EL TRABAJO

 

 tal como lo conocemos está muriendo

 

Por Analía Tarasiewicz *

La Prensa, 19.01.2025

 

El mundo laboral está atravesando una metamorfosis profunda que no sólo redefine cómo trabajamos, sino también cómo entendemos el trabajo en nuestras vidas. La salud psicoemocional, la búsqueda de propósito, la flexibilidad y la tecnología se han convertido en fuerzas predominantes que desafían las reglas tradicionales y, con ellas, nuestra percepción de estabilidad psicológica, física y emocional.

 

En este escenario de cambio, las certezas se desmoronan, dando paso a un entorno laboral fluido que ofrece nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos. El trabajo ya no es solo un medio para ganarse la vida; es un espacio de expresión personal, un vehículo para construir propósito y un terreno en el que nuestras habilidades y emociones se ponen constantemente a prueba. Sin embargo, la rapidez de esta transformación puede ser abrumadora, dejando a muchos en un estado de incertidumbre y estrés.

 

La flexibilidad laboral es quizás la bandera más visible de esta nueva era, un pilar para mejorar la salud mental, con modelos como el trabajo híbrido, semanas laborales comprimidas y horarios personalizados que permiten a las personas equilibrar mejor su vida personal y profesional. Este tipo de medida reduce el estrés, aumenta la satisfacción y la motivación en el trabajo sobre todo para las nuevas generaciones con mayor tendencia a tomar días libres por esta causa en comparación con la Generación X.

 

Aunque este cambio, que parece tan positivo, trae consigo una carga invisible: la dilución de los límites entre el trabajo y la vida personal, por lo que tanto las organizaciones como las personas deben trabajar estratégicamente para no caer en el llamado Burn out.

 

Según el informe Talent Trends desarrollado por la consultora Michael Page, el 87% de los candidatos valora el equilibrio entre vida personal y trabajo, y el 72% prefiere un acuerdo de trabajo híbrido o flexible, pero solo el 30% de los empleadores lo considera relevante.

 

HIBRIDO EN SECRETO

 

Un fenómeno interesante que ha surgido en este contexto es el híbrido en secreto, una práctica donde los gerentes permiten discretamente que sus equipos trabajen de manera remota, aunque oficialmente la empresa haya establecido políticas de retorno presencial. Este acuerdo implícito responde a las tensiones entre las preferencias de las personas y las expectativas corporativas. Aunque esta solución de compromiso puede beneficiar a corto plazo la satisfacción y fidelización de las personas, también refleja una desconexión entre las políticas institucionales y la realidad laboral.

 

Una nueva tendencia conocida como Marcar tarjeta para un café está ganando terreno. Las personas visitan la oficina sólo lo necesario para tomar un café y registrarse, antes de trasladarse a trabajar desde otro lugar más cómodo o productivo. Este fenómeno refleja el debilitamiento del vínculo emocional con la oficina como un espacio central de trabajo. Para los empleadores, esta práctica plantea un gran reto: ¿cómo transformar la oficina en un lugar donde las personas deseen permanecer y colaborar? Aunque algunas organizaciones apuestan por rediseñar espacios con áreas de bienestar y creatividad, el verdadero desafío está en generar una conexión significativa entre los trabajadores y su entorno laboral.

 

De cara a 2025, el gran reto será formar perfiles hiperespecializados y la flexibilidad es vital para su fidelización, dotados de habilidades altamente específicas que puedan satisfacer una demanda global en constante crecimiento. En este contexto, surge una nueva tendencia en el ámbito tecnológico, los llamados Cuello Nuevo o Trabajadores sin camisa, quienes son considerados superestrellas del talento. Estos profesionales destacan por su capacidad práctica, acceden a puestos de alto nivel y demuestran que el talento y las habilidades superan a la formación académica tradicional.

 

El fenómeno del marido remoto es un ejemplo de cómo la flexibilidad puede abrir puertas a dinámicas laborales y personales inéditas. Tradicionalmente, los trabajos en tecnología o ingeniería obligaban a las parejas a priorizar la ubicación laboral de uno de los dos, generalmente del hombre. Hoy, con roles que pueden desempeñarse de manera remota, las mujeres están aceptando oportunidades laborales que antes habrían descartado. Aunque este cambio simboliza un avance hacia la equidad, también obliga a las parejas a renegociar roles y expectativas, lo que puede generar tensiones si no se gestionan adecuadamente.

