistema de reparto. Además, las AFJP sólo administraban y su comisión debía
compensarse con el rendimiento de los fondos, sin quedarse con la propiedad de
lo aportado.
La confiscación de 2008 produjo un transitorio alivio
al fisco nacional, siendo ese uno de los principales motivos de haberla
aplicado, satisfaciendo también una concepción ideológica estatista. Las
comisiones de las AFJP en todo caso reclamaban más correcciones y no la
destrucción del sistema. Se afectó seriamente el derecho de propiedad, la
confianza en el país y se recreó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para
peor, se volvió a la práctica política de la estafa. Los fondos confiscados que
constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los aportes corrientes
fueron aplicados a financiar el déficit fiscal u obras públicas de escasa o
nula rentabilidad, o el Plan Procrear, con tasas de interés por debajo del
mercado, entre otras cosas.
El desequilibrio se agravó al admitirse la jubilación
de alrededor de tres millones de personas que no habían hecho aportes. Esta
pesada herencia recibida por el gobierno del presidente Macri vino acompañada
por cientos de miles de juicios por reclamos jubilatorios que están siendo
gradualmente resueltos con los fondos percibidos por el fisco como comisiones
del blanqueo instrumentado por la ley de reparación histórica.
Ante la insuficiencia de los recursos propios, ha sido
necesario canalizar hacia el sistema previsional fondos provenientes de otros
impuestos. El acuerdo con las provincias así lo admite y tendrá inevitablemente
que incrementarse. La reciente sanción de la ley previsional no modifica en
absoluto el desequilibrio intrínseco del sistema. La opción voluntaria de
extender el período activo hasta los 70 años es solo un paso muy pequeño.
El restablecimiento de un sistema mixto de
capitalización y reparto podría ser una decisión correcta. Sin duda enfrentaría
un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo aliados dentro de
Cambiemos. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese
sistema, que ha alcanzado hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe
hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar la de
hombres y mujeres. Esto no impediría sino que complementaría la opción
voluntaria de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro.
El sistema de jubilaciones reclama más reformas
Urge resolver el colapso del régimen previsional
desterrando el uso político que se ha dado a esos fondos
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017
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La reciente sanción de una ley de jubilaciones trató
cuestiones principalmente relacionadas con propósitos más coyunturales que
estructurales. Con excepción de la opción de continuar trabajando hasta los 70
años, los cambios más relevantes atienden a los procedimientos de ajuste y a
los acuerdos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias.
El sistema de jubilaciones denominado de reparto está
en crisis en casi todos los países en los que es aplicado. Hay dos razones para
que ello ocurra. Una es estructural y está relacionada con una cuestión
demográfica propia del cambio sociocultural. La otra resulta del
aprovechamiento indebido que realizan los gobernantes de los fondos acumulados
en las cajas de jubilaciones. Su uso con otros fines va en desmedro de la
jubilación que recibirán quienes obligatoriamente debieron aportar.
El aumento de la esperanza de vida, la disminución de
la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población fueron quebrando
el equilibrio entre aportantes y beneficiarios, o sea, entre los ingresos y
egresos. La medicina seguirá venciendo muchas enfermedades causantes de
mortalidad, prolongando así la vida media. La esperanza de vida en la
Argentina, que en 1960 era de 68 años para mujeres y 62 para hombres, aumentó
en 2015 a 80 y 72 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios culturales
propenden a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de
hijos. En definitiva, hay una tendencia estructural para que se produzca un
desajuste creciente en los sistemas de reparto. Sin embargo, los gobiernos son
en general reticentes a superar resistencias sociales y a elevar las edades de
retiro a fin de atenuar ese desequilibrio. Sólo por este motivo inevitablemente
caen las jubilaciones con relación al nivel de los salarios y al de los
aportes.
Pero está también la segunda razón, que algunos
califican acertadamente como estafa: el uso político de los fondos acumulados
en desmedro de su protección y la generación de un rendimiento lógico. Un
didáctico video de la Fundación Libertad y Progreso (https://www.youtube.com/watch?v=4oxH6jWQHOk&list=)
muestra que si una persona con un sueldo mínimo en la Argentina hubiera
destinado a construir casas las mismas sumas que aportó a la Anses a lo largo
de su vida activa, a los 65 años tendría 3,5 casas de 46.000 dólares cada una,
cuyos alquileres duplicarían lo que recibe mensualmente como jubilación mínima.
