Una asimetría inaceptable
La Nación, editorial, 4 de junio de 2018
Cuarenta años después de la muerte del jefe del grupo
subversivo Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sus tres hijas cobrarán
$250.000 cada una como reparación moral por la desaparición del cadáver. Juan
Bautista Yofre, estudioso que ha seguido las derivaciones del terror de los
años 70, sostiene que las tres mujeres ya habían cobrado como resarcimiento del
Estado nacional otros $ 32.767.878.
Ana Cristina, Gabriela Inés y Marcela Eva Santucho
habían reclamado por resarcimiento moral, en demanda que tramitó en el Juzgado
en lo contencioso administrativo N°11, a cargo de María José Sarmiento, la suma
de $10.000.000. Con ser importantes, esas cifras planean más bajo que la
grosera inequidad institucional de las indemnizaciones a dirigentes subversivos
de los años 70 y sus deudos en relación con la consideración dispensada a las
víctimas de sus crímenes. La injusticia es más grave aún en el terreno penal,
pues los líderes y cómplices de Montoneros, ERP y demás fueron amparados no por
una amnistía de sus delitos, sino por dos, y quienes reprimieron, con
aplicación por igual de métodos fundados en el terror, sufren persecución y
cárcel.
Mario Santucho y Benito Urteaga cayeron bajo la
metralla de un grupo de tareas del Ejército, comandado por Juan Carlos
Leonetti, cuando entraron el 16 de julio de 1976 en un departamento de Villa
Martelli. En el tiroteo murieron Leonetti y los dos subversivos, cuyos
cadáveres habrían sido llevados a Campo de Mayo pero nunca fueron devueltos a
sus familias.
Leonetti era un joven oficial que respondía a sus
mandos militares según órdenes emanadas del gobierno de María Estela Martínez
de Perón de "aniquilar" la subversión. Entró al parecer en aquella
guarida de Villa Martelli sin saber lo que encontraría. Encontró la muerte y
nadie se hizo cargo de las responsabilidades por ella.
Tampoco nadie pagó por la vida del capitán Humberto
Viola y de su hija María Cristina, de 3 años. Fueron abatidos por terroristas
que reconocían la jefatura de Santucho. Viola y su hijita no se hallaban el día
fatal en una operación militar. María Cristina Picón, esposa de Viola y
embarazada entonces de cinco meses, lucha estos días ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos porque se castigue a quienes diezmaron su
familia.
Las actuaciones de oficio del Estado nacional para la
indemnizaciones otorgadas a víctimas o sucesores del terrorismo de Estado se
han puesto más exigentes, pero el grupo principal de los potenciales reclamantes
ha cobrado desde hace muchos años los resarcimientos. Un día en el exilio se
cuenta como un día de prisión. La cifra de beneficiarios no cubre a los 30.000
desaparecidos que denuncian organizaciones que han legitimado la lucha armada
del pasado por la conquista del poder. Tampoco llega a 10.000, pero está más
cerca de las estimaciones de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas
(Conadep).
Las hijas de Santucho fueron sacadas en 1976 del país
con el fin de preservar sus vidas. Fueron llevadas a Cuba, que adiestraba,
armaba y oficiaba de tesorería de quienes incendiaron el país en los 70. Como
compensación protegía a quienes alentaba a matar sin importar que fueran
matados.
Si el tema es de trascendencia significativa, porque
lo que paga por concepto de indemnizaciones el Estado compromete tanto valores
políticos y morales como los bolsillos de la sociedad, más lo son los mensajes
de aquellos años de horror. Una de las beneficiarias del caso que tratamos ha
argumentado que la izquierda luchó por un proyecto común de trabajo, con
fábricas nacionales y contra los monopolios internacionales, el FMI...
Afortunadamente, si se puede decir así, dijo también que está de acuerdo con la
lucha armada de los 70 "porque era un contexto muy especial". Si
aquel "era un contexto muy especial", en un Estado de Derecho pleno
como ahora no solo queda descartada la violencia ilegal, sino el delirio que
llevó a ella y la injusticia de que, habiéndose apelado por ambas partes a
procedimientos inadmisibles, y en primer lugar humanitario, los resarcimientos
vayan sólo hacia un lado y el desprecio y castigo carcelario, hacia el otro.
Deberá obrarse en consecuencia.