 

SALUD MENTAL

 

En 2025, la salud mental se posicionará como un pilar fundamental en las estrategias empresariales, marcando un cambio decisivo en cómo las organizaciones abordan el bienestar de las personas.

 

Una de las principales tendencias es el creciente reconocimiento de que las personas buscan trabajos con sentido, alineados con sus propósitos personales. Un estudio reciente de McKinsey reveló que el 62% de los trabajadores que renuncian lo hacen en busca de mayor sentido en sus roles. Las organizaciones que entienden este cambio están priorizando culturas laborales más humanas y roles que ofrecen no solo retos, sino también propósito. En cambio, aquellas que ignoran esta tendencia enfrentan alta rotación y una creciente desconexión con sus equipos.

 

Este cambio ha dado lugar al fenómeno de la renuncia sin respaldo o renuncia sin Plan B. Personas de todas las edades, especialmente jóvenes, están dejando empleos que no reflejan sus valores personales, confiando en que encontrarán oportunidades más significativas. Aunque arriesgado, este movimiento evidencia la necesidad ineludible de propósito en el ámbito laboral.

 

Paralelamente, comienza a ganar terreno la implementación de licencias por salud mental. Estas licencias permiten a los trabajadores cuidar su bienestar emocional sin temor a estigmas ni repercusiones laborales, reconociendo que la salud mental es tan importante como la física.

 

Desde mi rol como psicóloga laboral, he trabajado intensamente en esta tendencia en los últimos dos años, aplicando el Método Tarasiewicz para trabajar y vivir mejor. Este enfoque incluye estrategias innovadoras como el Liderazgo Crossover, que combina un enfoque estratégico y humano para ayudar a los equipos a resolver problemas simples y complejos de manera creativa e innovadora.

 

Uno de los aprendizajes más valiosos al trabajar con líderes fue constatar que, en general, desconocen los aspectos fundamentales de la gestión psicoemocional. No se trata de ser psicólogo o especialista en recursos humanos, sino de saber escuchar, comprender y brindar una primera atención, derivando lo antes posible los casos que excedan sus competencias. Por ello, creé espacios de evaluación de necesidades psicoemocionales y capacitaciones específicas para líderes, abordando desde temores cotidianos, como presentar resultados, hasta situaciones complejas como la depresión mayor. Ambas realidades son importantes y no deben ser ignoradas ni estigmatizadas.

 

Otra de las iniciativas que hemos implementado son los espacios de soledad en oficinas, diseñados para reducir el estrés y potenciar la creatividad, la innovación y la estrategia. Estos espacios están complementados con programas regulares de meditación que fomentan la calma y la resiliencia emocional.

 

Por otro lado, invertir en la formación psicoemocional se está volviendo esencial. Enseñar habilidades como la gestión del estrés, la comunicación efectiva y la empatía beneficia tanto a las personas como a las dinámicas de equipo, promoviendo un estilo de gestión más humano y empático.

 

En definitiva, estas tendencias reflejan un esfuerzo colectivo por crear entornos laborales más humanos y sostenibles, donde la salud mental deje de ser un tema tabú y se convierta en una prioridad estratégica. Este cambio no solo mejora el bienestar de las personas, sino que también impulsa la productividad, retiene talento y construye culturas organizacionales más inclusivas y empáticas.

 

NUEVAS TECNOLOGIAS

 

La tecnología, y en particular la Inteligencia Artificial, están transformando profundamente la naturaleza del trabajo. Herramientas avanzadas que automatizan tareas y optimizan procesos permiten a las personas concentrarse en actividades más estratégicas y de mayor valor. Sin embargo, esta revolución tecnológica también plantea preguntas inquietantes: ¿qué ocurrirá con los roles reemplazados por máquinas? ¿Qué lugar queda para aquello que nos hace profundamente humanos, como la creatividad, la empatía y la capacidad de conexión?

 

Aquí está el verdadero desafío: encontrar el equilibrio entre abrazar los avances tecnológicos y preservar lo humano. Las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, la inteligencia emocional y la creatividad, se han convertido en los activos más valiosos del mercado laboral. Pero su desarrollo no puede ocurrir de manera aislada; requiere entornos que fomenten estas capacidades y promuevan una interacción genuina entre personas.