Además, esos inmuebles quedarían en herencia para sus hijos. Resulta así que en
el manejo de sus aportes el Estado se quedó con la mitad y además lo privó de
la propiedad de su ahorro. La quita sería aún mayor para sueldos más altos. He
ahí la estafa.
En nuestro país hay una oposición ideológica muy
extendida hacia el sistema alternativo de jubilación denominado de
capitalización, que estuvo vigente entre 1995 y 2008. En efecto, en 1995 se
transformó el sistema ante la evidencia de la insostenibilidad del régimen de
reparto y se derivó al nuevo de capitalización la mayor parte de los aportantes
activos. Se inició un período crítico durante el cual ese desvío de los aportes
redujo los ingresos de la Anses, que debía continuar pagando mensualmente a los
jubilados y pensionados ya existentes. Para que eso fuera posible fue necesario
entregar a ese organismo el 15% de la masa de impuestos nacionales
coparticipables con las provincias. La situación fiscal del gobierno nacional
se perjudicó, aunque al no producir el régimen remanente de reparto nuevos
jubilados, en pocos años por los fallecimientos se superaría el desequilibrio.
Doce años después, cuando ya se estaba cerca de lograrlo, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema de capitalización, confiscó
los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.
El principal argumento alegado para destruir aquel
sistema y confiscar los ahorros fue el supuesto elevado monto de las comisiones
que cobraban las AFJP que administraban los fondos. Visto ahora esto
retrospectivamente, resulta que no es así. En nuestro sistema de reparto el
Estado se queda con el 50% a lo largo de la vida activa del aportante. Y además
retiene la propiedad. Las comisiones de las AFJP, netas del seguro, que en 2008
se habían reducido, al cabo de toda la vida activa alcanzarían alrededor de un
9% del fondo acumulado, una quinta parte de lo que el Estado se queda en el
sistema de reparto. Además, las AFJP sólo administraban y su comisión debía
compensarse con el rendimiento de los fondos, sin quedarse con la propiedad de lo
aportado.
La confiscación de 2008 produjo un transitorio alivio
al fisco nacional, siendo ese uno de los principales motivos de haberla
aplicado, satisfaciendo también una concepción ideológica estatista. Las
comisiones de las AFJP en todo caso reclamaban más correcciones y no la
destrucción del sistema. Se afectó seriamente el derecho de propiedad, la
confianza en el país y se recreó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para
peor, se volvió a la práctica política de la estafa. Los fondos confiscados que
constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los aportes corrientes
fueron aplicados a financiar el déficit fiscal u obras públicas de escasa o
nula rentabilidad, o el Plan Procrear, con tasas de interés por debajo del
mercado, entre otras cosas.
El desequilibrio se agravó al admitirse la jubilación
de alrededor de tres millones de personas que no habían hecho aportes. Esta
pesada herencia recibida por el gobierno del presidente Macri vino acompañada
por cientos de miles de juicios por reclamos jubilatorios que están siendo
gradualmente resueltos con los fondos percibidos por el fisco como comisiones
del blanqueo instrumentado por la ley de reparación histórica.
Ante la insuficiencia de los recursos propios, ha sido
necesario canalizar hacia el sistema previsional fondos provenientes de otros
impuestos. El acuerdo con las provincias así lo admite y tendrá inevitablemente
que incrementarse. La reciente sanción de la ley previsional no modifica en
absoluto el desequilibrio intrínseco del sistema. La opción voluntaria de
extender el período activo hasta los 70 años es solo un paso muy pequeño.
El restablecimiento de un sistema mixto de
capitalización y reparto podría ser una decisión correcta. Sin duda enfrentaría
un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo aliados dentro de
Cambiemos. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese
sistema, que ha alcanzado hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe
hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar la de
hombres y mujeres. Esto no impediría sino que complementaría la opción
voluntaria de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro.