 

El camino hacia el futuro del trabajo no está en elegir entre tecnología y humanidad, sino en integrarlas de manera que se complementen mutuamente. Mientras las máquinas se encargan de tareas repetitivas y analíticas, el verdadero potencial humano se libera para innovar, liderar y conectar a niveles que la tecnología no puede alcanzar. Este equilibrio no solo define el futuro del trabajo, sino también cómo evolucionamos como sociedad.

 

* Psicóloga del trabajo y coach laboral

TRABAJO, SALARIO

 

 y una utopía de Cristina que ya no es posible

 

Juan Grabois

 

El Diarioar, 18 de noviembre de 2022

 

En su discurso de ayer Cristina F. de Kirchner planteó algunos temas nodales de la vida política, económica y social argentina: recomponer el pacto democrático que excluye la violencia como medio de acción política, lograr un acuerdo nacional sobre los temas más importantes para el futuro de nuestro país, reconstruir una justicia guiada por el imperio de la ley, limitar el poder de los sectores económicos concentrados, deconstruir la bomba del endeudamiento externo, recomponer la calidad educativa y el desarrollo científico-tecnológico, liberarnos del tutelaje de los organismos multilaterales de crédito,  recuperar el control civil de las fuerzas de seguridad, proteger los recursos estratégicos como los minerales, los hidrocarburos, el agua, las rutas del comercio internacional en el marco de un mundo conflictivo, con nuevas arquitecturas geopolíticas y situaciones desafiantes como el cambio climático, las crisis sanitarias y las guerras. La combinación de esos puntos configuran una visión estratégica del país que ningún otro dirigente puede enunciar.  Punto para Cristina.

 

Otro de los aspectos que trató con particular atención fue la distribución del ingreso. Cristina mostró un gráfico que evidenciaba cómo la masa salarial tuvo picos superiores al 50% en la participación en el PBI durante los gobiernos peronistas y peronistas-kirchneristas. Asimismo, cómo el salario en dólares en 2015 constituía el más alto de la región. Podría agregar que el empleo asalariado privado como proporción de la población adulta total también tuvo sus picos durante los gobiernos de Cristina.  En cuanto a la pobreza y la indigencia, se puede ver con los datos de la ODS-UCA la disminución durante aquella década. Son datos objetivos de la realidad. Le guste a quien le guste. Otro punto para Cristina.

 

Hay un aspecto, sin embargo, que me gustaría debatir. Se trata de su perspectiva del Trabajo. En su discurso, Cristina habló de utopías. Las utopías tienen un valor fundamental en la construcción de epos de un pueblo que necesita una refundación. Son como las estrellas que te guían en el camino correcto. Sin embargo, como ella afirmó, no se las puede alcanzar. El mundo utópico, por su propia definición, no existe. Veo que con la cuestión del trabajo, tanto Cristina como el resto de la dirigencia política de su generación, peca de una nostalgia utópica por el pleno empleo que les impide imaginar creativamente formas alternativas de trabajo para los sectores excluidos. Dicen que la existencia determina la conciencia, y esa generación vivió la movilidad social ascendente casi como un hecho natural: la hija de un colectivero podía ser abogada y llegar a presidenta. Nuestra generación vivió todo lo contrario, más allá de los años felices de la primera década de este siglo. El hijo de un abogado tenía más posibilidades de convertirse en chofer de uber que a la inversa.

 

Tal vez por eso sea hegemónico y políticamente transversal a toda una generación ese imaginario en el que el sector privado, acompañado de políticas industrialistas adecuadas y una correcta orientación macroeconómica, permitiría que universalmente la gente tenga “trabajo y salario”.

 

En efecto, al referirse al refuerzo alimentario para personas sin ingreso, Cristina puso el foco en la cantidad de personas entre 18 y 34 años que se habían inscripto. La mayor parte de ellas rechazadas por restricciones que a mi modo de ver fueron excesivas. Dijo entonces que en las dos puntas de la fragilidad, los niños y los ancianos, podían construirse políticas universales; pero que en la población adulta, la única política universal es “el trabajo y el salario”, es decir, el trabajo asalariado. Sostengo que esa afirmación constituye una expresión de deseos propia de quien vivió en carne propia los mecanismos de movilidad ascendente del siglo pasado. En mi opinión, se trata de una utopía nostálgica cuya enunciación es atractiva pero cuya realización efectiva no tiene viabilidad en este mundo cambiante que ella misma describió. 

 

Veamos los números. En Argentina tenemos treinta millones de personas en edad de trabajar. Según los datos de ANSES, sólo seis millones son empleados registrados del sector privado, otros tres empleados registrados del sector público. Otros veinte millones de adultos no tienen ingresos laborales propios o son monotributistas.  Seamos conscientes que apenas un tercio de la población adulta tiene trabajo con plenos derechos: estabilidad, cobertura de salud, jornada limitada, condiciones de higiene y salubridad, licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, cobertura por riesgos de trabajo, sindicatos representativos con personería gremial y convenios colectivos de trabajo.

 

Lo interesante del caso es que, desde la gran remontada 2003-2009 estos números apenas han variado durante los últimos años. El empleo privado registrado ha oscilado entre 5,6 millones y 6,3 millones desde 2009. Entre los últimos dos censos el empleo privado registrado no tuvo variaciones (2010 y 2022) mientras la población creció siete millones. El empleo público tampoco ha variado gran cosa: osciló entre 2,5 y 3,2 millones.

 

Lo que ha determinado las grandes variaciones en la tasa de desocupación se explica por dos modalidades laborales que adolecen de los derechos elementales: los monotributistas y los informales. A éstos dos grandes grupos podríamos sumarle los trabajadores de los programas sociolaborales que en general coinciden con los “monotributistas sociales”. Son estas las tres formas de trabajo que crecen y las tres comparten una característica fundamental:  la ausencia de los derechos laborales, en particular, de estabilidad y movilidad salarial.

 

Cuando Cristina plantea el paradigma de la sociedad salarial lo hace generalmente en contraposición a los llamados planes sociales. Hay una obsesión nacional en torno a este subsector que no alcanza ni el 5% de la población en edad laboral cuando el verdadero problema radica en esa abrumadora cantidad de las trabajadoras y trabajadores argentinos que se encuentra en situación de informalidad laboral o bajo la precaria modalidad del monotributo (cat. a y b). Todo ello, sin contar realidades estadísticamente difusas como los tres millones de  llamados “inactivos” adultos, término peyorativo con el que se incluyen las tareas de cuidado generalmente realizadas por mujeres y estudiantes mayores de dieciocho años que en general, además, trabajan. 

 

Lo cierto es que según los números del SIPA y el Indec, la clase trabajadora está partida en dos. Por un lado,  trabajadores con derechos (asalariados registrados del sector público y privado) y por otro, trabajadores sin derechos (trabajadores informales, trabajadores de programas sociolaborales  y monotributistas). A efectos prácticos, les llamaremos en adelante sector A y sector B.

 

 La tendencia que vemos, lamentablemente, no apunta a la creación de once millones de empleos en el sector A que absorba a los más de once millones de trabajadores del sector B como plantea Cristina. Muy por el contrario, el sector B tiende a crecer mientras el sector A se estanca. Las políticas sociolaborales (“planes”) que intentan -bien o mal, con mayor o menor discrecionalidad, con mejores o peores resultados- abordar este problema, sólo “benefician” a una pequeñísima proporción del sector B. Claramente, estas políticas no son el problema, aunque tampoco una solución sustentable, digna y para todos.

 

La cuestión, entonces, está mal planteada. No son planes vs. empleo. Si ésta fuera la disyuntiva, la respuesta es obvia ¿quién puede estar en contra de que todo argentino tenga oportunidad de insertarse laboralmente con plenos derechos en una actividad productiva? Nadie. Absolutamente nadie. Por eso, con mayor o menor sinceridad, con mayor o menor oportunismo, con mayor o menor grado de prejuicio,  todos los políticos, de izquierda a derecha, del liberalismo al peronismo, plantean “cambiar los planes por trabajo” obviando dos realidades: la primera es que la inmensa mayoría de ese 5% de  “planeros” son trabajadores en actividad, tanto estadística como empíricamente; la segunda, más significativa aún, es que los llamados planes representan menos una décima parte de la población trabajadora activa con problemas de empleo.  Si los planes fueran el problema, qué fácil sería la solución.

 

Como habrá supuesto el lector atento, nuestra hipótesis es que el trabajo asalariado registrado no va a absorber a la totalidad de la población con necesidad de trabajar. Es triste, pero es real. Lo muestran todas las proyecciones estadísticas. No hay un sólo escenario proyectivo en el que tal cosa suceda. Desafío a los economistas a mostrar una proyección creíble de pleno empleo para los próximos diez años.  A los que planteamos este panorama, se nos acusa, por derecha, de promover la vagancia; y por izquierda, de promover formas precarias del trabajo. Para todos somos de una u otra forma una suerte de “pobristas”. Detrás de esa promoción de vagos y precarios, se nos adjudican las más viles intenciones: enriquecernos con la pobreza, acumular poder político a costa de la gente, dirimir disputas internas a partir del volumen de planes que “maneja” cada organización, querer institucionalizar la miseria, etc.

 

Es muy posible que haya dirigentes que tengan malas intenciones como sin duda existe un pequeño porcentaje de personas que cobran “planes” sin cumplir los requisitos normativos. A ellos, si tras una investigación imparcial y justa de los hechos se les verifica algún delito o abuso de autoridad, todo el peso de la ley. Aunque lo que se ha visto hasta ahora son escándalos mediáticos y carpetazos para dirimir internas.

 

¿Cuál es el bosque? Los más de once millones de trabajadores y trabajadoras del sector B.

 

Decía anteriormente que los trabajadores de este sector tienen muchos derechos conculcados, pero el principal es la inestabilidad y la falta de movilidad salarial. Es que los aumentos salariales derivados de la paritaria no los benefician y la falta de protección legal los mantiene en una situación de constante incertidumbre. Hemos visto, por ejemplo, que durante las restricciones de pandemia se perdieron aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo en este segmento que se recuperaron ni bien las restricciones finalizaron; por el contrario, en el sector privado regía la prohibición de despido y el empleo registrado se mantuvo prácticamente estable.  Del mismo modo, podemos observar que los salarios del sector informal son los más castigados por el actual proceso económico porque sufren la inflación como todos pero no se benefician de los aumentos como el sector A.

 

Entonces ¿qué hacer? La respuesta es pasar del trabajo sin derechos al trabajo con derechos o como dice la OIT pasar del trabajo informal al trabajo formal ¿Cómo se hace ésto?

 

Sin lugar a duda, una parte del problema se puede resolver con la creación de empleo privado asalariado, la propuesta de Cristina. Pero de ninguna manera así se va a resolver todo el problema. Tenemos que pensar creativamente en otras resoluciones posibles.

 

En el sector B existen al menos 2 millones de trabajadores no registrados que trabajan en PyMEs. El clásico trabajo en negro. Aquí es cuestión de policía del trabajo y en caso que la empresa no tenga capacidad económica para formalizar a sus trabajadores, apoyarla con políticas subsidiarias.

 

Lo más importante, sin embargo, es pensar un esquema que garantice derechos básicos a los nueve millones restantes de los trabajadores y trabajadoras del sector B; nosotros tenemos muchas propuestas al respecto: el desarrollo de la economía popular mediante cooperativas, unidades productivas y grupos de trabajo para convertir el trabajo informal de subsistencia en trabajo formal comunitario; el salario básico universal para que ningún trabajador sufra los niveles de inestabilidad que caracterizan al sector informal; una política masiva de trabajo garantizado en actividades socialmente útiles.

 

No digo que tengamos la razón, pero al menos son propuestas. Con repetir expresiones de deseo como “trabajo y salario” o la más marketinera de “pasar de los planes al trabajo” no resolvemos ningún problema fuera de los focus groups o la congruencia discursiva con un ideario que no se condice con la realidad. Repensemos porque de este asunto depende en gran medida el futuro de la Patria: como decía el gran Simón Rodriguez, “o inventamos o erramos”.

 

Tal vez las organizaciones libres del pueblo, tan caras a la doctrina del General Perón, tengamos algo que aportar en el debate y la solución.

EL GASTO EN PLANES

 

 se multiplicó por 500 desde que las organizaciones sociales distribuyen los recursos

 

Andrés Klipphan

 

Infobae, 14 Abr, 2023

 

Los planes sociales en la Argentina comenzaron a aumentar en el año 2009, pero se multiplicaron por 200 a partir de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y se quintuplicaro desde que Alberto Fernández delegó su manejo a los movimientos sociales. La curva en la actual administración no dejó de ascender, inclusive, después de la pandemia del nuevo coronavirus.

 

El plan Potenciar Trabajo -el mayor programa asistencial del Ministerio de Desarrollo Social- está en manos del secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El juez federal Ariel Lijo investiga supuestas irregularidades en ese programa, bajo la hipótesis de que intermediarios se quedarían con parte del dinero que el Estado destina a los más vulnerables. La Coalición Cívica denunció en la justicia presuntos desvío multimillonarios a cooperativas de organizaciones que integran el Frente de Todos.

 

“En Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno”, se afirma en una puntillosa investigación realizada por la Fundación Éforo.

 

El trabajo técnico, basado en información oficial, destaca que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social “es menor que el número de personas beneficiadas”. Es decir que “una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias”. El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social.

 

Entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, los planes asistenciales no dejaron de caer. Su inversión llegó a ser menor al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. En la actualidad, los planes sociales trepan al 0,6% del PBI en manos de piqueteros oficialistas y de izquierda.

 

Además de la decisión política del primer gobierno kirchnerista de limitar el número de planes sociales y transformarlos en empleo, se debe tener en cuenta que el país salía de la crisis social y económica del 2001 que terminó con la presidencia del radical Fernando de la Rúa dos años antes.

 

El gobierno interino del peronista Eduardo Duhalde estabilizó la crítica situación que derivó en saqueos, protestas masivas en las calles, represión policial y muertes.

 

El ex gobernador de Santa Cruz aprovechó ese envión y el viento de cola que llegó del exterior con un precio récord en la tonelada de soja. Esto posibilitó el incremento del PBI, una baja de los niveles de desocupación, pobreza e indigencia.

 

Cristina Fernández de Kirchner, que venía manteniendo la cantidad de planes sociales, comenzó a aumentarlos a partir de la crisis económica generada entre 2008-2009 debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. En 2010 los duplicó. Treparon a poco más del 0,2% del PBI y bajaron al 0,12% al final de su segundo mandato, en diciembre de 2015. A partir de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, entre el 10 de diciembre 2015 y 10 de diciembre de 2019, los planes se aceleraron al ritmo de los reclamos que los entonces piqueteros opositores del Movimiento Evita, junto a los de izquierda del Polo Obrero.

 

En 2019, después de perder las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, la inversión en ayuda social trepó al 0,22% del PBI, es decir que el gobierno de Cambiemos duplicó los planes del kirchnerismo, a pesar de las críticas que durante la campaña electoral había realizado Macri.

 

El incremento de esta ayuda extraordinaria fue por presión de diversos movimientos sociales, como el Evita, Barrios de Pie, el MTE, el Polo Obrero e iba de la mano al ascenso de la perdida de empleos, pobreza e indigencia: Esta situación ya no se revirtió, al contrario, continuó en aumento.

 

En enero de 2017, Pérsico contó, sin rodeos, la táctica que utilizó para conseguir del gobierno macrista distintas reivindicaciones, buena parte de ellas cristalizadas en la ley de emergencia social, un acuerdo alcanzado después de decenas de manifestaciones realizadas al Ministerio de Desarrollo Social, conducido en ese momento por Carolina Stanley. “Se trata de golpear primero y, después, negociar”, dijo por entonces el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -junto a Juan Grabois- y el Movimiento Evita.

 

El referente de los movimientos sociales lo explicó así: “En el poder hay un gobierno de derecha que con sus políticas neoliberales genera mayor pobreza”. Admitió además que, pese a estar en las antípodas de su pensamiento, el macrismo le otorgó un reconocimiento institucional que no había conseguido con el kirchnerismo.

 

Desde el primer día de la gestión de Cambiemos, mantuvo las puertas del diálogo abiertas con Stanley a fuerza de piquetes y reclamos por más planes.

Pérsico, que había sido nombrado como secretario de Agricultura Familiar, estuvo a la cabeza de las negociaciones por el proyecto de la Ley de Emergencia Social, junto con los líderes de Barrios de Pie, como Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete.

 

Esa fue la bisagra para que las organizaciones sociales, que ahora abrevan en el Frente de Todos, comenzaran a administrar la ayuda social a medida que los indicadores de pobreza e indigencia se descarriaban.

 

Esas tres organizaciones, el Evita, la CCC y Barrios de Pie, que después se hicieron llamar “Los Cayetanos”, tendrían a partir de ese 2017 un lugar destacado en el Consejo de la Economía Popular, organismo que compartirá con funcionarios de Desarrollo Social y Trabajo y que se encargaría de administrar los $ 30.000 millones destinados a financiar la emergencia.

 

La cercanía de Pérsico con el gobierno macrista, al que hoy defenestra desde la tribuna, llevó a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a afirmar el 24 de junio de 2022: “Hoy es de Alberto y hace dos años era de Macri”. Una semana antes Cristina Kirchner había criticado al presidente Fernández. “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, dijo.

 

El funcionario de Axel Kicillof afirmó que los piqueteros utilizaban un “sistema extorsivo, corrupto e ineficiente que tiene que ver con los planes sociales”. Para Berni, la asistencia social estatal se ha ido “desvirtuando a lo largo de los años” y hoy “todos hablan y opinan, pero no conocen la esencia, ni cómo abordar y desestructurar” los planes. “Todo se fue desvirtuando hasta convertirse en un negocio que nadie comprende”, sostuvo.

 

Alberto Fernández decidió compartir su gobierno con los piqueteros oficialistas. Los nombró en cargos claves de ministerios como Desarrollo Social, Infraestructura y Jefatura de Gabinete, entre otros.

Pérsico quedó a cargo de la Secretaría de Economía Social y, desde allí, este año maneja un presupuesto récord de casi 600 mil millones de pesos. Es él quien administra el Potenciar Trabajo.

 

Con Fernández, -pandemia mediante- los panes sociales pasaron del 0,3% del PBI durante el gobierno de Macri al actual 0,6%, es decir el doble, y más del 500% de incremento en comparación con el primer mandato de CFK.

 

Al presentar los resultados de su informe sobre deudas sociales en la Argentina, en diciembre pasado (en coincidencia con el último gasto social ejecutado), el director del Observatorio, Agustín Salvia, explicó que: “Todos los indicadores macro mostraron un retroceso desde el comienzo del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner a fines del 2011: Producto Bruto Interno; PBI per cápita, creación de empleo registrado, poder adquisitivo y precarización del empleo, entre otros”.

 

El informe de la UCA destaca: “Hay un mayor porcentaje de población con trabajo formal que es pobre y hay más gente cubierta por planes sociales”. Este último dato, que el Gobierno reivindica como un logro, es en realidad la contracara del empeoramiento en las condiciones del mercado laboral, según se desprende de los datos de la UCA.

 

En 2011 la pobreza era del 31,8% y la indigencia del 5,7 por ciento. En 2019, al final del gobierno de Macri, estas tasas eran del 39,8 y el 8,4 por ciento, respectivamente; luego, con la pandemia y la larga cuarentena, subieron al 44,7 y 9,8 por ciento en 2020. El trabajo de la UCA destaca, como la investigación de la Fundación Éforo, los pésimos indicadores que se registran mientras el gasto social aumentó en relación con el PBI.

 

Las conclusiones de la Fundación Éforo son reveladoras y parecen remarcar el fracaso de la ayuda social desde que fueron “tercerizados”, en palabras de la vicepresidenta a las organizaciones sociales oficialistas. “Cada año hay que distribuir las transferencias entre más personas”, señala y refuerza: “Si bien se asignan cada vez más recursos públicos a la Seguridad Social, la necesidad de otorgar más beneficios afecta al valor monetario que estos representan en la vida cotidiana”.

 

La investigación explica:“Las políticas de Seguridad Social no están condicionadas estrictamente por los ciclos virtuosos de la economía, como tampoco por sus procesos de crisis. Vemos que tanto en momentos de expansión (2007-2011) como de contracción económica (2019-2020) existe una tendencia incremental y sostenida de la participación de las políticas de Seguridad Social sobre el total del PBI”.

LA MITAD DE LOS TRABAJADORES FORMALES

 

 gana salarios por debajo de la línea de pobreza

 

Virginia Porcella

 

Infobae, 8 de Febrero de 2023

 

En términos generales, en sintonía con lo que evidencian los datos del INDEC de desocupación, el nivel de empleo registrado resiste la fragilidad de la situación económica con una evolución que hasta noviembre -últimos datos oficiales disponibles- seguía siendo favorable en términos del número de puestos de trabajo. Sin embargo, en términos de evolución del salario, la realidad es menos alentadora: si bien se recortó la caída en términos reales en noviembre, cuando registraron una suba de casi 9%, eso no fue suficiente y quedaron 2 puntos por debajo del mismo mes del año anterior. Pero no es ese el peor dato.

 

“El dato más impactante en materia salarial es la mediana. Los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de cuatro personas fue de $ 145.948″, apuntó el economista de la CTA Autónoma, Luis Campos, quien coordina el Observatorio del Derecho Social del gremio.

 

En un detallado análisis, el especialista consideró una buena nueva que la cantidad de trabajadores formales aumentara por 23 meses seguidos, lo cual la ubica en los niveles máximos de principios de 2018 gracias a dos años de “fuerte suba”, lo que consideró “el vaso medio lleno. El medio vacío es que es la misma cantidad de trabajadores que hace siete años”.

 

De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de personas con trabajo registrado en el país alcanzó a 13,018 millones en noviembre de 2022, lo que marcó un avance de 5,1% respecto a igual período de 2021, al sumar alrededor de 630.800 nuevos empleos. De ese total, 10,138 millones se encuentran trabajando en relación de dependencia, incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares mientras que los 2,880 millones restantes tienen un empleo independiente, bajo la categoría de monotributistas y autónomos.

 

Este último segmento es el que aporta el mayor dinamismo a la estadística pública. Por caso, la cantidad de monotributistas creció 13,4% en el año y representan ahora casi 20% del total de los empleados registrados cuando diez años antes no llegaban al 14 por ciento. “En comparación con noviembre de 2019 (una buena fecha para ver el comportamiento durante los tres años de gestión del FdT) el mayor incremento lo tuvieron, por lejos, los monotributistas. Crecieron un 25% y representan casi el 60% del aumento de la ocupación”, apuntó Campos.

 

Un dato no menos relevante, otra vez, en términos de cantidad, es que el incremento interanual obedeció, principalmente, a la expansión del sector privado que sumó 269.300 personas (+4,5%,) y, en segundo orden, al crecimiento también del sector público, que incrementó su dotación en 58.900 empleos (+1,8%),

 

Un capítulo aparte es el del trabajo en casas particulares, que presentó leve incremento 0,6% con relación a noviembre de 2021, es decir 3.000 trabajadores más, pero que sigue siendo el sector que no logra recuperarse de la pandemia. En números absolutos, se destruyeron 24.500 empleos en el sector, lo que es un 5% menos de los existentes en 2019.

13 MILLONES DE PERSONAS

 

 tienen trabajo registrado y crece el empleo público

 

La Prensa, 04.02.2023

 

La cantidad de personas con empleo registrado ya alcanzó los 13.018.100, según el último informe del Ministerio de Trabajo. La suba se produjo por los aportes de los monotributistas y de los asalariados privados. Se trata del nivel más alto de la serie del Ministerio de Trabajo en base a los números de la Seguridad Social.

 

El empleo formal mejoró 0,4% en noviembre respecto de octubre (47,8 mil personas más). Con respecto al mismo mes del 2022, el trabajo registrado creció 5,1% (630,8 mil).

 

El mayor incremento mensual del empleo fue el de los monotributistas (31.400), una modalidad a la que recurren con más frecuencia las empresas para no efectivizar al trabajador dependiente. Sólo esta modalidad explica dos terceras partes (66%) del crecimiento neto del número de trabajadores con puestos registrados en el sistema de seguridad social.

 

Los asalariados privados crecieron en 12 mil personas, seguido por el sector público (7,9 mil). En cambio, se redujo el número de trabajadores encuadrados en el monotributo social (4,7 mil). En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo asalariado se expandió 3,4% (331 mil trabajadores).

 

Este incremento fue impulsado por el sector privado (4,5%, 269,3 mil personas) y, en segundo orden, al crecimiento del sector público (1,8%, 58,9 mil empleos más). El trabajo en casas particulares presentó una variación positiva del 0,6% con relación al mismo mes del año anterior (apenas 3 mil trabajadores). El trabajo independiente en su conjunto se expandió 11,6% (299,5 mil trabajadores) impulsado por las categorías de monotributo.

 

Por su parte, la cantidad de aportantes al régimen de autónomos presentó un incremento moderado (1,3%). En noviembre de 2022 la remuneración nominal bruta promedio en el sector privado fue de $203.764 y creció 88,2% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la mitad de los trabajadores percibió menos de $155.494 y aumentó 86,8% en la comparación interanual.

 

Las ramas de actividad que mostraron mayor dinamismo mensual fueron: construcción (0,9%), explotación de minas y canteras (0,8%), pesca (0,8%), comercio y reparaciones (0,4%), industria (0,3%) y hoteles y restaurantes (0,3%).

 

En cambio, presentaron caídas: servicios sociales y de salud (0,1%), y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,5%). Por su parte, algunos sectores se mantuvieron estables, tal es el caso de Servicios comunitarios, sociales y personales; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.